El profesor y el presidente
Lorenzo Meyer
Irresponsabilidad. Explicar la esencia de una gran abdicación de responsabilidad política y describir sus consecuencias es el objetivo del último libro del profesor Rafael Segovia, “La política como espectáculo. El sexenio de Vicente Fox”. Lo que el Vaticano acaba de descubrir al declarar nulo el primer matrimonio de Fox —las características y efectos de su narcisismo e histrionismo— ya lo había detectado y analizado Segovia en sus artículos publicados en Reforma a lo largo de todo el sexenio del guanajuatense y recogidos en este libro.
Una forma de entender la actual crisis económica mundial es verla como resultado de una enorme falla de responsabilidad. Los encargados de vigilar e impedir los juegos peligrosos de las estructuras financieras se escabulleron de su obligación y propiciaron que las grandes concentraciones de capital descubrieran que especulando con “derivados” sin sustento en la economía real podían hincharse de dinero. Esos abusivos abusaron hasta, literalmente, reventar ellos y el sistema mismo. En términos políticos, un fenómeno similar tuvo lugar en México a partir de 2000: los encargados de conducir los procesos de consolidación de la democracia simplemente abdicaron de su obligación; el presidente no se hizo cargo de dirigir al país y los abusivos —desde los gobernadores y la gran empresa, hasta el narco— aprovecharon el vacío de autoridad y proyecto para abusar al extremo, hasta echar por la borda la razón de ser de la transición a la democracia.
El modelo ideal del político. Cervantes en “El Quijote” decidió contrastar al hombre de armas con el hombre de letras. Más tarde, Max Weber, el sociólogo alemán, contrastó al político con el académico. En ambos casos, el hombre que se decidió por la vida activa —las armas o la política— salió mejor librado que aquel que optó por la reflexión. Sin embargo, en la empresa que emprendió entre 2000 y 2006 el profesor Segovia, y que consistió en someter a análisis las acciones de Fox como presidente, es el académico el que finalmente hace salir al político muy mal parado.
El ensayo crítico es el espacio donde mejor se mueve Segovia. En esta ocasión, ese análisis tiene como objetivo a la derecha ¡y vaya que si Segovia conoce a la derecha! Se trata no de un conocimiento personal —los de derecha no han sido sus círculos—, sino originado en el ámbito de la teoría política y la sociología. No es que el autor de “La política como espectáculo” haga fe de hombre de izquierdas y eso explique la ferocidad de su crítica. No es la ideología lo que mueve su reproche sino el alto costo de tener en el poder en México a una derecha superficial, ignorante, mal educada y sin sentido de la responsabilidad.
Desde el inicio de su carrera académica, Segovia a utilizado la posición de Max Weber para analizar al poder. Ese gran teórico definió al político ideal como el hombre de acción obligado a observar la ética de la responsabilidad. Y es que el ejercicio del poder desde el Estado implica, en principio, imponer la voluntad propia sobre la de otros. Preferiblemente debe intentarse la imposición por el convencimiento, pero al final hay siempre un elemento de fuerza: el uso de la violencia institucional. Es por disponer de esa capacidad que el político está obligado a actuar con responsabilidad y Segovia demuestra que Vicente Fox y los suyos simplemente no cumplieron su obligación.
El Foxismo. ¿Qué implica definir a la política del foxismo como apenas un espectáculo? En principio, el concepto se refiere a una conducta absurda, inapropiada. Ahora bien, aunque el centro del libro lo ocupa el guanajuatense, lo absurdo y lo inapropiado no se reduce a Fox o a su entorno o a su partido, sino que también abarca a la oposición partidista —PRI y PRD— y a otros actores relevantes: instituciones privadas, líderes sindicales, empresarios, comunicadores o autoridades eclesiásticas.
Segovia, como bien lo saben sus lectores, es un maestro de la ironía. Aquí, esa ironía es un torpedo que siempre da en la línea de flotación del foxismo. Sin embargo, la revisión de la política mexicana del sexenio termina por convertirse en un espectáculo deprimente. La exhibición de desatinos y deshonestidades resulta particularmente penosa porque se tiene claro que el proceso político mexicano reciente podía haber seguido un camino muy diferente. Y es aquí donde la incompetencia de Fox resulta históricamente abrumadora.
La decadencia del régimen autoritario priista abrió para México una oportunidad cuya importancia es difícil de minimizar, pero Fox y quienes le rodearon y apoyaron desde el poder económico, mediático, sindical o religioso prefirieron dejarla pasar. A estas alturas, casi se antoja explicar la oportunidad perdida como el resultado de una conspiración de las élites para frustrar en México un salto político y moral cualitativo similar al que dieron España, Chile, Brasil o Uruguay, por citar ejemplos cercanos. Sin embargo, del análisis de Segovia se puede concluir que más que resultado de una conspiración, lo que echó a perder la transición a la democracia en México fue la mala calidad de sus élites y su enorme corrupción.
El gobierno “de empresarios y para empresarios” que anunció Fox, resultó el gobierno de un grupo con una enorme voracidad combinada con una tremenda falta de humildad y de realismo. Haber podido manejar una empresa privada no prepara a nadie para enfrentar con éxito el manejo del poder político. Dominar los elementos de la oferta y la demanda en el mercado poco o nada tiene que ver con manejar la complicada trama de intereses, conflictos y proyectos alternativos de que está hecha la política. Fox fue no sólo un mal político sino un advenedizo. Por eso, en vez del arquitecto de un nuevo y mejor régimen para México, terminó por ser simplemente un personaje sin grandeza que sobrevivió juntando y administrando los restos del naufragio priista.
Segovia concluye describiendo y analizando el sentimiento que dominó en la etapa final del sexenio foxista: el del miedo. El “miedo pánico” a Andrés Manuel López Obrador, a quien Fox y los suyos le atribuyeron todas las características que en otro tiempo y lugar se le atribuyeron a Atila: que venía a destruir y a quitar todo a las gentes de orden y de bien. El autor define a ese sentimiento en el foxismo más como uno de grupo que de clase, pero en este punto hay razones para el desacuerdo. Gracias a su control del gobierno y de los medios, más las visiones conservadoras del mundo que dominan en amplios sectores de la sociedad mexicana, el foxismo y sus aliados lograron contagiar de pavor a amplias capas de todas las clases sociales mexicanas.
Desde la perspectiva de Rafael Segovia, la presidencia de Fox dejó el campo político mexicano en ruinas. En abril de 2006, por ejemplo, el autor concluía: “Jamás ha tenido México un Presidente con sus características, con su falta de cultura e incluso de ortografía”. Para Fox, señala Segovia, el nacionalismo resultó ser simplemente “uno de los obstáculos para el pleno desarrollo de México: el país ha vivido en el error desde el 16 de septiembre de 1810”. Finalmente, la incapacidad e indiferencia de Fox frente al crimen organizado dio por resultado que: “Nunca como ahora la barbarie, la saña y una brutalidad sin límites se habían apoderado del país... Las cabezas quedan ahí, como imágenes que nos vuelven a la memoria por haberlas visto en revistas de principios del siglo XX, en la rebelión de los boxer en China, cuando las potencias europeas mataron hombres hasta hartarse”. A unas líneas de concluir el libro, el autor anota con alarma que los crímenes que entonces le asombraban, pero que de 2006 a la fecha han escalado en cantidad y brutalidad, 'son la culminación de una descomposición total'.
“México no se merecía, no se merece el liderazgo que ha tenido. Menos después del gran esfuerzo que una parte de su sociedad hizo para avanzar a una etapa mejor del desarrollo político. Hoy queda claro que la historia no suele ser justa y que la fortuna, para citar a Maquiavelo, jugó a los mexicanos otra mala pasada. Ya en noviembre mismo de 2000, en vísperas de la toma de posesión de Fox, Segovia advertía que el PRI podría aprovechar las debilidades que se adivinaban en el nuevo presidente y su proyecto para, a la vuelta de los años dar un vuelco a la situación política y retornar al poder. Bueno, más tarde de lo previsto pero por las razones previstas, ese vuelco está a punto de darse. El PRI puede ganar las elecciones de 2009 e incluso recuperar la presidencia. Es en esa posible vuelta al pasado donde reside la verdadera dimensión —y tragedia— del foxismo y del México contemporáneo”.— México, D.F.
ideasypalabras@prodigy.net.mx
jueves, 4 de diciembre de 2008
jueves, 13 de noviembre de 2008
Obama, esta vez puede ser para bien
Obama, esta vez puede ser para bien
El “Nuevo Trato” y nosotros
Lorenzo Meyer
La Influencia Indirecta. La transformación que acaba de tener lugar en la casa vecina del norte —la “Casa Grande” para nosotros— es una de fondo que abarca no sólo lo político, sino también lo económico, social y cultural. En principio, la elección presidencial norteamericana es un asunto interno de esa nación, pero todo proceso de cambio sustantivo en una gran potencia tiene efectos más allá de sus fronteras.
En lo inmediato, la relación bilateral México-Estados Unidos ya está muy determinada por una gran red de arreglos formales —entre los que destaca el Acuerdo de Libre Comercio de la América del Norte—, de inercias y de intereses creados. Modificar formas y contenidos de la relación México-Estados Unidos siempre ha sido algo muy complicado y que, en todo caso, requiere la existencia de un interés político de parte de la dirigencia norteamericana.
Ahora bien, intentar generar ese interés en este momento sería un empeño infructuoso por, al menos, dos razones. En primer lugar, porque las prioridades de la agenda del presidente electo Barack Obama la encabezan asuntos en los que poco tienen que ver México o América Latina, como son la gran crisis económica mundial, las intervenciones norteamericanas en Iraq y Afganistán, el casi intratable problema del Medio Oriente, el resurgimiento de Rusia como potencia dispuesta a reimponer sus intereses en su entorno geográfico inmediato o el calentamiento global, entre otros.
En segundo lugar, porque si bien a México como país le interesa discutir con los norteamericanos temas significativos —inmigración, narcotráfico, seguridad— el gobierno mexicano actual carece de un proyecto nacional real que le permita tener una agenda clara y el apoyo interno adecuado para sostenerla.
Así pues, por ahora México no tiene la capacidad para aparecer entre los temas importantes de la política norteamericana. En otras circunstancias, ese bajo perfil mexicano allende el Bravo sería una oportunidad para ampliar nuestros espacios internos de maniobra. Sin embargo, el mero cambio de rumbo en que se van a empeñar el gobierno y la sociedad estadounidense pueden generar procesos y desatar energías que lleguen a influir de manera indirecta pero importante en la forma como nosotros vamos a conducir nuestros asuntos internos en los años por venir. Y dadas las circunstancias, esta vez esa influencia puede ser positiva.
La Naturaleza del Cambio. Hoy, cuando ya Moscú ni ninguna otra capital es el “Vaticano Rojo” y cuando ya se acabaron las ortodoxias dentro de la izquierda, cada sociedad define en sus propios términos lo que es izquierda y derecha. Dentro del actual esquema político norteamericano, el triunfo del partido Demócrata y de la plataforma electoral de Barack Obama significa que Estados Unidos ha dado un giro de la derecha dura a la izquierda moderada o, si se prefiere, al centro-izquierda. Y ese giro tiene el potencial para redefinir en México y en muchos otros países cuál es el mejor rumbo a seguir.
Cuando allá por los 1980 se impuso en Estados Unidos el conservadurismo de Ronald Reagan, el proceso terminó por lanzar al resto del mundo por el camino del neoliberalismo en lo económico y de la aceptación de la agresiva agenda norteamericana en el sistema internacional. Para México, eso significó ver como naufragaba en Centroamérica lo poco que quedaba del principio interamericano de la no intervención y ver cómo Carlos Salinas y su proyecto económico neoliberal eran presentados como ejemplo a seguir en el mundo periférico, sin importar para nada el origen fraudulento de su victoria electoral. Hoy, el gran viraje que ha experimentado y seguirá experimentando Estados Unidos, ha dejado de coincidir con la orientación política, económica y cultural que domina en México (herencia directa del salinismo a la que no afectó el cambio del PRI al PAN en el control de la presidencia). A la larga, ese cambio de rumbo en el país al que México está íntimamente ligado por una relación de poder asimétrica en extremo, puede abrir aquí posibilidades a las fuerzas que reclaman un cambio en la ruta de navegación. Virar en México de la derecha a la izquierda o incluso al centro, puede ser en el futuro menos difícil de lo fue antes del 4 de noviembre.
El “Nuevo Trato” original. En 1933 tomó posesión como el 32o. presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt en medio de los estragos causados por la Gran Depresión iniciada cuatro años antes. Su plataforma política “El Nuevo Trato” (The New Deal), apenas sí se esbozaba, aunque su espíritu era claro: reanudar y llevar más lejos la “Nueva Libertad” que el anterior presidente demócrata, Woodrow Wilson, había definido desde 1912, como apartar al gobierno norteamericano de los grandes intereses creados para ponerlo al servicio del ciudadano común y corriente.
Roosevelt tardó en encontrar los instrumentos y la ruta adecuadas, pero finalmente logró su objetivo que no era sólo sacar a su país de la crisis económica con la poderosa ayuda del gasto público, sino redistribuir cargas y beneficios por la vía fiscal y hacer al Estado responsable de servicios sociales que terminarían por dar a Estados Unidos el perfil de una sociedad menos injusta, menos desigual. Pese a sus errores, Roosevelt cumplió en lo sustancial su promesa.
El nuevo “Nuevo Trato”. En medio del estallido de otra gran crisis económica que si no se le controla con toda la fuerza del Estado puede transformarse en una tan dañina como la de 1929, Obama tiene la posibilidad y obligación de convertirse en el Roosevelt del Siglo XXI.
De materializarse, el nuevo “Nuevo Trato” tendrá como sustento moral y cultural el hecho de que lo encabeza un afroamericano apoyado por una gran coalición multirracial. Pero eso no es todo. A diferencia de Roosevelt, quien será el 44o. presidente de Estados Unidos no proviene de los estratos privilegiados de la sociedad norteamericana, sino de un hogar de clase media y donde a falta de padre el futuro presidente fue criado por sus abuelos maternos. En fin, Obama y su esposa son resultado de su propio esfuerzo y de las oportunidades de movilidad social que aún existen en su país.
La esencia del proyecto de Obama y del ala progresista del Partido Demócrata no consiste en volver al Estado rooseveltiano de mediados del siglo pasado pero sí construir una versión moderna del mismo. Esa variante tiene como premisa algo obvio pero que la derecha se niega a aceptar: que el ciudadano común —el de la clase media y, sobre todo, el que vive debajo de los niveles de pobreza— no puede, por propio esfuerzo, controlar los factores adversos de un mercado que, por su naturaleza, tiende a dar más al que más tiene, menos al que menos tiene y nada al que nada tiene.
Por lo pronto, Obama se ha comprometido a dar forma a una política estatal donde las fuerzas del capitalismo no vuelvan a desbocarse en detrimento de la mayoría, una que evite que el tesoro público se use para rescatar a pudientes en detrimento de los intereses mayoritarios. Además, el presidente electo se ha comprometido a seguir políticas que detengan la galopante degradación del medio ambiente, que aseguren la calidad de los alimentos en el mercado, que establezcan los incentivos adecuados para lograr un aumento de las fuentes de energía no contaminantes, que garanticen servicios médicos adecuados para todos, independientemente de su clase social y que, de la misma manera, ofrezcan una educación de calidad a todos los niños y jóvenes.
De hacerse realidad en un grado significativo esa oferta de protección a los que menos pueden protegerse por sí mismos, el tema de la migración indocumentada también tendrá que ser abordado con el mismo espíritu. Todo lo anterior hará más difícil que proyectos como el de la derecha mexicana mantengan la legitimidad o al menos la tolerancia que hoy encuentran en una parte de la ciudadanía.
En materia internacional, el compromiso de Obama no sólo con poner fin al intervencionismo unilateral norteamericano sino con cerrar el campo de concentración de Guantánamo y respetar los derechos humanos incluso de los enemigos más acervos, también puede tener un efecto indirecto pero benéfico en la preservación de la soberanía mexicana —justo como ocurrió con el “Nuevo Trato” original— y en un ambiente propicio para la observación de los derechos humanos en nuestro país.
En fin, tras decenios en que los vientos del norte empujaron las velas de quienes llevaron a México a navegar por la derecha se abre hoy la posibilidad —sólo la posibilidad— de que esos vientos sean propicios para los que quieren ir por la izquierda o, al menos, por el centro. Ojalá.— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatán.
El “Nuevo Trato” y nosotros
Lorenzo Meyer
La Influencia Indirecta. La transformación que acaba de tener lugar en la casa vecina del norte —la “Casa Grande” para nosotros— es una de fondo que abarca no sólo lo político, sino también lo económico, social y cultural. En principio, la elección presidencial norteamericana es un asunto interno de esa nación, pero todo proceso de cambio sustantivo en una gran potencia tiene efectos más allá de sus fronteras.
En lo inmediato, la relación bilateral México-Estados Unidos ya está muy determinada por una gran red de arreglos formales —entre los que destaca el Acuerdo de Libre Comercio de la América del Norte—, de inercias y de intereses creados. Modificar formas y contenidos de la relación México-Estados Unidos siempre ha sido algo muy complicado y que, en todo caso, requiere la existencia de un interés político de parte de la dirigencia norteamericana.
Ahora bien, intentar generar ese interés en este momento sería un empeño infructuoso por, al menos, dos razones. En primer lugar, porque las prioridades de la agenda del presidente electo Barack Obama la encabezan asuntos en los que poco tienen que ver México o América Latina, como son la gran crisis económica mundial, las intervenciones norteamericanas en Iraq y Afganistán, el casi intratable problema del Medio Oriente, el resurgimiento de Rusia como potencia dispuesta a reimponer sus intereses en su entorno geográfico inmediato o el calentamiento global, entre otros.
En segundo lugar, porque si bien a México como país le interesa discutir con los norteamericanos temas significativos —inmigración, narcotráfico, seguridad— el gobierno mexicano actual carece de un proyecto nacional real que le permita tener una agenda clara y el apoyo interno adecuado para sostenerla.
Así pues, por ahora México no tiene la capacidad para aparecer entre los temas importantes de la política norteamericana. En otras circunstancias, ese bajo perfil mexicano allende el Bravo sería una oportunidad para ampliar nuestros espacios internos de maniobra. Sin embargo, el mero cambio de rumbo en que se van a empeñar el gobierno y la sociedad estadounidense pueden generar procesos y desatar energías que lleguen a influir de manera indirecta pero importante en la forma como nosotros vamos a conducir nuestros asuntos internos en los años por venir. Y dadas las circunstancias, esta vez esa influencia puede ser positiva.
La Naturaleza del Cambio. Hoy, cuando ya Moscú ni ninguna otra capital es el “Vaticano Rojo” y cuando ya se acabaron las ortodoxias dentro de la izquierda, cada sociedad define en sus propios términos lo que es izquierda y derecha. Dentro del actual esquema político norteamericano, el triunfo del partido Demócrata y de la plataforma electoral de Barack Obama significa que Estados Unidos ha dado un giro de la derecha dura a la izquierda moderada o, si se prefiere, al centro-izquierda. Y ese giro tiene el potencial para redefinir en México y en muchos otros países cuál es el mejor rumbo a seguir.
Cuando allá por los 1980 se impuso en Estados Unidos el conservadurismo de Ronald Reagan, el proceso terminó por lanzar al resto del mundo por el camino del neoliberalismo en lo económico y de la aceptación de la agresiva agenda norteamericana en el sistema internacional. Para México, eso significó ver como naufragaba en Centroamérica lo poco que quedaba del principio interamericano de la no intervención y ver cómo Carlos Salinas y su proyecto económico neoliberal eran presentados como ejemplo a seguir en el mundo periférico, sin importar para nada el origen fraudulento de su victoria electoral. Hoy, el gran viraje que ha experimentado y seguirá experimentando Estados Unidos, ha dejado de coincidir con la orientación política, económica y cultural que domina en México (herencia directa del salinismo a la que no afectó el cambio del PRI al PAN en el control de la presidencia). A la larga, ese cambio de rumbo en el país al que México está íntimamente ligado por una relación de poder asimétrica en extremo, puede abrir aquí posibilidades a las fuerzas que reclaman un cambio en la ruta de navegación. Virar en México de la derecha a la izquierda o incluso al centro, puede ser en el futuro menos difícil de lo fue antes del 4 de noviembre.
El “Nuevo Trato” original. En 1933 tomó posesión como el 32o. presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt en medio de los estragos causados por la Gran Depresión iniciada cuatro años antes. Su plataforma política “El Nuevo Trato” (The New Deal), apenas sí se esbozaba, aunque su espíritu era claro: reanudar y llevar más lejos la “Nueva Libertad” que el anterior presidente demócrata, Woodrow Wilson, había definido desde 1912, como apartar al gobierno norteamericano de los grandes intereses creados para ponerlo al servicio del ciudadano común y corriente.
Roosevelt tardó en encontrar los instrumentos y la ruta adecuadas, pero finalmente logró su objetivo que no era sólo sacar a su país de la crisis económica con la poderosa ayuda del gasto público, sino redistribuir cargas y beneficios por la vía fiscal y hacer al Estado responsable de servicios sociales que terminarían por dar a Estados Unidos el perfil de una sociedad menos injusta, menos desigual. Pese a sus errores, Roosevelt cumplió en lo sustancial su promesa.
El nuevo “Nuevo Trato”. En medio del estallido de otra gran crisis económica que si no se le controla con toda la fuerza del Estado puede transformarse en una tan dañina como la de 1929, Obama tiene la posibilidad y obligación de convertirse en el Roosevelt del Siglo XXI.
De materializarse, el nuevo “Nuevo Trato” tendrá como sustento moral y cultural el hecho de que lo encabeza un afroamericano apoyado por una gran coalición multirracial. Pero eso no es todo. A diferencia de Roosevelt, quien será el 44o. presidente de Estados Unidos no proviene de los estratos privilegiados de la sociedad norteamericana, sino de un hogar de clase media y donde a falta de padre el futuro presidente fue criado por sus abuelos maternos. En fin, Obama y su esposa son resultado de su propio esfuerzo y de las oportunidades de movilidad social que aún existen en su país.
La esencia del proyecto de Obama y del ala progresista del Partido Demócrata no consiste en volver al Estado rooseveltiano de mediados del siglo pasado pero sí construir una versión moderna del mismo. Esa variante tiene como premisa algo obvio pero que la derecha se niega a aceptar: que el ciudadano común —el de la clase media y, sobre todo, el que vive debajo de los niveles de pobreza— no puede, por propio esfuerzo, controlar los factores adversos de un mercado que, por su naturaleza, tiende a dar más al que más tiene, menos al que menos tiene y nada al que nada tiene.
Por lo pronto, Obama se ha comprometido a dar forma a una política estatal donde las fuerzas del capitalismo no vuelvan a desbocarse en detrimento de la mayoría, una que evite que el tesoro público se use para rescatar a pudientes en detrimento de los intereses mayoritarios. Además, el presidente electo se ha comprometido a seguir políticas que detengan la galopante degradación del medio ambiente, que aseguren la calidad de los alimentos en el mercado, que establezcan los incentivos adecuados para lograr un aumento de las fuentes de energía no contaminantes, que garanticen servicios médicos adecuados para todos, independientemente de su clase social y que, de la misma manera, ofrezcan una educación de calidad a todos los niños y jóvenes.
De hacerse realidad en un grado significativo esa oferta de protección a los que menos pueden protegerse por sí mismos, el tema de la migración indocumentada también tendrá que ser abordado con el mismo espíritu. Todo lo anterior hará más difícil que proyectos como el de la derecha mexicana mantengan la legitimidad o al menos la tolerancia que hoy encuentran en una parte de la ciudadanía.
En materia internacional, el compromiso de Obama no sólo con poner fin al intervencionismo unilateral norteamericano sino con cerrar el campo de concentración de Guantánamo y respetar los derechos humanos incluso de los enemigos más acervos, también puede tener un efecto indirecto pero benéfico en la preservación de la soberanía mexicana —justo como ocurrió con el “Nuevo Trato” original— y en un ambiente propicio para la observación de los derechos humanos en nuestro país.
En fin, tras decenios en que los vientos del norte empujaron las velas de quienes llevaron a México a navegar por la derecha se abre hoy la posibilidad —sólo la posibilidad— de que esos vientos sean propicios para los que quieren ir por la izquierda o, al menos, por el centro. Ojalá.— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatán.
Jugar con fuego en un llano seco
Nota del Jueves 30 de octubre de 2008 )
Jugar con fuego en un llano seco
El movimiento social en México
Lorenzo Meyer
Democracia anormal. En una democracia normal, lo usual es que ningún actor político gane todo ni pierda todo. Sin embargo, México hoy no es precisamente una democracia normal: sus divisiones son profundas y la desconfianza es total, pues una parte del espectro político no le concede legitimidad a la otra y viceversa.
El resultado es la imposibilidad de la negociación de buena fe. La reforma petrolera refleja bien el problema: los que la apoyan aseguran que ya no tiene ni un ápice privatizador pero se han negado a incluir en el texto un párrafo que pedía la oposición para asegurar que no se darán concesiones exclusivas a empresas privadas —a las petroleras internacionales— en zonas predeterminadas del territorio para la exploración y explotación de nuevos yacimientos. La negativa de unos confirmó las sospechas de otros y, al final, el encono es igual al que había al inicio de la negociación. Así, la normalidad democrática es imposible.
La reforma petrolera ha dejado en claro que la dinámica del proceso político mexicano actual está determinada, en buena medida, por el choque entre los partidos y los intereses que realmente representan —básicamente los de las cúpulas políticas y económicas— y los movimientos sociales, en especial el más dinámico y con la agenda mayor: el que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Como muestran las encuestas de opinión, los partidos políticos no son vistos por el grueso de los mexicanos como lo que se supone que son: instrumentos eficaces para recoger y dar cause a las demandas y preocupaciones ciudadanas. Esos partidos, alimentados por cuantiosos recursos públicos —30,500 millones de pesos en los últimos 14 años— son hoy unas de las instituciones públicas más desprestigiadas, (véase “Confianza en las instituciones. Ranking nacional”, Consulta Mitofsky, www.consulta.com.mx, abril 2008). Pero el problema no es sólo la desconfianza en los partidos sino en la propia naturaleza del sistema: en una encuesta elaborada por la Secretaría de Gobernación, el 51% opinó no estar seguro de que México viviera en democracia o de plano negó que ese fuera el caso, (“Conociendo a los ciudadanos mexicanos. Principales resultados, 2005”).
La alternativa. El fin del régimen autoritario priista, combinado con la mala calidad de las instituciones y el liderazgo que le sustituyeron, llevó a que la elección presidencial de 2006 funcionara no como un paso más en la consolidación de la recién nacida democracia mexicana sino como generadora de inconformidades que, a su vez, propiciaron el surgimiento de un movimiento político y social encabezado por AMLO que se presenta como una alternativa para organizar a los inconformes —a la fecha, ese movimiento ha registrado y credencializado a más de dos millones de ciudadanos— y dar voz y fuerza a demandas de naturaleza popular que las oligarquías partidistas no pueden o no quieren recoger.
El descontento de una parte de la sociedad mexicana por la falta de representatividad de los partidos, por la disfuncionalidad creciente del entramado institucional y por los pobres resultados de una economía que ahora está entrando de nuevo en crisis, forman el contexto en que se debe de entender no sólo al movimiento político-social lopezobradorista, sino al resto de los movimientos que puntean el país.
Definición. Hace un par de siglos que se empezaron a estudiar los movimientos sociales modernos (MS) en Inglaterra, entonces el centro del sistema mundial. El disparador de ese fenómeno fueron los cambios y dislocaciones que produjo la revolución industrial. Las características de los MS contemporáneos arraigaron en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado, durante la lucha por los derechos civiles y oposición a la guerra en Vietnam y también en los movimientos estudiantiles en Francia, Alemania, Japón o México. Desde entonces se marcó aún más su carácter de movilizaciones sociales, políticas y culturales.
Desde la perspectiva conservadora, los MS fueron y siguen siendo vistos como reacciones elementales, aunque pasajeras a los procesos de modernización. Esta perspectiva (propia de la Escuela de Sociología de Chicago, por ejemplo) supone que las sociedades nacionales modernas son conjuntos básicamente bien integrados, con valores compartidos y donde el conflicto es sólo una forma de adaptación. Por ello suponen que, tras el logro parcial de sus objetivos, los MS tienden a desaparecer. Sin embargo, hay otra perspectiva que ve a las acciones colectivas de descontento como un fenómeno que tiende a la permanencia mediante su evolución.
A los MS se les puede definir como “formaciones políticas orientadas hacia el cambio”, con estructuras de organización laxas, con posibilidad de crear fuertes solidaridades entre sus miembros y cuyas tácticas, con frecuencia, se centran en la acción directa y la desobediencia civil. Los elementos de cohesión son, por una parte, un conjunto de ideas generales y, por la otra, la presencia de adversarios claramente identificados: la oligarquía, el gobierno, los patronos o una potencia extranjera. Todo lo anterior puede permitir a los seguidores de un movimiento adquirir una nueva identidad social (esta definición toma elementos de la que se encuentra en: Iain McLean y Alistair McMillan eds., Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford, 2003, p. 499-500).
Aunque las estructuras de gobierno son los destinatarios inmediatos de las acciones de los MS, estos grupos pueden desarrollar objetivos más ambiciosos. Sin ser revolucionarios en el sentido clásico, suelen aspirar a la modificación e incluso la eliminación de ciertas estructuras y principios sociales. En 1960 Daniel Bell, un sociólogo norteamericano, señaló que los MS tienen la capacidad no sólo de influir en el proceso político, sino de transformar, en el curso de la acción, a sus propios participantes a condición de que logren conjugar tres elementos: presentar sus ideas centrales de manera llana, con sencillez, que tales ideas pueden ser vistas como verdaderas y, finalmente, que en nombre de esas verdades demanden un compromiso con la acción (The End of Ideology in the West, Nueva York, Free Press, 1965, p. 401). En una perspectiva más reciente, Alain Touraine en Francia ha visto a los MS como acciones colectivas organizadas, normativamente dirigidas y cuya lucha busca influir en la “dirección de la historicidad”, es decir, en la orientación cultural misma de la sociedad.
El Lopezobradorismo. En principio, el MS lopezobradorista pareciera corresponder a lo señalado por Bell y Touraine: su afán va más allá de la búsqueda de votos, de conseguir una legislación específica (para el petróleo o para otra cosa) o de posiciones en la estructura gubernamental. Y eso es justamente uno de los elementos que más irrita y atemoriza a sus enemigos.
La tensión social que dio origen al MS encabezado por AMLO se incubó con el proyecto de cambio neoliberal que se puso en marcha a partir de 1985. Esa tensión se intensificó al modificarse las reglas del juego político —del autoritarismo se pasó a la democracia—, para agudizarse con la violación de esas reglas —de su letra, pero sobre todo de su espíritu— a partir del intento de desafuero de AMLO en 2004 y de la forma como se condujeron las elecciones presidenciales de 2006.
Dentro de un marco de polarización social y falta de dinamismo de la economía, la evolución de las contradicciones dio origen a la ruptura entre el PRD y AMLO, así como a la decisión de este último de usar su capital político para organizar un MS que hoy se centra en la disputa por la legislación y la renta del petróleo, pero que mañana puede poner el acento en algún otro tema de controversia.
La élite del poder mexicana, acostumbrada a la política de las cúpulas —partidos, organizaciones corporativas, grupos de interés económico o religioso—, no ha sabido como cooptar o neutralizar a los MS como el organizado por AMLO. En el pasado autoritario, lo que no se podía cooptar se reprimía, como sucedió en 1968 y en 1971, o más recientemente con movimientos geográficamente y socialmente limitados, como han sido los casos de Atenco, en El Estado de México, y la APPO, en Oaxaca.
Pero enfrentar al lopezobradorismo, un movimiento nacional, siguiendo la línea que acaba de recomendar el ex presidente Vicente Fox —“partirle el queso a López Obrador”— sería una gran imprudencia, jugar con fuego en un llano social muy seco, como es en el que hoy se desarrolla la protesta irritante pero pacífica. La represión quizá desactivará temporalmente la protesta, pero igualmente podría tornarla violenta y dejarla sin el control moderador que hoy ejerce AMLO sobre ella.— México, D.F.
Publicado originamene en el Diario de Yucatán.
Jugar con fuego en un llano seco
El movimiento social en México
Lorenzo Meyer
Democracia anormal. En una democracia normal, lo usual es que ningún actor político gane todo ni pierda todo. Sin embargo, México hoy no es precisamente una democracia normal: sus divisiones son profundas y la desconfianza es total, pues una parte del espectro político no le concede legitimidad a la otra y viceversa.
El resultado es la imposibilidad de la negociación de buena fe. La reforma petrolera refleja bien el problema: los que la apoyan aseguran que ya no tiene ni un ápice privatizador pero se han negado a incluir en el texto un párrafo que pedía la oposición para asegurar que no se darán concesiones exclusivas a empresas privadas —a las petroleras internacionales— en zonas predeterminadas del territorio para la exploración y explotación de nuevos yacimientos. La negativa de unos confirmó las sospechas de otros y, al final, el encono es igual al que había al inicio de la negociación. Así, la normalidad democrática es imposible.
La reforma petrolera ha dejado en claro que la dinámica del proceso político mexicano actual está determinada, en buena medida, por el choque entre los partidos y los intereses que realmente representan —básicamente los de las cúpulas políticas y económicas— y los movimientos sociales, en especial el más dinámico y con la agenda mayor: el que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Como muestran las encuestas de opinión, los partidos políticos no son vistos por el grueso de los mexicanos como lo que se supone que son: instrumentos eficaces para recoger y dar cause a las demandas y preocupaciones ciudadanas. Esos partidos, alimentados por cuantiosos recursos públicos —30,500 millones de pesos en los últimos 14 años— son hoy unas de las instituciones públicas más desprestigiadas, (véase “Confianza en las instituciones. Ranking nacional”, Consulta Mitofsky, www.consulta.com.mx, abril 2008). Pero el problema no es sólo la desconfianza en los partidos sino en la propia naturaleza del sistema: en una encuesta elaborada por la Secretaría de Gobernación, el 51% opinó no estar seguro de que México viviera en democracia o de plano negó que ese fuera el caso, (“Conociendo a los ciudadanos mexicanos. Principales resultados, 2005”).
La alternativa. El fin del régimen autoritario priista, combinado con la mala calidad de las instituciones y el liderazgo que le sustituyeron, llevó a que la elección presidencial de 2006 funcionara no como un paso más en la consolidación de la recién nacida democracia mexicana sino como generadora de inconformidades que, a su vez, propiciaron el surgimiento de un movimiento político y social encabezado por AMLO que se presenta como una alternativa para organizar a los inconformes —a la fecha, ese movimiento ha registrado y credencializado a más de dos millones de ciudadanos— y dar voz y fuerza a demandas de naturaleza popular que las oligarquías partidistas no pueden o no quieren recoger.
El descontento de una parte de la sociedad mexicana por la falta de representatividad de los partidos, por la disfuncionalidad creciente del entramado institucional y por los pobres resultados de una economía que ahora está entrando de nuevo en crisis, forman el contexto en que se debe de entender no sólo al movimiento político-social lopezobradorista, sino al resto de los movimientos que puntean el país.
Definición. Hace un par de siglos que se empezaron a estudiar los movimientos sociales modernos (MS) en Inglaterra, entonces el centro del sistema mundial. El disparador de ese fenómeno fueron los cambios y dislocaciones que produjo la revolución industrial. Las características de los MS contemporáneos arraigaron en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado, durante la lucha por los derechos civiles y oposición a la guerra en Vietnam y también en los movimientos estudiantiles en Francia, Alemania, Japón o México. Desde entonces se marcó aún más su carácter de movilizaciones sociales, políticas y culturales.
Desde la perspectiva conservadora, los MS fueron y siguen siendo vistos como reacciones elementales, aunque pasajeras a los procesos de modernización. Esta perspectiva (propia de la Escuela de Sociología de Chicago, por ejemplo) supone que las sociedades nacionales modernas son conjuntos básicamente bien integrados, con valores compartidos y donde el conflicto es sólo una forma de adaptación. Por ello suponen que, tras el logro parcial de sus objetivos, los MS tienden a desaparecer. Sin embargo, hay otra perspectiva que ve a las acciones colectivas de descontento como un fenómeno que tiende a la permanencia mediante su evolución.
A los MS se les puede definir como “formaciones políticas orientadas hacia el cambio”, con estructuras de organización laxas, con posibilidad de crear fuertes solidaridades entre sus miembros y cuyas tácticas, con frecuencia, se centran en la acción directa y la desobediencia civil. Los elementos de cohesión son, por una parte, un conjunto de ideas generales y, por la otra, la presencia de adversarios claramente identificados: la oligarquía, el gobierno, los patronos o una potencia extranjera. Todo lo anterior puede permitir a los seguidores de un movimiento adquirir una nueva identidad social (esta definición toma elementos de la que se encuentra en: Iain McLean y Alistair McMillan eds., Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford, 2003, p. 499-500).
Aunque las estructuras de gobierno son los destinatarios inmediatos de las acciones de los MS, estos grupos pueden desarrollar objetivos más ambiciosos. Sin ser revolucionarios en el sentido clásico, suelen aspirar a la modificación e incluso la eliminación de ciertas estructuras y principios sociales. En 1960 Daniel Bell, un sociólogo norteamericano, señaló que los MS tienen la capacidad no sólo de influir en el proceso político, sino de transformar, en el curso de la acción, a sus propios participantes a condición de que logren conjugar tres elementos: presentar sus ideas centrales de manera llana, con sencillez, que tales ideas pueden ser vistas como verdaderas y, finalmente, que en nombre de esas verdades demanden un compromiso con la acción (The End of Ideology in the West, Nueva York, Free Press, 1965, p. 401). En una perspectiva más reciente, Alain Touraine en Francia ha visto a los MS como acciones colectivas organizadas, normativamente dirigidas y cuya lucha busca influir en la “dirección de la historicidad”, es decir, en la orientación cultural misma de la sociedad.
El Lopezobradorismo. En principio, el MS lopezobradorista pareciera corresponder a lo señalado por Bell y Touraine: su afán va más allá de la búsqueda de votos, de conseguir una legislación específica (para el petróleo o para otra cosa) o de posiciones en la estructura gubernamental. Y eso es justamente uno de los elementos que más irrita y atemoriza a sus enemigos.
La tensión social que dio origen al MS encabezado por AMLO se incubó con el proyecto de cambio neoliberal que se puso en marcha a partir de 1985. Esa tensión se intensificó al modificarse las reglas del juego político —del autoritarismo se pasó a la democracia—, para agudizarse con la violación de esas reglas —de su letra, pero sobre todo de su espíritu— a partir del intento de desafuero de AMLO en 2004 y de la forma como se condujeron las elecciones presidenciales de 2006.
Dentro de un marco de polarización social y falta de dinamismo de la economía, la evolución de las contradicciones dio origen a la ruptura entre el PRD y AMLO, así como a la decisión de este último de usar su capital político para organizar un MS que hoy se centra en la disputa por la legislación y la renta del petróleo, pero que mañana puede poner el acento en algún otro tema de controversia.
La élite del poder mexicana, acostumbrada a la política de las cúpulas —partidos, organizaciones corporativas, grupos de interés económico o religioso—, no ha sabido como cooptar o neutralizar a los MS como el organizado por AMLO. En el pasado autoritario, lo que no se podía cooptar se reprimía, como sucedió en 1968 y en 1971, o más recientemente con movimientos geográficamente y socialmente limitados, como han sido los casos de Atenco, en El Estado de México, y la APPO, en Oaxaca.
Pero enfrentar al lopezobradorismo, un movimiento nacional, siguiendo la línea que acaba de recomendar el ex presidente Vicente Fox —“partirle el queso a López Obrador”— sería una gran imprudencia, jugar con fuego en un llano social muy seco, como es en el que hoy se desarrolla la protesta irritante pero pacífica. La represión quizá desactivará temporalmente la protesta, pero igualmente podría tornarla violenta y dejarla sin el control moderador que hoy ejerce AMLO sobre ella.— México, D.F.
Publicado originamene en el Diario de Yucatán.
De la política como abuso al desastre
Nota del Jueves 16 de octubre de 2008 )
De la política como abuso al desastre
El ejercicio del poder
Lorenzo Meyer
Los Clásicos. En la Grecia de Aristóteles se llegó a suponer a la ciencia política como el área más importante del conocimiento pues su objeto de estudio era la expresión más noble de la actividad humana, ya que de ella dependían la virtud y la felicidad colectivas. 2,500 años más tarde es muy difícil entender ese punto de vista y, sin embargo, en el terrible siglo XX, perdida ya toda inocencia como resultado de sus guerras, campos de exterminio y gulags, la gran Hannah Arendt planteó reconsiderar la validez de la propuesta. En “La condición humana” (Barcelona: Paidos, 1993, ed. original, 1958), Arendt argumentó de manera convincente que seguía siendo posible vivir la actividad política como la oportunidad de participar en el quehacer público con un propósito noble, ético.
En los tiempos que corren, el ejercicio del poder político es sinónimo de abuso extremo, criminal, que ha desembocado en desastre mayúsculo a nivel planetario. Ahora bien, justamente porque el panorama es así de desesperanzador, conviene, casi como un último recurso, intentar darle alguna posibilidad a los dos grandes filósofos políticos nacidos en Grecia y Alemania respectivamente.
La política como desastre. El ejercicio del poder como una actividad contraria al deber ser, a la ética, se ha practicado desde el inicio de los tiempos y en todas partes. Sin embargo, normalmente se ha combinado con un cierto grado de inteligencia y sentido de las proporciones para hacerlo más o menos tolerable para su víctima: el individuo común. No obstante, de tarde en tarde las élites del poder —los líderes políticos, empresariales, militares, religiosos e intelectuales— pierden piso, abandonan todo sentido de la realidad y toman sus decisiones influidas por una mezcla de corrupción desbocada, cinismo y egoísmo sin límites, irresponsabilidad e incapacidad intelectual y sin pizca de cordura. Es esta condición la que caracteriza a nuestro tiempo —el fracaso estrepitoso de los liderazgos— y la que ha desembocado en un ambiente generalizado de incertidumbre, desánimo y búsqueda de alternativas tanto en México como en el sistema internacional, particularmente en el país vecino del norte, centro de ese sistema.
El fracaso en el norte. George Soros, el multimillonario de origen húngaro nacionalizado norteamericano, a la vez beneficiario y crítico del capitalismo actual, explica la crisis en que hoy está sumida la economía mundial —situación, por cierto, que él mismo predijo de tiempo atrás— como el estallido de una burbuja hipotecaria en Estados Unidos dentro de otra burbuja financiera mundial creada por operaciones de crédito especulativo y desde hace tiempo fuera de cualquier control institucional. En esas condiciones, el derrumbe de las “hipotecas basura” en el país vecino desempeñó el mismo papel en el sistema financiero global que el estallido del disparador dentro de una gran bomba atómica: magnificó exponencialmente su poder destructivo.
En nombre del libre mercado y por decenios las autoridades norteamericanas abdicaron conscientemente de su responsabilidad de regular la red de contratos y créditos “derivados” que los supuestos magos financieros de Wall Street —y de aquí— tejieron con éxito en términos de ganancias. Y ahora que ha estallado la megacrisis, algunos de los principales arquitectos de esa gigantesca especulación e irresponsabilidad simplemente se han retirado a disfrutar de sus fortunas. En un cuadro publicado por El País (12 de octubre) se enlistan los nombres de 16 ejecutivos de 14 grandes instituciones financieras que contribuyeron a crear el desastre actual. Ese puñado de irresponsables e inmorales extremos hicieron perder a sus propias empresas más de 250,000 millones de dólares y el trabajo a más de 73,000 de sus propios empleados. Obviamente el daño que han ocasionado en el mundo es por ahora inconmensurable. Y sin embargo, esa decena y media de especuladores a lo grande que desarrollaron sus esquemas de locura financiera dentro de un marco político “legal” y bajo la mirada tolerante de los responsables —en realidad, irresponsables— políticos norteamericanos, acaban de cobrar en conjunto por salarios e indemnizaciones la nada despreciable suma de ¡627.7 millones de dólares! Realmente algo está muy podrido en la Dinamarca global.
La Dinamarca mexicana. Entre los últimos ejemplos mexicanos de la política como incapacidad y corrupción destaca el uso del 10% de nuestras reservas en dólares en beneficio de un pequeño pero poderoso grupo de especuladores que en tres días de octubre dieron cuenta de 8,900 millones de dólares, sin que eso le reportara beneficio alguno al país como tal. Sin embargo, los responsables finales de la maniobra no fueron los especuladores —Comercial Mexicana, Cemex, Alfa, Grupo Industrial Saltillo y los bancos que les prestaron, que necesitaban dólares para solventar los llamados “derivados” a los que habían apostado para obtener beneficios extraordinarios—, sino quienes pusieron en subasta los dólares de nuestra reserva y les permitieron ejercer su instinto especulador: las autoridades monetarias, es decir, los dirigentes políticos. ¿Algún castigo para los responsables y abusivos? Con nuestra historia como antecedente, no hay que esperar alguno.
Obviamente con los miles de millones de dólares que en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron de nuestras reservas se hubieran podido construir, o casi, una de las varias refinerías que se están necesitando desde hace mucho, pero que hasta antes de que los efectos de la crisis mundial le obligaran a cambiar, el gobierno neoliberal de Felipe Calderón se había negado a emprender aduciendo que ante la falta de recursos sólo la inversión externa privada podía hacerlo. Convertido contra su voluntad al neokeinesianismo —hacer intervenir al Estado en el mercado para contrarrestar sus inevitables ciclos negativos—, Felipe Calderón acaba de anunciar que lo demandado por el líder opositor Andrés Manuel López Obrador desde la campaña de 2006 —construir varias refinerías con recursos públicos para no importar gasolinas ni exportar crudo— no es, después de todo, un peligro para México. Ahora bien, el tiempo perdido en este campo —varios años— lo lloran los santos y también el interés nacional mexicano.
En la amplia agenda de los grandes problemas nacionales se inscribe claramente la última acción de esa notable representante de lo peor del corporativismo construido a lo largo del siglo XX mexicano: la presidenta nacional del SNTE, la maestra Elba Esther Gordillo. Como lo informó Reforma (12 de octubre), la señora Gordillo no tuvo ningún empacho en combinar su exigencia de una ampliación de 5,000 millones de pesos del gasto público en educación —que básicamente se destina al pago de sueldos y prestaciones de los profesores— con un espectacular regalo a los líderes seccionales a cargo de los fondos sindicales —una suma cuantiosa que nadie audita—: 59 camionetas Hummer modelo 2009, cuyo valor por unidad puede llegar al medio millón de pesos. Se comprende que al ver llegar la caravana de esos vehículos muy apreciados por los narcotraficantes, los líderes sindicales reunidos en Hermosillo primero se alarmaran pero luego exclamaran: “¡Es Santa Claus!”. Sin embargo, ante la reacción negativa, optaron por rifar los vehículos ¡en beneficio de escuelas pobres! Al final, el hecho es un indicador perfecto del tipo de cultura del corporativismo mexicano.
En un país de pobre crecimiento económico, donde más del 40% de sus habitantes está clasificado como pobre y donde las pruebas muestran que el 70% de los estudiantes no logra el dominio mínimo aceptable de español o matemáticas, la sensibilidad y sentido de la responsabilidad de todo el liderazgo del SNTE resulta equiparable a la del emperador Nerón cuando desde su palacio vio arder a Roma y se puso a tocar la lira.
Sin embargo, lo más revelador del incidente no es la conducta de los líderes sindicales, sino la naturaleza del gobierno que los aceptó como aliados estratégicos para ganar la elección de 2006 y sostenerse en el poder frente a una oposición que le niega legitimidad justamente por las circunstancias en que tuvo lugar esa elección y sus consecuencias.
Finalmente. En el México actual que tanto en lo interno como en lo externo vive la política como abuso y desastre, es muy difícil imaginar el ejercicio del poder como lo consideraron Aristóteles o Hannah Arendt: como la expresión más noble de la voluntad e inteligencia del ser humano. Y sin embargo, y aunque sin ilusiones, debemos intentarlo, pues lo contrario es someterse a lo peor de esa misma naturaleza humana.— México, D.F.
Publicado originalmente en el diario de Yucatán
De la política como abuso al desastre
El ejercicio del poder
Lorenzo Meyer
Los Clásicos. En la Grecia de Aristóteles se llegó a suponer a la ciencia política como el área más importante del conocimiento pues su objeto de estudio era la expresión más noble de la actividad humana, ya que de ella dependían la virtud y la felicidad colectivas. 2,500 años más tarde es muy difícil entender ese punto de vista y, sin embargo, en el terrible siglo XX, perdida ya toda inocencia como resultado de sus guerras, campos de exterminio y gulags, la gran Hannah Arendt planteó reconsiderar la validez de la propuesta. En “La condición humana” (Barcelona: Paidos, 1993, ed. original, 1958), Arendt argumentó de manera convincente que seguía siendo posible vivir la actividad política como la oportunidad de participar en el quehacer público con un propósito noble, ético.
En los tiempos que corren, el ejercicio del poder político es sinónimo de abuso extremo, criminal, que ha desembocado en desastre mayúsculo a nivel planetario. Ahora bien, justamente porque el panorama es así de desesperanzador, conviene, casi como un último recurso, intentar darle alguna posibilidad a los dos grandes filósofos políticos nacidos en Grecia y Alemania respectivamente.
La política como desastre. El ejercicio del poder como una actividad contraria al deber ser, a la ética, se ha practicado desde el inicio de los tiempos y en todas partes. Sin embargo, normalmente se ha combinado con un cierto grado de inteligencia y sentido de las proporciones para hacerlo más o menos tolerable para su víctima: el individuo común. No obstante, de tarde en tarde las élites del poder —los líderes políticos, empresariales, militares, religiosos e intelectuales— pierden piso, abandonan todo sentido de la realidad y toman sus decisiones influidas por una mezcla de corrupción desbocada, cinismo y egoísmo sin límites, irresponsabilidad e incapacidad intelectual y sin pizca de cordura. Es esta condición la que caracteriza a nuestro tiempo —el fracaso estrepitoso de los liderazgos— y la que ha desembocado en un ambiente generalizado de incertidumbre, desánimo y búsqueda de alternativas tanto en México como en el sistema internacional, particularmente en el país vecino del norte, centro de ese sistema.
El fracaso en el norte. George Soros, el multimillonario de origen húngaro nacionalizado norteamericano, a la vez beneficiario y crítico del capitalismo actual, explica la crisis en que hoy está sumida la economía mundial —situación, por cierto, que él mismo predijo de tiempo atrás— como el estallido de una burbuja hipotecaria en Estados Unidos dentro de otra burbuja financiera mundial creada por operaciones de crédito especulativo y desde hace tiempo fuera de cualquier control institucional. En esas condiciones, el derrumbe de las “hipotecas basura” en el país vecino desempeñó el mismo papel en el sistema financiero global que el estallido del disparador dentro de una gran bomba atómica: magnificó exponencialmente su poder destructivo.
En nombre del libre mercado y por decenios las autoridades norteamericanas abdicaron conscientemente de su responsabilidad de regular la red de contratos y créditos “derivados” que los supuestos magos financieros de Wall Street —y de aquí— tejieron con éxito en términos de ganancias. Y ahora que ha estallado la megacrisis, algunos de los principales arquitectos de esa gigantesca especulación e irresponsabilidad simplemente se han retirado a disfrutar de sus fortunas. En un cuadro publicado por El País (12 de octubre) se enlistan los nombres de 16 ejecutivos de 14 grandes instituciones financieras que contribuyeron a crear el desastre actual. Ese puñado de irresponsables e inmorales extremos hicieron perder a sus propias empresas más de 250,000 millones de dólares y el trabajo a más de 73,000 de sus propios empleados. Obviamente el daño que han ocasionado en el mundo es por ahora inconmensurable. Y sin embargo, esa decena y media de especuladores a lo grande que desarrollaron sus esquemas de locura financiera dentro de un marco político “legal” y bajo la mirada tolerante de los responsables —en realidad, irresponsables— políticos norteamericanos, acaban de cobrar en conjunto por salarios e indemnizaciones la nada despreciable suma de ¡627.7 millones de dólares! Realmente algo está muy podrido en la Dinamarca global.
La Dinamarca mexicana. Entre los últimos ejemplos mexicanos de la política como incapacidad y corrupción destaca el uso del 10% de nuestras reservas en dólares en beneficio de un pequeño pero poderoso grupo de especuladores que en tres días de octubre dieron cuenta de 8,900 millones de dólares, sin que eso le reportara beneficio alguno al país como tal. Sin embargo, los responsables finales de la maniobra no fueron los especuladores —Comercial Mexicana, Cemex, Alfa, Grupo Industrial Saltillo y los bancos que les prestaron, que necesitaban dólares para solventar los llamados “derivados” a los que habían apostado para obtener beneficios extraordinarios—, sino quienes pusieron en subasta los dólares de nuestra reserva y les permitieron ejercer su instinto especulador: las autoridades monetarias, es decir, los dirigentes políticos. ¿Algún castigo para los responsables y abusivos? Con nuestra historia como antecedente, no hay que esperar alguno.
Obviamente con los miles de millones de dólares que en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron de nuestras reservas se hubieran podido construir, o casi, una de las varias refinerías que se están necesitando desde hace mucho, pero que hasta antes de que los efectos de la crisis mundial le obligaran a cambiar, el gobierno neoliberal de Felipe Calderón se había negado a emprender aduciendo que ante la falta de recursos sólo la inversión externa privada podía hacerlo. Convertido contra su voluntad al neokeinesianismo —hacer intervenir al Estado en el mercado para contrarrestar sus inevitables ciclos negativos—, Felipe Calderón acaba de anunciar que lo demandado por el líder opositor Andrés Manuel López Obrador desde la campaña de 2006 —construir varias refinerías con recursos públicos para no importar gasolinas ni exportar crudo— no es, después de todo, un peligro para México. Ahora bien, el tiempo perdido en este campo —varios años— lo lloran los santos y también el interés nacional mexicano.
En la amplia agenda de los grandes problemas nacionales se inscribe claramente la última acción de esa notable representante de lo peor del corporativismo construido a lo largo del siglo XX mexicano: la presidenta nacional del SNTE, la maestra Elba Esther Gordillo. Como lo informó Reforma (12 de octubre), la señora Gordillo no tuvo ningún empacho en combinar su exigencia de una ampliación de 5,000 millones de pesos del gasto público en educación —que básicamente se destina al pago de sueldos y prestaciones de los profesores— con un espectacular regalo a los líderes seccionales a cargo de los fondos sindicales —una suma cuantiosa que nadie audita—: 59 camionetas Hummer modelo 2009, cuyo valor por unidad puede llegar al medio millón de pesos. Se comprende que al ver llegar la caravana de esos vehículos muy apreciados por los narcotraficantes, los líderes sindicales reunidos en Hermosillo primero se alarmaran pero luego exclamaran: “¡Es Santa Claus!”. Sin embargo, ante la reacción negativa, optaron por rifar los vehículos ¡en beneficio de escuelas pobres! Al final, el hecho es un indicador perfecto del tipo de cultura del corporativismo mexicano.
En un país de pobre crecimiento económico, donde más del 40% de sus habitantes está clasificado como pobre y donde las pruebas muestran que el 70% de los estudiantes no logra el dominio mínimo aceptable de español o matemáticas, la sensibilidad y sentido de la responsabilidad de todo el liderazgo del SNTE resulta equiparable a la del emperador Nerón cuando desde su palacio vio arder a Roma y se puso a tocar la lira.
Sin embargo, lo más revelador del incidente no es la conducta de los líderes sindicales, sino la naturaleza del gobierno que los aceptó como aliados estratégicos para ganar la elección de 2006 y sostenerse en el poder frente a una oposición que le niega legitimidad justamente por las circunstancias en que tuvo lugar esa elección y sus consecuencias.
Finalmente. En el México actual que tanto en lo interno como en lo externo vive la política como abuso y desastre, es muy difícil imaginar el ejercicio del poder como lo consideraron Aristóteles o Hannah Arendt: como la expresión más noble de la voluntad e inteligencia del ser humano. Y sin embargo, y aunque sin ilusiones, debemos intentarlo, pues lo contrario es someterse a lo peor de esa misma naturaleza humana.— México, D.F.
Publicado originalmente en el diario de Yucatán
lunes, 13 de octubre de 2008
Sin consolidar la democracia
Sin consolidar la democracia
¿El pasado como opción?
Lorenzo Meyer
La textura de los tiempos. En el año 2000, y tras una larga etapa de decadencia de su viejo sistema político antidemocrático, México experimentó uno de esos raros y muy estimulantes momentos en que el futuro nacional aparecía preñado de grandes y buenas posibilidades.
La oportunidad colectiva que se abrió hace ocho años fue injustamente desaprovechada al punto de que hoy la voluntad ciudadana, desmoralizada, pareciera dispuesta a volver a entregar el mando al partido del ayer, al que nació, se mantuvo y persiste antidemocrático: al PRI, (véase, por ejemplo, la encuesta sobre preferencias electorales para 2009 publicada por El Universal el 6 de octubre). Así pues, el camino iniciado con entusiasmo hace ocho años pareciera estar dejando de ser la vía hacia un futuro de calidad para convertirse en un mero atajo de vuelta al pasado, al pantano político y moral del que se suponía que ya habíamos salido.
Las consecuencias negativas en nuestra economía de la enorme crisis financiera que ha estallado en Estados Unidos, nuestro principal mercado externo, fuente mayor de inversión externa y destino casi único de nuestros emigrantes —con esa potencia efectuamos el 81% de nuestro comercio global, de ahí procede el 61% del total invertido aquí por el exterior y para allá se dirigen alrededor de 400,000 trabajadores mexicanos al año— es sólo el último problema del conjunto de dificultades que hoy ensombrecen nuestro horizonte colectivo.
No es la actual, desde luego, la primera vez en nuestra historia en que escasea el optimismo sobre la cosa pública, pero eso no es consuelo, porque muchos de los males que nos afectan se hubieran podido evitar o disminuir si los responsables de conducir al país hubieran actuado con sentido de la responsabilidad, con honradez y hubiera organizado el respaldo social de las mismas.
En su célebre ensayo de 1947 titulado “La crisis de México”, Daniel Cosío Villegas concluyó que ningún gobernante del México revolucionario había estado a la altura de las circunstancias. Es posible llegar a la misma conclusión respecto del conjunto de responsables de guiar a México desde la posrevolución hasta el día de hoy. Sin embargo, la falta de altura de la clase dirigente y sus efectos negativos se hicieron más graves a partir de las elecciones de 2000, pues con éstas la sociedad mexicana abrió una oportunidad única, la que debió permitir al país dar un gran salto cualitativo, pero que finalmente se ha frustrado debido a la mediocridad, irresponsabilidad y pequeñez del nuevo equipo dirigente. En este sentido, la responsabilidad de quienes asumieron el poder al arrancar el siglo XXI es política y moralmente mayor que la de sus antecesores inmediatos, los priistas.
Lo perdido. La teoría de las transiciones del autoritarismo a la democracia subraya que en las sociedades que viven estos cambios hay un lujo que no se pueden dar so pena de fracasar: perder el tiempo, el impulso y el sentido de la transformación.
Una vez lograda la caída del régimen autoritario se debe proceder sin dilación a consolidar lo ganado, a consolidar la democracia. Ese afianzamiento requiere movilizar a la sociedad misma para, por un lado, derribar o modificar las instituciones o prácticas que sirvieron de base e instrumento al régimen que se acaba de derrotar. A la vez, es necesario reforzar o dar vida a instituciones, prácticas, actitudes y proyectos que sostengan el triunfo democrático. Y es aquí donde ha fallado el proceso mexicano.
Lo que no debió haberse hecho. En vísperas de las elecciones de 2000, las dos grandes fuerzas opositoras —PAN y PRD—, alentadas por quienes deseaban asegurar la oportunidad del cambio, consideraron la posibilidad de un gran frente democrático donde las diferencias entre izquierda y derecha quedaran temporalmente subordinadas a la gran tarea de asegurar una derrota aplastante y definitiva —histórica— del PRI en las urnas y de cara al futuro.
Finalmente no hubo grandeza suficiente para ello y una vez en el poder, Fox y los suyos propusieron ¡al PRI de Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo y similares un gran entendimiento para “cogobernar el cambio”! En vez de aprovechar la coyuntura para limpiar la mesa de los muchos retales priistas, éstos se añadieron a la nueva argamasa que buscaba no consolidar el triunfo de la democracia sino apenas poner al día una coalición de derecha que asegurara lo que a partir del fraude de 1988 resultaba urgente para el PAN y para los grupos de interés que le rodeaban: que no se permitiera a la izquierda partidista asumir la presidencia a pesar de que ni el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 ni el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006 eran revolucionarios, sino apenas reformistas.
Si en esos años se hubiera dejado establecida la regla de que no había ningún veto a la posibilidad de que en un juego electoral limpio pudiera encabezar el proceso político incluso un político con apoyo primordial en las clases populares, entonces se hubiera podido asegurar algo vital: la lealtad e identificación de los mexicanos situados en el fondo de la pirámide social con el régimen y la institucionalidad.
Al buscar Fox el desafuero de AMLO por razones baladíes y al haberle declarado no un adversario político sino un “Mesías tropical”, un “peligro para México”, un equivalente al “extraño enemigo” de la patria al que era obligación combatir, se derribó un puntal del espíritu democrático que apenas empezaba a fraguar: el de la tolerancia. Y ese es un problema grave en sociedades con grandes desigualdades, pues el mensaje implícito es que la exclusión social va irremediablemente unida a la exclusión política, que para los menos afortunados no habrá igualdad de oportunidades ni en la competencia económica ni en la política.
Para los que consideraron trampeado el camino de las urnas tras la falla espectacular de los supuestos árbitros imparciales del juego electoral —el IFE y del TEPJF—, se abrió entonces la posibilidad de actuar menos mediante la vía partidista y más por el camino de la creación de los movimientos sociales, lo que significa tener que organizarse para tomar la calle y canalizar sus demandas mediante la desobediencia civil. Ese camino no se hubiera emprendido si el juego electoral hubiese sido percibido como limpio y justo. No fue el caso.
Lo que debió haberse hecho. La competencia justa abarca mucho más que el campo electoral. El supuesto nuevo orden nacido en 2000 pronto dejó en claro que no estaba dispuesto a cumplir la tarea de enfrentarse a los grandes intereses creados.
La consolidación de la democracia requiere traducir votos en resultados como un nuevo conjunto de reglas que den contenido al interés mayoritario que, entre otras cosas, demandaba enfrentarse a los monopolios económicos que el viejo autoritarismo había fomentado y tolerado. En la práctica, el PAN prefirió sólo socavar que no reformar a los monopolios de interés público como la CFE y Pemex, y sin obligar a las grandes concentraciones monopólicas de capital y poder privados —teléfonos, televisión— a comportarse competitivamente como lo exigen la ley y el credo económico que el panismo dice abanderar.
Por decenios el PAN consideró al corporativismo priista uno de los grandes males de la vida política mexicana pero, una vez en el poder, descubrió las virtudes de contar con el apoyo del liderazgo del STPRM y del SNTE, sin importar que ello implica no sólo olvidarse de su programa histórico, sino tolerar la corrupción en grande y afectar directamente el interés público en áreas vitales para el desarrollo nacional.
Quienes sustituyeron al PRI en la dirección del gobierno federal prometieron honestidad, pero finalmente no tocaron a los “peces gordos” del corporativismo sindical, del tráfico de influencias, de la evasión fiscal o de cualquier otra de las peceras históricas de la corrupción mexicana. Tampoco llamaron a cuentas a los responsables de los grandes crímenes de Estado del pasado y sí en cambio se han dado, como lo señalara Miguel Ángel Granados Chapa al recibir la presea “Belisario Domínguez”, nuevos crímenes del poder público: presos políticos y desaparición de detenidos, entre otros.
El pasado como opción. Al ambiente económico sin brillo, a la democracia sin espíritu democrático, a la persistencia de la corrupción e impunidad en gran escala, y a la incapacidad institucional para enfrentar a la brutalidad en ascenso del crimen organizado, se le debe añadir la irrelevancia y mezquindad de lo que queda de la opción partidista de izquierda. El resultado es que a sólo ocho años del cambio democrático, el PRI vuelve a ser opción para muchos. ¡Vaya fracaso histórico!— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatàn.
¿El pasado como opción?
Lorenzo Meyer
La textura de los tiempos. En el año 2000, y tras una larga etapa de decadencia de su viejo sistema político antidemocrático, México experimentó uno de esos raros y muy estimulantes momentos en que el futuro nacional aparecía preñado de grandes y buenas posibilidades.
La oportunidad colectiva que se abrió hace ocho años fue injustamente desaprovechada al punto de que hoy la voluntad ciudadana, desmoralizada, pareciera dispuesta a volver a entregar el mando al partido del ayer, al que nació, se mantuvo y persiste antidemocrático: al PRI, (véase, por ejemplo, la encuesta sobre preferencias electorales para 2009 publicada por El Universal el 6 de octubre). Así pues, el camino iniciado con entusiasmo hace ocho años pareciera estar dejando de ser la vía hacia un futuro de calidad para convertirse en un mero atajo de vuelta al pasado, al pantano político y moral del que se suponía que ya habíamos salido.
Las consecuencias negativas en nuestra economía de la enorme crisis financiera que ha estallado en Estados Unidos, nuestro principal mercado externo, fuente mayor de inversión externa y destino casi único de nuestros emigrantes —con esa potencia efectuamos el 81% de nuestro comercio global, de ahí procede el 61% del total invertido aquí por el exterior y para allá se dirigen alrededor de 400,000 trabajadores mexicanos al año— es sólo el último problema del conjunto de dificultades que hoy ensombrecen nuestro horizonte colectivo.
No es la actual, desde luego, la primera vez en nuestra historia en que escasea el optimismo sobre la cosa pública, pero eso no es consuelo, porque muchos de los males que nos afectan se hubieran podido evitar o disminuir si los responsables de conducir al país hubieran actuado con sentido de la responsabilidad, con honradez y hubiera organizado el respaldo social de las mismas.
En su célebre ensayo de 1947 titulado “La crisis de México”, Daniel Cosío Villegas concluyó que ningún gobernante del México revolucionario había estado a la altura de las circunstancias. Es posible llegar a la misma conclusión respecto del conjunto de responsables de guiar a México desde la posrevolución hasta el día de hoy. Sin embargo, la falta de altura de la clase dirigente y sus efectos negativos se hicieron más graves a partir de las elecciones de 2000, pues con éstas la sociedad mexicana abrió una oportunidad única, la que debió permitir al país dar un gran salto cualitativo, pero que finalmente se ha frustrado debido a la mediocridad, irresponsabilidad y pequeñez del nuevo equipo dirigente. En este sentido, la responsabilidad de quienes asumieron el poder al arrancar el siglo XXI es política y moralmente mayor que la de sus antecesores inmediatos, los priistas.
Lo perdido. La teoría de las transiciones del autoritarismo a la democracia subraya que en las sociedades que viven estos cambios hay un lujo que no se pueden dar so pena de fracasar: perder el tiempo, el impulso y el sentido de la transformación.
Una vez lograda la caída del régimen autoritario se debe proceder sin dilación a consolidar lo ganado, a consolidar la democracia. Ese afianzamiento requiere movilizar a la sociedad misma para, por un lado, derribar o modificar las instituciones o prácticas que sirvieron de base e instrumento al régimen que se acaba de derrotar. A la vez, es necesario reforzar o dar vida a instituciones, prácticas, actitudes y proyectos que sostengan el triunfo democrático. Y es aquí donde ha fallado el proceso mexicano.
Lo que no debió haberse hecho. En vísperas de las elecciones de 2000, las dos grandes fuerzas opositoras —PAN y PRD—, alentadas por quienes deseaban asegurar la oportunidad del cambio, consideraron la posibilidad de un gran frente democrático donde las diferencias entre izquierda y derecha quedaran temporalmente subordinadas a la gran tarea de asegurar una derrota aplastante y definitiva —histórica— del PRI en las urnas y de cara al futuro.
Finalmente no hubo grandeza suficiente para ello y una vez en el poder, Fox y los suyos propusieron ¡al PRI de Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo y similares un gran entendimiento para “cogobernar el cambio”! En vez de aprovechar la coyuntura para limpiar la mesa de los muchos retales priistas, éstos se añadieron a la nueva argamasa que buscaba no consolidar el triunfo de la democracia sino apenas poner al día una coalición de derecha que asegurara lo que a partir del fraude de 1988 resultaba urgente para el PAN y para los grupos de interés que le rodeaban: que no se permitiera a la izquierda partidista asumir la presidencia a pesar de que ni el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 ni el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006 eran revolucionarios, sino apenas reformistas.
Si en esos años se hubiera dejado establecida la regla de que no había ningún veto a la posibilidad de que en un juego electoral limpio pudiera encabezar el proceso político incluso un político con apoyo primordial en las clases populares, entonces se hubiera podido asegurar algo vital: la lealtad e identificación de los mexicanos situados en el fondo de la pirámide social con el régimen y la institucionalidad.
Al buscar Fox el desafuero de AMLO por razones baladíes y al haberle declarado no un adversario político sino un “Mesías tropical”, un “peligro para México”, un equivalente al “extraño enemigo” de la patria al que era obligación combatir, se derribó un puntal del espíritu democrático que apenas empezaba a fraguar: el de la tolerancia. Y ese es un problema grave en sociedades con grandes desigualdades, pues el mensaje implícito es que la exclusión social va irremediablemente unida a la exclusión política, que para los menos afortunados no habrá igualdad de oportunidades ni en la competencia económica ni en la política.
Para los que consideraron trampeado el camino de las urnas tras la falla espectacular de los supuestos árbitros imparciales del juego electoral —el IFE y del TEPJF—, se abrió entonces la posibilidad de actuar menos mediante la vía partidista y más por el camino de la creación de los movimientos sociales, lo que significa tener que organizarse para tomar la calle y canalizar sus demandas mediante la desobediencia civil. Ese camino no se hubiera emprendido si el juego electoral hubiese sido percibido como limpio y justo. No fue el caso.
Lo que debió haberse hecho. La competencia justa abarca mucho más que el campo electoral. El supuesto nuevo orden nacido en 2000 pronto dejó en claro que no estaba dispuesto a cumplir la tarea de enfrentarse a los grandes intereses creados.
La consolidación de la democracia requiere traducir votos en resultados como un nuevo conjunto de reglas que den contenido al interés mayoritario que, entre otras cosas, demandaba enfrentarse a los monopolios económicos que el viejo autoritarismo había fomentado y tolerado. En la práctica, el PAN prefirió sólo socavar que no reformar a los monopolios de interés público como la CFE y Pemex, y sin obligar a las grandes concentraciones monopólicas de capital y poder privados —teléfonos, televisión— a comportarse competitivamente como lo exigen la ley y el credo económico que el panismo dice abanderar.
Por decenios el PAN consideró al corporativismo priista uno de los grandes males de la vida política mexicana pero, una vez en el poder, descubrió las virtudes de contar con el apoyo del liderazgo del STPRM y del SNTE, sin importar que ello implica no sólo olvidarse de su programa histórico, sino tolerar la corrupción en grande y afectar directamente el interés público en áreas vitales para el desarrollo nacional.
Quienes sustituyeron al PRI en la dirección del gobierno federal prometieron honestidad, pero finalmente no tocaron a los “peces gordos” del corporativismo sindical, del tráfico de influencias, de la evasión fiscal o de cualquier otra de las peceras históricas de la corrupción mexicana. Tampoco llamaron a cuentas a los responsables de los grandes crímenes de Estado del pasado y sí en cambio se han dado, como lo señalara Miguel Ángel Granados Chapa al recibir la presea “Belisario Domínguez”, nuevos crímenes del poder público: presos políticos y desaparición de detenidos, entre otros.
El pasado como opción. Al ambiente económico sin brillo, a la democracia sin espíritu democrático, a la persistencia de la corrupción e impunidad en gran escala, y a la incapacidad institucional para enfrentar a la brutalidad en ascenso del crimen organizado, se le debe añadir la irrelevancia y mezquindad de lo que queda de la opción partidista de izquierda. El resultado es que a sólo ocho años del cambio democrático, el PRI vuelve a ser opción para muchos. ¡Vaya fracaso histórico!— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatàn.
lunes, 6 de octubre de 2008
De nada sirvió el sacrificio
Cuarenta años
Lorenzo Meyer
En Miguel Ángel Granados Chapa, esta vez, la medalla “Belisario Domínguez” encontró a un receptor a la altura de la causa 2 de octubre. No hay un sólo México sino varios. Así, mientras las encuestas nos dicen que uno es aquel donde “El 2 de octubre no se olvida”, también hay ese otro al que la fecha le importa poco y, finalmente, existe un tercero que ni idea tiene de que el 2 de octubre pudiera significar algo.
Este último es el problema de más fondo, pues está conformado por mexicanos que, como resultado de su marginación social, no han tenido la oportunidad de enterarse de que algo significativo sucedió en la fecha que otros no olvidan. Justamente para que no vuelva a ocurrir algo similar a lo acontecido hace cuatro decenios es preciso que, si finalmente alguien desea ignorar hechos como los que tuvieron lugar entonces en Tlatelolco, lo haga conscientemente y no porque su condición social lo mantiene ajeno a un acontecimiento clave en la memoria colectiva ciudadana.
El hecho histórico es inamovible, pero no su significado. Todo aniversario es una oportunidad para renovar nuestra comprensión y compromiso no sólo con el evento que se rememora, sino con su significado.
En más de un sentido, volver la vista al pasado común nos pone frente a una imagen que combina lo que fuimos con lo que somos y lo que deberíamos ser.
¿Quién? ¿Por qué? Desde luego, todo lo acontecido en el México del 68 —particularmente esas dos horas de fuego de la tarde del 2 de octubre en La Plaza de las Tres Culturas— lo examinamos y lo interpretamos desde lo que hoy nos preocupa, como resultado de los logros y fracasos que desde entonces hemos tenido como nación.
En este nuevo aniversario sobre ese día trágico en vísperas del inicio de la olimpiada en la que México era el anfitrión —la primera del siglo XX que se llevó a cabo en un país no desarrollado— tenemos que empezar por considerar por qué se nos sigue negando la información básica: ¿Quiénes y de que manera murieron? ¿Dónde están sus restos? ¿Cuál fue la verdadera cadena de mando y el grado de responsabilidad de cada individuo?, y sobre todo, ¿por qué se decidió recurrir al asesinato colectivo para reimponer una autoridad? ¿Por qué una manifestación pública de estudiantes desarmados fue enfrentada por el ejército como si se tratara de un enemigo que se hubiera apoderado de un sitio estratégico? ¿Por qué el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz definió a los jóvenes estudiantes que protestaban por las obvias contradicciones del régimen priista como agentes externos, como enemigos mortales? ¿Cómo explicar la conducta de los actores no gubernamentales más importantes: empresarios, iglesia, medios de comunicación? ¿Por qué los líderes de esos grupos no sólo no cuestionaron las explicaciones del gobierno sino que le ofrecieron su respaldo incondicional? ¿Por qué la comunidad internacional que tan duramente criticaría al gobierno chino por la masacre de la plaza de Tienanmen no hizo entonces lo mismo con la masacre de La Plaza de las Tres Culturas? Herida abierta. El hecho mismo de que sigan sin respuesta las preguntas básicas y a pesar de que supuestamente el régimen responsable de la matanza ya dejó de existir, dice mucho sobre la naturaleza del presente y, sobre todo, de la complicidad del régimen actual con el régimen responsable de los crímenes del pasado. Tras las derrotas electorales del PRI en 1997 y en 2000, el presidencialismo autoritario culpable de lo ocurrido en Tlatelolco dejó de existir.
Investigar los crímenes del autoritarismo y llamar a cuentas a los responsables fue un compromiso más o menos claro de quienes asumieron la dirección del país tras la salida del PRI de “Los Pinos” a quienes se supuso movidos por el afán de inaugurar una era auténticamente democrática, comprometida con la instauración de una justicia real. Es cierto que se abrieron entonces los archivos de las dependencias oficiales como parte de una política general de “transparencia”, pero finalmente las nuevas autoridades no quisieron o no pudieron enfrentarse al pasado. Hicieron a un lado el camino de Sudáfrica —una comisión que hiciera comparecer a los verdugos ante la ciudadanía antes de cerrar la página del “Apartheid”— y se optó por uno a la española: mejor no averiguar para no provocar a aquel con quien se ha decidido convivir —el PRI— y cuya colaboración se busca para sobrevivir.
El 27 de noviembre de 2001 Vicente Fox creó no una comisión de la verdad, sino una pomposa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP) que finalmente desapareció en 2006 sin haber dado respuesta a las grandes interrogantes, sin haber procedido con éxito contra Luis Echeverría —uno de los grandes responsables de las matanzas de 1968 y 1971—, pero no sin haber ocasionado un gasto de por lo menos 300 millones de pesos, aunque el verdadero monto es cifra confidencial (La Jornada, 13 de marzo, 2006). Finalmente, el supuesto nuevo régimen no logró en este campo —como en muchos otros— lo sustantivo: cerrar con un acto de justicia ejemplar algunos de los muchos actos criminales del Estado autoritario priista. La herida sigue abierta. No la han querido cerrar ninguno de los gobiernos que sucedieron a los de Díaz Ordaz y Echeverría, incluyendo a los últimos, los panistas.
Gusto amargo. Sería satisfactorio para los mexicanos actuales poder asegurar, a 40 años de distancia, que los jóvenes sacrificados en el 68 y el 71 están finalmente reivindicados porque la realidad que ellos cuestionaron ya no existe. Desafortunadamente no es el caso.
En primer lugar, el fin del dominio del PRI sobre la presidencia se explica menos como resultado de un rechazo generalizado por lo que hizo en el 68, el 71 y en los años de la “guerra sucia” —que también tocó a sectores populares— y más como consecuencia de la gran crisis económica de 1982. El neopanismo que tomó el relevo de un PRI agotado y desgastado por un largo ejercicio monopólico del poder surgió menos como un reclamo contra el autoritarismo y más como un rechazo al pésimo manejo de la “economía presidencial”. La irresponsabilidad y la corrupción del priismo echaron a perder el famoso crecimiento promedio del 6% anual. La mediana y pequeña empresas se sintieron en peligro de muerte, sobre todo cuando el neoliberalismo salinista desembocó en el desastre de 1995 y en el Fobaproa. Fox se ofreció para encabezar “un gobierno de empresarios para empresarios” que pusiera orden. “Los Amigos de Fox” y parte de la clase media decidieron abandonar el barco priista y saltar al panista. Para ellos saldar las cuentas con el 68 no fue nunca una prioridad y el resultado de la FEMOSPP es la prueba objetiva de ello.
En segundo lugar, la naturaleza misma del nuevo régimen no pertenece al género de la democracia política auténtica, que sigue siendo una meta por alcanzar. El aún PRI gobierna en 18 estados y algunos de ellos mantienen intacta su esencia original, justamente esa que llevó a los estudiantes del 68 y del 71 a la protesta pública y a los guerrilleros de los 70 a poner la vida en prenda en su intento por prender la llama que consumiera al régimen.
Por otro lado, la corrupción que caracterizó al autoritarismo del pasado se mantiene como el signo de los tiempos. La demanda de un México socialmente más justo no es, ni de lejos, una de las preocupaciones efectivas de los responsables de dirigir la acción de un poder público.
Finalmente, está el problema de la opción, el problema de la izquierda. El movimiento del 68 fue la izquierda del México posrevolucionario en uno de sus mejores momentos. Una izquierda movida menos por una ideología coagulada y dogmática y más, mucho más, por la generosidad, la confianza en lo digno de la causa y la alegría de imaginar como posible un México muy distinto al existente: uno no autoritario, no corrupto, genuinamente soberano, capaz de hacer un esfuerzo para dar sentido al término solidaridad social y revertir la tendencia a la desigualdad. En contraste, la izquierda de hoy, al menos la que está en las estructuras de los partidos, en el Congreso, en los gobiernos de ciertos estados, en municipios y delegaciones capitalinas, es casi la antítesis de la que desde un movimiento sin burocracia retó a la estructura de autoridad de hace cuarenta años.
En suma. El 2 de octubre no debe olvidarse porque la razón de ser del movimiento que entonces fue reprimido sigue sin cumplirse a plenitud. Los sacrificados del 68 continúan sin estar plenamente reivindicados y es justamente por eso que sólo nosotros aquí y ahora podemos dar un sentido positivo a la vileza que hace cuarenta años se cometió en nombre de una falsa razón de Estado.— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatán
Lorenzo Meyer
En Miguel Ángel Granados Chapa, esta vez, la medalla “Belisario Domínguez” encontró a un receptor a la altura de la causa 2 de octubre. No hay un sólo México sino varios. Así, mientras las encuestas nos dicen que uno es aquel donde “El 2 de octubre no se olvida”, también hay ese otro al que la fecha le importa poco y, finalmente, existe un tercero que ni idea tiene de que el 2 de octubre pudiera significar algo.
Este último es el problema de más fondo, pues está conformado por mexicanos que, como resultado de su marginación social, no han tenido la oportunidad de enterarse de que algo significativo sucedió en la fecha que otros no olvidan. Justamente para que no vuelva a ocurrir algo similar a lo acontecido hace cuatro decenios es preciso que, si finalmente alguien desea ignorar hechos como los que tuvieron lugar entonces en Tlatelolco, lo haga conscientemente y no porque su condición social lo mantiene ajeno a un acontecimiento clave en la memoria colectiva ciudadana.
El hecho histórico es inamovible, pero no su significado. Todo aniversario es una oportunidad para renovar nuestra comprensión y compromiso no sólo con el evento que se rememora, sino con su significado.
En más de un sentido, volver la vista al pasado común nos pone frente a una imagen que combina lo que fuimos con lo que somos y lo que deberíamos ser.
¿Quién? ¿Por qué? Desde luego, todo lo acontecido en el México del 68 —particularmente esas dos horas de fuego de la tarde del 2 de octubre en La Plaza de las Tres Culturas— lo examinamos y lo interpretamos desde lo que hoy nos preocupa, como resultado de los logros y fracasos que desde entonces hemos tenido como nación.
En este nuevo aniversario sobre ese día trágico en vísperas del inicio de la olimpiada en la que México era el anfitrión —la primera del siglo XX que se llevó a cabo en un país no desarrollado— tenemos que empezar por considerar por qué se nos sigue negando la información básica: ¿Quiénes y de que manera murieron? ¿Dónde están sus restos? ¿Cuál fue la verdadera cadena de mando y el grado de responsabilidad de cada individuo?, y sobre todo, ¿por qué se decidió recurrir al asesinato colectivo para reimponer una autoridad? ¿Por qué una manifestación pública de estudiantes desarmados fue enfrentada por el ejército como si se tratara de un enemigo que se hubiera apoderado de un sitio estratégico? ¿Por qué el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz definió a los jóvenes estudiantes que protestaban por las obvias contradicciones del régimen priista como agentes externos, como enemigos mortales? ¿Cómo explicar la conducta de los actores no gubernamentales más importantes: empresarios, iglesia, medios de comunicación? ¿Por qué los líderes de esos grupos no sólo no cuestionaron las explicaciones del gobierno sino que le ofrecieron su respaldo incondicional? ¿Por qué la comunidad internacional que tan duramente criticaría al gobierno chino por la masacre de la plaza de Tienanmen no hizo entonces lo mismo con la masacre de La Plaza de las Tres Culturas? Herida abierta. El hecho mismo de que sigan sin respuesta las preguntas básicas y a pesar de que supuestamente el régimen responsable de la matanza ya dejó de existir, dice mucho sobre la naturaleza del presente y, sobre todo, de la complicidad del régimen actual con el régimen responsable de los crímenes del pasado. Tras las derrotas electorales del PRI en 1997 y en 2000, el presidencialismo autoritario culpable de lo ocurrido en Tlatelolco dejó de existir.
Investigar los crímenes del autoritarismo y llamar a cuentas a los responsables fue un compromiso más o menos claro de quienes asumieron la dirección del país tras la salida del PRI de “Los Pinos” a quienes se supuso movidos por el afán de inaugurar una era auténticamente democrática, comprometida con la instauración de una justicia real. Es cierto que se abrieron entonces los archivos de las dependencias oficiales como parte de una política general de “transparencia”, pero finalmente las nuevas autoridades no quisieron o no pudieron enfrentarse al pasado. Hicieron a un lado el camino de Sudáfrica —una comisión que hiciera comparecer a los verdugos ante la ciudadanía antes de cerrar la página del “Apartheid”— y se optó por uno a la española: mejor no averiguar para no provocar a aquel con quien se ha decidido convivir —el PRI— y cuya colaboración se busca para sobrevivir.
El 27 de noviembre de 2001 Vicente Fox creó no una comisión de la verdad, sino una pomposa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP) que finalmente desapareció en 2006 sin haber dado respuesta a las grandes interrogantes, sin haber procedido con éxito contra Luis Echeverría —uno de los grandes responsables de las matanzas de 1968 y 1971—, pero no sin haber ocasionado un gasto de por lo menos 300 millones de pesos, aunque el verdadero monto es cifra confidencial (La Jornada, 13 de marzo, 2006). Finalmente, el supuesto nuevo régimen no logró en este campo —como en muchos otros— lo sustantivo: cerrar con un acto de justicia ejemplar algunos de los muchos actos criminales del Estado autoritario priista. La herida sigue abierta. No la han querido cerrar ninguno de los gobiernos que sucedieron a los de Díaz Ordaz y Echeverría, incluyendo a los últimos, los panistas.
Gusto amargo. Sería satisfactorio para los mexicanos actuales poder asegurar, a 40 años de distancia, que los jóvenes sacrificados en el 68 y el 71 están finalmente reivindicados porque la realidad que ellos cuestionaron ya no existe. Desafortunadamente no es el caso.
En primer lugar, el fin del dominio del PRI sobre la presidencia se explica menos como resultado de un rechazo generalizado por lo que hizo en el 68, el 71 y en los años de la “guerra sucia” —que también tocó a sectores populares— y más como consecuencia de la gran crisis económica de 1982. El neopanismo que tomó el relevo de un PRI agotado y desgastado por un largo ejercicio monopólico del poder surgió menos como un reclamo contra el autoritarismo y más como un rechazo al pésimo manejo de la “economía presidencial”. La irresponsabilidad y la corrupción del priismo echaron a perder el famoso crecimiento promedio del 6% anual. La mediana y pequeña empresas se sintieron en peligro de muerte, sobre todo cuando el neoliberalismo salinista desembocó en el desastre de 1995 y en el Fobaproa. Fox se ofreció para encabezar “un gobierno de empresarios para empresarios” que pusiera orden. “Los Amigos de Fox” y parte de la clase media decidieron abandonar el barco priista y saltar al panista. Para ellos saldar las cuentas con el 68 no fue nunca una prioridad y el resultado de la FEMOSPP es la prueba objetiva de ello.
En segundo lugar, la naturaleza misma del nuevo régimen no pertenece al género de la democracia política auténtica, que sigue siendo una meta por alcanzar. El aún PRI gobierna en 18 estados y algunos de ellos mantienen intacta su esencia original, justamente esa que llevó a los estudiantes del 68 y del 71 a la protesta pública y a los guerrilleros de los 70 a poner la vida en prenda en su intento por prender la llama que consumiera al régimen.
Por otro lado, la corrupción que caracterizó al autoritarismo del pasado se mantiene como el signo de los tiempos. La demanda de un México socialmente más justo no es, ni de lejos, una de las preocupaciones efectivas de los responsables de dirigir la acción de un poder público.
Finalmente, está el problema de la opción, el problema de la izquierda. El movimiento del 68 fue la izquierda del México posrevolucionario en uno de sus mejores momentos. Una izquierda movida menos por una ideología coagulada y dogmática y más, mucho más, por la generosidad, la confianza en lo digno de la causa y la alegría de imaginar como posible un México muy distinto al existente: uno no autoritario, no corrupto, genuinamente soberano, capaz de hacer un esfuerzo para dar sentido al término solidaridad social y revertir la tendencia a la desigualdad. En contraste, la izquierda de hoy, al menos la que está en las estructuras de los partidos, en el Congreso, en los gobiernos de ciertos estados, en municipios y delegaciones capitalinas, es casi la antítesis de la que desde un movimiento sin burocracia retó a la estructura de autoridad de hace cuarenta años.
En suma. El 2 de octubre no debe olvidarse porque la razón de ser del movimiento que entonces fue reprimido sigue sin cumplirse a plenitud. Los sacrificados del 68 continúan sin estar plenamente reivindicados y es justamente por eso que sólo nosotros aquí y ahora podemos dar un sentido positivo a la vileza que hace cuarenta años se cometió en nombre de una falsa razón de Estado.— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatán
lunes, 29 de septiembre de 2008
El verdadero peligro para México
El problema hoy es mayúsculo
El verdadero peligro para México
Lorenzo Meyer
Desviar la atención. El auténtico peligro para la viabilidad de México ha estado a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: la profunda corrupción de sus instituciones públicas.
Vicente Fox y la alianza conservadora que él encabezó encontraron muy útil concentrar el grueso de la energía y recursos del gobierno y sus aliados —medios de difusión, organizaciones empresariales, iglesias, el viejo corporativismo, etcétera— en difundir la idea de que el gran peligro para México eran la oposición electoral de izquierda y su proyecto. A estas alturas ya debiera de haber quedado claro que el auténtico enemigo de la sociedad mexicana ha sido otro: la gran corrupción pública y su inseparable acompañante, la impunidad.
Ambos factores, aunados a la falta de dinamismo de la economía y a la muy injusta estructura social, son las razones principales de que el crimen organizado haya alcanzado la posición dominante que hoy ejerce. Y lo peor es que quienes se supone que encabezan la lucha contra las organizaciones criminales son los que antes engañaron con el falso diagnóstico, pero que hoy se alarman porque la descomposición del entramado institucional ha llegado al punto de que ya apareció el terrorismo incipiente.
Una definición. Una forma de empezar a entender las razones de un fenómeno complejo es formular una definición adecuada, y la profesora Cindy C. Combs propone una particularmente útil del terrorismo: “Una síntesis de guerra y teatro, una dramatización de la violencia más condenable —la que se perpetra contra gente inocente— que se desarrolla frente a una audiencia con la intención de crear un clima de miedo con objetivos políticos”, (Terrorism in the Twenty-First Century: Universidad de Carolina del Norte, 2003, p. 10).
Lo ocurrido el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Independencia nacional en Morelia —el estallido de dos granadas lanzadas deliberadamente sobre una multitud que celebraba un aniversario más de la independencia—, se corresponde con la definición de Combs: una brutal puesta en escena de la peor de las violencias, aunque ya no para crear sino para exacerbar el miedo colectivo. A partir de ese atentado quedó claro que nadie se debe considerar a salvo de la violencia criminal: ni pobres ni ricos, ni niños ni ancianos, ni los comprometidos ni los indiferentes, ni los de izquierda ni los de derecha. Obviamente, el objetivo final de quienes actuaron en Morelia es político: mandar un mensaje a los responsables de formular e implementar la política estatal contra el crimen organizado para que no interfieran con su actividad.
En principio, la acción en Morelia pareciera diseñada para demostrar a todos que, no obstante la movilización militar ordenada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006, su gobierno no es capaz de cumplir su función básica y razón de ser: proteger la vida y bienes de los ciudadanos.
¿Quién exactamente decidió poner en evidencia la incapacidad de las autoridades mediante un ataque a gente absolutamente al margen de cualquier acción contra las bandas criminales? No lo sabemos aún, pero queda claro que esa acción es simplemente el eslabón más reciente de una cadena que empezó con el reguero público de cadáveres de narcotraficantes rivales, policías e incluso de algunos militares (¡más de 3,300 en lo que va de este año!). Esa mezcla de teatro y guerra subió de tono con las mutilaciones y decapitaciones de algunas de las víctimas, con los mensajes a las autoridades en sitios públicos y dio un paso más con las ostentosas matanzas colectivas, como las recientes en Yucatán y en La Marquesa —de una docena pasaron a dos docenas de ejecutados en una sola acción y sin que quede claro por qué se les ejecutó— para concluir con lo ocurrido el pasado día 15: el asesinato de ocho inocentes frente al gobernador del Estado, en una plaza supuestamente vigilada y en la tierra natal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Hasta ahora seguimos sin saber quién fue responsable del salto cualitativo en la inseguridad ni el motivo preciso de la acción.
El crimen organizado es una fuerza dominante en muchos municipios del país, pero recurrir al terrorismo es retar no sólo a un gobierno local, sino al federal y a sus poderosos aliados (a empresarios, a Washington, a la iglesia). ¿Para qué el desplante? ¿Se quiso dejar en claro ante todos que los criminales pueden imponer sus agendas por sobre las del resto de los actores políticos? ¿Buscaron cobrar el rompimiento de acuerdos ya pactados o inducir a buscar uno nuevo? Se pueden formular éstas y otras preguntas similares o diferentes —por ejemplo, ¿pudiera ser una acción llevada a cabo por algún grupo político para crear un clima de mano dura?—, pero de momento no hay respuesta. Sin embargo, la falta de información no impide abordar otros aspectos del fenómeno violento.
¿Un pago diferido? El régimen autoritario que caracterizó la vida política mexicana de casi todo el siglo XX presumió de haber construido el sistema de poder más sólido de América Latina y uno de los más estables del mundo. Pero esa estabilidad no democrática tuvo un costo muy alto que hoy seguimos pagando todos. Parte central de ese costo fue la institucionalización de la corrupción y de la impunidad y hasta hoy nada efectivo se ha hecho por poner fin a esa herencia infame.
En la etapa clásica del dominio del PRI sólo el presidente podía llamar a cuentas a los grandes corruptos. En las pocas ocasiones en que se puso a uno de ellos ante un juez, la acción poco o nada tuvo que ver con la justicia real y sí mucho con la “justicia selectiva”, tan útil al poder presidencial para mantener la disciplina entre la clase política; un buen ejemplo fue el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por Carlos Salinas.
Sin embargo, frente a cada “quinazo” hubo centenas de casos conspicuos de impunidad. Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, dejó hacer y deshacer a Maximino, su hermano; el círculo íntimo de Miguel Alemán empleó a fondo sus posibilidades de corrupción sin límites; Carlos Hank González se convirtió en símbolo de cómo un político pobre se transformaba en lo opuesto gracias a la protección presidencial. Arturo Durazo Moreno hizo de su amistad con José López Portillo la palanca para convertir a la policía capitalina en una estructura del crimen organizado. Las cuentas suizas de Raúl Salinas o la buena fortuna de los hijos de Marta Sahagún no se explican sin una relación directa entre poder presidencial y negocios privados. La lista de casos se podría extender hasta dar forma a un volumen similar al directorio telefónico.
Como no hay crimen organizado exitoso —y el mexicano vaya que lo es— sin algún tipo de complicidad entre criminales y autoridades, el ambiente de corrupción generado por el sistema autoritario del siglo XX resultó un excelente caldo de cultivo para que nacieran y prosperaran las organizaciones criminales hasta llegar a convertirse, de marginales y subordinadas, en rivales de la clase política. Lo anterior fue posible por la combinación de corrupción institucional con la cercanía geográfica del gran mercado norteamericano de las drogas. Como bien lo señalara Luis Astorga en su historia del narcotráfico mexicano —El siglo de las drogas, (México: Espasa Calpe, 1996)— esa actividad empezó a echar raíces en México hace ya más de medio siglo, protegida por algunos gobernadores y militares en el norte del país pero, con las condiciones propicias descritas, esa actividad creció hasta salirse del control del poder político e imponer sus propias reglas, que es la situación actual.
¿Qué hacer? No hay respuesta fácil, pero cualquier intento por romper el círculo vicioso requiere abrir varios frentes de lucha contra los auténticos enemigos de México. Hay que empezar por la difícil pero indispensable tarea de crear una policía auténtica. Perseguir seriamente no sólo a los narcotraficantes de base, sino a sus socios indispensables y que además de los policías corruptos es toda la red de empresas y empresarios lavadores de dinero y los miembros de la clase política que dan protección al crimen organizado: presidentes municipales, gobernadores, altos funcionarios del aparato de seguridad. Y finalmente, abrir oportunidades reales de trabajo a los jóvenes. Miguel de la Madrid anunció pero nunca se llevó a cabo la renovación moral de la política mexicana y desde 1982 la economía no tiene vitalidad.
En suma, que el verdadero enemigo de México es la combinación de corrupción pública con una economía formal sin brío. Si ambos problemas no se enfrentan con inteligencia y voluntad, no es imposible el retorno del Estado fallido del siglo XIX.— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatán.
El verdadero peligro para México
Lorenzo Meyer
Desviar la atención. El auténtico peligro para la viabilidad de México ha estado a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: la profunda corrupción de sus instituciones públicas.
Vicente Fox y la alianza conservadora que él encabezó encontraron muy útil concentrar el grueso de la energía y recursos del gobierno y sus aliados —medios de difusión, organizaciones empresariales, iglesias, el viejo corporativismo, etcétera— en difundir la idea de que el gran peligro para México eran la oposición electoral de izquierda y su proyecto. A estas alturas ya debiera de haber quedado claro que el auténtico enemigo de la sociedad mexicana ha sido otro: la gran corrupción pública y su inseparable acompañante, la impunidad.
Ambos factores, aunados a la falta de dinamismo de la economía y a la muy injusta estructura social, son las razones principales de que el crimen organizado haya alcanzado la posición dominante que hoy ejerce. Y lo peor es que quienes se supone que encabezan la lucha contra las organizaciones criminales son los que antes engañaron con el falso diagnóstico, pero que hoy se alarman porque la descomposición del entramado institucional ha llegado al punto de que ya apareció el terrorismo incipiente.
Una definición. Una forma de empezar a entender las razones de un fenómeno complejo es formular una definición adecuada, y la profesora Cindy C. Combs propone una particularmente útil del terrorismo: “Una síntesis de guerra y teatro, una dramatización de la violencia más condenable —la que se perpetra contra gente inocente— que se desarrolla frente a una audiencia con la intención de crear un clima de miedo con objetivos políticos”, (Terrorism in the Twenty-First Century: Universidad de Carolina del Norte, 2003, p. 10).
Lo ocurrido el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Independencia nacional en Morelia —el estallido de dos granadas lanzadas deliberadamente sobre una multitud que celebraba un aniversario más de la independencia—, se corresponde con la definición de Combs: una brutal puesta en escena de la peor de las violencias, aunque ya no para crear sino para exacerbar el miedo colectivo. A partir de ese atentado quedó claro que nadie se debe considerar a salvo de la violencia criminal: ni pobres ni ricos, ni niños ni ancianos, ni los comprometidos ni los indiferentes, ni los de izquierda ni los de derecha. Obviamente, el objetivo final de quienes actuaron en Morelia es político: mandar un mensaje a los responsables de formular e implementar la política estatal contra el crimen organizado para que no interfieran con su actividad.
En principio, la acción en Morelia pareciera diseñada para demostrar a todos que, no obstante la movilización militar ordenada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006, su gobierno no es capaz de cumplir su función básica y razón de ser: proteger la vida y bienes de los ciudadanos.
¿Quién exactamente decidió poner en evidencia la incapacidad de las autoridades mediante un ataque a gente absolutamente al margen de cualquier acción contra las bandas criminales? No lo sabemos aún, pero queda claro que esa acción es simplemente el eslabón más reciente de una cadena que empezó con el reguero público de cadáveres de narcotraficantes rivales, policías e incluso de algunos militares (¡más de 3,300 en lo que va de este año!). Esa mezcla de teatro y guerra subió de tono con las mutilaciones y decapitaciones de algunas de las víctimas, con los mensajes a las autoridades en sitios públicos y dio un paso más con las ostentosas matanzas colectivas, como las recientes en Yucatán y en La Marquesa —de una docena pasaron a dos docenas de ejecutados en una sola acción y sin que quede claro por qué se les ejecutó— para concluir con lo ocurrido el pasado día 15: el asesinato de ocho inocentes frente al gobernador del Estado, en una plaza supuestamente vigilada y en la tierra natal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Hasta ahora seguimos sin saber quién fue responsable del salto cualitativo en la inseguridad ni el motivo preciso de la acción.
El crimen organizado es una fuerza dominante en muchos municipios del país, pero recurrir al terrorismo es retar no sólo a un gobierno local, sino al federal y a sus poderosos aliados (a empresarios, a Washington, a la iglesia). ¿Para qué el desplante? ¿Se quiso dejar en claro ante todos que los criminales pueden imponer sus agendas por sobre las del resto de los actores políticos? ¿Buscaron cobrar el rompimiento de acuerdos ya pactados o inducir a buscar uno nuevo? Se pueden formular éstas y otras preguntas similares o diferentes —por ejemplo, ¿pudiera ser una acción llevada a cabo por algún grupo político para crear un clima de mano dura?—, pero de momento no hay respuesta. Sin embargo, la falta de información no impide abordar otros aspectos del fenómeno violento.
¿Un pago diferido? El régimen autoritario que caracterizó la vida política mexicana de casi todo el siglo XX presumió de haber construido el sistema de poder más sólido de América Latina y uno de los más estables del mundo. Pero esa estabilidad no democrática tuvo un costo muy alto que hoy seguimos pagando todos. Parte central de ese costo fue la institucionalización de la corrupción y de la impunidad y hasta hoy nada efectivo se ha hecho por poner fin a esa herencia infame.
En la etapa clásica del dominio del PRI sólo el presidente podía llamar a cuentas a los grandes corruptos. En las pocas ocasiones en que se puso a uno de ellos ante un juez, la acción poco o nada tuvo que ver con la justicia real y sí mucho con la “justicia selectiva”, tan útil al poder presidencial para mantener la disciplina entre la clase política; un buen ejemplo fue el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por Carlos Salinas.
Sin embargo, frente a cada “quinazo” hubo centenas de casos conspicuos de impunidad. Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, dejó hacer y deshacer a Maximino, su hermano; el círculo íntimo de Miguel Alemán empleó a fondo sus posibilidades de corrupción sin límites; Carlos Hank González se convirtió en símbolo de cómo un político pobre se transformaba en lo opuesto gracias a la protección presidencial. Arturo Durazo Moreno hizo de su amistad con José López Portillo la palanca para convertir a la policía capitalina en una estructura del crimen organizado. Las cuentas suizas de Raúl Salinas o la buena fortuna de los hijos de Marta Sahagún no se explican sin una relación directa entre poder presidencial y negocios privados. La lista de casos se podría extender hasta dar forma a un volumen similar al directorio telefónico.
Como no hay crimen organizado exitoso —y el mexicano vaya que lo es— sin algún tipo de complicidad entre criminales y autoridades, el ambiente de corrupción generado por el sistema autoritario del siglo XX resultó un excelente caldo de cultivo para que nacieran y prosperaran las organizaciones criminales hasta llegar a convertirse, de marginales y subordinadas, en rivales de la clase política. Lo anterior fue posible por la combinación de corrupción institucional con la cercanía geográfica del gran mercado norteamericano de las drogas. Como bien lo señalara Luis Astorga en su historia del narcotráfico mexicano —El siglo de las drogas, (México: Espasa Calpe, 1996)— esa actividad empezó a echar raíces en México hace ya más de medio siglo, protegida por algunos gobernadores y militares en el norte del país pero, con las condiciones propicias descritas, esa actividad creció hasta salirse del control del poder político e imponer sus propias reglas, que es la situación actual.
¿Qué hacer? No hay respuesta fácil, pero cualquier intento por romper el círculo vicioso requiere abrir varios frentes de lucha contra los auténticos enemigos de México. Hay que empezar por la difícil pero indispensable tarea de crear una policía auténtica. Perseguir seriamente no sólo a los narcotraficantes de base, sino a sus socios indispensables y que además de los policías corruptos es toda la red de empresas y empresarios lavadores de dinero y los miembros de la clase política que dan protección al crimen organizado: presidentes municipales, gobernadores, altos funcionarios del aparato de seguridad. Y finalmente, abrir oportunidades reales de trabajo a los jóvenes. Miguel de la Madrid anunció pero nunca se llevó a cabo la renovación moral de la política mexicana y desde 1982 la economía no tiene vitalidad.
En suma, que el verdadero enemigo de México es la combinación de corrupción pública con una economía formal sin brío. Si ambos problemas no se enfrentan con inteligencia y voluntad, no es imposible el retorno del Estado fallido del siglo XIX.— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatán.
miércoles, 10 de septiembre de 2008
Nos han declarado la guerra
El “extraño enemigo”
Lorenzo Meyer
Con nosotros de tiempo atrás. Nuestro himno nacional es una convocatoria a la guerra contra un “extraño enemigo” que pone en peligro a la patria. En los tiempos que corren, y como sociedad nacional, nos suponemos empeñados en una guerra contra un enemigo que si bien pareciera extraño —el crimen organizado— en realidad no lo debería ser puesto que ha surgido de entre nosotros mismos, de nuestras brutales contradicciones sociales y rampante corrupción institucional.
El caldo de cultivo. México, como sociedad nacional, nació teniendo como uno de los grandes enemigos de su viabilidad a la dura herencia de un sistema colonial de explotación: las enormes diferencias de intereses entre sus grupos y clases sociales.
La diferencia interna fundamental y raíz de casi todos los males de la joven nación no serían el choque entre monárquicos y republicanos, centralistas y federalistas o liberales y conservadores, sino el abismo que existía entre el puñado de ricos y la multitud de pobres. Se trataba de un abismo donde una relativamente pequeña e insegura clase media no podía servir de puente o intermediario entre los extremos.
La pobreza extrema de la mayoría de sus habitantes fue una de las características de México que desde el inicio impactó a los viajeros extranjeros y, sobre todo, fue una de las razones que por mucho tiempo impidió a esa mayoría reconocerse como mexicana, como parte de un proyecto nacional. En realidad, hay razones para sostener que, incluso hoy, la identidad como mexicanos de algunos de los sectores más pobres es débil o de plano inexistente. Esa miseria y rupturas sociales resultaron un buen ambiente para que floreciera la criminalidad y el desorden.
El pasado inicial. El México colonial había sido gran fuente de riqueza para su metrópoli y sus clases dominantes —comerciantes y mineros, sobre todo— pero no para las masas indias y mestizas. Humboldt, en su Ensayo Político, de inicios del XIX, recogió unas observaciones hechas por las autoridades de Michoacán al rey de España en 1799 y en la que se advertía de “este odio recíproco que tan fácilmente nace entre los que poseen todo y los que nada tienen”.
Con la independencia y la caída de la actividad económica, la miseria de los muchos resultó la “marca de la casa”. A fines de los 1830, la marquesa Calderón de la Barca, quien puso énfasis en la descripción de todo lo mexicano, no pudo dejar de retratar a esos miserables cuyos harapos apenas se sostenían por la fuerza de la atracción que unos jirones ejercían sobre los otros. Los años pasaron pero las condiciones no. En 1870, José María Castillo Velasco generalizó: “El indio sigue sirviendo de bestia de carga, continúa viviendo en la esclavitud, hundido en la ignorancia, víctima de la miseria, legando a sus hijos un porvenir de dolores”.
En su libro “City of Suspects”, (Duke University Press, 2001), donde se examina el problema del crimen en la capital mexicana, Pablo Piccato cita a un criminalista que en 1900 explica la persistencia del crimen a pesar de la dureza del castigo en el régimen porfirista —la deportación a los trabajos forzados en Valle Nacional—, por la combinación de inmoralidad, miseria y salarios tan magros que para un pobre era racional arriesgarse y tratar de sobrevivir, de una manera bastante mejor que la mayoría, por medio del desafío individual o del pequeño grupo organizado al orden establecido.
El siglo del PRI. La caída del régimen porfirista en 1911 y la revolución social que siguió, fue explicada entonces y después como resultado de la enorme injusticia social que imperó en el porfiriato. Un sistema político cuyo verdadero lema no era “orden y progreso”, sino orden más o menos efectivo para todos vía la negociación o la represión, mejoría relativa para algunos y progreso rápido y efectivo apenas para una oligarquía.
El discurso del orden revolucionario se centró en su proyecto de cerrar la brecha histórica entre pobres y ricos, en su compromiso por hacer de México un país menos injusto y disminuir de manera sustantiva ese caldo de cultivo del crimen: la miseria. Uno de los hombres de la revolución, el ingeniero Alberto J. Pani, escribió en su libro de 1916, La higiene en México, que las vecindades donde moraban los pobre urbanos eran auténticos focos de enfermedad física y moral, el escenario de todas las miserias, vicios y crímenes urbanos. Para quien sería ministro y uno de los primeros tecnócratas del nuevo régimen, estaba claro que la tarea de la revolución en materia de combate a las raíces del crimen estaba clara, al menos en teoría: combatir la pobreza para cambiar las actitudes y formas de vida antisistémicas.
Como bien sabemos, finalmente la revolución no cumplió su promesa. Pasada la etapa cardenista, perdió fuerza el compromiso por llevar adelante el cambio social. Tras la II Guerra Mundial, el proyecto fue centrar las energías del gobierno y del país en lograr una industrialización protegida como idea general y, sobre todo, en hacer del ejercicio del poder autoritario un instrumento eficaz para el enriquecimiento descarado de la alta clase política y de sus aliados o socios empresariales. La corrupción y la desigualdad se acentuaron —véase la obra de Stephen Niblo, Mexico in the 1940's. Modernity, Politics and Corruption, (1999)— y se consolidaron los rasgos de la geografía de la marginación.
En 1964 apareció en español la obra de un antropólogo norteamericano Oscar Lewis, bajo el título de “Los hijos de Sánchez”. Autobiografía de una familia mexicana, examinó la penuria urbana mexicana y uno de sus resultados más negativos: la cultura de la pobreza. Una cultura resultado de la escasez de oportunidades de trabajo digno, de educación, de intimidad, de salud, de desarrollo personal y de un exceso de violencia en todo el entorno que rodeaba a esta miseria. La pobreza y su cultura se heredaba de padres a hijos en un ciclo casi imposible de romper.
Entre las características de esa cultura de los pobres —en muchos puntos la antítesis de la cultura de la clase media—, Lewis enumeró la baja autoestima, la imposibilidad de imaginar un futuro distinto, la ausencia de un sentido de la historia, una profunda desconfianza de toda la estructura de autoridad pública y un enorme potencial de violencia.
El factor detonante. Esa cultura de la pobreza descrita por Lewis —que en su momento le valió ser declarado un enemigo de México por “denigrar” al país— es un medio ideal, perfecto, para dar forma a las personalidades y vocaciones de quienes hoy integran a las organizaciones criminales que dan el tono al tiempo mexicano. Las filas de quienes se dedican al robo, al secuestro, al narcotráfico y conforman el violento ejército de “extraños enemigos” que mantienen en jaque a la sociedad mexicana se nutren mayoritariamente de jóvenes socializados en este tipo de desesperanza e injusticia.
Ahora bien, aunque las masas de destituidos han estado con nosotros desde el inicio de los tiempos nacionales, no siempre ha existido el alto grado de violencia que hoy ahoga a la sociedad mexicana. ¿Cuál ha sido el factor que ha llevado a que un buen número de “los hijos de Sánchez” ya no mantengan la resignación que aquellos examinados por Lewis hace sesenta años y hayan decidido poner en juego su potencial de violencia para declarar la guerra al resto de la sociedad? La respuesta es muy compleja, pero sin duda parte de ella se encuentra en el fracaso de la política. Fue justo aquel presidente al que se le quebró entre las manos el delicado sistema de equilibrios autoritarios priistas, José López Portillo, quien poco antes había puesto a Durazo Moreno, un amigo y criminal ¡a cargo de la policía en la ciudad de México! Cuando se inició la crisis final del sistema priista, la diferencia entre criminales y policías se había borrado al punto que Miguel de la Madrid tuvo que desaparecer a la Federal de Seguridad porque esa policía y los narcotraficantes ya formaban una unidad. Y mientras se seguían perdiendo los hilos del control policiaco sobre el mundo criminal, se disparó la corrupción en las altas esferas. Cuando el PAN tomó el poder en 2000, la situación estaba ya fuera de control pero la frivolidad, incompetencia y corrupción del nuevo grupo no hicieron nada efectivo por enfrentarla. El resultado está a la vista.
En conclusión, sabemos a grandes rasgos cómo se gestó el gran problema de inseguridad que hoy enfrentamos, pero no tenemos ninguna claridad de cómo, en tanto país, podemos enfrentar con efectividad al no tan “extraño enemigo” que de tiempo atrás nos declaró la guerra; no hay voluntad política para enfrentar las causas de fondo de la pobreza y su cultura.— México, D.F.
Publicado originalmente en El diario de Yucatán
Lorenzo Meyer
Con nosotros de tiempo atrás. Nuestro himno nacional es una convocatoria a la guerra contra un “extraño enemigo” que pone en peligro a la patria. En los tiempos que corren, y como sociedad nacional, nos suponemos empeñados en una guerra contra un enemigo que si bien pareciera extraño —el crimen organizado— en realidad no lo debería ser puesto que ha surgido de entre nosotros mismos, de nuestras brutales contradicciones sociales y rampante corrupción institucional.
El caldo de cultivo. México, como sociedad nacional, nació teniendo como uno de los grandes enemigos de su viabilidad a la dura herencia de un sistema colonial de explotación: las enormes diferencias de intereses entre sus grupos y clases sociales.
La diferencia interna fundamental y raíz de casi todos los males de la joven nación no serían el choque entre monárquicos y republicanos, centralistas y federalistas o liberales y conservadores, sino el abismo que existía entre el puñado de ricos y la multitud de pobres. Se trataba de un abismo donde una relativamente pequeña e insegura clase media no podía servir de puente o intermediario entre los extremos.
La pobreza extrema de la mayoría de sus habitantes fue una de las características de México que desde el inicio impactó a los viajeros extranjeros y, sobre todo, fue una de las razones que por mucho tiempo impidió a esa mayoría reconocerse como mexicana, como parte de un proyecto nacional. En realidad, hay razones para sostener que, incluso hoy, la identidad como mexicanos de algunos de los sectores más pobres es débil o de plano inexistente. Esa miseria y rupturas sociales resultaron un buen ambiente para que floreciera la criminalidad y el desorden.
El pasado inicial. El México colonial había sido gran fuente de riqueza para su metrópoli y sus clases dominantes —comerciantes y mineros, sobre todo— pero no para las masas indias y mestizas. Humboldt, en su Ensayo Político, de inicios del XIX, recogió unas observaciones hechas por las autoridades de Michoacán al rey de España en 1799 y en la que se advertía de “este odio recíproco que tan fácilmente nace entre los que poseen todo y los que nada tienen”.
Con la independencia y la caída de la actividad económica, la miseria de los muchos resultó la “marca de la casa”. A fines de los 1830, la marquesa Calderón de la Barca, quien puso énfasis en la descripción de todo lo mexicano, no pudo dejar de retratar a esos miserables cuyos harapos apenas se sostenían por la fuerza de la atracción que unos jirones ejercían sobre los otros. Los años pasaron pero las condiciones no. En 1870, José María Castillo Velasco generalizó: “El indio sigue sirviendo de bestia de carga, continúa viviendo en la esclavitud, hundido en la ignorancia, víctima de la miseria, legando a sus hijos un porvenir de dolores”.
En su libro “City of Suspects”, (Duke University Press, 2001), donde se examina el problema del crimen en la capital mexicana, Pablo Piccato cita a un criminalista que en 1900 explica la persistencia del crimen a pesar de la dureza del castigo en el régimen porfirista —la deportación a los trabajos forzados en Valle Nacional—, por la combinación de inmoralidad, miseria y salarios tan magros que para un pobre era racional arriesgarse y tratar de sobrevivir, de una manera bastante mejor que la mayoría, por medio del desafío individual o del pequeño grupo organizado al orden establecido.
El siglo del PRI. La caída del régimen porfirista en 1911 y la revolución social que siguió, fue explicada entonces y después como resultado de la enorme injusticia social que imperó en el porfiriato. Un sistema político cuyo verdadero lema no era “orden y progreso”, sino orden más o menos efectivo para todos vía la negociación o la represión, mejoría relativa para algunos y progreso rápido y efectivo apenas para una oligarquía.
El discurso del orden revolucionario se centró en su proyecto de cerrar la brecha histórica entre pobres y ricos, en su compromiso por hacer de México un país menos injusto y disminuir de manera sustantiva ese caldo de cultivo del crimen: la miseria. Uno de los hombres de la revolución, el ingeniero Alberto J. Pani, escribió en su libro de 1916, La higiene en México, que las vecindades donde moraban los pobre urbanos eran auténticos focos de enfermedad física y moral, el escenario de todas las miserias, vicios y crímenes urbanos. Para quien sería ministro y uno de los primeros tecnócratas del nuevo régimen, estaba claro que la tarea de la revolución en materia de combate a las raíces del crimen estaba clara, al menos en teoría: combatir la pobreza para cambiar las actitudes y formas de vida antisistémicas.
Como bien sabemos, finalmente la revolución no cumplió su promesa. Pasada la etapa cardenista, perdió fuerza el compromiso por llevar adelante el cambio social. Tras la II Guerra Mundial, el proyecto fue centrar las energías del gobierno y del país en lograr una industrialización protegida como idea general y, sobre todo, en hacer del ejercicio del poder autoritario un instrumento eficaz para el enriquecimiento descarado de la alta clase política y de sus aliados o socios empresariales. La corrupción y la desigualdad se acentuaron —véase la obra de Stephen Niblo, Mexico in the 1940's. Modernity, Politics and Corruption, (1999)— y se consolidaron los rasgos de la geografía de la marginación.
En 1964 apareció en español la obra de un antropólogo norteamericano Oscar Lewis, bajo el título de “Los hijos de Sánchez”. Autobiografía de una familia mexicana, examinó la penuria urbana mexicana y uno de sus resultados más negativos: la cultura de la pobreza. Una cultura resultado de la escasez de oportunidades de trabajo digno, de educación, de intimidad, de salud, de desarrollo personal y de un exceso de violencia en todo el entorno que rodeaba a esta miseria. La pobreza y su cultura se heredaba de padres a hijos en un ciclo casi imposible de romper.
Entre las características de esa cultura de los pobres —en muchos puntos la antítesis de la cultura de la clase media—, Lewis enumeró la baja autoestima, la imposibilidad de imaginar un futuro distinto, la ausencia de un sentido de la historia, una profunda desconfianza de toda la estructura de autoridad pública y un enorme potencial de violencia.
El factor detonante. Esa cultura de la pobreza descrita por Lewis —que en su momento le valió ser declarado un enemigo de México por “denigrar” al país— es un medio ideal, perfecto, para dar forma a las personalidades y vocaciones de quienes hoy integran a las organizaciones criminales que dan el tono al tiempo mexicano. Las filas de quienes se dedican al robo, al secuestro, al narcotráfico y conforman el violento ejército de “extraños enemigos” que mantienen en jaque a la sociedad mexicana se nutren mayoritariamente de jóvenes socializados en este tipo de desesperanza e injusticia.
Ahora bien, aunque las masas de destituidos han estado con nosotros desde el inicio de los tiempos nacionales, no siempre ha existido el alto grado de violencia que hoy ahoga a la sociedad mexicana. ¿Cuál ha sido el factor que ha llevado a que un buen número de “los hijos de Sánchez” ya no mantengan la resignación que aquellos examinados por Lewis hace sesenta años y hayan decidido poner en juego su potencial de violencia para declarar la guerra al resto de la sociedad? La respuesta es muy compleja, pero sin duda parte de ella se encuentra en el fracaso de la política. Fue justo aquel presidente al que se le quebró entre las manos el delicado sistema de equilibrios autoritarios priistas, José López Portillo, quien poco antes había puesto a Durazo Moreno, un amigo y criminal ¡a cargo de la policía en la ciudad de México! Cuando se inició la crisis final del sistema priista, la diferencia entre criminales y policías se había borrado al punto que Miguel de la Madrid tuvo que desaparecer a la Federal de Seguridad porque esa policía y los narcotraficantes ya formaban una unidad. Y mientras se seguían perdiendo los hilos del control policiaco sobre el mundo criminal, se disparó la corrupción en las altas esferas. Cuando el PAN tomó el poder en 2000, la situación estaba ya fuera de control pero la frivolidad, incompetencia y corrupción del nuevo grupo no hicieron nada efectivo por enfrentarla. El resultado está a la vista.
En conclusión, sabemos a grandes rasgos cómo se gestó el gran problema de inseguridad que hoy enfrentamos, pero no tenemos ninguna claridad de cómo, en tanto país, podemos enfrentar con efectividad al no tan “extraño enemigo” que de tiempo atrás nos declaró la guerra; no hay voluntad política para enfrentar las causas de fondo de la pobreza y su cultura.— México, D.F.
Publicado originalmente en El diario de Yucatán
martes, 2 de septiembre de 2008
Sobre la marcha Iluminemos México
LORENZO MEYER: Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Primer Plano.
En esta ocasión realmente tenemos abundancia de temas. Vamos a tener que dejar fuera varios que son importantes porque la semana realmente fue rica en temas, pero no justamente por buenas razones.
El que decidimos usar para abrir el programa es el de las marchas. La marcha que tuvo lugar el sábado y la que tuvo lugar el domingo.
Con distintos signos la primera es una nueva edición de algo que ya ha pasado antes. Esa marcha de gentes vestidas de blanco que al final alumbran a México con sus veladoras. Que en realidad es una muestra de la frustración, el coraje, la impaciencia, el temor ante la ola, la ola de inseguridad que azota a México, que si en el pasado hubo cosas similares, momentos, años, tiempos largos, difíciles, era porque no había Estado; pero ahora que se supone que hay un Estado, que incluso hasta un régimen nuevo las cosas siguen marchando por el lado negativo.
Alguien me hacia ver, hace unas horas, que en realidad todo México está secuestrado, todos se sienten secuestrados. Se sienten secuestrados unos porque no pueden salir al parque, porque no pueden andar en la ciudad. Otros se sienten secuestrados porque Elba Esther secuestra la educación. Otros se sienten secuestrados porque todo lo que es la impartición de justicia simplemente no funciona. En fin, ustedes digan con cuántas cosas se sienten secuestrados.
Y la otra marcha, la marcha de ayer es el prolegómeno de algo que va a venir el día 15 de septiembre y que puede venir después, que es la, llamémosle así: El reto en relación al petróleo. El petróleo convertido en centro de la discusión política.
Por el momento la inseguridad, el petróleo volverá a ser el tema de conflicto derecha-izquierda sobre el futuro de México. En fin las marchas son una muestra de la enorme irritación que existe en México y de la falta de dirección del país.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Yo me quisiera referir a la marcha del sábado primero, en orden cronológico, para decir que la marcha en sí misma no es para nada una solución, como algunos la pudieron ver. De hecho eso me quedó muy claro hace cuatro años cuando hubo una marcha en 2004, se hizo la marcha con mucha gente que fue una mañana de un domingo soleado y protestó contra la inseguridad, contra los secuestros, contra el crimen organizado y llamó la atención de las autoridades para que pusieran mayor atención. No pasó nada, siguió incrementándose la delincuencia.
La de ahora, la de este sábado, creo yo que tiene otra promesa u otra posibilidad, que es la de no resolver con una marcha o solucionar con una marcha nada, ni siquiera asustar a los delincuentes, sino ser un disparador de una serie de acciones, de la conciencia ciudadana que tiene que organizarse para colaborar y combatir o protegerse o prevenir el delito; de una serie de medidas en las cuales la autoridad debe tener una serie de responsabilidades y también la ciudadanía.
Y creo que esto es lo que la hace más prometedora, me refiero a la marcha del sábado contra la inseguridad, sin caer en esta guerra de cifras que siempre se organiza en cada marcha, que si fueron 80 ó fueron 2 millones. Éstas son, creo que cosas irrelevantes. En realidad fue un núcleo muy importante de la población que nos está haciendo un llamado.
En relación con la segunda, es una pelea que viene de atrás y que va a tener un episodio nuevo en donde se está anunciando que puede ser aprobada una ley del petróleo por el PRI y el PAN, y entonces va a haber una protesta y una serie de bloqueos o de cuestiones generalizadas en la sociedad que va a promover López Obrador y el Frente Democrático.
Yo creo que ésta será una más de las instancias de la lucha que López Obrador ha emprendido, pero no es ninguna novedad. Yo no sé qué tanto éxito vaya a tener.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Yo haría una diferencia entre las dos, de las muchas que se puede hacer, desde luego, el objetivo, el propósito era muy diferente, pero me enfocaría en lo siguiente.
La del sábado es una marcha, una revisión de otras que ha habido, efectivamente como la del 2004, había habido una también en 97 protestando ante el Presidente Ernesto Zedillo, también sobre problemas de inseguridad. Que tengo la impresión de que la gravedad no había llegado a los niveles de ahora; pero en fin, son marchas que de pronto reflejan la protesta, el malestar de la ciudadanía frente a la incompetencia, digamos, de las autoridades para protegerla, que la razón de ser del Estado.
Pero son grupos ciudadanos los que convocan, son grupos ciudadanos los que dirigen, son liderazgos, digamos, sociales pero en el término de no estar vinculados con ningún partido político. Mientras que lo del domingo sí hay ahí una figura, hay un liderazgo muy claro vinculado con un grupo de partidos o con una parte del PRD, se puede decir que ya casi, casi son dos, pero una figura política que es López Obrador y que ejerce un fuerte liderazgo desde hace mucho tiempo.
Ése sí puede tener, en todo caso, porque lo del sábado, es decir, puede ser un llamado, una protesta. Las autoridades están reaccionando con acuerdos y con programas y proyectos que a ver cuánto tiempo dura esa tensión y a ver si los resultados y dentro de cuánto tiempo podríamos ver algo.
Pero de López Obrador en defensa del petróleo, obviamente desde su perspectiva y desde la interpretación que le da a la Reforma Energética, sí está convocando a movilizaciones.
Lo ha dicho de muchas formas constantemente y mucha de la gente cercana a él dice: Sí vamos a movilizarnos, sí vamos a hacer actos de resistencia civil. Con lo cual yo entiendo actos no necesariamente legales pero no violentos, pero que eventualmente puedan romper la legalidad, por ejemplo, la toma de carreteras, el cerco de aeropuertos y del Congreso mismo. Sí tiene, digamos, un desenlace específico, un llamado específico que es esa movilización, quién sabe cómo lo van a desplegar, no sabemos tampoco la intensidad, pero sí hay algo ahí.
Y lo otro puede fácilmente esfumarse. Es decir, la canalización de esta protesta ciudadana no se ve tan clara en relación con la seguridad, sobre todo porque no tenemos los mecanismos para obligar a los gobernantes a rendir cuentas.
Se ha hablado mucho de eso en estas semanas, si no pueden renuncien. ¿Y quien los hace renunciar? Nosotros no tenemos los mecanismos y ellos, ya sabemos que por voluntad propia no van a renunciar, primero se aferran. Entonces nosotros no tenemos los instrumentos.
El movimiento de López Obrador tiene liderazgo y eventualmente va a tomar acciones que muchos van a condenar, por supuesto, pero hay acciones y hay un liderazgo que sí se puede aterrizar a diferencia del movimiento ciudadano del sábado.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Es que uno es un movimiento político y el otro es un movimiento disperso, o sea le falta dirección política y le falta, creo también como cierta orientación cultural.
Yo veo muy bien que la gente esté indignada por la situación de inseguridad que vive este país y salga con velas o con linternas y que diga: Ya no aguantamos más y si no pueden que se vayan.
Sin embargo, no tiene ninguna consecuencia porque, y déjenme ser muy cauto en esto, no veo que la sociedad tampoco se esté involucrando a fondo en este tema.
Una cosa es decir yo estoy indignado porque mataron a un muchacho de 14 años, lo cual es terrible y, por supuesto, a todos nos debe interpelar, y otra cosa es que esto se convierta en una actitud diferente de sociedad hacia la corrupción y hacia los graves problemas de inseguridad que tenemos.
En países como Italia, como Colombia, donde verdaderamente el fenómeno criminal llegó a penetrar de una manera muy similar a lo que hoy tenemos. Círculos, por supuesto, de la vida policíaca, pero ta de la vida política del país, la gente echaba a pedradas a los políticos y le decía: Usted no tiene derecho a estar con nosotros.
Perdón que reedite el asunto, pero un individuo que ha sido acusado de un quebranto de mil millones de pesos al erario público con el Pemexgate, no puede ir a firmar ningún acuerdo en nombre de ninguna sociedad sin que la sociedad lo apedree en ese momento y le diga: Usted no tiene ninguna, en el momento que usted firme ese documento ese documento se quema.
Es así como si el demonio entrara a la Catedral. Es decir, usted no puede entrar aquí. Mientras la sociedad, perdón que lo diga así, mientras la sociedad no diga: Socialmente rechazamos ese cinismo no vamos a avanzar mucho por más velas que pongamos.
Yo no soy muy partidario de las marchas ni de este tipo de cosas y pueden ser 400 mil, 500 mil, 2 millones ó 9 millones, el tema es que esa sociedad no se hace cargo de su responsabilidad para poner un alto a los niveles de abuso que hoy tenemos.
E insisto, me parece bien que lo hagan, incluso catárticamente creo que una sociedad lo debe hacer; pero eso es un asunto que en fin, no sé si tendrá consecuencias.
Respecto a lo otro, creo que ya me alargué, pero sí creo que hay ahí un problema político serio porque el movimiento que lidera López Obrador, ahora tiene que jugar en dos pistas simultáneas; la que anunció el día de ayer y el hecho de que una buena parte de su grupo también participó en la confección de la propuesta energética que hoy tiene el Senado para dictaminar. De tal manera que están las dos vías abiertas.
LORENZO MEYER: Una, no respuesta a lo que dijo Francisco José, pero casi, dices tú que la marcha del sábado como que te emocionó porque la sociedad puede de ahí dar pasos hacia delante.
Es que la sociedad no puede tomar el papel del gobierno por más que quiera. El encargado de la protección es el gobierno y el gobierno ha fallado. Y el gobierno en buena medida no tiene ya razón de ser por ese brutal fracaso que ha tenido.
¿La sociedad qué puede hacer? Crear comisiones, estar pidiendo cuentas. Su papel no era ése, el papel de la sociedad es ser sociedad; cada quien nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra responsabilidad y tener que hacer el trabajo del gobierno, pues entonces para que está el gobierno.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: A mí me gustaría responder a esto que dices, Lorenzo, que creo que tiene mucha coherencia, de la siguiente manera:
Efectivamente la sociedad no puede asumir el papel que le toca jugar al gobierno, pero cada día se ha visto más claro que es muy difícil gobernar, que los factores de delincuencia, de violación de la ley, de poderes fácticos son tan fuertes que sin la colaboración de la sociedad, de partes importantes y organizadas de la sociedad, el gobierno no puede cumplir adecuadamente con la tarea que tiene propuesta.
Voy a poner un ejemplo de otro tipo. No hay país en donde se pueda mantener limpia una ciudad si no hay la colaboración de la cultura de la limpieza, de tirar los papeles donde corresponde, etcétera, por parte de la sociedad. Tiene que haber una formación de la conciencia cívica, tiene que haber un civismo actuante y también en materia de protección y de seguridad. Cada quien tiene que jugar su papel.
La ciudadanía tiene que coordinarse mejor con la autoridad, tiene que denunciarla, tiene que presionarla y ésta es una tarea que no ha hecho suficientemente. Eso es lo que yo diría.
Yo creo que efectivamente uno no debe jugar o sustituir…
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Es cierto, yo coincido básicamente, la sociedad tiene que estar presionando dentro de lo posible, no puede hacerlo de tiempo completo, no tiene la misma estructura de organización que pueda tener el gobierno y ni siquiera un partido político.
Y por eso pese a los números, decía Felipe Calderón, a la hora de firmar el acuerdo éste por la legalidad, decía: Tenemos que derrotar y vamos a derrotar al crimen organizado, ahí incluía al narcotráfico, porque somos muchos más.
No es cuestión de números, si no ya hubieran desaparecido desde cuando. Se calcula que en el narcotráfico en México están reclutados 500 mil de los cuales 300 mil son cultivadores, que son los más inofensivos, en todo caso. Los sicarios y demás serían como 200 mil con sus jerarquías. Nosotros somos como ciudadanos 70 millones.
No es cuestión de números, es cuestión de organización, es cuestión de inteligencia de quienes están armados; de tal manera que eso es totalmente absurdo, incluso haberlo dicho, es totalmente falso.
Pero aquí yo veo dos aspectos. La dificultad del gobierno para combatir la delincuencia de secuestros y demás, y la facilidad, pero la falta de voluntad, retomando lo que decía Leonardo Curzio, para castigar a los grandes corruptos que están a la mano y que en lugar de llamarlos a cuentas los invitas a firmar un acuerdo por la legalidad.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Yo creo que a la sociedad no le puedes pedir ni que sea ministerio público, ni que sea policía, ni que sea Ejército.
Pero lo que sí le puedes pedir es: Oiga, a la hora que lo sienten al lado de un delincuente confeso por lo menos indígnese.
En televisión una lidereza sindical le preguntaron cuánto dinero tenía, y se dio el lujo a las cámaras de televisión, así como estamos nosotros, yo no tengo por qué rendir cuentas de eso.
Es decir, en el momento en el cual se puede decir eso de la marcha de ayer, López Obrador, salió y dijo que había un sobreprecio en la compra de un buque de 500 y pico de millones de pesos.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: De dólares.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Dólares.
LORENZO MEYER: De dólares, de dólares.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Peor me lo ponen.
Es decir, esto puede pasar y que se diga, hombre, pues sí, mire, pasa de pronto. Ves las fotos en los periódicos y los delincuentes salen al lado de los líderes políticos y tú dices: Qué barbaridad, me debo indignar o debo ser una comparsa de todo este ejercicio de simulación.
Yo creo que la sociedad sí tiene que ir diciendo: Perdone, no todos somos iguales.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Claro.
LORENZO MEYER: El tema da para mucho más pero el tiempo se acabó.
Nos vemos en el siguiente segmento.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: En este tema del segundo bloque vamos a plantear una serie de reflexiones e informaciones sobre la sentencia que dictó la Suprema Corte en función de las dos acciones de inconstitucionalidad que había presentado, por una parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por otra parte la Procuraduría General de la República, respecto de la despenalización del aborto.
Esta despenalización se había planteado en la ley del Distrito Federal, como corresponde, por la Asamblea había sido aprobado con una votación muy amplia que tuvo sesenta y tantos votos a favor, ochenta y tantos votos a favor contra 19.
Y también se planteaba que se estaba atentando contra la vida, contra el derecho a la vida que está protegido en la Constitución.
Las argumentaciones formales, jurídicas de la Procuraduría y de la Comisión de Derechos Humanos era que en las constituciones está protegida el derecho a la vida, y que el Estado tiene que protegerlo, y una de las formas para protegerlo es penalizar a quien atenta contra la vida.
Por el otro lado está la idea de los católicos o de los católicos más ortodoxos, en el sentido de que la vida humana empieza cuando se fecunda un óvulo con un espermatozoide, y que desde ese momento el Estado tiene obligación de protegerla.
Esta es una discusión sumamente delicada que toca lo religioso, que toca las creencias, que toca la conciencia. Pero lo que la Corte resolvió, y es lo que a mí me interesaría plantear en un primer movimiento, es una acción de tipo jurídico.
La Corte fue invocada para que determinara si aquella ley del Distrito Federal es o no constitucional. Esto es lo que la Corte decidió, no es un asunto que entra al fondo del asunto, al asunto que estaba yo planteando de si se protege la vida o no se protege la vida. Es: la Corte decide que no hay un artículo expreso de la Constitución que obligue al Estado a proteger la vida humana desde la fecundación, por tanto da toda la carta de aceptación a la ley del Distrito Federal, que ocho ministros de once dijeron: No hay violación constitucional, esta ley es constitucional.
Yo creo que hay una decisión extra limitada de los ministros, sobre todo de los obispos, de algunos obispos muy declaradamente que está haciendo un escándalo un poco más grande de lo que corresponde, aún desde el punto de vista de la fe religiosa, eso me gustaría plantearlo en otro momento.
Pero creo que si se ciñeran a decir fue una resolución, que además tomaron varios ministros que son católicos, y que no entraron más que a juzgar si aquella ley es constitucional o no es constitucional, y consideraron que sí es constitucional. No es para hacer una señal de alarma.
Los obispos pueden seguir predicando que la vida hay que protegerla, hacer fundaciones para lograrlo, poner becas, poner estímulos. Hoy en la mañana la Presidenta del PAN en el Distrito Federal dice que va a lanzar una ley para proteger a todas las embarazadas para que puedan tener derechos y privilegios para dar a luz adecuadamente.
Todo ese tipo de cosas se pueden seguir haciendo, no son violatorias de la ley. En fin.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Yo creo que fue un aprendizaje republicano y me congratulo que el Estado laico funcione en este país, incluso entre las personas que públicamente han dicho profesan una religión. Una cosa es tener convicciones personales y otra cosa es ejercer tu función como servidor público.
Y veo que ha sido muy positivo para los que han seguido este debate, porque en la Asamblea Legislativa, una mayoría progresista de la Asamblea Legislativa en esta ciudad toma el asunto, hay presiones en las calles, presiones de la iglesia, presiones de distintos grupos diciendo que se está lindando con un asunto delicadísimo, y pesar de eso avanza la mayoría, la Procuraduría General y la Comisión de Derechos Humanos en contra de lo que su Consejo le dijo a Soberanes, interpusieron el recurso de inconstitucionalidad, lo cual fue muy útil para ver el asunto de los contrastes, y que la Suprema Corte ha dicho: Perdón, la Asamblea Legislativa tiene facultades para legislar sobre temas de salud.
Y una cosa es el Estado laico, o sea una cosa es la legislación sobre la vida de los hombres, y otra muy diferente son las convicciones religiosas de cada cual, yo creo que es un gran triunfo de la República, o sea del Estado laico y de los derechos de las mujeres en esta ciudad.
LORENZO MEYER: Dice Leonardo que se congratula de que funcione el Estado laico. Pues yo creo que el Estado no funciona, pero lo laico es lo que funciona. Sigo sin ver cómo funciona el Estado.
Yo también me congratulo de la decisión de la Corte. No esperaba que fuera tan contundente, había señales de que podía ser casi lindando, que no sabíamos por dónde iría la Corte al final. Realmente pasó con mucha holgura.
Ahora, aquí tiene razón Francisco José, vamos a ver que se va a sacar mucha tela y la decisión de la iglesia de insistir en la excomunión de las mujeres, no sólo de las mujeres, sino de los médicos que participen en eso, da muchísimo el recuerdo de otras épocas en donde también se excomulgaba a los que juraran la Constitución de 1857, y vaya que puso a un brete a una cantidad de buenos señores que estaban entre su trabajo en el gobierno, cuando no había trabajo, ni en el gobierno ni fuera del gobierno, porque estábamos hecho una desgracia, y tenían que llevar el dinero a su casa o ser excomulgados.
Al final la excomunión no funcionó en la Constitución del 57, y yo me sospecho que aquí tampoco.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Lo que pasa es que me parece que la iglesia no acaba de distinguir lo que es el Estado laico, desde luego no es algo que le convenga, pero pese a que llevamos ya varios años con un Estado laico, la iglesia no es solamente de que vaya en contra de él en muchas ocasiones, sino que no acaba de percibir que, por ejemplo, las funciones de la Suprema Corte están perfectamente delimitadas, no es entrar al terreno de la discusión teológica, filosófica, metafísica o religiosa, ni siquiera ética, sino estrictamente jurídica y constitucional.
En el caso de los legisladores sí podríamos decir que la función era otra, y que a la hora de legislar sí podrían incorporar elementos de este otro tipo, y no debería de sorprendernos en todo caso que en estados gobernados por el PAN y donde mayoritariamente los legisladores son panistas, que incluso está eso en sus principios partidarios y demás, pudieran decir: Estamos en contra del aborto, porque desde nuestra perspectiva y nuestra visión de las cosas se atenta contra un ser vivo en su concepción o desde la concepción, porque así lo creen ellos.
Yo creo que los legisladores sí pueden eventualmente incorporar este tipo de elementos, pero, por lo mismo, una ley que se da en el Distrito Federal, donde la mayoría no ve las cosas de esa forma, pues simplemente la Corte tenía que decir es o no constitucional.
Si se quisiera que cayera que en la inconstitucionalidad se tendría que cambiar la Constitución con la mayoría calificada, en donde expresamente se dijera en alguno de los artículos: La vida empieza desde la concepción. Ahí habría una influencia ya metafísica de la mayoría de legisladores, y entonces sí, por lo tanto, las leyes secundarias que contravengan esto son anticonstitucionales.
Ahora, una cosa más sobre la iglesia. Creo que tiene todo el derecho la iglesia desde su perspectiva de llamar a sus fieles y a sus feligreses a decir: Aunque sea legal no incurran en ello. Desde la perspectiva religiosa sí están incurriendo, por ejemplo, en pecado. Incluso el uso de la comunión, que sí le veo un poco la diferencia respecto de la Constitución del 57, que era un asunto totalmente civil.
Ahora, ellos sí pueden decir: A los católicos que, por lo tanto, crean en el dogma digamos de la vida, de la concepción misma atenten contra ello podemos aplicarles sanciones religiosas, y ya decidirá cada persona si lo hace o no.
Por ejemplo, las mujeres que sean católicas y digan: Sí quisiera o sí necesito el aborto por razones económicas, pero no quiero ser excomulgada o no quiero, en fin, pagar las penas eternas. Pues eso ya dejarlo a la conciencia individual, que de eso se trata esta ley.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Este asunto es un asunto ciertamente delicado. Va a seguirse discutiendo independientemente. Se discute no, planetariamente se discute. Ahora la nueva candidata a Vicepresidenta sostiene una posición contra la despenalización del aborto, contra el aborto…
LORENZO MEYER: Candidata a Vicepresidenta de los Estados Unidos, para decirles.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: La fórmula de McCain, de los republicanos.
Lo digo como una referencia a que esto va a seguirse discutiendo, sobre todo en cuanto al fondo, porque efectivamente lo que estamos, por lo menos todos los católicos de acuerdo, es en que hay que proteger la vida humana. ¿Pero cuándo empieza la vida humana? Esta es una discusión muy fuerte, porque tiene ingredientes científicos.
Hay quien dice que desde el momento mismo de la concepción, hay quien dice que a la décima semana; hay quien dice que a la doce semana, cuando está formándose ya el sistema nervioso y puede haber señales de que ahí hay un ser que va a tener conciencia, que va a pensar, que es lo que distingue a los seres humanos de la vida animal, porque no se está protegiendo con esta disposición la vida animal, si no tendríamos que cerrar los rastros y muchas otras muchas cosas.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Pero está muy bien que se discuta constructivamente. Uno, educación sexual. Dos, que efectivamente ninguna mujer tenga que llegar a la interrupción voluntaria del embarazo, porque puede parecer obvio, pero déjenme subrayar un punto, esta ley lo que hace es no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, ni promueve el aborto, ni obliga a nadie a abortar ni va en contra de su conciencia.
Simple y llanamente lo que dice es no se penaliza aquí una mujer por alguna razón, la que ella considere va a interrumpir voluntariamente.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Pero, Leonardo, es hasta las doce semanas.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Sí, hasta las doce semanas.
En un país católico como Portugal no se puede hasta las diez semanas, porque ahí privó la tesis científica o con evidencias de que llevan de que antes de diez semanas no había vida humana y después sí.
LORENZO MEYER: Esto tiene un montón de puntos que nos podríamos pasar horas en esto. Qué insistencia de la protección de la vida humana al momento de la concepción, etcétera, cuando la verdad es que se podría proteger a la vida humana ya más bien formadita cuando ya nacieron y cuando hay una enorme, enorme necesidad de proteger a la vida humana de mexicanos que ya están aquí, sobre todo en la niñez y no veo a la iglesia tomando esas medidas tan estrictas: Voy, voy a excomulgar a aquellos que estén atentando en contra del bienestar de los niños.
Hay mil cosas en donde la energía se podría poner a trabajar de una manera mucho más efectiva.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: De los pederastas, por ejemplo.
LORENZO MEYER: Esa es una.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Prostitución infantil, en fin.
LORENZO MEYER: Y la simple desprotección de los pobres.
¿Cómo los estamos educando a los niños? Proteger la vida de los niños es educarlos, y vaya que si estamos maleducando en muchos sentido.
Ahí debía de ir la energía, pero en fin, cada quien la pone donde Dios literalmente le da a entender.
Creo que nos tenemos que despedir en este segmento.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Volvemos, volvemos.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Regresamos.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: En este tercer bloque vamos a hablar de los lamentables hechos ocurridos en Yucatán. Doce personas decapitadas, y me permito poner sobre la mesa la forma en que la gobernadora de aquella entidad ha planteado el asunto.
Dice ella que empezó a recibir el gobierno amenazas hace algunos días, diciendo que quitaran los retenes; que había una serie de retenes que estaban obstruyendo el funcionamiento del crimen organizado. Y que le pedía efectivamente que lo hiciera, que lo retirara, si no se tenía que atener a las consecuencias.
Y las consecuencias era que se movilizaría a la sociedad quitándole a Yucatán esto de que es un estado tranquilo. Y por otro lado darían una noticia que tendría impacto en todo el mundo, y vaya que tuvo impacto en todo el mundo, los 12 decapitados han estado en todos los noticieros y en todos los periódicos del mundo por ser un crimen particularmente horrendo.
Pongo sobre la mesa dos consideraciones que me inquietan. Por un lado, la estructura de protección policíaca y política que hay en nuestro país. Es decir, un sector muy amplio de la delincuencia opera en nuestro país porque tiene acuerdos de algún tipo con autoridades del estado, de la Federación, del municipio, no lo sé, que les permite seguir haciendo sus negocios.
En el momento que los poderes del Estado se alineen para evitar que esos negocios se den, de pronto vienen estas represalias, lo cual nos deja ver efectivamente que hay una estructura de protección pasiva o activa. No lo sé si los políticos se beneficien o no de ellas.
Esto, por supuesto, me lleva a la segunda reflexión que conecta con el primer bloque que platicábamos en este programa de Primer Plano, y es que para llevar adelante una cruzada que efectivamente extirpe el problema de inseguridad que tenemos en este país se tiene que hacer una purificación, primero política y después policíaca de toda esa estructura de protección que permite que el crimen organizado exista, porque el crimen organizado no nada más es el Chapo Guzmán o los Zetas o el Cártel del Golfo. Es toda esta estructura que ahora se vio amenazada, e incluso golpeada porque no cumplió con su parte, según nos ha dicho la gobernadora de Yucatán, y ha quedado exhibido lamentablemente con doce cabezas de por medio.
LORENZO MEYER: Hay un título que se refiere a otra cosa, el “México bárbaro”, el título de un libro de principios del siglo XX en donde se criticaba la forma como el gobierno de Porfirio Díaz trataba a una de las partes más débiles de la sociedad mexicana.
Pero México bárbaro queda también para esto. En fin, eliminan a doce, lo de la decapitación ya nada les hace a los muertos, pero sí a los vivos. Es un mensaje, es un tipo de mensaje que en realidad tiene dos vertientes. Por un lado le está diciendo a la sociedad, a ésta, a la que marchó el sábado, a la que se está movilizando, etcétera: Miren, les mandamos sus decapitados como una respuesta a su marcha.
Pero la otra es sobre todas las autoridades, es un mensaje a ellas. Nos importa muy poco lo que ustedes estén haciendo y suscribiendo, etcétera, ahí les van los cuerpos decapitados, y además los vamos casi a desnudar ante el resto del mundo.
Esta fotografía de los cuerpos desnudos, decapitados y torturados apareció en la prensa internacional. Entonces ante el mundo se está haciendo, desde la parte criminal, alarde de su poder y de la ineficacia del Estado.
Es realmente un mensaje terriblemente brutal el que lanzaron desde Yucatán, sabiendo todas sus consecuencias. Lo hicieron porque se sienten fuertes, sino no tiene ninguna razón, no hay ninguna lógica que lo hayan hecho. Es simplemente porque están seguros de que no les va a pasar nada, de que lanzaron el guante y van a quedar impunes.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Pues yo creo que en este tema a mí que soy yucateco de nacimiento y yucagachs de realidad, porque he vivido la mayor parte de mis años en el Distrito Federal. Me toca muy de lleno, porque Yucatán efectivamente presumía y se presumía y se disfrutaba de una paz, de una tranquilidad para andar por las calles a altas horas de la noche sin ningún problema o con problemas menores. Era una sociedad pacífica, que ahora ha quedado alarmada, en primer lugar; erizada, muerta de miedo.
Y por otra parte, ha vuelto a surgir esta conseja o leyenda que circulaba de que en Yucatán no iba a pasar nada porque había un pacto para que vivieran las familias de los narcotraficantes, por un lado, respetadas, y el pequeño comercio que hubiera no fuera mayormente estorbado.
Esto tiene otro ingrediente, el jefe de Seguridad Pública del estado de Yucatán antes fue jefe de Seguridad Pública de Quintana Roo, y antes había sido del gobierno de Cervera Pacheco, miembro de la Policía, Director de la Policía, Jefe de la Policía. Es un señor Luis Felipe Ceiden.
Una de las mantas del que fue arrojado, no en la Hacienda Chichi de Suárez, sino en el pueblo de Buctzotz, que está a más de 100 kilómetros de Mérida, tenía leyendas en el sentido de que iba a ser afectado este policía Ceiden, este jefe de la Seguridad Pública porque no ha cumplido con el pacto.
Aquí lo más grave, subrayando lo que decía Leonardo, a mi juicio es este pacto que sale a flote entre autoridades y crimen organizado, que tiene un cierto nivel. Es decir, mientras tú no hagas esto, yo no haga esto. Pero ahora se está rompiendo, y por otra parte está surgiendo la responsabilidad enorme que han tenido los gobiernos que pactaron y que dejaron desarrollarse de esta manera tan brutal al crimen organizado.
Y esto no es de un día, no es de un sexenio, es de decenas de años, por lo menos de los últimos 20, 25 años en que se ha desenrollado tanto el crimen organizado en nuestro país.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Pero esto que dices de Yucatán en realidad se puede decir ya en los últimos años de otros muchos otros lugares y otras zonas del territorio. En Aguascalientes no pasaba antes nada, en Puebla hasta hace poco estaban diciendo que tampoco y ya han tenido algunos casos también de muertes vinculadas con el narcotráfico. Es decir, se está expandiendo, no solamente es más intensa la violencia, sino que también territorialmente ya no está dejando ningún rincón libre de esta violencia.
Yo, insisto, en que la estrategia no es la adecuada. Que esto es producto de un mal enfoque del problema, que es muy complejo el del narcotráfico, y hay dos indicadores de encuestas de cómo estaría percibiendo el público este asunto que parece que cada día se sale más del control por parte del gobierno.
Por un lado, en el Reforma la semana pasada sale una evaluación de distintas instituciones de la confianza y viene el Ejército. El Ejército que goza de mucha confianza en México tradicionalmente, pasa del 70 por ciento del año pasado al 63 por ciento en este año, en un año. Claro 63 por ciento sigue siendo bastante elevado, pero hay va a la baja.
A mí no se me ocurre ninguna otra cosa que pudiera estar mermando la confianza en el Ejército que su involucramiento directo en esta lucha contra el narcotráfico, porque por un lado vienen los excesos, las equivocaciones, los errores, el confundir a ciudadanos normales con sicarios en los retenes muchas veces; injusticias, violaciones a los derechos humanos, y también esta idea que va quedando que era parte del peligro que muchos especialistas señalaban de involucrar de lleno al Ejército en esta lucha, que es en la medida en que se ve que los otros siguen como si nada, es decir, los capos, son ellos los que no están dando tregua al gobierno, no el gobierno a ellos, porque Eduardo Medina Mora dijo: no les vamos a dar tregua.
Pues tengo la impresión de que son los capos los que no le están dando tregua al gobierno en sus distintos niveles.
Entonces queda la sensación de que el Ejército tampoco pudo. No que haya sido derrotado o que vaya a ser derrotado en términos de una rendición completa. Pero en la medida en que la violencia continúa e incluso se incrementa puede ir permeando la sensación de decir el Ejército no pudo. Y eso, desde luego, que le pega a su prestigio.
Y otro indicador que sale el día de hoy en el diario Reforma, en relación con la política de Calderón hacia el narcotráfico. El año pasado estaba quienes estaban de acuerdo y que estaban más o menos apoyando y respaldando esta estrategia en un 54 por ciento, ahora está en un 35 ó 36 por ciento. Es decir, también ha bajado. Lo cual nos lleva a pensar que este argumento también utilizado por la PGR de que si se incrementa la violencia es porque estamos ganando, aunque no parezca, pues no está resultando convincente ante la ciudadanía.
Cada vez hay más la percepción de que el incremento de la violencia y la baja de la seguridad pública derivada de ese problema en particular es por un fracaso de esta estrategia y no es un preludio de un triunfo o de éxitos que se puedan presumir en los años por venir.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Yo creo que ni el más optimista cree que esto es un preludio de éxito. Yo creo que el tema lo han explicado bien algunos teóricos. Yo escuchaba a Edgardo Buscaglia explicarlo con una gran precisión, dice: En cualquier guerra si tú presionas en un frente y no le golpeas al enemigo ni la parte económica ni la logística, el va a ubicarse en otra parte y va a golpear. Es decir, si tuviésemos que pensar, a ver el Ejército está golpeando en Sinaloa y en Michoacán, es normal que éstos se reagrupen en otras partes del país.
Mientras no rompas la estructura patrimonial de los cárteles. Desde que agarraron al chino no hemos vuelto a ver ningún decomiso importante en materia de dinero.
Ni tampoco rompas la estructura de protección política, que ésta es la parte durísima del sistema político mexicano.
Mientras no llames a los tres partidos y digan: A ver, todo mundo va a guardar a sus perros, y vamos a procesar a toda la estructura criminal que tengamos en todas las policías municipales, en todas las policías estatales y federales.
Vamos a empezar a procesar a todos, no diré exactamente al mismo tiempo, pero como parte del gran pacto político que se debió haber dado. Tú tienes el narcotráfico que de pronto se expande a Yucatán, pues por supuesto es una lógica de guerra simple, que lo que te hace es adonde se mueva la fuerza del Estado tú buscas otra parte.
Lo que va a haber es más violencia y te va a costar más dinero corromper a las autoridades.
Pero, insisto, si no le rompes ni la estructura patrimonial ni la parte logística o estructura de protección policíaca y política, es decir, el mensaje de Yucatán es: No nos cumplieron y por eso los decapitamos; no nos cumplieron, estamos en la misma.
Entonces tú puedes mandar al Ejército a cinco estados, si no rompes esa estructura se te va reproducir en los demás. Digo, me parece bastante obvio cuando lo veo así.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Sí, es una pena que este traslado a la península de Yucatán, ahora esté pegando muy fuerte en el estado de Yucatán.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: ¿Y tú qué harías si fueras narco y te están pegando en Sinaloa? Buscar otro lado donde plantarte.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Voy a explicar un poquito esto, rapidísimo. Donde el narcotráfico realmente tiene fuerza y mercado importante es en Cancún y en donde hay una compra enorme. En Yucatán no tanto.
Pero entonces ahora lo que están haciendo es hacer un nuevo reto en un estado donde se veía que había una gran tranquilidad para decir: Nadie se salva aquí, o están conmigo o están contra mí.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Y si te persiguen en Michoacán te pasas a Aguascalientes y ahí te ayudan, ahí te quedas.
LORENZO MEYER: Y si lo quieren llevar ya más lejos, el Financial Times del día de ayer, en su revista semanal abre con un artículo de un antiguo policía egresado sociólogo, egresado de Harvard, que se metió a ser policía varios años y ahora regresa al mundo académico en Estados Unidos, y señala que sus años como policía, éste y ahora doctor en Sociología, dice: No vi que le hubiéramos hecho ninguna mella al narcotráfico en el distrito donde yo estaba.
Quiere decir que si en el país central del narcotráfico la policía no hace nada, confesión de un policía que estaba en la parte más baja. Entonces quién. Es una pregunta.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Pero se nos terminó este bloque. Tendremos que regresar al siguiente.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Regresamos.
TERMINA TERCER BLOQUE.
INICIA BLOQUE CUATRO
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Hoy es primero de septiembre, día del Informe Presidencial, pero estamos estrenando un formato. Un formato que ya desde varios años atrás se decía que tenía que cambiar, porque en realidad desde 1988 la fiesta del Presidente, el gran boato, el besa manos, los aplausos interminables se acabaron y empezó la otra lógica, la contraria, la de la confrontación, la de las interpelaciones, la de los abucheos.
Se continuó, se ha ido deteriorando cada vez más y ya no se le encontraba sentido a que fuera el Presidente a no dejarlo pasar o a permitir que pasara pero para abuchearlo y para expresar todos los descontentos de manera, digamos, poco civilizada.
Y finalmente ya terminaron por separar este informe donde solamente se entrega al Congreso, que es algo que Benito Juárez quería hacer y que propuso una reforma en ese sentido. Tampoco le gustaba mucho la idea de ir a confrontar a los diputados, porque tampoco los tenía a todos con él, era un gobierno dividido. Pero el caso es que ya se logró finalmente.
Y se presenta, y yo creo que efectivamente no tenía sentido tener el antiguo informe. Pero éste también quedó como muy separado y es una mera formalidad en el sentido de que no estamos en un sistema parlamentario en donde sí se discute, en donde el Primer Ministro o Jefe de Gobierno presenta sus logros y allí debaten de igual a igual, porque el Jefe de Gobierno siendo un parlamentario es un primus interpares, no hay esa distancia que hay en los sistemas presidenciales entre el Jefe del Ejecutivo y todos los demás funcionarios, o en este caso los legisladores.
Pero como no estamos en un sistema parlamentario, esto se decidió simplemente que se presente el informe. Y eventualmente se dice, cosa que no creo que vaya a ocurrir, se podría invitar o demandar la comparecencia del Jefe de Gobierno para discutir algunos puntos en particular del Informe.
Así está planteado, no creo que vaya a ocurrir en la práctica.
LORENZO MEYER: No, no creo que vaya a ocurrir en la práctica. Y realmente hay algo que denota la fatiga.
Al público mexicano le importa un pepino el Informe Presidencial, pero es por las malas razones ahora que estamos en esta situación.
Veo a los Estados Unidos, como siempre andamos volteando allá. No es un régimen parlamentario, un sistema parlamentario, pero el Presidente sí tiene cierto sentido el informe. No los rollos que se echaban aquí impresionantes en la época de Adolfo Ruiz Cortines, aquello era realmente para dormirse.
Pero un buen informe con un mensaje político, y luego en caso de que sea demócrata en Estados Unidos quien lo da, los republicanos contestan después, teniendo ya la materia en la mano responden por los medios televisivos, y sí tiene sentido.
Esto de ahora, dice Gustavo Madero, es un avance del republicanismo. Bueno, pues está tratando de hacer de una necesidad una virtud. Eso no es una virtud. A mí me da la impresión de que es como un paso más en algo que se está deshaciendo; hay algo del poder que está volatilizándose y que no me da la impresión de que hayamos encontrado la mejor fórmula.
La otra era mala, ésta de ahora me parece como light, una cosa que ni fu ni fa.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Yo creo que eso es una solución, efectivamente a medias, es una solución tibia, pero no es una mala resolución.
Finalmente se tomaron algunos elementos de los regímenes parlamentarios, por ejemplo, el de las preguntas.
El Presidente envía por escrito, como dice ahora la Constitución, debo aclarar que la Constitución fue aprobada en esta reforma del nuevo formato, el día 15 de agosto, o sea hace 15 días. De tal manera que no hubo tiempo para corregir la ley orgánica del Congreso donde se establecen ya más detalles de cómo debe procesarse esto.
Y vamos a tener un primer asunto un poco raro, contrapuesto, no muy bien hilvanado en lo que está pasando hoy, porque está cumpliéndose lo que dice la Ley Orgánica, de que participan todos los grupos parlamentarios al principio, luego va a participar el Presidente del Congreso, pero no para responder nada, porque el Congreso lo que tiene ahora son facultades buenas, creo yo, de poder citar y con obligación de asistir, a los Secretarios. Ésta es una buena medida.
Segunda buena medida. Tienen que producirse con verdad, pero si los encuentran en alguna mentira pueden tener responsabilidades. No quiero decir que sea muy fácil fijarlas, pero ahí está una amenaza de decir: Usted diga lo que tiene que decir pero que sea correcto, que lo pueda usted comprobar. Si le comprobamos que es falso lo vamos a meter en un lío.
Es una especie de voto de censura pero muy magro y muy indicativo, no obligatorio; porque lo acusa el Senado o la Cámara de Diputados al ministro que mintió o que faltó a la verdad o que fue omiso, etcétera.
Y el Presidente toma nota de que ese Secretario no está cumpliendo adecuadamente. Es una especie de voto de censura sin sanción.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: De especie, ¿no?
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Por eso digo, por eso digo que es una especie de voto de censura sin sanción.
Hay otras medidas que creo que son positivas. Estar analizando el Informe y rebatiéndolo con preguntas que se formulan con anticipación, está tomada de los famosos question periods de Inglaterra, Canadá, en fin; donde, pero eso se hace en cada mes o cada dos meses con una Cámara y con otra y va todo el Gabinete, encabezado por el Primer Ministro y le responden a los diputados en breves tiempos de 45 minutos pero mes a mes, no una vez al año y con preguntas que se mandan por escrito, sino que ahí mismo se las formulan.
Entonces están tomando a medio camino, otra vez, algunas cosas del régimen parlamentario muy matizadas, muy rebajadas, que espero resulten mejor que lo que hemos tenido en los últimos 19 años, que era una agarrada de trenzas y un jaloneo y rasguño.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Por lo menos no habrá borlote, pero es una no solución. Es decir, es una forma de decir: Mire, como no vamos a arreglar nada porque hay una mezcla de molestia política, de autismo entre los dos poderes del Estado y de protagonismo de otros sectores, que decían; Miren, mejor que no venga, entregue el documento, total no lo va a leer nadie, la glosa del informe ya la haremos como Dios nos da a entender y cada quien sigue por la vía que quiera.
Yo creo que es lamentable y denota la estrechez de nuestra clase política no haber encontrado un diálogo eficiente entre dos poderes del Estado que es la esencia del republicanismo. La democracia si algo significa, es que se puedan elegir efectivamente cargos como diputados y Presidente y que haya una división de poderes, de tal manera que los abusos que cometa un poder puedan ser controlados por otro…
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Contrapeso.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Contrapeso.
En este caso lo que hay son dos poderes que tienen legitimidades diferentes y cada quien camina por su lado. Y puede suceder que en toda la legislatura no se vean.
Yo creo que eso es una pésima señal porque en vez de abonar a un diálogo medianamente republicano, hombre, hubiera sido tan sencillo como que dieran su brazo a torcer.
Es decir, a ver el señor Presidente con todos los honores de Jefe de Estado se va a sentar y va a escuchar los posicionamientos de las fracciones parlamentarias, después de que diga lo que tenga que decir. Yo creo que eso no le quita ni un milímetro a la dignidad del Jefe de Estado. Ni eso logramos, ni eso logramos.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Pero el Presidente Calderón había dicho que él estaba dispuesto a ir y a contestar las preguntas; pero no fue posible porque no hubo suficientes votos para aprobar eso.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: …la clase política en general. Ni eso pudimos resolver.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: El caso es que sin defender el formato anterior, porque efectivamente ya estaba totalmente viciado, el actual puede leerse, un poco lo que dice Lorenzo Meyer, como símbolo de la ausencia de diálogo entre los dos poderes.
Es decir, en donde se sabe que estando diferenciados sí tienen que estar interactuando, sí tienen que estar contrapesándose.
Entonces digamos que ante el agotamiento del antiguo formato la mejor solución que se encontró, por lo pronto, es probable que más adelante se empiece a pensar en algo más constructivo, digan: Olvidémonos simplemente de…
LORENZO MEYER: Pero fíjate que es algo más que la ausencia de diálogo, es la ausencia de proyecto. Pareciera que no hay un proyecto de nadie, es administrar el día a día y esos momentos simbólicos en donde, insisto, en Estados Unidos el Presidente sí tiene sentido, sí dice algo interesante en breve tiempo, significativo para sus ciudadanos. Aquí no hay nada.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Yo quisiera tomar estos últimos segundos que nos quedan, para mandar nuestro más sentido pésame a la familia de Gilberto Rincón Gallardo, un luchador importante social en nuestro país, que tuvo muchas batallas, que sufrió muchas prisiones y que impulsó muchas obras importantes, sobre todo para mejorar la igualdad, para combatir la discapacidad o apoyar a los que tienen capacidades diferentes. Y esto es un duelo que se presenta en nuestro país.
Y aprovecho la ocasión para que otro amigo fallecido, otro luchador social, mucho menos conocido, Alfredo Gutiérrez, profesor sociólogo de la Iberoamericana, que también falleció el fin de semana, mandar un pésame a su familia.
Muchas gracias, por su atención y buenas noches.
FIN DEL PROGRAMA.
En esta ocasión realmente tenemos abundancia de temas. Vamos a tener que dejar fuera varios que son importantes porque la semana realmente fue rica en temas, pero no justamente por buenas razones.
El que decidimos usar para abrir el programa es el de las marchas. La marcha que tuvo lugar el sábado y la que tuvo lugar el domingo.
Con distintos signos la primera es una nueva edición de algo que ya ha pasado antes. Esa marcha de gentes vestidas de blanco que al final alumbran a México con sus veladoras. Que en realidad es una muestra de la frustración, el coraje, la impaciencia, el temor ante la ola, la ola de inseguridad que azota a México, que si en el pasado hubo cosas similares, momentos, años, tiempos largos, difíciles, era porque no había Estado; pero ahora que se supone que hay un Estado, que incluso hasta un régimen nuevo las cosas siguen marchando por el lado negativo.
Alguien me hacia ver, hace unas horas, que en realidad todo México está secuestrado, todos se sienten secuestrados. Se sienten secuestrados unos porque no pueden salir al parque, porque no pueden andar en la ciudad. Otros se sienten secuestrados porque Elba Esther secuestra la educación. Otros se sienten secuestrados porque todo lo que es la impartición de justicia simplemente no funciona. En fin, ustedes digan con cuántas cosas se sienten secuestrados.
Y la otra marcha, la marcha de ayer es el prolegómeno de algo que va a venir el día 15 de septiembre y que puede venir después, que es la, llamémosle así: El reto en relación al petróleo. El petróleo convertido en centro de la discusión política.
Por el momento la inseguridad, el petróleo volverá a ser el tema de conflicto derecha-izquierda sobre el futuro de México. En fin las marchas son una muestra de la enorme irritación que existe en México y de la falta de dirección del país.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Yo me quisiera referir a la marcha del sábado primero, en orden cronológico, para decir que la marcha en sí misma no es para nada una solución, como algunos la pudieron ver. De hecho eso me quedó muy claro hace cuatro años cuando hubo una marcha en 2004, se hizo la marcha con mucha gente que fue una mañana de un domingo soleado y protestó contra la inseguridad, contra los secuestros, contra el crimen organizado y llamó la atención de las autoridades para que pusieran mayor atención. No pasó nada, siguió incrementándose la delincuencia.
La de ahora, la de este sábado, creo yo que tiene otra promesa u otra posibilidad, que es la de no resolver con una marcha o solucionar con una marcha nada, ni siquiera asustar a los delincuentes, sino ser un disparador de una serie de acciones, de la conciencia ciudadana que tiene que organizarse para colaborar y combatir o protegerse o prevenir el delito; de una serie de medidas en las cuales la autoridad debe tener una serie de responsabilidades y también la ciudadanía.
Y creo que esto es lo que la hace más prometedora, me refiero a la marcha del sábado contra la inseguridad, sin caer en esta guerra de cifras que siempre se organiza en cada marcha, que si fueron 80 ó fueron 2 millones. Éstas son, creo que cosas irrelevantes. En realidad fue un núcleo muy importante de la población que nos está haciendo un llamado.
En relación con la segunda, es una pelea que viene de atrás y que va a tener un episodio nuevo en donde se está anunciando que puede ser aprobada una ley del petróleo por el PRI y el PAN, y entonces va a haber una protesta y una serie de bloqueos o de cuestiones generalizadas en la sociedad que va a promover López Obrador y el Frente Democrático.
Yo creo que ésta será una más de las instancias de la lucha que López Obrador ha emprendido, pero no es ninguna novedad. Yo no sé qué tanto éxito vaya a tener.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Yo haría una diferencia entre las dos, de las muchas que se puede hacer, desde luego, el objetivo, el propósito era muy diferente, pero me enfocaría en lo siguiente.
La del sábado es una marcha, una revisión de otras que ha habido, efectivamente como la del 2004, había habido una también en 97 protestando ante el Presidente Ernesto Zedillo, también sobre problemas de inseguridad. Que tengo la impresión de que la gravedad no había llegado a los niveles de ahora; pero en fin, son marchas que de pronto reflejan la protesta, el malestar de la ciudadanía frente a la incompetencia, digamos, de las autoridades para protegerla, que la razón de ser del Estado.
Pero son grupos ciudadanos los que convocan, son grupos ciudadanos los que dirigen, son liderazgos, digamos, sociales pero en el término de no estar vinculados con ningún partido político. Mientras que lo del domingo sí hay ahí una figura, hay un liderazgo muy claro vinculado con un grupo de partidos o con una parte del PRD, se puede decir que ya casi, casi son dos, pero una figura política que es López Obrador y que ejerce un fuerte liderazgo desde hace mucho tiempo.
Ése sí puede tener, en todo caso, porque lo del sábado, es decir, puede ser un llamado, una protesta. Las autoridades están reaccionando con acuerdos y con programas y proyectos que a ver cuánto tiempo dura esa tensión y a ver si los resultados y dentro de cuánto tiempo podríamos ver algo.
Pero de López Obrador en defensa del petróleo, obviamente desde su perspectiva y desde la interpretación que le da a la Reforma Energética, sí está convocando a movilizaciones.
Lo ha dicho de muchas formas constantemente y mucha de la gente cercana a él dice: Sí vamos a movilizarnos, sí vamos a hacer actos de resistencia civil. Con lo cual yo entiendo actos no necesariamente legales pero no violentos, pero que eventualmente puedan romper la legalidad, por ejemplo, la toma de carreteras, el cerco de aeropuertos y del Congreso mismo. Sí tiene, digamos, un desenlace específico, un llamado específico que es esa movilización, quién sabe cómo lo van a desplegar, no sabemos tampoco la intensidad, pero sí hay algo ahí.
Y lo otro puede fácilmente esfumarse. Es decir, la canalización de esta protesta ciudadana no se ve tan clara en relación con la seguridad, sobre todo porque no tenemos los mecanismos para obligar a los gobernantes a rendir cuentas.
Se ha hablado mucho de eso en estas semanas, si no pueden renuncien. ¿Y quien los hace renunciar? Nosotros no tenemos los mecanismos y ellos, ya sabemos que por voluntad propia no van a renunciar, primero se aferran. Entonces nosotros no tenemos los instrumentos.
El movimiento de López Obrador tiene liderazgo y eventualmente va a tomar acciones que muchos van a condenar, por supuesto, pero hay acciones y hay un liderazgo que sí se puede aterrizar a diferencia del movimiento ciudadano del sábado.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Es que uno es un movimiento político y el otro es un movimiento disperso, o sea le falta dirección política y le falta, creo también como cierta orientación cultural.
Yo veo muy bien que la gente esté indignada por la situación de inseguridad que vive este país y salga con velas o con linternas y que diga: Ya no aguantamos más y si no pueden que se vayan.
Sin embargo, no tiene ninguna consecuencia porque, y déjenme ser muy cauto en esto, no veo que la sociedad tampoco se esté involucrando a fondo en este tema.
Una cosa es decir yo estoy indignado porque mataron a un muchacho de 14 años, lo cual es terrible y, por supuesto, a todos nos debe interpelar, y otra cosa es que esto se convierta en una actitud diferente de sociedad hacia la corrupción y hacia los graves problemas de inseguridad que tenemos.
En países como Italia, como Colombia, donde verdaderamente el fenómeno criminal llegó a penetrar de una manera muy similar a lo que hoy tenemos. Círculos, por supuesto, de la vida policíaca, pero ta de la vida política del país, la gente echaba a pedradas a los políticos y le decía: Usted no tiene derecho a estar con nosotros.
Perdón que reedite el asunto, pero un individuo que ha sido acusado de un quebranto de mil millones de pesos al erario público con el Pemexgate, no puede ir a firmar ningún acuerdo en nombre de ninguna sociedad sin que la sociedad lo apedree en ese momento y le diga: Usted no tiene ninguna, en el momento que usted firme ese documento ese documento se quema.
Es así como si el demonio entrara a la Catedral. Es decir, usted no puede entrar aquí. Mientras la sociedad, perdón que lo diga así, mientras la sociedad no diga: Socialmente rechazamos ese cinismo no vamos a avanzar mucho por más velas que pongamos.
Yo no soy muy partidario de las marchas ni de este tipo de cosas y pueden ser 400 mil, 500 mil, 2 millones ó 9 millones, el tema es que esa sociedad no se hace cargo de su responsabilidad para poner un alto a los niveles de abuso que hoy tenemos.
E insisto, me parece bien que lo hagan, incluso catárticamente creo que una sociedad lo debe hacer; pero eso es un asunto que en fin, no sé si tendrá consecuencias.
Respecto a lo otro, creo que ya me alargué, pero sí creo que hay ahí un problema político serio porque el movimiento que lidera López Obrador, ahora tiene que jugar en dos pistas simultáneas; la que anunció el día de ayer y el hecho de que una buena parte de su grupo también participó en la confección de la propuesta energética que hoy tiene el Senado para dictaminar. De tal manera que están las dos vías abiertas.
LORENZO MEYER: Una, no respuesta a lo que dijo Francisco José, pero casi, dices tú que la marcha del sábado como que te emocionó porque la sociedad puede de ahí dar pasos hacia delante.
Es que la sociedad no puede tomar el papel del gobierno por más que quiera. El encargado de la protección es el gobierno y el gobierno ha fallado. Y el gobierno en buena medida no tiene ya razón de ser por ese brutal fracaso que ha tenido.
¿La sociedad qué puede hacer? Crear comisiones, estar pidiendo cuentas. Su papel no era ése, el papel de la sociedad es ser sociedad; cada quien nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra responsabilidad y tener que hacer el trabajo del gobierno, pues entonces para que está el gobierno.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: A mí me gustaría responder a esto que dices, Lorenzo, que creo que tiene mucha coherencia, de la siguiente manera:
Efectivamente la sociedad no puede asumir el papel que le toca jugar al gobierno, pero cada día se ha visto más claro que es muy difícil gobernar, que los factores de delincuencia, de violación de la ley, de poderes fácticos son tan fuertes que sin la colaboración de la sociedad, de partes importantes y organizadas de la sociedad, el gobierno no puede cumplir adecuadamente con la tarea que tiene propuesta.
Voy a poner un ejemplo de otro tipo. No hay país en donde se pueda mantener limpia una ciudad si no hay la colaboración de la cultura de la limpieza, de tirar los papeles donde corresponde, etcétera, por parte de la sociedad. Tiene que haber una formación de la conciencia cívica, tiene que haber un civismo actuante y también en materia de protección y de seguridad. Cada quien tiene que jugar su papel.
La ciudadanía tiene que coordinarse mejor con la autoridad, tiene que denunciarla, tiene que presionarla y ésta es una tarea que no ha hecho suficientemente. Eso es lo que yo diría.
Yo creo que efectivamente uno no debe jugar o sustituir…
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Es cierto, yo coincido básicamente, la sociedad tiene que estar presionando dentro de lo posible, no puede hacerlo de tiempo completo, no tiene la misma estructura de organización que pueda tener el gobierno y ni siquiera un partido político.
Y por eso pese a los números, decía Felipe Calderón, a la hora de firmar el acuerdo éste por la legalidad, decía: Tenemos que derrotar y vamos a derrotar al crimen organizado, ahí incluía al narcotráfico, porque somos muchos más.
No es cuestión de números, si no ya hubieran desaparecido desde cuando. Se calcula que en el narcotráfico en México están reclutados 500 mil de los cuales 300 mil son cultivadores, que son los más inofensivos, en todo caso. Los sicarios y demás serían como 200 mil con sus jerarquías. Nosotros somos como ciudadanos 70 millones.
No es cuestión de números, es cuestión de organización, es cuestión de inteligencia de quienes están armados; de tal manera que eso es totalmente absurdo, incluso haberlo dicho, es totalmente falso.
Pero aquí yo veo dos aspectos. La dificultad del gobierno para combatir la delincuencia de secuestros y demás, y la facilidad, pero la falta de voluntad, retomando lo que decía Leonardo Curzio, para castigar a los grandes corruptos que están a la mano y que en lugar de llamarlos a cuentas los invitas a firmar un acuerdo por la legalidad.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Yo creo que a la sociedad no le puedes pedir ni que sea ministerio público, ni que sea policía, ni que sea Ejército.
Pero lo que sí le puedes pedir es: Oiga, a la hora que lo sienten al lado de un delincuente confeso por lo menos indígnese.
En televisión una lidereza sindical le preguntaron cuánto dinero tenía, y se dio el lujo a las cámaras de televisión, así como estamos nosotros, yo no tengo por qué rendir cuentas de eso.
Es decir, en el momento en el cual se puede decir eso de la marcha de ayer, López Obrador, salió y dijo que había un sobreprecio en la compra de un buque de 500 y pico de millones de pesos.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: De dólares.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Dólares.
LORENZO MEYER: De dólares, de dólares.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Peor me lo ponen.
Es decir, esto puede pasar y que se diga, hombre, pues sí, mire, pasa de pronto. Ves las fotos en los periódicos y los delincuentes salen al lado de los líderes políticos y tú dices: Qué barbaridad, me debo indignar o debo ser una comparsa de todo este ejercicio de simulación.
Yo creo que la sociedad sí tiene que ir diciendo: Perdone, no todos somos iguales.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Claro.
LORENZO MEYER: El tema da para mucho más pero el tiempo se acabó.
Nos vemos en el siguiente segmento.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: En este tema del segundo bloque vamos a plantear una serie de reflexiones e informaciones sobre la sentencia que dictó la Suprema Corte en función de las dos acciones de inconstitucionalidad que había presentado, por una parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por otra parte la Procuraduría General de la República, respecto de la despenalización del aborto.
Esta despenalización se había planteado en la ley del Distrito Federal, como corresponde, por la Asamblea había sido aprobado con una votación muy amplia que tuvo sesenta y tantos votos a favor, ochenta y tantos votos a favor contra 19.
Y también se planteaba que se estaba atentando contra la vida, contra el derecho a la vida que está protegido en la Constitución.
Las argumentaciones formales, jurídicas de la Procuraduría y de la Comisión de Derechos Humanos era que en las constituciones está protegida el derecho a la vida, y que el Estado tiene que protegerlo, y una de las formas para protegerlo es penalizar a quien atenta contra la vida.
Por el otro lado está la idea de los católicos o de los católicos más ortodoxos, en el sentido de que la vida humana empieza cuando se fecunda un óvulo con un espermatozoide, y que desde ese momento el Estado tiene obligación de protegerla.
Esta es una discusión sumamente delicada que toca lo religioso, que toca las creencias, que toca la conciencia. Pero lo que la Corte resolvió, y es lo que a mí me interesaría plantear en un primer movimiento, es una acción de tipo jurídico.
La Corte fue invocada para que determinara si aquella ley del Distrito Federal es o no constitucional. Esto es lo que la Corte decidió, no es un asunto que entra al fondo del asunto, al asunto que estaba yo planteando de si se protege la vida o no se protege la vida. Es: la Corte decide que no hay un artículo expreso de la Constitución que obligue al Estado a proteger la vida humana desde la fecundación, por tanto da toda la carta de aceptación a la ley del Distrito Federal, que ocho ministros de once dijeron: No hay violación constitucional, esta ley es constitucional.
Yo creo que hay una decisión extra limitada de los ministros, sobre todo de los obispos, de algunos obispos muy declaradamente que está haciendo un escándalo un poco más grande de lo que corresponde, aún desde el punto de vista de la fe religiosa, eso me gustaría plantearlo en otro momento.
Pero creo que si se ciñeran a decir fue una resolución, que además tomaron varios ministros que son católicos, y que no entraron más que a juzgar si aquella ley es constitucional o no es constitucional, y consideraron que sí es constitucional. No es para hacer una señal de alarma.
Los obispos pueden seguir predicando que la vida hay que protegerla, hacer fundaciones para lograrlo, poner becas, poner estímulos. Hoy en la mañana la Presidenta del PAN en el Distrito Federal dice que va a lanzar una ley para proteger a todas las embarazadas para que puedan tener derechos y privilegios para dar a luz adecuadamente.
Todo ese tipo de cosas se pueden seguir haciendo, no son violatorias de la ley. En fin.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Yo creo que fue un aprendizaje republicano y me congratulo que el Estado laico funcione en este país, incluso entre las personas que públicamente han dicho profesan una religión. Una cosa es tener convicciones personales y otra cosa es ejercer tu función como servidor público.
Y veo que ha sido muy positivo para los que han seguido este debate, porque en la Asamblea Legislativa, una mayoría progresista de la Asamblea Legislativa en esta ciudad toma el asunto, hay presiones en las calles, presiones de la iglesia, presiones de distintos grupos diciendo que se está lindando con un asunto delicadísimo, y pesar de eso avanza la mayoría, la Procuraduría General y la Comisión de Derechos Humanos en contra de lo que su Consejo le dijo a Soberanes, interpusieron el recurso de inconstitucionalidad, lo cual fue muy útil para ver el asunto de los contrastes, y que la Suprema Corte ha dicho: Perdón, la Asamblea Legislativa tiene facultades para legislar sobre temas de salud.
Y una cosa es el Estado laico, o sea una cosa es la legislación sobre la vida de los hombres, y otra muy diferente son las convicciones religiosas de cada cual, yo creo que es un gran triunfo de la República, o sea del Estado laico y de los derechos de las mujeres en esta ciudad.
LORENZO MEYER: Dice Leonardo que se congratula de que funcione el Estado laico. Pues yo creo que el Estado no funciona, pero lo laico es lo que funciona. Sigo sin ver cómo funciona el Estado.
Yo también me congratulo de la decisión de la Corte. No esperaba que fuera tan contundente, había señales de que podía ser casi lindando, que no sabíamos por dónde iría la Corte al final. Realmente pasó con mucha holgura.
Ahora, aquí tiene razón Francisco José, vamos a ver que se va a sacar mucha tela y la decisión de la iglesia de insistir en la excomunión de las mujeres, no sólo de las mujeres, sino de los médicos que participen en eso, da muchísimo el recuerdo de otras épocas en donde también se excomulgaba a los que juraran la Constitución de 1857, y vaya que puso a un brete a una cantidad de buenos señores que estaban entre su trabajo en el gobierno, cuando no había trabajo, ni en el gobierno ni fuera del gobierno, porque estábamos hecho una desgracia, y tenían que llevar el dinero a su casa o ser excomulgados.
Al final la excomunión no funcionó en la Constitución del 57, y yo me sospecho que aquí tampoco.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Lo que pasa es que me parece que la iglesia no acaba de distinguir lo que es el Estado laico, desde luego no es algo que le convenga, pero pese a que llevamos ya varios años con un Estado laico, la iglesia no es solamente de que vaya en contra de él en muchas ocasiones, sino que no acaba de percibir que, por ejemplo, las funciones de la Suprema Corte están perfectamente delimitadas, no es entrar al terreno de la discusión teológica, filosófica, metafísica o religiosa, ni siquiera ética, sino estrictamente jurídica y constitucional.
En el caso de los legisladores sí podríamos decir que la función era otra, y que a la hora de legislar sí podrían incorporar elementos de este otro tipo, y no debería de sorprendernos en todo caso que en estados gobernados por el PAN y donde mayoritariamente los legisladores son panistas, que incluso está eso en sus principios partidarios y demás, pudieran decir: Estamos en contra del aborto, porque desde nuestra perspectiva y nuestra visión de las cosas se atenta contra un ser vivo en su concepción o desde la concepción, porque así lo creen ellos.
Yo creo que los legisladores sí pueden eventualmente incorporar este tipo de elementos, pero, por lo mismo, una ley que se da en el Distrito Federal, donde la mayoría no ve las cosas de esa forma, pues simplemente la Corte tenía que decir es o no constitucional.
Si se quisiera que cayera que en la inconstitucionalidad se tendría que cambiar la Constitución con la mayoría calificada, en donde expresamente se dijera en alguno de los artículos: La vida empieza desde la concepción. Ahí habría una influencia ya metafísica de la mayoría de legisladores, y entonces sí, por lo tanto, las leyes secundarias que contravengan esto son anticonstitucionales.
Ahora, una cosa más sobre la iglesia. Creo que tiene todo el derecho la iglesia desde su perspectiva de llamar a sus fieles y a sus feligreses a decir: Aunque sea legal no incurran en ello. Desde la perspectiva religiosa sí están incurriendo, por ejemplo, en pecado. Incluso el uso de la comunión, que sí le veo un poco la diferencia respecto de la Constitución del 57, que era un asunto totalmente civil.
Ahora, ellos sí pueden decir: A los católicos que, por lo tanto, crean en el dogma digamos de la vida, de la concepción misma atenten contra ello podemos aplicarles sanciones religiosas, y ya decidirá cada persona si lo hace o no.
Por ejemplo, las mujeres que sean católicas y digan: Sí quisiera o sí necesito el aborto por razones económicas, pero no quiero ser excomulgada o no quiero, en fin, pagar las penas eternas. Pues eso ya dejarlo a la conciencia individual, que de eso se trata esta ley.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Este asunto es un asunto ciertamente delicado. Va a seguirse discutiendo independientemente. Se discute no, planetariamente se discute. Ahora la nueva candidata a Vicepresidenta sostiene una posición contra la despenalización del aborto, contra el aborto…
LORENZO MEYER: Candidata a Vicepresidenta de los Estados Unidos, para decirles.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: La fórmula de McCain, de los republicanos.
Lo digo como una referencia a que esto va a seguirse discutiendo, sobre todo en cuanto al fondo, porque efectivamente lo que estamos, por lo menos todos los católicos de acuerdo, es en que hay que proteger la vida humana. ¿Pero cuándo empieza la vida humana? Esta es una discusión muy fuerte, porque tiene ingredientes científicos.
Hay quien dice que desde el momento mismo de la concepción, hay quien dice que a la décima semana; hay quien dice que a la doce semana, cuando está formándose ya el sistema nervioso y puede haber señales de que ahí hay un ser que va a tener conciencia, que va a pensar, que es lo que distingue a los seres humanos de la vida animal, porque no se está protegiendo con esta disposición la vida animal, si no tendríamos que cerrar los rastros y muchas otras muchas cosas.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Pero está muy bien que se discuta constructivamente. Uno, educación sexual. Dos, que efectivamente ninguna mujer tenga que llegar a la interrupción voluntaria del embarazo, porque puede parecer obvio, pero déjenme subrayar un punto, esta ley lo que hace es no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, ni promueve el aborto, ni obliga a nadie a abortar ni va en contra de su conciencia.
Simple y llanamente lo que dice es no se penaliza aquí una mujer por alguna razón, la que ella considere va a interrumpir voluntariamente.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Pero, Leonardo, es hasta las doce semanas.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Sí, hasta las doce semanas.
En un país católico como Portugal no se puede hasta las diez semanas, porque ahí privó la tesis científica o con evidencias de que llevan de que antes de diez semanas no había vida humana y después sí.
LORENZO MEYER: Esto tiene un montón de puntos que nos podríamos pasar horas en esto. Qué insistencia de la protección de la vida humana al momento de la concepción, etcétera, cuando la verdad es que se podría proteger a la vida humana ya más bien formadita cuando ya nacieron y cuando hay una enorme, enorme necesidad de proteger a la vida humana de mexicanos que ya están aquí, sobre todo en la niñez y no veo a la iglesia tomando esas medidas tan estrictas: Voy, voy a excomulgar a aquellos que estén atentando en contra del bienestar de los niños.
Hay mil cosas en donde la energía se podría poner a trabajar de una manera mucho más efectiva.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: De los pederastas, por ejemplo.
LORENZO MEYER: Esa es una.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Prostitución infantil, en fin.
LORENZO MEYER: Y la simple desprotección de los pobres.
¿Cómo los estamos educando a los niños? Proteger la vida de los niños es educarlos, y vaya que si estamos maleducando en muchos sentido.
Ahí debía de ir la energía, pero en fin, cada quien la pone donde Dios literalmente le da a entender.
Creo que nos tenemos que despedir en este segmento.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Volvemos, volvemos.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Regresamos.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: En este tercer bloque vamos a hablar de los lamentables hechos ocurridos en Yucatán. Doce personas decapitadas, y me permito poner sobre la mesa la forma en que la gobernadora de aquella entidad ha planteado el asunto.
Dice ella que empezó a recibir el gobierno amenazas hace algunos días, diciendo que quitaran los retenes; que había una serie de retenes que estaban obstruyendo el funcionamiento del crimen organizado. Y que le pedía efectivamente que lo hiciera, que lo retirara, si no se tenía que atener a las consecuencias.
Y las consecuencias era que se movilizaría a la sociedad quitándole a Yucatán esto de que es un estado tranquilo. Y por otro lado darían una noticia que tendría impacto en todo el mundo, y vaya que tuvo impacto en todo el mundo, los 12 decapitados han estado en todos los noticieros y en todos los periódicos del mundo por ser un crimen particularmente horrendo.
Pongo sobre la mesa dos consideraciones que me inquietan. Por un lado, la estructura de protección policíaca y política que hay en nuestro país. Es decir, un sector muy amplio de la delincuencia opera en nuestro país porque tiene acuerdos de algún tipo con autoridades del estado, de la Federación, del municipio, no lo sé, que les permite seguir haciendo sus negocios.
En el momento que los poderes del Estado se alineen para evitar que esos negocios se den, de pronto vienen estas represalias, lo cual nos deja ver efectivamente que hay una estructura de protección pasiva o activa. No lo sé si los políticos se beneficien o no de ellas.
Esto, por supuesto, me lleva a la segunda reflexión que conecta con el primer bloque que platicábamos en este programa de Primer Plano, y es que para llevar adelante una cruzada que efectivamente extirpe el problema de inseguridad que tenemos en este país se tiene que hacer una purificación, primero política y después policíaca de toda esa estructura de protección que permite que el crimen organizado exista, porque el crimen organizado no nada más es el Chapo Guzmán o los Zetas o el Cártel del Golfo. Es toda esta estructura que ahora se vio amenazada, e incluso golpeada porque no cumplió con su parte, según nos ha dicho la gobernadora de Yucatán, y ha quedado exhibido lamentablemente con doce cabezas de por medio.
LORENZO MEYER: Hay un título que se refiere a otra cosa, el “México bárbaro”, el título de un libro de principios del siglo XX en donde se criticaba la forma como el gobierno de Porfirio Díaz trataba a una de las partes más débiles de la sociedad mexicana.
Pero México bárbaro queda también para esto. En fin, eliminan a doce, lo de la decapitación ya nada les hace a los muertos, pero sí a los vivos. Es un mensaje, es un tipo de mensaje que en realidad tiene dos vertientes. Por un lado le está diciendo a la sociedad, a ésta, a la que marchó el sábado, a la que se está movilizando, etcétera: Miren, les mandamos sus decapitados como una respuesta a su marcha.
Pero la otra es sobre todas las autoridades, es un mensaje a ellas. Nos importa muy poco lo que ustedes estén haciendo y suscribiendo, etcétera, ahí les van los cuerpos decapitados, y además los vamos casi a desnudar ante el resto del mundo.
Esta fotografía de los cuerpos desnudos, decapitados y torturados apareció en la prensa internacional. Entonces ante el mundo se está haciendo, desde la parte criminal, alarde de su poder y de la ineficacia del Estado.
Es realmente un mensaje terriblemente brutal el que lanzaron desde Yucatán, sabiendo todas sus consecuencias. Lo hicieron porque se sienten fuertes, sino no tiene ninguna razón, no hay ninguna lógica que lo hayan hecho. Es simplemente porque están seguros de que no les va a pasar nada, de que lanzaron el guante y van a quedar impunes.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Pues yo creo que en este tema a mí que soy yucateco de nacimiento y yucagachs de realidad, porque he vivido la mayor parte de mis años en el Distrito Federal. Me toca muy de lleno, porque Yucatán efectivamente presumía y se presumía y se disfrutaba de una paz, de una tranquilidad para andar por las calles a altas horas de la noche sin ningún problema o con problemas menores. Era una sociedad pacífica, que ahora ha quedado alarmada, en primer lugar; erizada, muerta de miedo.
Y por otra parte, ha vuelto a surgir esta conseja o leyenda que circulaba de que en Yucatán no iba a pasar nada porque había un pacto para que vivieran las familias de los narcotraficantes, por un lado, respetadas, y el pequeño comercio que hubiera no fuera mayormente estorbado.
Esto tiene otro ingrediente, el jefe de Seguridad Pública del estado de Yucatán antes fue jefe de Seguridad Pública de Quintana Roo, y antes había sido del gobierno de Cervera Pacheco, miembro de la Policía, Director de la Policía, Jefe de la Policía. Es un señor Luis Felipe Ceiden.
Una de las mantas del que fue arrojado, no en la Hacienda Chichi de Suárez, sino en el pueblo de Buctzotz, que está a más de 100 kilómetros de Mérida, tenía leyendas en el sentido de que iba a ser afectado este policía Ceiden, este jefe de la Seguridad Pública porque no ha cumplido con el pacto.
Aquí lo más grave, subrayando lo que decía Leonardo, a mi juicio es este pacto que sale a flote entre autoridades y crimen organizado, que tiene un cierto nivel. Es decir, mientras tú no hagas esto, yo no haga esto. Pero ahora se está rompiendo, y por otra parte está surgiendo la responsabilidad enorme que han tenido los gobiernos que pactaron y que dejaron desarrollarse de esta manera tan brutal al crimen organizado.
Y esto no es de un día, no es de un sexenio, es de decenas de años, por lo menos de los últimos 20, 25 años en que se ha desenrollado tanto el crimen organizado en nuestro país.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Pero esto que dices de Yucatán en realidad se puede decir ya en los últimos años de otros muchos otros lugares y otras zonas del territorio. En Aguascalientes no pasaba antes nada, en Puebla hasta hace poco estaban diciendo que tampoco y ya han tenido algunos casos también de muertes vinculadas con el narcotráfico. Es decir, se está expandiendo, no solamente es más intensa la violencia, sino que también territorialmente ya no está dejando ningún rincón libre de esta violencia.
Yo, insisto, en que la estrategia no es la adecuada. Que esto es producto de un mal enfoque del problema, que es muy complejo el del narcotráfico, y hay dos indicadores de encuestas de cómo estaría percibiendo el público este asunto que parece que cada día se sale más del control por parte del gobierno.
Por un lado, en el Reforma la semana pasada sale una evaluación de distintas instituciones de la confianza y viene el Ejército. El Ejército que goza de mucha confianza en México tradicionalmente, pasa del 70 por ciento del año pasado al 63 por ciento en este año, en un año. Claro 63 por ciento sigue siendo bastante elevado, pero hay va a la baja.
A mí no se me ocurre ninguna otra cosa que pudiera estar mermando la confianza en el Ejército que su involucramiento directo en esta lucha contra el narcotráfico, porque por un lado vienen los excesos, las equivocaciones, los errores, el confundir a ciudadanos normales con sicarios en los retenes muchas veces; injusticias, violaciones a los derechos humanos, y también esta idea que va quedando que era parte del peligro que muchos especialistas señalaban de involucrar de lleno al Ejército en esta lucha, que es en la medida en que se ve que los otros siguen como si nada, es decir, los capos, son ellos los que no están dando tregua al gobierno, no el gobierno a ellos, porque Eduardo Medina Mora dijo: no les vamos a dar tregua.
Pues tengo la impresión de que son los capos los que no le están dando tregua al gobierno en sus distintos niveles.
Entonces queda la sensación de que el Ejército tampoco pudo. No que haya sido derrotado o que vaya a ser derrotado en términos de una rendición completa. Pero en la medida en que la violencia continúa e incluso se incrementa puede ir permeando la sensación de decir el Ejército no pudo. Y eso, desde luego, que le pega a su prestigio.
Y otro indicador que sale el día de hoy en el diario Reforma, en relación con la política de Calderón hacia el narcotráfico. El año pasado estaba quienes estaban de acuerdo y que estaban más o menos apoyando y respaldando esta estrategia en un 54 por ciento, ahora está en un 35 ó 36 por ciento. Es decir, también ha bajado. Lo cual nos lleva a pensar que este argumento también utilizado por la PGR de que si se incrementa la violencia es porque estamos ganando, aunque no parezca, pues no está resultando convincente ante la ciudadanía.
Cada vez hay más la percepción de que el incremento de la violencia y la baja de la seguridad pública derivada de ese problema en particular es por un fracaso de esta estrategia y no es un preludio de un triunfo o de éxitos que se puedan presumir en los años por venir.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Yo creo que ni el más optimista cree que esto es un preludio de éxito. Yo creo que el tema lo han explicado bien algunos teóricos. Yo escuchaba a Edgardo Buscaglia explicarlo con una gran precisión, dice: En cualquier guerra si tú presionas en un frente y no le golpeas al enemigo ni la parte económica ni la logística, el va a ubicarse en otra parte y va a golpear. Es decir, si tuviésemos que pensar, a ver el Ejército está golpeando en Sinaloa y en Michoacán, es normal que éstos se reagrupen en otras partes del país.
Mientras no rompas la estructura patrimonial de los cárteles. Desde que agarraron al chino no hemos vuelto a ver ningún decomiso importante en materia de dinero.
Ni tampoco rompas la estructura de protección política, que ésta es la parte durísima del sistema político mexicano.
Mientras no llames a los tres partidos y digan: A ver, todo mundo va a guardar a sus perros, y vamos a procesar a toda la estructura criminal que tengamos en todas las policías municipales, en todas las policías estatales y federales.
Vamos a empezar a procesar a todos, no diré exactamente al mismo tiempo, pero como parte del gran pacto político que se debió haber dado. Tú tienes el narcotráfico que de pronto se expande a Yucatán, pues por supuesto es una lógica de guerra simple, que lo que te hace es adonde se mueva la fuerza del Estado tú buscas otra parte.
Lo que va a haber es más violencia y te va a costar más dinero corromper a las autoridades.
Pero, insisto, si no le rompes ni la estructura patrimonial ni la parte logística o estructura de protección policíaca y política, es decir, el mensaje de Yucatán es: No nos cumplieron y por eso los decapitamos; no nos cumplieron, estamos en la misma.
Entonces tú puedes mandar al Ejército a cinco estados, si no rompes esa estructura se te va reproducir en los demás. Digo, me parece bastante obvio cuando lo veo así.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Sí, es una pena que este traslado a la península de Yucatán, ahora esté pegando muy fuerte en el estado de Yucatán.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: ¿Y tú qué harías si fueras narco y te están pegando en Sinaloa? Buscar otro lado donde plantarte.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Voy a explicar un poquito esto, rapidísimo. Donde el narcotráfico realmente tiene fuerza y mercado importante es en Cancún y en donde hay una compra enorme. En Yucatán no tanto.
Pero entonces ahora lo que están haciendo es hacer un nuevo reto en un estado donde se veía que había una gran tranquilidad para decir: Nadie se salva aquí, o están conmigo o están contra mí.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Y si te persiguen en Michoacán te pasas a Aguascalientes y ahí te ayudan, ahí te quedas.
LORENZO MEYER: Y si lo quieren llevar ya más lejos, el Financial Times del día de ayer, en su revista semanal abre con un artículo de un antiguo policía egresado sociólogo, egresado de Harvard, que se metió a ser policía varios años y ahora regresa al mundo académico en Estados Unidos, y señala que sus años como policía, éste y ahora doctor en Sociología, dice: No vi que le hubiéramos hecho ninguna mella al narcotráfico en el distrito donde yo estaba.
Quiere decir que si en el país central del narcotráfico la policía no hace nada, confesión de un policía que estaba en la parte más baja. Entonces quién. Es una pregunta.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Pero se nos terminó este bloque. Tendremos que regresar al siguiente.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Regresamos.
TERMINA TERCER BLOQUE.
INICIA BLOQUE CUATRO
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Hoy es primero de septiembre, día del Informe Presidencial, pero estamos estrenando un formato. Un formato que ya desde varios años atrás se decía que tenía que cambiar, porque en realidad desde 1988 la fiesta del Presidente, el gran boato, el besa manos, los aplausos interminables se acabaron y empezó la otra lógica, la contraria, la de la confrontación, la de las interpelaciones, la de los abucheos.
Se continuó, se ha ido deteriorando cada vez más y ya no se le encontraba sentido a que fuera el Presidente a no dejarlo pasar o a permitir que pasara pero para abuchearlo y para expresar todos los descontentos de manera, digamos, poco civilizada.
Y finalmente ya terminaron por separar este informe donde solamente se entrega al Congreso, que es algo que Benito Juárez quería hacer y que propuso una reforma en ese sentido. Tampoco le gustaba mucho la idea de ir a confrontar a los diputados, porque tampoco los tenía a todos con él, era un gobierno dividido. Pero el caso es que ya se logró finalmente.
Y se presenta, y yo creo que efectivamente no tenía sentido tener el antiguo informe. Pero éste también quedó como muy separado y es una mera formalidad en el sentido de que no estamos en un sistema parlamentario en donde sí se discute, en donde el Primer Ministro o Jefe de Gobierno presenta sus logros y allí debaten de igual a igual, porque el Jefe de Gobierno siendo un parlamentario es un primus interpares, no hay esa distancia que hay en los sistemas presidenciales entre el Jefe del Ejecutivo y todos los demás funcionarios, o en este caso los legisladores.
Pero como no estamos en un sistema parlamentario, esto se decidió simplemente que se presente el informe. Y eventualmente se dice, cosa que no creo que vaya a ocurrir, se podría invitar o demandar la comparecencia del Jefe de Gobierno para discutir algunos puntos en particular del Informe.
Así está planteado, no creo que vaya a ocurrir en la práctica.
LORENZO MEYER: No, no creo que vaya a ocurrir en la práctica. Y realmente hay algo que denota la fatiga.
Al público mexicano le importa un pepino el Informe Presidencial, pero es por las malas razones ahora que estamos en esta situación.
Veo a los Estados Unidos, como siempre andamos volteando allá. No es un régimen parlamentario, un sistema parlamentario, pero el Presidente sí tiene cierto sentido el informe. No los rollos que se echaban aquí impresionantes en la época de Adolfo Ruiz Cortines, aquello era realmente para dormirse.
Pero un buen informe con un mensaje político, y luego en caso de que sea demócrata en Estados Unidos quien lo da, los republicanos contestan después, teniendo ya la materia en la mano responden por los medios televisivos, y sí tiene sentido.
Esto de ahora, dice Gustavo Madero, es un avance del republicanismo. Bueno, pues está tratando de hacer de una necesidad una virtud. Eso no es una virtud. A mí me da la impresión de que es como un paso más en algo que se está deshaciendo; hay algo del poder que está volatilizándose y que no me da la impresión de que hayamos encontrado la mejor fórmula.
La otra era mala, ésta de ahora me parece como light, una cosa que ni fu ni fa.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Yo creo que eso es una solución, efectivamente a medias, es una solución tibia, pero no es una mala resolución.
Finalmente se tomaron algunos elementos de los regímenes parlamentarios, por ejemplo, el de las preguntas.
El Presidente envía por escrito, como dice ahora la Constitución, debo aclarar que la Constitución fue aprobada en esta reforma del nuevo formato, el día 15 de agosto, o sea hace 15 días. De tal manera que no hubo tiempo para corregir la ley orgánica del Congreso donde se establecen ya más detalles de cómo debe procesarse esto.
Y vamos a tener un primer asunto un poco raro, contrapuesto, no muy bien hilvanado en lo que está pasando hoy, porque está cumpliéndose lo que dice la Ley Orgánica, de que participan todos los grupos parlamentarios al principio, luego va a participar el Presidente del Congreso, pero no para responder nada, porque el Congreso lo que tiene ahora son facultades buenas, creo yo, de poder citar y con obligación de asistir, a los Secretarios. Ésta es una buena medida.
Segunda buena medida. Tienen que producirse con verdad, pero si los encuentran en alguna mentira pueden tener responsabilidades. No quiero decir que sea muy fácil fijarlas, pero ahí está una amenaza de decir: Usted diga lo que tiene que decir pero que sea correcto, que lo pueda usted comprobar. Si le comprobamos que es falso lo vamos a meter en un lío.
Es una especie de voto de censura pero muy magro y muy indicativo, no obligatorio; porque lo acusa el Senado o la Cámara de Diputados al ministro que mintió o que faltó a la verdad o que fue omiso, etcétera.
Y el Presidente toma nota de que ese Secretario no está cumpliendo adecuadamente. Es una especie de voto de censura sin sanción.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: De especie, ¿no?
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Por eso digo, por eso digo que es una especie de voto de censura sin sanción.
Hay otras medidas que creo que son positivas. Estar analizando el Informe y rebatiéndolo con preguntas que se formulan con anticipación, está tomada de los famosos question periods de Inglaterra, Canadá, en fin; donde, pero eso se hace en cada mes o cada dos meses con una Cámara y con otra y va todo el Gabinete, encabezado por el Primer Ministro y le responden a los diputados en breves tiempos de 45 minutos pero mes a mes, no una vez al año y con preguntas que se mandan por escrito, sino que ahí mismo se las formulan.
Entonces están tomando a medio camino, otra vez, algunas cosas del régimen parlamentario muy matizadas, muy rebajadas, que espero resulten mejor que lo que hemos tenido en los últimos 19 años, que era una agarrada de trenzas y un jaloneo y rasguño.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Por lo menos no habrá borlote, pero es una no solución. Es decir, es una forma de decir: Mire, como no vamos a arreglar nada porque hay una mezcla de molestia política, de autismo entre los dos poderes del Estado y de protagonismo de otros sectores, que decían; Miren, mejor que no venga, entregue el documento, total no lo va a leer nadie, la glosa del informe ya la haremos como Dios nos da a entender y cada quien sigue por la vía que quiera.
Yo creo que es lamentable y denota la estrechez de nuestra clase política no haber encontrado un diálogo eficiente entre dos poderes del Estado que es la esencia del republicanismo. La democracia si algo significa, es que se puedan elegir efectivamente cargos como diputados y Presidente y que haya una división de poderes, de tal manera que los abusos que cometa un poder puedan ser controlados por otro…
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: Contrapeso.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: Contrapeso.
En este caso lo que hay son dos poderes que tienen legitimidades diferentes y cada quien camina por su lado. Y puede suceder que en toda la legislatura no se vean.
Yo creo que eso es una pésima señal porque en vez de abonar a un diálogo medianamente republicano, hombre, hubiera sido tan sencillo como que dieran su brazo a torcer.
Es decir, a ver el señor Presidente con todos los honores de Jefe de Estado se va a sentar y va a escuchar los posicionamientos de las fracciones parlamentarias, después de que diga lo que tenga que decir. Yo creo que eso no le quita ni un milímetro a la dignidad del Jefe de Estado. Ni eso logramos, ni eso logramos.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Pero el Presidente Calderón había dicho que él estaba dispuesto a ir y a contestar las preguntas; pero no fue posible porque no hubo suficientes votos para aprobar eso.
LEONARDO CURZIO GUTIÉRREZ: …la clase política en general. Ni eso pudimos resolver.
JOSÉ ANTONIO CRESPO MENDOZA: El caso es que sin defender el formato anterior, porque efectivamente ya estaba totalmente viciado, el actual puede leerse, un poco lo que dice Lorenzo Meyer, como símbolo de la ausencia de diálogo entre los dos poderes.
Es decir, en donde se sabe que estando diferenciados sí tienen que estar interactuando, sí tienen que estar contrapesándose.
Entonces digamos que ante el agotamiento del antiguo formato la mejor solución que se encontró, por lo pronto, es probable que más adelante se empiece a pensar en algo más constructivo, digan: Olvidémonos simplemente de…
LORENZO MEYER: Pero fíjate que es algo más que la ausencia de diálogo, es la ausencia de proyecto. Pareciera que no hay un proyecto de nadie, es administrar el día a día y esos momentos simbólicos en donde, insisto, en Estados Unidos el Presidente sí tiene sentido, sí dice algo interesante en breve tiempo, significativo para sus ciudadanos. Aquí no hay nada.
FRANCISCO PAOLI BOLIO: Yo quisiera tomar estos últimos segundos que nos quedan, para mandar nuestro más sentido pésame a la familia de Gilberto Rincón Gallardo, un luchador importante social en nuestro país, que tuvo muchas batallas, que sufrió muchas prisiones y que impulsó muchas obras importantes, sobre todo para mejorar la igualdad, para combatir la discapacidad o apoyar a los que tienen capacidades diferentes. Y esto es un duelo que se presenta en nuestro país.
Y aprovecho la ocasión para que otro amigo fallecido, otro luchador social, mucho menos conocido, Alfredo Gutiérrez, profesor sociólogo de la Iberoamericana, que también falleció el fin de semana, mandar un pésame a su familia.
Muchas gracias, por su atención y buenas noches.
FIN DEL PROGRAMA.
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