AGENDA CIUDADANA
"Hace mucho que no nos visita un presidente norteamericano fuera de serie. Lástima que hoy las razones y condiciones no sean las mejores"
Lorenzo Meyer
El inesperado anuncio de que el nuevo presidente norteamericano, Barack Obama, ocupado como está en resolver la enorme crisis de su economía, se dará tiempo para visitar a nuestro país el mes próximo debería ser, en principio, una buena noticia, por la alta calidad del personaje y de su proyecto de Gobierno. Sin embargo, el motivo de fondo de esa cortesía no es otro que tratar de hacer frente a los efectos de la mala calidad del actual tiempo mexicano.
La economía mexicana no sólo está en una situación tan problemática como la norteamericana -desde 1983 su crecimiento real promedio es cercano a cero-, sino que la fuerza del crimen organizado mexicano ha crecido de tal manera que ha sobresaltado a las autoridades norteamericanas, pues la inseguridad en México es percibida en Estados Unidos como un problema que afecta a su propia seguridad. Es por eso que la visita de Obama y sus colaboradores -la secretaria de Estado, la secretaria de Seguridad Interna, el procurador general- tiene poco qué ver con cortesías y mucho con alarma.
Las visitas de presidentes norteamericanos a México se iniciaron con la muy breve de William Howard Taft a Porfirio Díaz en Ciudad Juárez en 1908. Poco sabemos de la parte medular de la reunión de esos mandatarios, pero todo indica que la forma fue la sustancia pues no había entonces grandes problemas entre los dos países. Pasarían 35 años antes de la siguiente visita que hasta ahora ha sido la mejor por la calidad del visitante y del ambiente político en que tuvo lugar.
La reunión Manuel Ávila Camacho-Franklin Roosevelt en abril de 1943, en Monterrey, se dio cuando el mundo estaba inmerso en el gran drama de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, la política de "Buena Vecindad" enunciada por Roosevelt para América Latina llevaba ya diez años y había dado frutos muy positivos, especialmente el compromiso de Washington de guiarse por el "principio de no-intervención" en su relación con Latinoamérica. Este principio, centro de la política exterior de México, fue puesto a prueba con éxito cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó los intereses petroleros norteamericanos en 1938. Por otra parte, los dos planes sexenales que habían dado sentido a la acción del Gobierno mexicano a partir de 1934 habían sido equiparados por los propios funcionarios norteamericanos al "Nuevo Trato" de Roosevelt, con lo cual los proyectos nacionales de México y Estados Unidos parecieron convergir como nunca antes o después.
Para 1943 México y Estados Unidos, por primera y única vez, habían forjado una asociación formal y efectiva de carácter económico, militar, laboral e ideológica contra un enemigo común -la Alemania nacional-socialista y sus aliados- y México esperaba que esa alianza se mantuviera cuando volviera la paz. Y es que México asumió que la visita de Roosevelt había puesto el sello de una "relación especial" entre los vecinos y que se mantendría en el futuro. Ese optimismo mexicano no sobreviviría a la muerte de Roosevelt.
A partir de la visita de Harry S. Truman a Miguel Alemán en la Ciudad de México en 1947, las visitas mutuas de los presidentes mexicano y norteamericano se convirtieron en rutina. En más de una ocasión, ese encuentro se regateó para presionar a México, como fue el caso de un Ike Eisenhower, molesto con un Ruiz Cortines que por un tiempo osó mostrarse partidario de limitar la inversión externa y renuente a dar su apoyo a la política norteamericana en contra de los gobiernos reformistas de Guatemala que, a ojos de Washington, eran inaceptablemente izquierdistas (véase sobre el tema el memorándum de Holland a secretario de Estado, del 4 de enero de 1955).
Posiblemente la única visita de un mandatario norteamericano que despertó genuino interés entre el público mexicano fue la de John F. Kennedy y su esposa en 1962; y esa fascinación se debió más al atractivo mediático de la pareja y a su catolicismo que a razones políticas de fondo.
El presidente norteamericano que nos visitará el mes entrante es ya un personaje fuera de serie y que debería ser objeto de un genuino recibimiento popular, aunque está por verse si el humor del público y las autoridades mexicanas lo propician.
Obama simboliza, en primer lugar, una gran victoria sobre la cultura racista que históricamente ha dominado a Estados Unidos y que ha tenido efectos muy negativos no sólo para los afroamericanos sino también para los mexicanos y mexicano-americanos en Estados Unidos. Políticamente, el actual presidente de ese país es portador de valores políticos que se echan de menos en México. Su campaña primero y sus acciones después, enfatizan su voluntad de sustituir al Estado neoliberal por uno que asuma como responsabilidad directa e irrenunciable el dar forma a una estructura social menos inequitativa, que provea de asistencia médica a todos los ciudadanos, que imparta una educación pública de calidad y que defienda con efectividad al medio ambiente.
En la práctica, Obama parece dispuesto a ir con todo el poder del Estado para intervenir y reformar una economía que está en crisis por haber dejado durante decenios las grandes decisiones a la supuesta "mano invisible del mercado", pero que, en realidad, fue la excusa de la clase política para facilitar la acumulación desaforada e irresponsable de ganancias privadas en pocas manos y a costa del interés de la mayoría.
El presidente Obama es portador del espíritu que animó hace más de setenta años a Franklin D. Roosevelt y a su "Nuevo Trato para el Pueblo Norteamericano". Sin embargo, Obama no viene a subrayar una hipotética identificación de su política de cambio con la dominante en nuestro país. El mandatario norteamericano no tuvo dificultad en encontrar coincidencias de visión política con el presidente Lula de Brasil, pero no tiene posibilidades de hacer lo mismo con el de México. En el contexto norteamericano, Obama se sitúa en el centro izquierda en tanto que Felipe Calderón -quien durante la campaña electoral en Estados Unidos mostró su preferencia por el adversario de Obama, John McCain- está perfectamente ubicado en la derecha del espectro político. En fin, que los valores, proyectos y estilos de ambos son diferentes, casi antitéticos.
Obama viene a México impulsado por la conciencia de que Estados Unidos no puede soslayar por más tiempo que el país vecino del sur está sometido a los efectos de una crisis múltiple -económica, social y de seguridad- que pone en peligro su estabilidad. Y en Washington se sabe que esa estabilidad es parte de la propia seguridad norteamericana. Apoyar a México en contra del crimen organizado es, por tanto, actuar también en defensa del interés norteamericano. Además y finalmente, si las instituciones mexicanas de seguridad y procuración de justicia están hoy en una situación tan comprometida, se debe en buena medida a que el crimen organizado al sur del Bravo obtiene sus recursos económicos principalmente de sus transacciones en el enorme mercado de drogas que se ha desarrollado al norte de ese río y que se abastece de armas en las armerías que operan casi sin control en el lado norteamericano de la frontera. Si hay un área en donde Estados Unidos es corresponsable directo de los problemas mexicanos, es en el área del narcotráfico y hace ya tiempo que se requería ahí de una acción conjunta y efectiva.
Hoy pareciera que es real la voluntad de los funcionarios norteamericanos de atacar a los cárteles mexicanos que ya tienen bases en 230 ciudades norteamericanas -hace tres años eran apenas cien-, al menos eso se puede inferir del comunicado emitido por la Casa Blanca el día 24 tras una comparecencia ante la prensa de la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano y de dos funcionarios del Departamento de Estado y la Procuraduría General. El documento propone una política que incluya todos los elementos del complejo problema de narcotráfico: intercepción, "lavado" de dinero, tráfico de armas, consumo. Sin embargo, si tras cien años de lucha internacional contra las drogas no se ha logrado erradicar el mal ¿podrán México y Estados Unidos encontrar ahora la solución? Probablemente no. En el mejor de los casos quizá logren frenar la expansión del crimen organizado mexicano, pero mientras no den solución al consumo no habrá respuesta efectiva.
En fin, esperemos que en el futuro y en condiciones más propicias podamos recibir al presidente Obama y abordar con él ya no una crisis de seguridad sino su gran proyecto para dar forma a un nuevo tipo de sociedades nacionales más equitativas y a relaciones internacionales más justas.
jueves, 26 de marzo de 2009
domingo, 15 de marzo de 2009
En torno a las historias oficiales
Contra la historia oficial
Por: LORENZO MEYER
AGENDA CIUDADANA
"Todo historiador toma partido, pero algunos lo hacen más que otros"
Cualquier libro de historia puede ser un arma política disfrazada.
Las estructuras de poder tienden a elaborar un discurso sobre el pasado que les sirva para justificar su presente. Esta necesidad de echar mano del pasado, real o imaginado, para respaldar su presente y sus intereses, es válida tanto para estados, iglesias, partidos, empresas e incluso cárteles de la droga. Obviamente, el nivel del discurso es muy diferente: los primeros disponen de las historias oficiales y los narcos apenas de corridos. Sin embargo, lo que une a todas esas organizaciones es la necesidad de darse a sí mismos y a los otros una visión del pasado que le dé legitimidad y razón de ser de cara al futuro. Desde luego, los adversarios también pueden echar mano de la historia crítica para elaborar un pasado que condene al presente y a sus beneficiarios.
¿Para qué sirve una obra de historia? ¿Para qué hacer el esfuerzo por recrear lo sucedido hace años, siglos o milenios? En el caso de la civilización occidental el debate en torno al tema data, por lo menos, de Herodoto de Halicarnaso, (484-418 a. C.) y su lucha contra el olvido. Aquí en México, la pregunta llevó a la publicación de Historia ¿para qué?, un libro de ensayos de Carlos Pereira et al (México: Siglo XXI, 1980). Ahí, Luis Villoro desarrolló una respuesta a varios niveles. En el más profundo, siguió a Herodoto: "La historia ofrece a cada individuo la posibilidad de trascender su vida personal en la vida de un grupo
A un nivel más práctico, Villoro afirmó, "la historia responde al interés de conocer nuestra situación presente" y, por tanto, es ahí donde entran los intereses del historiador, pues es su posición frente al presente lo que le lleva a optar por ciertos datos y no por otros. Como respuesta al presente, la historia tiene dos objetivos: conocer y explicar la realidad para actuar sobre ella y justificar la situación y proyectos de actores e intereses específicos. Así, en el caso mexicano, los primeros cronistas escribieron para justificar la conquista, los misioneros para justificar la evangelización y a partir de la independencia las corrientes políticas en pugna han elaborado varias historias para explicar y justificar su posición en la lucha por el poder.
El primer régimen mexicano con suficiente estabilidad para elaborar y difundir una visión del pasado que apuntalara su derecho a gobernar, fue el liberal de la segunda mitad del siglo XIX; en obras como las de Vicente Rivapalacio o Justo Sierra se expuso el valor del triunfo sobre los conservadores y lo noble del proyecto modernizador. En el siglo XX, el régimen de la Revolución Mexicana y el de la posrevolución hicieron lo mismo con mayor vigor: la suya fue una victoria sobre la injusticia social de siglos. En este último caso, la "historia oficial" realmente caló en la cultura cívica gracias a la expansión del sistema de educación pública, al largo período de dominio autoritario sobre el Estado y, finalmente, a la existencia de los millones de ejemplares de libros de texto que en las aulas diseminaban las explicaciones sobre "la raíz y razón" del régimen del PNR-PRM-PRI.
La derrota del PRI ya empieza a reflejarse en la construcción de un nuevo canon, de una versión diferente de la historia. Un ejemplo es la obra de Macario Schettino, Cien años de confusión: México en el siglo XX, (México: Taurus, 2007), donde la Revolución simplemente es negada como tal. Una obra que ya puede calificarse de nueva historia oficial es el libro editado por Pablo Serrano, Ministros y secretarios de Gobernación. Dos siglos de política interior en México, (México: Secretaría de Gobernación, 2008) elaborado en el INEHRM y que contrasta muy favorablemente en materia de capacidad y devoción a su deber a tres de los cuatro secretarios de Gobernación panistas (la excepción es Santiago Creel) de cara al casi medio centenar que les antecedió, personajes surgidos de la Revolución y posrevolución. Sin embargo, por sobre todos destaca Juan Camilo Mouriño, (pp. 436-439), a cuya semblanza se añade la elegía que le dedicó Felipe Calderón en su ceremonia fúnebre, (pp. 440-446). Ahora bien, este esfuerzo panista por elaborar una nueva visión histórica de México tiene antes sí una enorme tarea: desmontar casi un siglo de historia priista y hacerlo justo cuando el PRI se prepara para intentar su regreso.
José Antonio Crespo acaba de publicar en Contra la historia oficial. Episodios de la vida nacional: desde la conquista hasta la revolución, (México: Random House, 2009). Se trata de un alegato a favor de una visión crítica del pasado; una que refleje y refuerce la madurez cívica de los mexicanos. El autor predica con el ejemplo, pues en los "episodios de la vida nacional" revisa pasajes de nuestra historia política y muestra fallas de fondo en la interpretación histórica dominante -desde la aceptación selectiva del canibalismo por Cortés a la ambigüedad de Juárez como defensor de la soberanía mexicana.
Para Crespo, es urgente que en México se abandone definitivamente la complacencia con la historia oficial y se avance en el desarrollo de otra, de una historia crítica que desmonte los mitos en que se basó la prolongada legitimación del autoritarismo. Hasta hoy, esa historia oficial ha servido para socializar, y muy bien, a la niñez mexicana en valores antidemocráticos. Sin una revisión de fondo, la historia seguirá siendo un obstáculo para el logro del tan deseado y aún distante, cambio democrático.
Crespo resume en siete puntos su condena a la historia política oficial del priismo: es falso que la Revolución Mexicana haya desmontado la injusta y pesada herencia social virreinal, pues ésta sigue vigente; todas las formas violentas de cambio político han terminado por ser un reciclaje del autoritarismo; ni el mejor paternalismo caudillista es sustituto a la vigilancia institucional, a los pesos y contrapesos de la democracia; no hay ejemplo de un gobernante "plenamente confiable", pues en ausencia de controles democráticos, en algún momento todos han abusado de su poder; cualquier explicación de la persistencia histórica de la desigualdad social mexicana pasa por la ausencia de democracia política; con altas y bajas, la clase dirigente mexicana siempre ha terminado por plegarse a las demandas de la gran potencia vecina del norte; finalmente, un nacionalismo y antiimperialismo bien entendidos son compatibles con un reconocimiento de los valores democráticos del sistema político norteamericano.
Crespo argumenta en contra de continuar dando un lugar privilegiado a las rebeliones como instrumentos privilegiados del cambio, tal y como lo hizo la historia del viejo régimen. Sin embargo, esa visión es justamente la que el país va a confirmar el año próximo al celebrar el bicentenario y centenario del inicio de la Independencia y de la Revolución. Es comprensible que el Gobierno panista haya puesto poco interés en los preparativos para conmemorar estas fechas pues a la derecha nunca le ha gustado el cambio violento y popular y, además, no ha encontrado una alternativa legítima conque sustituir a la rebelión en el imaginario colectivo. Y es que en materia de justicia, eficiencia y crecimiento económico, los resultados concretos del "cambio pacífico" supuestamente iniciado entre 1997 y 2000 no compiten con las propuestas que encarnaron Morelos o Zapata.
Es verdad que la violencia ha dado frutos magros en México, pero lo mismo puede decirse de los cambios pacíficos hasta ahora experimentados. Es por eso que la legitimidad de los estallidos de 1810 y 1910 no se ha perdido. Además, la innegable brutalidad y destrucción de la Independencia y de la Revolución fue precedida por esfuerzos de cambio pacífico que fueron frustrados por los intereses creados. Así, la violencia de insurgentes y revolucionarios aún tiene como justificación la inflexibilidad, cortedad de miras, egoísmo y corrupción de las élites. Y esto ni siquiera es historia vieja: sin el levantamiento neozapatista de 1994, no se hubiera dado el tipo de elecciones que tuvieron lugar en 1997 y que sirvieron para desmontar el presidencialismo priista. En 2006 en Oaxaca se tuvo un ejemplo de imposibilidad de cambio por vía de la movilización pacífica primero y por la violencia después ¿Cuál es la salida?
Para que la interpretación histórica deje de privilegiar a la violencia como instrumento de cambio, primero la realidad debe demostrar que la transformación pacífica sustantiva es viable en México. Y eso aún está por verse.
Por: LORENZO MEYER
AGENDA CIUDADANA
"Todo historiador toma partido, pero algunos lo hacen más que otros"
Cualquier libro de historia puede ser un arma política disfrazada.
Las estructuras de poder tienden a elaborar un discurso sobre el pasado que les sirva para justificar su presente. Esta necesidad de echar mano del pasado, real o imaginado, para respaldar su presente y sus intereses, es válida tanto para estados, iglesias, partidos, empresas e incluso cárteles de la droga. Obviamente, el nivel del discurso es muy diferente: los primeros disponen de las historias oficiales y los narcos apenas de corridos. Sin embargo, lo que une a todas esas organizaciones es la necesidad de darse a sí mismos y a los otros una visión del pasado que le dé legitimidad y razón de ser de cara al futuro. Desde luego, los adversarios también pueden echar mano de la historia crítica para elaborar un pasado que condene al presente y a sus beneficiarios.
¿Para qué sirve una obra de historia? ¿Para qué hacer el esfuerzo por recrear lo sucedido hace años, siglos o milenios? En el caso de la civilización occidental el debate en torno al tema data, por lo menos, de Herodoto de Halicarnaso, (484-418 a. C.) y su lucha contra el olvido. Aquí en México, la pregunta llevó a la publicación de Historia ¿para qué?, un libro de ensayos de Carlos Pereira et al (México: Siglo XXI, 1980). Ahí, Luis Villoro desarrolló una respuesta a varios niveles. En el más profundo, siguió a Herodoto: "La historia ofrece a cada individuo la posibilidad de trascender su vida personal en la vida de un grupo
A un nivel más práctico, Villoro afirmó, "la historia responde al interés de conocer nuestra situación presente" y, por tanto, es ahí donde entran los intereses del historiador, pues es su posición frente al presente lo que le lleva a optar por ciertos datos y no por otros. Como respuesta al presente, la historia tiene dos objetivos: conocer y explicar la realidad para actuar sobre ella y justificar la situación y proyectos de actores e intereses específicos. Así, en el caso mexicano, los primeros cronistas escribieron para justificar la conquista, los misioneros para justificar la evangelización y a partir de la independencia las corrientes políticas en pugna han elaborado varias historias para explicar y justificar su posición en la lucha por el poder.
El primer régimen mexicano con suficiente estabilidad para elaborar y difundir una visión del pasado que apuntalara su derecho a gobernar, fue el liberal de la segunda mitad del siglo XIX; en obras como las de Vicente Rivapalacio o Justo Sierra se expuso el valor del triunfo sobre los conservadores y lo noble del proyecto modernizador. En el siglo XX, el régimen de la Revolución Mexicana y el de la posrevolución hicieron lo mismo con mayor vigor: la suya fue una victoria sobre la injusticia social de siglos. En este último caso, la "historia oficial" realmente caló en la cultura cívica gracias a la expansión del sistema de educación pública, al largo período de dominio autoritario sobre el Estado y, finalmente, a la existencia de los millones de ejemplares de libros de texto que en las aulas diseminaban las explicaciones sobre "la raíz y razón" del régimen del PNR-PRM-PRI.
La derrota del PRI ya empieza a reflejarse en la construcción de un nuevo canon, de una versión diferente de la historia. Un ejemplo es la obra de Macario Schettino, Cien años de confusión: México en el siglo XX, (México: Taurus, 2007), donde la Revolución simplemente es negada como tal. Una obra que ya puede calificarse de nueva historia oficial es el libro editado por Pablo Serrano, Ministros y secretarios de Gobernación. Dos siglos de política interior en México, (México: Secretaría de Gobernación, 2008) elaborado en el INEHRM y que contrasta muy favorablemente en materia de capacidad y devoción a su deber a tres de los cuatro secretarios de Gobernación panistas (la excepción es Santiago Creel) de cara al casi medio centenar que les antecedió, personajes surgidos de la Revolución y posrevolución. Sin embargo, por sobre todos destaca Juan Camilo Mouriño, (pp. 436-439), a cuya semblanza se añade la elegía que le dedicó Felipe Calderón en su ceremonia fúnebre, (pp. 440-446). Ahora bien, este esfuerzo panista por elaborar una nueva visión histórica de México tiene antes sí una enorme tarea: desmontar casi un siglo de historia priista y hacerlo justo cuando el PRI se prepara para intentar su regreso.
José Antonio Crespo acaba de publicar en Contra la historia oficial. Episodios de la vida nacional: desde la conquista hasta la revolución, (México: Random House, 2009). Se trata de un alegato a favor de una visión crítica del pasado; una que refleje y refuerce la madurez cívica de los mexicanos. El autor predica con el ejemplo, pues en los "episodios de la vida nacional" revisa pasajes de nuestra historia política y muestra fallas de fondo en la interpretación histórica dominante -desde la aceptación selectiva del canibalismo por Cortés a la ambigüedad de Juárez como defensor de la soberanía mexicana.
Para Crespo, es urgente que en México se abandone definitivamente la complacencia con la historia oficial y se avance en el desarrollo de otra, de una historia crítica que desmonte los mitos en que se basó la prolongada legitimación del autoritarismo. Hasta hoy, esa historia oficial ha servido para socializar, y muy bien, a la niñez mexicana en valores antidemocráticos. Sin una revisión de fondo, la historia seguirá siendo un obstáculo para el logro del tan deseado y aún distante, cambio democrático.
Crespo resume en siete puntos su condena a la historia política oficial del priismo: es falso que la Revolución Mexicana haya desmontado la injusta y pesada herencia social virreinal, pues ésta sigue vigente; todas las formas violentas de cambio político han terminado por ser un reciclaje del autoritarismo; ni el mejor paternalismo caudillista es sustituto a la vigilancia institucional, a los pesos y contrapesos de la democracia; no hay ejemplo de un gobernante "plenamente confiable", pues en ausencia de controles democráticos, en algún momento todos han abusado de su poder; cualquier explicación de la persistencia histórica de la desigualdad social mexicana pasa por la ausencia de democracia política; con altas y bajas, la clase dirigente mexicana siempre ha terminado por plegarse a las demandas de la gran potencia vecina del norte; finalmente, un nacionalismo y antiimperialismo bien entendidos son compatibles con un reconocimiento de los valores democráticos del sistema político norteamericano.
Crespo argumenta en contra de continuar dando un lugar privilegiado a las rebeliones como instrumentos privilegiados del cambio, tal y como lo hizo la historia del viejo régimen. Sin embargo, esa visión es justamente la que el país va a confirmar el año próximo al celebrar el bicentenario y centenario del inicio de la Independencia y de la Revolución. Es comprensible que el Gobierno panista haya puesto poco interés en los preparativos para conmemorar estas fechas pues a la derecha nunca le ha gustado el cambio violento y popular y, además, no ha encontrado una alternativa legítima conque sustituir a la rebelión en el imaginario colectivo. Y es que en materia de justicia, eficiencia y crecimiento económico, los resultados concretos del "cambio pacífico" supuestamente iniciado entre 1997 y 2000 no compiten con las propuestas que encarnaron Morelos o Zapata.
Es verdad que la violencia ha dado frutos magros en México, pero lo mismo puede decirse de los cambios pacíficos hasta ahora experimentados. Es por eso que la legitimidad de los estallidos de 1810 y 1910 no se ha perdido. Además, la innegable brutalidad y destrucción de la Independencia y de la Revolución fue precedida por esfuerzos de cambio pacífico que fueron frustrados por los intereses creados. Así, la violencia de insurgentes y revolucionarios aún tiene como justificación la inflexibilidad, cortedad de miras, egoísmo y corrupción de las élites. Y esto ni siquiera es historia vieja: sin el levantamiento neozapatista de 1994, no se hubiera dado el tipo de elecciones que tuvieron lugar en 1997 y que sirvieron para desmontar el presidencialismo priista. En 2006 en Oaxaca se tuvo un ejemplo de imposibilidad de cambio por vía de la movilización pacífica primero y por la violencia después ¿Cuál es la salida?
Para que la interpretación histórica deje de privilegiar a la violencia como instrumento de cambio, primero la realidad debe demostrar que la transformación pacífica sustantiva es viable en México. Y eso aún está por verse.
viernes, 6 de marzo de 2009
¿Responsables? Todos
Por: LORENZO MEYER
En declaraciones recientes de funcionarios mexicanos y norteamericanos en torno al explosivo problema del narcotráfico, se ha planteado la cuestión de la responsabilidad. ¿Quién permitió que el crimen organizado avanzara al punto en que hoy amenaza la viabilidad no sólo del Estado mexicano sino, en un descuido, de la nación misma? ¿Fue Vicente Fox que, según admisión propia, desde el inicio de su gestión dejó encargada su oficina para dedicarse a hacer campaña electoral y "volver" a ganar en 2006? ¿Fue el PRI que por 71 años gobernó en solitario, sin rendir cuentas a nadie y bajo cuyo mandato se formó el narcotráfico actual? Y viendo a Michoacán ¿se puede decir que el PRD también tiene ya parte de la responsabilidad?
A estas alturas, la cuestión en torno a quien se debe asignar la responsabilidad de que el crimen organizado haya rebasado a la estructura de autoridad, puede parecer un asunto académico. Sin embargo, si se quiere dar con una respuesta realmente efectiva es indispensable conocer quiénes, cuándo y cómo dejaron que surgiera y se desarrollara el problema que amenaza con devorar el futuro nacional. Es claro que ningún grupo político está libre de culpa, pero la mayor recae en quienes debieron y pudieron atacar el problema en sus orígenes: el régimen de la post revolución mexicana.
Lo urgente hoy es contener a un crimen organizado que ya ha logrado derrotar al Gobierno en varias plazas. La prensa lo reporta así: "La franja fronteriza del norte, bajo el poder del narco" "Empresarios de todos los ramos le pagan 'protección'", (La Jornada, 1° de marzo). El argumento priista para justificar el "fraude patriótico" de los 1980 fue: "no se puede dejar en manos del PAN el control de la frontera" ¿Cómo puede explicar hoy el PRI (y el resto de los partidos) que por negligencia y corrupción se haya permitido al narco asumir el control efectivo de una zona que, supuestamente, la "seguridad nacional" obligaba a mantener siempre en manos de actores absolutamente identificados con la defensa del interés nacional?
El relato de primera mano de quienes viven y trabajan en Reynosa, confirma la veracidad de los titulares citados y aumentan los temores de cara al futuro, pues una vez que han arraigado las organizaciones criminales en zonas desarrolladas de nuestra geografía, tienen todos los incentivos y medios para intentar su expansión al resto del territorio. Quienes viven diariamente el drama en Reynosa, señalan que la autoridad municipal ha dejado de existir. Que el ritmo y calidad de la vida en esa zona fronteriza de más de medio millón de habitantes, se rige hoy tanto o más por las decisiones que impone "La Maña" -la organización criminal que domina la región- que por las de la autoridad formal. Es la presencia de esa organización la que explica que se observe un toque de queda virtual -"en la noche casi nadie sale y sólo el OXXO o el 'Seven' están abiertos"-, que haya un cobro de impuestos más efectivo que el de Hacienda -"'La Maña' me localizó cuando cambié de lugar mi negocio. Hoy les he vuelto a pagar y ellos me extienden recibo, con fecha, sello y todo"- y que la diversión en lugares públicos sea cosa seria-"en una servilleta me escribieron que dijera al micrófono: 'soy sobrino de Osiel, que nadie se espante, el consumo de todos va por mi cuenta y les manda una botella de 'Buchanans'".
Luis Astorga nos dice que hace ya 70 años, en 1939, el capitán Luis Huesca, ex jefe de la Policía de Narcóticos del Departamento de Salubridad Pública, fue a dar a la cárcel acusado de proteger a narcotraficantes y vender droga decomisada, (El Siglo de las Drogas, México, 1996, p.56). Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno norteamericano a través del Federal Narcotic Bureau se propuso actuar seriamente contra el ingreso de drogas a Estados Unidos provenientes, entre otros países, de México. Para entonces "el noreste de México, especialmente el estado de Sinaloa y de manera especial el municipio de Badiraguato, se consolida de manera indiscutible como la región de mayor cultivo de adormidera y tráfico de opio", (Ídem, p. 61).
Una fuente interesante para examinar el principio de esta penosa carrera de México como país del narcotráfico, son archivos norteamericanos y mexicanos como los del Departamento de Estado o de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para 1945, el Departamento del Tesoro norteamericano aseguraba que Irán, India y México eran los principales proveedores del opio consumido en su país y que el final de la guerra podría traer un aumento de la demanda, (The New York Times, 14, agosto, 1945). A principios de ese año el cónsul norteamericano en Mazatlán reportó a sus superiores que el gobernador de Sinaloa era parte de la red del narcotráfico y que cuando las autoridades destruían plantíos de amapola, se trataba de los que pertenecían a los competidores del mandatario. El asesinato del gobernador, el coronel Rodolfo T. Loaiza en 1944, tuvo su explicación en una disputa por el control del narcotráfico, (Departamento de Estado, 812.00/2345, 23 de enero, 1945). Para 1947, los traficantes se modernizaban y ya disponían de aviones para introducir la droga a Estados Unidos, (The New York Times, 6, julio, 1947).
Desde entonces, en Estados Unidos se propuso como solución básica la erradicación de los plantíos de drogas en México, especialmente en Sinaloa, (Departamento de Estado, 812.114 Narcotics/8-947, 9 de agosto, 1947) Ante las presiones, el Gobierno mexicano pidió al norteamericano que fuera Washington quien diseñara el plan maestro para lograr la meta, (Departamento de Estado, 812.114 Narcotics/11-846, 8 de noviembre, 1946).
El cónsul mexicano en Phoenix, Arizona, en 1947 propuso, sin éxito, que se contestara a las críticas norteamericanos que: "ninguna culpa tiene México de que haya tantos viciosos en los EUA", (Secretaría de Relaciones Exteriores, 14, julio, III-1606-4). Era el principio de la tesis mexicana que ponía en la demanda norteamericana y no en la oferta mexicana la raíz del mal. Sobre todo, porque se sospechaba que entonces el financiamiento de una parte de los cultivos ilegales en México corría por cuenta de "gangsters" norteamericanos, (Foreign Relations of the United States, 1947, V. VII, 17 de diciembre).
A inicios de 1948 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contraatacó y se propuso disipar los rumores de que era el crimen organizado norteamericano el que financiaba a los narcotraficantes mexicanos. Al contrario, se dijo, quienes patrocinaban el ilícito eran "mexicanos prominentes". No se debía aceptar que ambos gobiernos fueran igualmente corresponsables del mal; para la autoridad norteamericana la responsabilidad era de México, (Departamento de Estado, 812.114 Narcotics/1-1948, 19 de enero, 1948). Es más, para entonces, Washington estaba convencido de que eran personas cercanas al presidente Miguel Alemán las que estaban involucradas en el negocio del narcotráfico y que la mejor forma de presionar a México para que pusiera fin al contubernio era la denunciarle pública e internacional en el foro que proporcionaba la Comisión de Narcóticos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Junto a este instrumento de presión para "avergonzar" a México, había que continuar la cooperación con los programas de erradicación de cultivos de drogas, erradicación que para entonces ya incluía involucrar al Ejército en la tarea, (Departamento de Estado, 812.114 Narcotics/6-2548, 25, junio, 1948). Desde el principio, la descalificación del otro fue una de las reacciones defensivas de los dos gobiernos.
Para los 1950, nos dice Luis Astorga, hay una "época de oro" en la relación México-Estados Unidos en el área del narcotráfico porque prácticamente el Gobierno mexicano aceptó todas las demandas de Washington en este campo, (Drogas sin fronteras. Los expedientes de una guerra permanente, México: Grijalbo, 2003). Sin embargo, en los sesenta la demanda de drogas aumentaría considerablemente en Estados Unidos y el ciclo se repetiría, pero con una fuerza mucho mayor hasta llegar a lo que es hoy.
Para los cuarenta ya estaban presentes todas las características del narcotráfico mexicano actual, aunque en una escala muy menor. El problema parecía controlable y eso fue lo que hizo el régimen priista: lo controló, no lo resolvió. Al cambiar el régimen en 2000, lo que quedaba del control priista se perdió, el panismo no supo o no quiso actuar entonces a fondo y el problema le ha estallado ahora -nos ha estallado- hasta llegar al punto de amenazar la viabilidad del Estado.
En declaraciones recientes de funcionarios mexicanos y norteamericanos en torno al explosivo problema del narcotráfico, se ha planteado la cuestión de la responsabilidad. ¿Quién permitió que el crimen organizado avanzara al punto en que hoy amenaza la viabilidad no sólo del Estado mexicano sino, en un descuido, de la nación misma? ¿Fue Vicente Fox que, según admisión propia, desde el inicio de su gestión dejó encargada su oficina para dedicarse a hacer campaña electoral y "volver" a ganar en 2006? ¿Fue el PRI que por 71 años gobernó en solitario, sin rendir cuentas a nadie y bajo cuyo mandato se formó el narcotráfico actual? Y viendo a Michoacán ¿se puede decir que el PRD también tiene ya parte de la responsabilidad?
A estas alturas, la cuestión en torno a quien se debe asignar la responsabilidad de que el crimen organizado haya rebasado a la estructura de autoridad, puede parecer un asunto académico. Sin embargo, si se quiere dar con una respuesta realmente efectiva es indispensable conocer quiénes, cuándo y cómo dejaron que surgiera y se desarrollara el problema que amenaza con devorar el futuro nacional. Es claro que ningún grupo político está libre de culpa, pero la mayor recae en quienes debieron y pudieron atacar el problema en sus orígenes: el régimen de la post revolución mexicana.
Lo urgente hoy es contener a un crimen organizado que ya ha logrado derrotar al Gobierno en varias plazas. La prensa lo reporta así: "La franja fronteriza del norte, bajo el poder del narco" "Empresarios de todos los ramos le pagan 'protección'", (La Jornada, 1° de marzo). El argumento priista para justificar el "fraude patriótico" de los 1980 fue: "no se puede dejar en manos del PAN el control de la frontera" ¿Cómo puede explicar hoy el PRI (y el resto de los partidos) que por negligencia y corrupción se haya permitido al narco asumir el control efectivo de una zona que, supuestamente, la "seguridad nacional" obligaba a mantener siempre en manos de actores absolutamente identificados con la defensa del interés nacional?
El relato de primera mano de quienes viven y trabajan en Reynosa, confirma la veracidad de los titulares citados y aumentan los temores de cara al futuro, pues una vez que han arraigado las organizaciones criminales en zonas desarrolladas de nuestra geografía, tienen todos los incentivos y medios para intentar su expansión al resto del territorio. Quienes viven diariamente el drama en Reynosa, señalan que la autoridad municipal ha dejado de existir. Que el ritmo y calidad de la vida en esa zona fronteriza de más de medio millón de habitantes, se rige hoy tanto o más por las decisiones que impone "La Maña" -la organización criminal que domina la región- que por las de la autoridad formal. Es la presencia de esa organización la que explica que se observe un toque de queda virtual -"en la noche casi nadie sale y sólo el OXXO o el 'Seven' están abiertos"-, que haya un cobro de impuestos más efectivo que el de Hacienda -"'La Maña' me localizó cuando cambié de lugar mi negocio. Hoy les he vuelto a pagar y ellos me extienden recibo, con fecha, sello y todo"- y que la diversión en lugares públicos sea cosa seria-"en una servilleta me escribieron que dijera al micrófono: 'soy sobrino de Osiel, que nadie se espante, el consumo de todos va por mi cuenta y les manda una botella de 'Buchanans'".
Luis Astorga nos dice que hace ya 70 años, en 1939, el capitán Luis Huesca, ex jefe de la Policía de Narcóticos del Departamento de Salubridad Pública, fue a dar a la cárcel acusado de proteger a narcotraficantes y vender droga decomisada, (El Siglo de las Drogas, México, 1996, p.56). Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno norteamericano a través del Federal Narcotic Bureau se propuso actuar seriamente contra el ingreso de drogas a Estados Unidos provenientes, entre otros países, de México. Para entonces "el noreste de México, especialmente el estado de Sinaloa y de manera especial el municipio de Badiraguato, se consolida de manera indiscutible como la región de mayor cultivo de adormidera y tráfico de opio", (Ídem, p. 61).
Una fuente interesante para examinar el principio de esta penosa carrera de México como país del narcotráfico, son archivos norteamericanos y mexicanos como los del Departamento de Estado o de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para 1945, el Departamento del Tesoro norteamericano aseguraba que Irán, India y México eran los principales proveedores del opio consumido en su país y que el final de la guerra podría traer un aumento de la demanda, (The New York Times, 14, agosto, 1945). A principios de ese año el cónsul norteamericano en Mazatlán reportó a sus superiores que el gobernador de Sinaloa era parte de la red del narcotráfico y que cuando las autoridades destruían plantíos de amapola, se trataba de los que pertenecían a los competidores del mandatario. El asesinato del gobernador, el coronel Rodolfo T. Loaiza en 1944, tuvo su explicación en una disputa por el control del narcotráfico, (Departamento de Estado, 812.00/2345, 23 de enero, 1945). Para 1947, los traficantes se modernizaban y ya disponían de aviones para introducir la droga a Estados Unidos, (The New York Times, 6, julio, 1947).
Desde entonces, en Estados Unidos se propuso como solución básica la erradicación de los plantíos de drogas en México, especialmente en Sinaloa, (Departamento de Estado, 812.114 Narcotics/8-947, 9 de agosto, 1947) Ante las presiones, el Gobierno mexicano pidió al norteamericano que fuera Washington quien diseñara el plan maestro para lograr la meta, (Departamento de Estado, 812.114 Narcotics/11-846, 8 de noviembre, 1946).
El cónsul mexicano en Phoenix, Arizona, en 1947 propuso, sin éxito, que se contestara a las críticas norteamericanos que: "ninguna culpa tiene México de que haya tantos viciosos en los EUA", (Secretaría de Relaciones Exteriores, 14, julio, III-1606-4). Era el principio de la tesis mexicana que ponía en la demanda norteamericana y no en la oferta mexicana la raíz del mal. Sobre todo, porque se sospechaba que entonces el financiamiento de una parte de los cultivos ilegales en México corría por cuenta de "gangsters" norteamericanos, (Foreign Relations of the United States, 1947, V. VII, 17 de diciembre).
A inicios de 1948 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contraatacó y se propuso disipar los rumores de que era el crimen organizado norteamericano el que financiaba a los narcotraficantes mexicanos. Al contrario, se dijo, quienes patrocinaban el ilícito eran "mexicanos prominentes". No se debía aceptar que ambos gobiernos fueran igualmente corresponsables del mal; para la autoridad norteamericana la responsabilidad era de México, (Departamento de Estado, 812.114 Narcotics/1-1948, 19 de enero, 1948). Es más, para entonces, Washington estaba convencido de que eran personas cercanas al presidente Miguel Alemán las que estaban involucradas en el negocio del narcotráfico y que la mejor forma de presionar a México para que pusiera fin al contubernio era la denunciarle pública e internacional en el foro que proporcionaba la Comisión de Narcóticos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Junto a este instrumento de presión para "avergonzar" a México, había que continuar la cooperación con los programas de erradicación de cultivos de drogas, erradicación que para entonces ya incluía involucrar al Ejército en la tarea, (Departamento de Estado, 812.114 Narcotics/6-2548, 25, junio, 1948). Desde el principio, la descalificación del otro fue una de las reacciones defensivas de los dos gobiernos.
Para los 1950, nos dice Luis Astorga, hay una "época de oro" en la relación México-Estados Unidos en el área del narcotráfico porque prácticamente el Gobierno mexicano aceptó todas las demandas de Washington en este campo, (Drogas sin fronteras. Los expedientes de una guerra permanente, México: Grijalbo, 2003). Sin embargo, en los sesenta la demanda de drogas aumentaría considerablemente en Estados Unidos y el ciclo se repetiría, pero con una fuerza mucho mayor hasta llegar a lo que es hoy.
Para los cuarenta ya estaban presentes todas las características del narcotráfico mexicano actual, aunque en una escala muy menor. El problema parecía controlable y eso fue lo que hizo el régimen priista: lo controló, no lo resolvió. Al cambiar el régimen en 2000, lo que quedaba del control priista se perdió, el panismo no supo o no quiso actuar entonces a fondo y el problema le ha estallado ahora -nos ha estallado- hasta llegar al punto de amenazar la viabilidad del Estado.
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