Lorenzo Meyer
El desencanto con la democracia es común, lo que ya no es común es que la frustración lleve al ciudadano a abrir la puerta para el retorno al viejo sistema
Seguimos casi igual
Pues bien, pasó la elección intermedia y ya están electos seis nuevos gobernadores, aunque uno -Sonora- está en disputa, 500 nuevos diputados federales, los representantes en la Asamblea de la capital más un buen número de diputados locales y presidentes municipales. Los partidos ya tienen al grueso de "su gente" en sus puestos.
No hubo una auténtica sorpresa: en términos generales ya se preveía la caída del PRD y del PAN, y el triunfo del viejo PRI, aunque este último se dio con más enjundia de la esperada -"El PRI aplasta al Presidente", anunció el titular de un diario nacional (Milenio Diario, 6 de julio)-, con lo que una vez más se confirmó entre nosotros el dictum de William Faulkner cuando en Réquiem para una monja (1951) el novelista hizo decir a uno de sus personajes: "el pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado". El México actual es faulkneriano: desde los 1940 la oposición ha hecho un buen número de intentos para superar el sistema priista vía elección, rebelión o movilización, pero hoy seguimos casi en lo mismo: el PRI y, sobre todo, su espíritu -la búsqueda del poder por el poder mismo- parecen dominar de nuevo nuestro horizonte político.
Los partidos
La mayoría se repartió entre la abstención (55 por ciento) y el voto anulado (5.8 por ciento), aunque sin efecto formal en la elección de gobernadores, alcaldes o congresistas. Con el apoyo explícito de una minoría de los ciudadanos (dos quintos del total) las dirigencias de los partidos seguirán recibiendo el gran subsidio público, los diputados cobrarán sus dietas, pronunciarán discursos, emitirán declaraciones y harán o modificarán leyes como si tuvieran efectivamente el respaldo entusiasta de la mayoría ciudadana.
Por lo que hace a la posición de las nuevas autoridades electas y a la de la clase política en general, conviene recurrir a otro clásico. Esta vez a un español, a un vasco, a Miguel de Unamuno, filósofo y novelista que el 12 de octubre de 1936 en su calidad de rector de la Universidad de Salamanca se encontró en una situación límite: con la Guerra Civil en marcha, en el paraninfo de la universidad y en presencia de un franquista duro -el general Millán Astray-, los fascistas denunciaron a Cataluña y al País Vasco como parte de una anti-España a la que se debía extirpar por la fuerza. Unamuno reaccionó y la síntesis de su respuesta fue: "Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir".
Con todas las salvedades del caso, lo mismo se le puede decir aquí y ahora a los partidos y a la clase política mexicana: vencieron y efectivamente están al frente de las estructuras de poder, pero en medio de un México polarizado y desmoralizado y muy lejos de haber convencido a sus conciudadanos -incluidos muchos de los que votaron- de su utilidad, capacidad y derecho a ser "los que mandan".
¿Hacia dónde y en qué condiciones?
Tras la elección y el reacomodo relativo de las fuerzas partidistas -el PRI muy recuperado, el PAN disminuido y el PRD en un lejano tercer lugar-, la clase política tratará de volver a la "normalidad", es decir, a negociar el presupuesto, hacer cambios en la legislación electoral, administrar el día a día cada vez más mediocre y violento y confiar en que las fuerzas económicas internacionales (Estados Unidos) superen su actual crisis y de ahí surja la recuperación del PIB mexicano. Y así, mientras esperamos que el "factor externo" nos vuelva a insuflar vitalidad, los políticos y los administradores de lo público, que en lo individual tienen asegurada su confortable forma de vida, pueden concentrarse en los tres próximos años en su gran pugna de cara a la elección presidencial del 2012.
En este escenario inercial, lo más probable es que el futuro inmediato resulte muy parecido al pasado inmediato y al presente. A lo más a que podríamos aspirar es a que la inseguridad no siga aumentando, a que la economía formal deje de hundirse, a que la economía informal absorba parte del desempleo creciente, a que las remesas no caigan más y que esos envíos de la diáspora mexicana más los programas asistenciales continúen paliando la pobreza aunque sin tocar sus raíces, a que la corrupción se mantenga pero evite llegar al escándalo, a que los caciques sindicales mantengan el orden en sus gremios y, en fin, a que la resignación y la preocupación por la salvación individual impidan que el grueso de los mexicanos se ocupen de la cosa pública, que no se movilicen para exigir y romper las inercias que nos impiden salir del círculo vicioso en que se ha convertido nuestro proceso político.
En relación con ese futuro inmediato hay varias incógnitas. El PRI, apoyado política y económicamente por sus 19 gobernadores va a tratar de negociar sus diferencias internas y preparar el camino de su candidato presidencial, que puede ser Enrique Peña Nieto pero también Beatriz Paredes o, incluso, Manlio Fabio Beltrones. El PAN, por su parte, va a tener que ocuparse de apoyar a su "jefe nato", a Felipe Calderón, que con esta derrota de mediados de sexenio corre el peligro de transformarse en un zombi político -un muerto viviente- que va a tener que hacer enormes concesiones a los priistas para negociar cualquier medida política fuera de la rutina e incluso la rutina misma. Si Fox trató de "cogobernar el cambio" con Roberto Madrazo, Felipe Calderón se verá obligado a "cogobernar la rutina" con las varias cabezas nacionales y locales del PRI y que buscarán dirigir la rutina como un largo preámbulo de su retorno a Palacio.
Desde la oposición de izquierda, lo importante será la medida en que el gran movimiento social que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logre afirmar y acrecentar sus raíces en el "México profundo". Para volver a la carga en 2012, el lopezobradorismo deberá aprender de sus errores políticos y de organización de seis años atrás. En cualquier caso, AMLO tendrá que enfrentar esa gran coalición de derecha que siempre preferirá el retorno del PRI a "Los Pinos" a cualquier intento por modificar la estructura social mexicana. Para los "poderes fácticos" el PRI en la Presidencia ofrece la seguridad que se desprende de una relación entre conocidos y, llegado el caso, volverá a intentar parar el movimiento social de AMLO "a como dé lugar".
En los tres años por venir, el choque entre las fuerzas políticas legales se puede y se debe conducir por los imperfectos canales institucionales que existen. Izquierda y derecha saben que cualquier otra ruta entraña enormes peligros. Sin embargo, hay una fuerza creciente que cada vez se muestra más desafiante de la precaria institucionalidad y que, ella sí, es efectivamente el gran peligro político para México. Se trata del crimen organizado, ése que un estudio norteamericano ya definió como "narcoinsurgencia" (El Universal, 5 de julio).
Cuando hace años se planteó con ánimo entre especulativo y socarrón la cuestión "1810, 1910, ¿2010?", nadie pensó que efectivamente en el aniversario del bicentenario y centenario del inicio de dos grandes movimientos armados que marcaron la historia mexicana el país estaría en medio de otra lucha entre las Fuerzas Armadas del gobierno por un lado y paramilitares fuertemente armados, financiados y organizados por los cárteles de la droga que desafían al orden establecido por medio de una eficaz combinación de corrupción y terror. Y lo peor es que no se vislumbra la salida militar o política de éste, nuestro laberinto del crimen organizado, construido a partir de decisiones tomadas hace decenios, justamente bajo los gobiernos priistas.
Conclusión
El resultado de las elecciones intermedias de 2009 abre la posibilidad de tener al pasado como futuro. Una parte de la sociedad mexicana simplemente pareciera haber desistido de su interés por el cambio vía una derecha dura que resultó tan corrupta como la del pasado pero más ineficaz y más alejada del ciudadano común. Los electores priistas se han resignado al "más vale malo por conocido que bueno por conocer" y buscan refugio en un tipo de política que si bien se ha caracterizado por el autoritarismo y la corrupción, ha ofrecido un mínimo de seguridad y "profesionalismo" en la gestión de lo público.
En estas condiciones, quien enfrenta el reto mayor es la izquierda real. Hoy y en los años por venir tendrá que enfrentar la oposición de la elite del poder -los grandes intereses creados- y el desaliento y desencanto de muchos mexicanos ante la oferta de un cambio de fondo. Sin embargo, ése es el camino que aún nos queda por intentar para superar la mediocridad e injusticia históricamente dominantes en nuestro país.
jueves, 9 de julio de 2009
jueves, 2 de julio de 2009
El voto nulo o consecuencias de la inconsecuencia
Por: LORENZO MEYER
El gran cambio político de 2000 -el hipotético inicio de la consolidación de la democracia electoral- ha resultado básicamente un hecho inconsecuente: nada realmente sustantivo ha cambiado en la dirección esperada. Al contrario, por lo que hace al sentido de rumbo, confianza, crecimiento económico, gobernabilidad, seguridad, combate a la corrupción, confianza en las instituciones, calidad de la educación y otros temas similares, estamos igual o peor que antes.
La inconsecuencia del supuesto parteaguas de 2000 ya tiene consecuencias; una de ellas es el rechazo activo de una parte de los ciudadanos a la clase política usando su boleta electoral este 5 de julio para negarle su apoyo a todos los partidos registrados y dejar constancia de su total inconformidad con la situación existente. El objetivo de depositar la boleta en blanco, anularla o votar por un candidato sin registro, es actuar dentro del marco institucional para hacer patente la ausencia de alternativas auténticas o, lo que es lo mismo, la falta de contenido real de la fórmula electoral. Se tratará, en cualquier caso, de un acto con claro contenido político aunque su significado está sujeto a su importancia cuantitativa.
Si el proceso político actual tuviera sentido -si el votante pudiera decidir entre programas realmente contrastantes y encarnados por políticos con carreras que confirmaran su honestidad y eficacia-, entonces el llamado a anular el voto, otorgarlo a un candidato sin registro o depositarlo en blanco, sería una estupidez, un sinsentido. Sin embargo, la innegable ineficacia, deshonestidad e impunidad de la actual clase política mexicana -existen excepciones notables, pero son pocas y sistemáticamente neutralizadas por la mayoría dominante-, es lo que hace que, pese a todo, el destino del voto de protesta sin referente partidista sea hoy el más digno y el menos malo de los posibles. Así de dañados nos encontramos.
Desde que en los 1980 se inició la insurgencia electoral mexicana, la parte más viva y emprendedora de la ciudadanía empezó a imaginar que el voto, hasta entonces un instrumento históricamente deleznable frente a las posibilidades de la violencia y la revolución, había modificado su naturaleza y por fin la vía pacífica podría llegar a tener sentido, a tener consecuencias. El descalabro que fue el fraude salinista de 1988 no acabó con este sentimiento de esperanza, aunque sí lo hizo más realista. En los 1990 un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos se entusiasmó con la posibilidad de estar viviendo y protagonizando un cambio histórico. Esta sensación de haber encontrado una razón de ser del ciudadano, alcanzó su cima con la expulsión pacífica del PRI de "Los Pinos" en el año 2000. Sin embargo, muy pronto una parte del electorado se vio obligada a llegar a la conclusión de que su esperanza había vuelto a naufragar, que la clase política volvía a estar por debajo de las circunstancias.
La razón de fondo de la actual desilusión ciudadana es el estancamiento e incluso el retroceso de lo que podría llamarse el proyecto mexicano. Y una de las fuentes de esa ausencia de horizontes es la incapacidad de los partidos de tomar en cuenta, de asumir como propios y transformar en políticas efectivas los intereses de la mayoría. Aunque los términos crisis y permanencia son, en principio, contradictorios, en muchos círculos domina la sensación que el país está sumergido en una "crisis permanente". Domina la sensación, por un lado, que en el último cuarto de siglo el desarrollo material del país se ha estancado y, por el otro, que una minoría abusiva ha prosperado de manera tan notoria que resulta obscena y, finalmente, que hay una relación de causalidad entre lo uno y lo otro.
Entre las razones más inmediatas y concretas del descontento prevalente está el sistema electoral. Las encuestas de opinión muestran que una mayoría de ciudadanos ve al sistema de partidos como un conjunto de organismos no confiables ni respetables. Desde la izquierda, el agravio es mayor por la negativa de las autoridades electorales, apoyadas por el grueso de los partidos y de los "poderes fácticos", de nulificar la elección de 2006 y ordenar su reposición como resultado de la interferencia ilegal y reconocida en el proceso electoral del presidente Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial. En el mismo sentido opera la negativa a proceder con el recuento de los sufragios para dar certeza a un resultado donde la diferencia entre el supuesto ganador y su rival más cercano fue de apenas medio punto porcentual y con muchos errores en las actas. La certidumbre de que en la actualidad los dados electorales están tan cargados como en el pasado, se afirma al ver que la composición de la directiva del IFE se integra, no con representantes de los ciudadanos sino de las dirigencias de los partidos o de feudos tan notables como el SNTE y que en el TEPJF sucede lo mismo.
Quienes ganaron en 2000 el control de las estructuras del poder político decidieron mantener la Presidencia en 2006 bajo la divisa de "haiga sido como haiga sido". Consideraron entonces que "Los Pinos" bien valía los costos que implicaba primero el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, luego una campaña electoral basada en el miedo y finalmente el desgaste de las instituciones electorales que hicieron de lado su supuesta neutralidad y privaron al proceso de su necesaria pulcritud y certidumbre en sus resultados.
En 2006 el tema de la legitimidad fue relegado a un plano secundario por los supuestos triunfadores de la contienda y lo mismo volvió a ocurrir en la lucha interna de un PRD ya muy polarizado por la derrota electoral. Sin embargo, es justamente ese tema de la legitimidad -de la ausencia de legitimidad en el sistema político- lo que ahora da sentido a la conducta de quienes rechazan al conjunto de los partidos y a sus políticas. Mediante ese rechazo se pretende desaprobar la naturaleza misma del poder imperante y poner la base de otro donde la legitimidad tenga posibilidades de ser lo que siempre debió ser: su columna vertebral.
El tema de la legitimidad política es fundamental en cualquier sociedad y época. Todo ejercicio del poder necesita justificarse a los ojos de aquellos que están sujetos a sus dictados. Max Weber identificó tres formas históricas básicas de autoridad legítima: la tradicional, la carismática y la legal-racional. En los estados modernos, esta última debe ser la dominante aunque no la única. Como bien lo señaló Seymour Martin Lipset -uno de los grandes politólogos del siglo XX- este tipo de legitimidad implica "que el sistema político imperante tiene la capacidad de engendrar y mantener la idea que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad en cuestión" (Political Man: The Social Bases of Politics, 1963). Sin embargo, es justamente eso lo que no sucede hoy en México: nuestra estructura institucional es cuestionada por muchos y, de nuevo, las encuestas lo prueban.
Y es que simplemente echando una mirada a lo que nos rodea, se llega a la conclusión que las instituciones, desde la Presidencia, pasando por la economía hasta llegar a las guarderías para niños de madres trabajadoras, están fallando de forma espectacular o trágica. Felipe Calderón pidió el voto definiéndose como "el presidente del empleo", pero con la caída de 8% del PIB lo que domina es el desempleo. La violencia relacionada con el crimen organizado no disminuye sino aumenta 67% respecto al mismo período que el año pasado. El director general de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito no ha vacilado en admitir que "México es un caso extraordinariamente violento y una situación sin par en el mundo" (El Universal, 25 y 30 de junio). Por su parte, el Banco Mundial, en su Indicador Global de Gobernabilidad 2009 reprobó a nuestro país en cuatro de los seis índices que lo forman: a) estabilidad política y ausencia de violencia, b) Estado de Derecho, c) rendición de cuentas y participación ciudadana y d) control de corrupción. Sólo lo aprobó, y no por mucho, en: a) calidad regulatoria (calidad de la burocracia) y b) efectividad de Gobierno, (Reforma, 30 de junio).
La próxima elección tendrá ganadores y perdedores formales. Sin embargo, los resultados de las urnas deberían de leerse e interpretarse a la luz de la abstención, de las diferentes modalidades del voto nulo y, sobre todo, de las fallas en la legitimidad del poder político como un todo.
El gran cambio político de 2000 -el hipotético inicio de la consolidación de la democracia electoral- ha resultado básicamente un hecho inconsecuente: nada realmente sustantivo ha cambiado en la dirección esperada. Al contrario, por lo que hace al sentido de rumbo, confianza, crecimiento económico, gobernabilidad, seguridad, combate a la corrupción, confianza en las instituciones, calidad de la educación y otros temas similares, estamos igual o peor que antes.
La inconsecuencia del supuesto parteaguas de 2000 ya tiene consecuencias; una de ellas es el rechazo activo de una parte de los ciudadanos a la clase política usando su boleta electoral este 5 de julio para negarle su apoyo a todos los partidos registrados y dejar constancia de su total inconformidad con la situación existente. El objetivo de depositar la boleta en blanco, anularla o votar por un candidato sin registro, es actuar dentro del marco institucional para hacer patente la ausencia de alternativas auténticas o, lo que es lo mismo, la falta de contenido real de la fórmula electoral. Se tratará, en cualquier caso, de un acto con claro contenido político aunque su significado está sujeto a su importancia cuantitativa.
Si el proceso político actual tuviera sentido -si el votante pudiera decidir entre programas realmente contrastantes y encarnados por políticos con carreras que confirmaran su honestidad y eficacia-, entonces el llamado a anular el voto, otorgarlo a un candidato sin registro o depositarlo en blanco, sería una estupidez, un sinsentido. Sin embargo, la innegable ineficacia, deshonestidad e impunidad de la actual clase política mexicana -existen excepciones notables, pero son pocas y sistemáticamente neutralizadas por la mayoría dominante-, es lo que hace que, pese a todo, el destino del voto de protesta sin referente partidista sea hoy el más digno y el menos malo de los posibles. Así de dañados nos encontramos.
Desde que en los 1980 se inició la insurgencia electoral mexicana, la parte más viva y emprendedora de la ciudadanía empezó a imaginar que el voto, hasta entonces un instrumento históricamente deleznable frente a las posibilidades de la violencia y la revolución, había modificado su naturaleza y por fin la vía pacífica podría llegar a tener sentido, a tener consecuencias. El descalabro que fue el fraude salinista de 1988 no acabó con este sentimiento de esperanza, aunque sí lo hizo más realista. En los 1990 un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos se entusiasmó con la posibilidad de estar viviendo y protagonizando un cambio histórico. Esta sensación de haber encontrado una razón de ser del ciudadano, alcanzó su cima con la expulsión pacífica del PRI de "Los Pinos" en el año 2000. Sin embargo, muy pronto una parte del electorado se vio obligada a llegar a la conclusión de que su esperanza había vuelto a naufragar, que la clase política volvía a estar por debajo de las circunstancias.
La razón de fondo de la actual desilusión ciudadana es el estancamiento e incluso el retroceso de lo que podría llamarse el proyecto mexicano. Y una de las fuentes de esa ausencia de horizontes es la incapacidad de los partidos de tomar en cuenta, de asumir como propios y transformar en políticas efectivas los intereses de la mayoría. Aunque los términos crisis y permanencia son, en principio, contradictorios, en muchos círculos domina la sensación que el país está sumergido en una "crisis permanente". Domina la sensación, por un lado, que en el último cuarto de siglo el desarrollo material del país se ha estancado y, por el otro, que una minoría abusiva ha prosperado de manera tan notoria que resulta obscena y, finalmente, que hay una relación de causalidad entre lo uno y lo otro.
Entre las razones más inmediatas y concretas del descontento prevalente está el sistema electoral. Las encuestas de opinión muestran que una mayoría de ciudadanos ve al sistema de partidos como un conjunto de organismos no confiables ni respetables. Desde la izquierda, el agravio es mayor por la negativa de las autoridades electorales, apoyadas por el grueso de los partidos y de los "poderes fácticos", de nulificar la elección de 2006 y ordenar su reposición como resultado de la interferencia ilegal y reconocida en el proceso electoral del presidente Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial. En el mismo sentido opera la negativa a proceder con el recuento de los sufragios para dar certeza a un resultado donde la diferencia entre el supuesto ganador y su rival más cercano fue de apenas medio punto porcentual y con muchos errores en las actas. La certidumbre de que en la actualidad los dados electorales están tan cargados como en el pasado, se afirma al ver que la composición de la directiva del IFE se integra, no con representantes de los ciudadanos sino de las dirigencias de los partidos o de feudos tan notables como el SNTE y que en el TEPJF sucede lo mismo.
Quienes ganaron en 2000 el control de las estructuras del poder político decidieron mantener la Presidencia en 2006 bajo la divisa de "haiga sido como haiga sido". Consideraron entonces que "Los Pinos" bien valía los costos que implicaba primero el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, luego una campaña electoral basada en el miedo y finalmente el desgaste de las instituciones electorales que hicieron de lado su supuesta neutralidad y privaron al proceso de su necesaria pulcritud y certidumbre en sus resultados.
En 2006 el tema de la legitimidad fue relegado a un plano secundario por los supuestos triunfadores de la contienda y lo mismo volvió a ocurrir en la lucha interna de un PRD ya muy polarizado por la derrota electoral. Sin embargo, es justamente ese tema de la legitimidad -de la ausencia de legitimidad en el sistema político- lo que ahora da sentido a la conducta de quienes rechazan al conjunto de los partidos y a sus políticas. Mediante ese rechazo se pretende desaprobar la naturaleza misma del poder imperante y poner la base de otro donde la legitimidad tenga posibilidades de ser lo que siempre debió ser: su columna vertebral.
El tema de la legitimidad política es fundamental en cualquier sociedad y época. Todo ejercicio del poder necesita justificarse a los ojos de aquellos que están sujetos a sus dictados. Max Weber identificó tres formas históricas básicas de autoridad legítima: la tradicional, la carismática y la legal-racional. En los estados modernos, esta última debe ser la dominante aunque no la única. Como bien lo señaló Seymour Martin Lipset -uno de los grandes politólogos del siglo XX- este tipo de legitimidad implica "que el sistema político imperante tiene la capacidad de engendrar y mantener la idea que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad en cuestión" (Political Man: The Social Bases of Politics, 1963). Sin embargo, es justamente eso lo que no sucede hoy en México: nuestra estructura institucional es cuestionada por muchos y, de nuevo, las encuestas lo prueban.
Y es que simplemente echando una mirada a lo que nos rodea, se llega a la conclusión que las instituciones, desde la Presidencia, pasando por la economía hasta llegar a las guarderías para niños de madres trabajadoras, están fallando de forma espectacular o trágica. Felipe Calderón pidió el voto definiéndose como "el presidente del empleo", pero con la caída de 8% del PIB lo que domina es el desempleo. La violencia relacionada con el crimen organizado no disminuye sino aumenta 67% respecto al mismo período que el año pasado. El director general de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito no ha vacilado en admitir que "México es un caso extraordinariamente violento y una situación sin par en el mundo" (El Universal, 25 y 30 de junio). Por su parte, el Banco Mundial, en su Indicador Global de Gobernabilidad 2009 reprobó a nuestro país en cuatro de los seis índices que lo forman: a) estabilidad política y ausencia de violencia, b) Estado de Derecho, c) rendición de cuentas y participación ciudadana y d) control de corrupción. Sólo lo aprobó, y no por mucho, en: a) calidad regulatoria (calidad de la burocracia) y b) efectividad de Gobierno, (Reforma, 30 de junio).
La próxima elección tendrá ganadores y perdedores formales. Sin embargo, los resultados de las urnas deberían de leerse e interpretarse a la luz de la abstención, de las diferentes modalidades del voto nulo y, sobre todo, de las fallas en la legitimidad del poder político como un todo.
jueves, 25 de junio de 2009
El foxismo-panismo ¿fase superior del priismo?
Por: LORENZO MEYER
"En Mexico el cambio ha sido más de forma que de contenido; aún no hay un régimen realmente nuevo"
. La interrogante o propuesta que da título a esta columna la formuló un colega, José Luis Reyna, el pasado día 19 en un seminario donde se presentaron los cuatro tomos que forman Una historia contemporánea de México, (Océano-Colegio de México, 2003-2009). La propuesta es una clara referencia a la famosa definición leninista del imperialismo como fase superior del capitalismo (1916). Obviamente, la caracterización de la naturaleza del actual sistema político mexicano como un tipo superior de priismo apela, en la forma, a nuestro sentido del humor, pero tiene un fondo muy serio.
Veamos más de cerca y con reflexión la definición sugerida por Reyna. Para empezar, supone, y con razón, que el foxismo no es sinónimo de panismo, y que pese a que han desembocado en lo mismo, para propósitos de análisis, conviene no subsumir al primero en el segundo. El foxismo fue una especie de populismo de derecha impulsado por el carisma de un personaje que se colgó del PAN para llegar al poder, pero que también requirió y obtuvo otros apoyos. Los "Amigos de Fox", por ejemplo, fueron parte fundamental del foxismo inicial y aunque se trató de una fuerza de derecha, resultaron ser distintos del panismo. Por otro lado, bajo el lema del "voto útil", Fox apeló con éxito a los votantes independientes e incluso a antipanistas y simpatizantes de la izquierda, deseosos todos de poner fin al largo monopolio priista como una condición necesaria para proceder a introducir a México al auténtico pluralismo democrático. Con Felipe Calderón el elemento carismático desapareció por entero y ya fue el PAN propiamente dicho -el PAN duro- la fuerza que llegó a la Presidencia. Ahora bien, ese PAN que sustituyó al foxismo poco tenía que ver ya con el original, con el de Manuel Gómez Morín y sus "místicos del voto". El panismo contemporáneo, al que encarnan, además de Calderón, personajes como Diego Fernández de Cevallos y Germán Martínez, lo mismo que Manuel Espino o el desaparecido Juan Camilo Mouriño, es uno ya transformado por las "concertacesiones" con el Gobierno de Carlos Salinas en los 1990 así como por el ejercicio del poder. Se trata de un partido que ha aprendido bien y a fondo cómo y para qué negociar con los priistas desde la Oposición primero y desde el poder después y que, en el proceso, se fue haciendo cada vez más parecido al PRI.
En el capítulo publicado por Reyna en el tomo 3 de Una historia contemporánea de México -"El sistema político: cambios y vicisitudes"- se muestra que desde hace ya algunos años nuestro país cuenta con las condiciones mínimas necesarias para avanzar en la construcción de una efectiva democracia política, pero que para empezar a andar ese camino con paso firme es necesario -en realidad indispensable- proceder a desmantelar la vieja estructura autoritaria. Sin embargo, eso es justamente lo que no ha sucedido.
El foxismo y el panismo llevan ya más de ocho años ejerciendo el poder desde la Presidencia, en varios estados y un buen número de municipios, pero ni uno ni otro han mostrado auténtica disposición a abatir el viejo arreglo. Al contrario, lo encontraron conveniente a punto que más bien pareciera que el proyecto de ambos -y esta es su coincidencia fundamental- es remozarlo por la vía de la alternancia entre PRI y PAN y de un cambio en el discurso, pero sin tocar el arreglo fundamental, el heredado, salvo por lo que toca al viejo arreglo del PRI con el narcotráfico. En enero de 1989 Salinas buscó "ganar la Presidencia desde la Presidencia": usar al Ejército para dar un golpe espectacular a un viejo cacicazgo sindical -el petrolero- para luego volverlo a recrear a su imagen y semejanza. Calderón decidió hacer algo parecido en diciembre de 2006, pero de una manera mucho más arriesgada: usar al Ejército para declararle "la guerra" al narcotráfico; la moneda calderonista aún está en el aire pues en su caso no ha logrado el equivalente del "Quinazo".
. Hoy ya no vivimos bajo el signo de un "sistema de partido" sino que tenemos un sistema de partidos, cuya forma no es muy distinta de la que es común en muchas democracias efectivas: dos partidos grandes, uno mediano y cinco pequeños más algunos regionales. Como consecuencia de ese cambio, se modificó de manera sustantiva la característica distintiva del viejo régimen priista: la gran concentración del poder en manos del presidente. Esta transformación se inició en la fase final del priismo clásico. Como bien lo muestran Rogelio Hernández, Luisa Béjar o Arturo Alvarado, en otros tantos capítulos de la obra sobre el México contemporáneo ya citada, y que fijan la atención en los cambios en las arenas de los partidos, los gobiernos estatales, el federalismo, los congresos y los municipios. Las reformas administrativas y los cambios económicos de los 1980 y 1990 fueron el arranque de la migración de una parte del poder histórico de la presidencia hacia los partidos, gobiernos estatales, municipales y los congresos.
Ahora bien ¿esas modificaciones de las formas en el ejercicio del poder han significado, también, un cambio en sus contenidos? Aquí la respuesta tiene que ser: no mucho. El sistema electoral está lejos de ser transparente y sin manipulación. En un buen número de estados, el PRI sigue aumentando cuentas a su rosario de años de dominio ininterrumpido sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial: en Veracruz, Puebla, Estado de México, Oaxaca y muchos más, ese monopolio ya ha cumplido ochenta años y va por más. La relación entre el Gobierno Federal y los grandes cacicazgos sindicales -SNTE, STPRM, CTM- es hoy tan estrecha o más que en la época priista. La muy buena asociación que el priismo post revolucionario estableció con el gran capital fue reforzada durante el salinismo y hoy se mantiene a ese nivel, no en balde, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial rompió en el 2006 la legalidad con tal de apoyar de manera efectiva a Felipe Calderón en el momento electoral crucial.
La corrupción es un campo donde se esperaba un cambio natural y sustantivo al ocurrir la transferencia de poder del priismo al foxismo-panismo, pero no fue el caso. Desde la persistencia de monopolios o cuasi monopolios a pesar de su prohibición constitucional hasta el tráfico de influencias, los contratos inflados entre Gobierno y proveedores pasando por las tristemente célebres subrogaciones sin control efectivo y la omnipresente cooptación de autoridades por el crimen organizado, el lavado de dinero o la trata de personas. Y la lista puede seguir.
La impunidad, característica central del régimen autoritario priista, era otra de las arenas donde se suponía que era posible y obligado el cambio de fondo. Sin embargo, ningún "pez gordo" cayó durante el foxismo ni después. Obviamente el respeto a los derechos humanos fue letra muerte en el régimen que nos dio la "Federal de Seguridad", el 68 y el 71 -entre otros- y que se empeñó en "guerras sucias" contra sus enemigos armados, desde los cristeros hasta los neozapatistas. Sin embargo, la situación no ha cambiado mucho desde el año 2000 hasta nuestros días, como lo demuestran las acciones y juicios injustos contra dirigentes de la APPO o de Atenco o con activistas como Lydia Cacho.
El campo más importante en la medición de los efectos del juego político en el mundo del ciudadano promedio, es el social, el de la distribución de los costos y los beneficios de las actividades productivas. Echando mano de los cálculos sobre la distribución del ingreso monetario en los hogares mexicanos elaborados por Gerardo Esquivel -"The Dynamics of Income Inequality in Mexico since NAFTA" (PNUD, 2009)-, se puede constatar que la desigualdad social se acentuó en nuestro país a partir de la crisis del modelo económico a inicios de los años ochenta del siglo pasado y que luego disminuyó, pero sólo para volver a tener casi la misma forma que cuando el priismo clásico entró en crisis al final del Gobierno de José López Portillo. Veamos las cifras; en 1984 el ingreso del 10% de los hogares más ricos equivalía a 31.9 veces el del 10% de los más pobres, pero en 1998 la cifra aumentó a ¡54.8 veces! Ahora bien, para el final del foxismo, en 2006, ese 10% de los hogares más afortunados disponían de un ingreso "sólo" 34.3 veces mayor que el del 10% de los más pobres. Esto significa que, en materia de distribución del ingreso, tras un periplo de más de veinte años, apenas si logramos retornar a donde estábamos en la etapa final del priismo clásico. Recordando un título de Shakespeare, el cambio político en México pareciera haber sido "mucho ruido y pocas nueces".
"En Mexico el cambio ha sido más de forma que de contenido; aún no hay un régimen realmente nuevo"
. La interrogante o propuesta que da título a esta columna la formuló un colega, José Luis Reyna, el pasado día 19 en un seminario donde se presentaron los cuatro tomos que forman Una historia contemporánea de México, (Océano-Colegio de México, 2003-2009). La propuesta es una clara referencia a la famosa definición leninista del imperialismo como fase superior del capitalismo (1916). Obviamente, la caracterización de la naturaleza del actual sistema político mexicano como un tipo superior de priismo apela, en la forma, a nuestro sentido del humor, pero tiene un fondo muy serio.
Veamos más de cerca y con reflexión la definición sugerida por Reyna. Para empezar, supone, y con razón, que el foxismo no es sinónimo de panismo, y que pese a que han desembocado en lo mismo, para propósitos de análisis, conviene no subsumir al primero en el segundo. El foxismo fue una especie de populismo de derecha impulsado por el carisma de un personaje que se colgó del PAN para llegar al poder, pero que también requirió y obtuvo otros apoyos. Los "Amigos de Fox", por ejemplo, fueron parte fundamental del foxismo inicial y aunque se trató de una fuerza de derecha, resultaron ser distintos del panismo. Por otro lado, bajo el lema del "voto útil", Fox apeló con éxito a los votantes independientes e incluso a antipanistas y simpatizantes de la izquierda, deseosos todos de poner fin al largo monopolio priista como una condición necesaria para proceder a introducir a México al auténtico pluralismo democrático. Con Felipe Calderón el elemento carismático desapareció por entero y ya fue el PAN propiamente dicho -el PAN duro- la fuerza que llegó a la Presidencia. Ahora bien, ese PAN que sustituyó al foxismo poco tenía que ver ya con el original, con el de Manuel Gómez Morín y sus "místicos del voto". El panismo contemporáneo, al que encarnan, además de Calderón, personajes como Diego Fernández de Cevallos y Germán Martínez, lo mismo que Manuel Espino o el desaparecido Juan Camilo Mouriño, es uno ya transformado por las "concertacesiones" con el Gobierno de Carlos Salinas en los 1990 así como por el ejercicio del poder. Se trata de un partido que ha aprendido bien y a fondo cómo y para qué negociar con los priistas desde la Oposición primero y desde el poder después y que, en el proceso, se fue haciendo cada vez más parecido al PRI.
En el capítulo publicado por Reyna en el tomo 3 de Una historia contemporánea de México -"El sistema político: cambios y vicisitudes"- se muestra que desde hace ya algunos años nuestro país cuenta con las condiciones mínimas necesarias para avanzar en la construcción de una efectiva democracia política, pero que para empezar a andar ese camino con paso firme es necesario -en realidad indispensable- proceder a desmantelar la vieja estructura autoritaria. Sin embargo, eso es justamente lo que no ha sucedido.
El foxismo y el panismo llevan ya más de ocho años ejerciendo el poder desde la Presidencia, en varios estados y un buen número de municipios, pero ni uno ni otro han mostrado auténtica disposición a abatir el viejo arreglo. Al contrario, lo encontraron conveniente a punto que más bien pareciera que el proyecto de ambos -y esta es su coincidencia fundamental- es remozarlo por la vía de la alternancia entre PRI y PAN y de un cambio en el discurso, pero sin tocar el arreglo fundamental, el heredado, salvo por lo que toca al viejo arreglo del PRI con el narcotráfico. En enero de 1989 Salinas buscó "ganar la Presidencia desde la Presidencia": usar al Ejército para dar un golpe espectacular a un viejo cacicazgo sindical -el petrolero- para luego volverlo a recrear a su imagen y semejanza. Calderón decidió hacer algo parecido en diciembre de 2006, pero de una manera mucho más arriesgada: usar al Ejército para declararle "la guerra" al narcotráfico; la moneda calderonista aún está en el aire pues en su caso no ha logrado el equivalente del "Quinazo".
. Hoy ya no vivimos bajo el signo de un "sistema de partido" sino que tenemos un sistema de partidos, cuya forma no es muy distinta de la que es común en muchas democracias efectivas: dos partidos grandes, uno mediano y cinco pequeños más algunos regionales. Como consecuencia de ese cambio, se modificó de manera sustantiva la característica distintiva del viejo régimen priista: la gran concentración del poder en manos del presidente. Esta transformación se inició en la fase final del priismo clásico. Como bien lo muestran Rogelio Hernández, Luisa Béjar o Arturo Alvarado, en otros tantos capítulos de la obra sobre el México contemporáneo ya citada, y que fijan la atención en los cambios en las arenas de los partidos, los gobiernos estatales, el federalismo, los congresos y los municipios. Las reformas administrativas y los cambios económicos de los 1980 y 1990 fueron el arranque de la migración de una parte del poder histórico de la presidencia hacia los partidos, gobiernos estatales, municipales y los congresos.
Ahora bien ¿esas modificaciones de las formas en el ejercicio del poder han significado, también, un cambio en sus contenidos? Aquí la respuesta tiene que ser: no mucho. El sistema electoral está lejos de ser transparente y sin manipulación. En un buen número de estados, el PRI sigue aumentando cuentas a su rosario de años de dominio ininterrumpido sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial: en Veracruz, Puebla, Estado de México, Oaxaca y muchos más, ese monopolio ya ha cumplido ochenta años y va por más. La relación entre el Gobierno Federal y los grandes cacicazgos sindicales -SNTE, STPRM, CTM- es hoy tan estrecha o más que en la época priista. La muy buena asociación que el priismo post revolucionario estableció con el gran capital fue reforzada durante el salinismo y hoy se mantiene a ese nivel, no en balde, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial rompió en el 2006 la legalidad con tal de apoyar de manera efectiva a Felipe Calderón en el momento electoral crucial.
La corrupción es un campo donde se esperaba un cambio natural y sustantivo al ocurrir la transferencia de poder del priismo al foxismo-panismo, pero no fue el caso. Desde la persistencia de monopolios o cuasi monopolios a pesar de su prohibición constitucional hasta el tráfico de influencias, los contratos inflados entre Gobierno y proveedores pasando por las tristemente célebres subrogaciones sin control efectivo y la omnipresente cooptación de autoridades por el crimen organizado, el lavado de dinero o la trata de personas. Y la lista puede seguir.
La impunidad, característica central del régimen autoritario priista, era otra de las arenas donde se suponía que era posible y obligado el cambio de fondo. Sin embargo, ningún "pez gordo" cayó durante el foxismo ni después. Obviamente el respeto a los derechos humanos fue letra muerte en el régimen que nos dio la "Federal de Seguridad", el 68 y el 71 -entre otros- y que se empeñó en "guerras sucias" contra sus enemigos armados, desde los cristeros hasta los neozapatistas. Sin embargo, la situación no ha cambiado mucho desde el año 2000 hasta nuestros días, como lo demuestran las acciones y juicios injustos contra dirigentes de la APPO o de Atenco o con activistas como Lydia Cacho.
El campo más importante en la medición de los efectos del juego político en el mundo del ciudadano promedio, es el social, el de la distribución de los costos y los beneficios de las actividades productivas. Echando mano de los cálculos sobre la distribución del ingreso monetario en los hogares mexicanos elaborados por Gerardo Esquivel -"The Dynamics of Income Inequality in Mexico since NAFTA" (PNUD, 2009)-, se puede constatar que la desigualdad social se acentuó en nuestro país a partir de la crisis del modelo económico a inicios de los años ochenta del siglo pasado y que luego disminuyó, pero sólo para volver a tener casi la misma forma que cuando el priismo clásico entró en crisis al final del Gobierno de José López Portillo. Veamos las cifras; en 1984 el ingreso del 10% de los hogares más ricos equivalía a 31.9 veces el del 10% de los más pobres, pero en 1998 la cifra aumentó a ¡54.8 veces! Ahora bien, para el final del foxismo, en 2006, ese 10% de los hogares más afortunados disponían de un ingreso "sólo" 34.3 veces mayor que el del 10% de los más pobres. Esto significa que, en materia de distribución del ingreso, tras un periplo de más de veinte años, apenas si logramos retornar a donde estábamos en la etapa final del priismo clásico. Recordando un título de Shakespeare, el cambio político en México pareciera haber sido "mucho ruido y pocas nueces".
jueves, 18 de junio de 2009
Fallido
Por: LORENZO MEYER
"Lo que ha fallado no es sólo el Estado, sino el régimen y el proyecto mismo que da sentido a la comunidad nacional"
. Es obvio que han estado fallando de manera sistemática, muchas cosas en México. De seguir por donde vamos, el resultado es tan predecible como inaceptable: una nueva pérdida de la oportunidad histórica, al estilo de lo ocurrido entre los 1810 y los 1870. Indicadores del mal camino que llevamos, sobran.
La guerra contra el crimen organizado es hoy el centro de la agenda del Gobierno, pero cada vez más el conflicto se parece en su desarrollo al que hace ochenta años tuvieron el Gobierno y los cristeros: ninguno de los bandos pudo imponerse de manera contundente y al final todo quedó como al inicio, sólo que con un montón de horrores y vidas segadas.
A partir de 1994, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte aumentó notablemente las exportaciones mexicanas, pero no hizo crecer mucho a la economía en su conjunto y finalmente no pudo evitar la desindustrialización del país: hoy México es, en términos relativos, un país menos industrializado de lo que era hace veinte años. Y lo que es peor, en el último cuarto de siglo el crecimiento real del PIB es de los más bajos en América Latina y este año puede caer entre 6% y 8%. Desde fines de los 1970 el país dejó de reservar para sí su petróleo y volvió a ser proveedor para el exterior de un recurso natural estratégico y no renovable. Pero esa exportación sólo se ha traducido en gasto burocrático, en paliativos de los efectos de la pobreza y, sobre todo, en sustituto de una reforma fiscal auténtica. La renta petrolera no ha dejado inversiones significativas para el bienestar futuro del grueso de los mexicanos. La privatización y subrogación de los servicios del Estado han desembocado en monopolización o disminución de la calidad de esos servicios a la vez que la supuesta lógica del mercado -objetivo teórico del proceso-, se ha visto distorsionada por los efectos de la corrupción.
La democracia electoral tiene apenas nueve años de funcionar, consume recursos fiscales excesivos y ya está sumida en una crisis de credibilidad. Existe un sistema de partidos, pero sus componentes, hinchados de dinero público, naufragan en un mar de ilegitimidad proveniente de su ineficacia, alto costo y falta de representatividad. La importancia que ha adquirido en las últimas semanas una campaña a favor del voto en blanco, nulo o por candidatos sin registro, es la medida de la desilusión ciudadana, en particular de los jóvenes, con los partidos y la clase política. Y la lista de indicadores del mal rumbo que lleva el país, se puede alargar.
. ¿En qué plano se encuentra la acumulación de elementos que componen lo fallido del México actual? ¿En el de la clase política, del Gobierno, del régimen, del Estado o de plano del proyecto nacional mismo? En realidad, todo apunta a una bancarrota sistémica y que, por tanto, abarca todos los niveles mencionados.
El proyecto nacional, es decir el conjunto de grandes ideas motrices que le dan sentido histórico a la comunidad nacional, a la acción cotidiana de ciudadanos, líderes e instituciones, simplemente no existe. Nadie lo ha reformulado de manera efectiva después del rápido fracaso del neoliberalismo salinista que, a su vez, no fue otra cosa que diluir y subordinar el proyecto mexicano al norteamericano. El dejar que en una sociedad terriblemente desigual, las supuestas fuerzas impersonales del mercado global decidan quién, dónde, cuándo y cómo se distribuyan, se inviertan o se consuman los recursos económicos, ha sido el equivalente a abandonar, en beneficio de unos cuantos, la aspiración histórica colectiva de un desarrollo justo y con autonomía.
Sin un proyecto propio y efectivo de largo plazo, el régimen político ha quedado un tanto a la deriva. Por régimen se entiende aquí el conjunto de valores e instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder. Se supone que vivimos en un régimen presidencial y democrático. Sin embargo, un poder caciquil sindical como el de Elba Esther Gordillo y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hacen cargo lo mismo de la Secretaría de Educación y de su política educativa, que del ISSSTE o de la Lotería Nacional. Justamente por transferencias de poder como ésta, queda claro que son poderes fácticos y no la Presidencia quienes definen al régimen. Igualmente, al declarar Felipe Calderón en 2006 que "haiga sido como haiga sido" él ganó la contienda presidencial, se hace patente que no son ya los valores democráticos los que hacen latir el corazón del régimen. Y qué decir de las instituciones y la democracia si en una elección tan cerrada como la de 2006 el IFE se negó a recontar los votos a pesar de que las inconsistencias en las boletas electorales arrojaron un número mayor que la diferencia oficial de votos recibidos por Calderón y su rival, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, que también entra en esta descomposición institucional el Tribunal Electoral, que por un lado reconoció la falta grave en materia de imparcialidad del presidente Vicente Fox en 2006, pero acto seguido se declaró incapaz de encontrar remedio a una falla que reconoció mayúscula.
La situación está igualmente malograda por lo que se refiere al Estado mismo, es decir, al conjunto de instituciones que dentro de un territorio delimitado organizan la dominación, en nombre del interés general, y con el respaldo que les da su control sobre los medios de la violencia. Por un lado, el Ejército -el centro del monopolio estatal de la supuesta "violencia legítima"- se encuentra una y otra vez en lucha abierta con policías locales como resultado del enorme poder de corrupción que ejerce el crimen organizado. Un resultado de ésa y otras contradicciones que impiden al Estado enfrentar con eficacia a los productores de la "renta criminal", es que un líder político del municipio más rico del país y miembro de la élite del poder de Nuevo León -Mauricio Fernández Garza candidato panista a la alcaldía de San Pedro Garza García- admitió hace poco ante un grupo de sus pares, que la clave para mantener la tranquilidad en zonas como la que él pretende gobernar, no está en la acción de las instituciones del Estado sino en llegar a un acuerdo con los grupos criminales que, de tiempo atrás, ya viven en medio de las clases poderosas y también demandan zonas de tranquilidad para sus familias: los narcotraficantes, (El Universal con datos de Reporte Índigo, 12 de junio).
En un largo reportaje aparecido en Le Monde diplomatique, México (junio), David González y Jean-Francois Boyer documentan la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de los periodistas de Tamaulipas, los cuales simplemente no pueden publicar nada que disguste a los dirigentes del Cártel del Golfo, al punto que la prensa local ha eliminado de su vocabulario términos como "Cártel del Golfo", "Zetas" o "crimen organizado" para no irritar a los aludidos. La Ley que impera en ese estado ya no es la del Estado Mexicano ni la del "Estado Libre y Soberano de Tamaulipas" sino aquélla impuesta por los narcotraficantes que, entre 2000 y 2009 han asesinado entre nueve y once comunicadores, dependiendo de la fuente consultada.
Como sea, actualmente el crimen organizado es tan organizado en Tamaulipas, que ya cuenta con un representante dentro de casi todos los periódicos locales y ese personaje es consultado por el editor al momento de decidir si una noticia se debe o no publicar. En temas de narcotráfico, la censura sobre la prensa tamaulipeca es hoy tan o más efectiva que esa que ejercía Gobernación o los gobernadores en materia política en la época del supuesto "antiguo régimen" el autoritario priista. Como bien lo señalara en Nuevo León, Mauricio Fernández, si se quiere vivir en paz en Tamaulipas, el ciudadano no debe obedecer tanto a la autoridad formal sino a esa que cada vez gana más espacios: a "La Compañía", que es como los narcos exigen que se les llame en ese estado.
. La mediocridad material y espiritual que hoy caracteriza a nuestro país es lo que le da el tono de marcado desánimo a la época.
La cortedad de miras y corrupción de la clase política, la mediocridad de la élite del poder, nos hizo perder la oportunidad de renovación que se abrió con el cambio político de 2000 y eso condujo al desánimo de hoy. Ningún dedo de Dios escribió nuestro destino. Estamos obligados a demostrarnos que no nos merecemos el sistema de autoridad que tenemos, a repensar de manera radical nuestro modelo de desarrollo y hacer de nuestro siguiente encuentro fundamental con las urnas, que ya no puede ser el de ahora sino el de 2012, la nueva gran oportunidad de cambiar de dirigentes y rumbo. De lo contrario el fracaso se convertirá en crónico.
"Lo que ha fallado no es sólo el Estado, sino el régimen y el proyecto mismo que da sentido a la comunidad nacional"
. Es obvio que han estado fallando de manera sistemática, muchas cosas en México. De seguir por donde vamos, el resultado es tan predecible como inaceptable: una nueva pérdida de la oportunidad histórica, al estilo de lo ocurrido entre los 1810 y los 1870. Indicadores del mal camino que llevamos, sobran.
La guerra contra el crimen organizado es hoy el centro de la agenda del Gobierno, pero cada vez más el conflicto se parece en su desarrollo al que hace ochenta años tuvieron el Gobierno y los cristeros: ninguno de los bandos pudo imponerse de manera contundente y al final todo quedó como al inicio, sólo que con un montón de horrores y vidas segadas.
A partir de 1994, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte aumentó notablemente las exportaciones mexicanas, pero no hizo crecer mucho a la economía en su conjunto y finalmente no pudo evitar la desindustrialización del país: hoy México es, en términos relativos, un país menos industrializado de lo que era hace veinte años. Y lo que es peor, en el último cuarto de siglo el crecimiento real del PIB es de los más bajos en América Latina y este año puede caer entre 6% y 8%. Desde fines de los 1970 el país dejó de reservar para sí su petróleo y volvió a ser proveedor para el exterior de un recurso natural estratégico y no renovable. Pero esa exportación sólo se ha traducido en gasto burocrático, en paliativos de los efectos de la pobreza y, sobre todo, en sustituto de una reforma fiscal auténtica. La renta petrolera no ha dejado inversiones significativas para el bienestar futuro del grueso de los mexicanos. La privatización y subrogación de los servicios del Estado han desembocado en monopolización o disminución de la calidad de esos servicios a la vez que la supuesta lógica del mercado -objetivo teórico del proceso-, se ha visto distorsionada por los efectos de la corrupción.
La democracia electoral tiene apenas nueve años de funcionar, consume recursos fiscales excesivos y ya está sumida en una crisis de credibilidad. Existe un sistema de partidos, pero sus componentes, hinchados de dinero público, naufragan en un mar de ilegitimidad proveniente de su ineficacia, alto costo y falta de representatividad. La importancia que ha adquirido en las últimas semanas una campaña a favor del voto en blanco, nulo o por candidatos sin registro, es la medida de la desilusión ciudadana, en particular de los jóvenes, con los partidos y la clase política. Y la lista de indicadores del mal rumbo que lleva el país, se puede alargar.
. ¿En qué plano se encuentra la acumulación de elementos que componen lo fallido del México actual? ¿En el de la clase política, del Gobierno, del régimen, del Estado o de plano del proyecto nacional mismo? En realidad, todo apunta a una bancarrota sistémica y que, por tanto, abarca todos los niveles mencionados.
El proyecto nacional, es decir el conjunto de grandes ideas motrices que le dan sentido histórico a la comunidad nacional, a la acción cotidiana de ciudadanos, líderes e instituciones, simplemente no existe. Nadie lo ha reformulado de manera efectiva después del rápido fracaso del neoliberalismo salinista que, a su vez, no fue otra cosa que diluir y subordinar el proyecto mexicano al norteamericano. El dejar que en una sociedad terriblemente desigual, las supuestas fuerzas impersonales del mercado global decidan quién, dónde, cuándo y cómo se distribuyan, se inviertan o se consuman los recursos económicos, ha sido el equivalente a abandonar, en beneficio de unos cuantos, la aspiración histórica colectiva de un desarrollo justo y con autonomía.
Sin un proyecto propio y efectivo de largo plazo, el régimen político ha quedado un tanto a la deriva. Por régimen se entiende aquí el conjunto de valores e instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder. Se supone que vivimos en un régimen presidencial y democrático. Sin embargo, un poder caciquil sindical como el de Elba Esther Gordillo y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hacen cargo lo mismo de la Secretaría de Educación y de su política educativa, que del ISSSTE o de la Lotería Nacional. Justamente por transferencias de poder como ésta, queda claro que son poderes fácticos y no la Presidencia quienes definen al régimen. Igualmente, al declarar Felipe Calderón en 2006 que "haiga sido como haiga sido" él ganó la contienda presidencial, se hace patente que no son ya los valores democráticos los que hacen latir el corazón del régimen. Y qué decir de las instituciones y la democracia si en una elección tan cerrada como la de 2006 el IFE se negó a recontar los votos a pesar de que las inconsistencias en las boletas electorales arrojaron un número mayor que la diferencia oficial de votos recibidos por Calderón y su rival, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, que también entra en esta descomposición institucional el Tribunal Electoral, que por un lado reconoció la falta grave en materia de imparcialidad del presidente Vicente Fox en 2006, pero acto seguido se declaró incapaz de encontrar remedio a una falla que reconoció mayúscula.
La situación está igualmente malograda por lo que se refiere al Estado mismo, es decir, al conjunto de instituciones que dentro de un territorio delimitado organizan la dominación, en nombre del interés general, y con el respaldo que les da su control sobre los medios de la violencia. Por un lado, el Ejército -el centro del monopolio estatal de la supuesta "violencia legítima"- se encuentra una y otra vez en lucha abierta con policías locales como resultado del enorme poder de corrupción que ejerce el crimen organizado. Un resultado de ésa y otras contradicciones que impiden al Estado enfrentar con eficacia a los productores de la "renta criminal", es que un líder político del municipio más rico del país y miembro de la élite del poder de Nuevo León -Mauricio Fernández Garza candidato panista a la alcaldía de San Pedro Garza García- admitió hace poco ante un grupo de sus pares, que la clave para mantener la tranquilidad en zonas como la que él pretende gobernar, no está en la acción de las instituciones del Estado sino en llegar a un acuerdo con los grupos criminales que, de tiempo atrás, ya viven en medio de las clases poderosas y también demandan zonas de tranquilidad para sus familias: los narcotraficantes, (El Universal con datos de Reporte Índigo, 12 de junio).
En un largo reportaje aparecido en Le Monde diplomatique, México (junio), David González y Jean-Francois Boyer documentan la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de los periodistas de Tamaulipas, los cuales simplemente no pueden publicar nada que disguste a los dirigentes del Cártel del Golfo, al punto que la prensa local ha eliminado de su vocabulario términos como "Cártel del Golfo", "Zetas" o "crimen organizado" para no irritar a los aludidos. La Ley que impera en ese estado ya no es la del Estado Mexicano ni la del "Estado Libre y Soberano de Tamaulipas" sino aquélla impuesta por los narcotraficantes que, entre 2000 y 2009 han asesinado entre nueve y once comunicadores, dependiendo de la fuente consultada.
Como sea, actualmente el crimen organizado es tan organizado en Tamaulipas, que ya cuenta con un representante dentro de casi todos los periódicos locales y ese personaje es consultado por el editor al momento de decidir si una noticia se debe o no publicar. En temas de narcotráfico, la censura sobre la prensa tamaulipeca es hoy tan o más efectiva que esa que ejercía Gobernación o los gobernadores en materia política en la época del supuesto "antiguo régimen" el autoritario priista. Como bien lo señalara en Nuevo León, Mauricio Fernández, si se quiere vivir en paz en Tamaulipas, el ciudadano no debe obedecer tanto a la autoridad formal sino a esa que cada vez gana más espacios: a "La Compañía", que es como los narcos exigen que se les llame en ese estado.
. La mediocridad material y espiritual que hoy caracteriza a nuestro país es lo que le da el tono de marcado desánimo a la época.
La cortedad de miras y corrupción de la clase política, la mediocridad de la élite del poder, nos hizo perder la oportunidad de renovación que se abrió con el cambio político de 2000 y eso condujo al desánimo de hoy. Ningún dedo de Dios escribió nuestro destino. Estamos obligados a demostrarnos que no nos merecemos el sistema de autoridad que tenemos, a repensar de manera radical nuestro modelo de desarrollo y hacer de nuestro siguiente encuentro fundamental con las urnas, que ya no puede ser el de ahora sino el de 2012, la nueva gran oportunidad de cambiar de dirigentes y rumbo. De lo contrario el fracaso se convertirá en crónico.
jueves, 11 de junio de 2009
El voto sin partido o cómo usar la crisis
Por: LORENZO MEYER
Se va a echar de menos la presencia de Javier Wimer
. Una buena razón para ir a las urnas el próximo mes, pero sin darle el voto a un partido, la resume un titular: "La clase política contra el voto nulo. Las dirigencias partidistas califican de peligroso el sufragio en blanco" (El Universal, 5 de julio). Para aquellos ciudadanos más que insatisfechos con la actual clase política y sus partidos -de todos sus partidos-, la irritación de la élite del poder -políticos, empresarios, Iglesia Católica, etc.- ante la idea de anular el voto o mejor aún, dárselo a un personaje sin registro usando para ello la casilla en blanco de las boletas, es todo un incentivo para seguir adelante con ese propósito. . El título de esta columna está inspirado en una propuesta que se le atribuye a Rahm Emanuel, el astuto y realista Jefe de Gabinete del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La gran crisis económica y política que Obama heredó de la Administración de George W. Bush, dentro de la calamidad que era, tenía un lado bueno: facilitaba reencauzar el desarrollo general del país. El estado de emergencia económica, el fracaso de la invasión de Irak y el triunfo electoral de los demócratas habían destruido buena parte de los argumentos y capacidades de las fuerzas conservadoras que se oponían a una reestructuración a fondo del sector financiero, a un cambio en el unilateralismo que dominaba a la política exterior de Washington, a proteger de manera efectiva al medio ambiente, a una redistribución más justa del ingreso, a una mejora a fondo del sistema educativo, a un mayor gasto en ciencia y tecnología, etcétera. Así, la crisis era o podía ser la vía para deshacerse de lo malhecho e iniciar su reconstrucción. . En términos relativos, en México tenemos una crisis más profunda que la norteamericana. Nuestra crisis general lleva decenios y se compone de una gama de atolladeros sin salida fácil, de fracasos rotundos. Para empezar está el económico, que lleva ya un cuarto de siglo y que, a su vez, puede subdividirse en laboral, financiero, industrial, agrícola, fiscal, turístico, etcétera; seguido por el de seguridad, de representación política, de impartición de justicia, el educativo y finalmente, englobándolos y resultado de todos, el atasco moral.
Lo mismo las encuestas que la experiencia individual, muestran que en el México actual hay una buena cantidad de ciudadanos insatisfechos -algunos muy insatisfechos-, con el estado que guarda nuestra vida pública, que se sienten encolerizados por la persistencia de la corrupción a todos los niveles, desde la ventanilla hasta la presidencia, defraudados por la forma en que se llevó a cabo la última elección presidencial, burlados por el comportamiento de cada uno de los partidos políticos y por la no representatividad del sistema en su conjunto, decepcionados con todas y cada una de las instituciones que se supone regulan la vida partidaria y defienden la legalidad del voto -IFE, Trife, FEPADE, los institutos electorales estatales-, irritados con la forma en que se comportan los supuestos representantes populares -los legisladores locales y federales-, desesperados por la ineficacia de las burocracias, temerosos y contrariados por la imposibilidad de contar con una adecuada protección policiaca, desalentados por la ausencia de un proyecto nacional y por la pérdida de oportunidades al tiempo que países como China, India o Brasil, parecen dirigirse con confianza a un mejor futuro. Todo este conjunto de inconformidades y más, caracterizan la crisis actual mexicana.
Para hacer de una gran crisis una gran oportunidad de reconstrucción se necesita lo que hoy tiene Estados Unidos, pero de lo que México carece: un liderazgo con poder, con un gran proyecto, con una visión generosa, con enorme legitimidad, respaldado por un Gabinete seleccionado de entre los mejores y por un partido -el Demócrata- que ganó claramente la mayoría en las urnas y no como resultado de una campaña de miedo -ésa corrió a cargo de sus adversarios- sino de una propuesta imaginativa para rediseñar el capitalismo norteamericano sometiéndolo a reglas, poniéndole límites a las fuerzas del mercado y reviviendo el papel del Estado en beneficio de la mayoría, al estilo de Franklin D. Roosevelt hace poco más de setenta años.
Hoy en México, simplemente no existe ninguna de esas condiciones. Ningún partido registrado, de izquierda, centro o derecha, tiene un liderazgo que esté mínimamente a la altura de las circunstancias. Todas las oligarquías partidistas son notables por su mediocridad moral e intelectual, su voracidad y corrupción. Sin embargo, forzados por un calendario implacable e ineludible, esa clase política dividida en tres grandes partidos -con un grupo de rémoras- tiene que convocar a la ciudadanía para que, en las urnas, emita un juicio sobre el resultado de sus acciones, sobre los frutos de su conducta tanto reciente como histórica. Se trata, pues, de un México convocado a elecciones intermedias en medio del desastre y del desánimo.
Y es ahí donde los ciudadanos podemos tener una oportunidad de emitir una evaluación, de deslegitimar un arreglo cupular trágico y pasar así una factura, aunque sea simbólica, a las élites políticas y del poder e intentar abrir una brecha por donde, más adelante y con mayor esfuerzo, pueda introducirse el cambio.
. En este momento, las urnas no le ofrecen al ciudadano eso que constituye el sentido mínimo de la democracia electoral: la posibilidad de elegir entre proyectos realmente alternativos. El PRI se mantiene básicamente fiel a su esencia oportunista original: tiene intereses no ideología y ni siquiera ha cambiado al grueso de sus cuadros dirigentes. Y cuando aparecen líderes jóvenes, éstos resultan ser, en su esencia, una copia casi fiel de sus ancestros. Un buen ejemplo es el caso del gobernador del Estado de México, formado en la escuela de Isidro Fabela, continuada por Carlos Hank González y seguida sin cambio hasta Arturo Montiel.
Desde el sexenio de Miguel Alemán el PRI se escoró a la derecha y justo cuando adoptó el neoliberalismo como proyecto a fines de los 1980, se encontró con la posibilidad de forjar una gran alianza con un PAN que había nacido en la derecha. En esas circunstancias, PRI y PAN trocaron características y papeles: a cambio de un apoyo indispensable tras el desastre de la elección de 1988, el PRI integró al PAN al círculo del poder y ya una vez ahí y por la vía de la negociación, el PAN dejó fuera su compromiso histórico con la democracia y la honestidad administrativa.
Por su parte, la izquierda, tras la enorme frustración producto de de dos derrotas a la mala en las urnas, llevó sus divisiones originales a sus últimas consecuencias en medio de una guerra interna dominada por la pasión fratricida. En esa lucha, el ala más "negociadora" o "moderna" contó con la simpatía y ayuda del Gobierno, de los medios de comunicación, y de toda la gama de intereses que conformaron el gran frente antilopezobradorista de 2006. En esas condiciones, el PRD dejó de ser opción para quedar simplemente en una burocracia más, alimentada por los subsidios que dispensa el IFE, y que no se distingue en nada sustantivo de las del PRI y el PAN excepto por tener una cuota de poder menor.
La solución de fondo es una nueva fuerza electoral pero en la coyuntura actual sólo queda el rechazo al arreglo existente. La mejor vía no es la abstención electoral porque se confunde con la simple desidia e indiferencia. Hay que mostrar voluntad yendo a las urnas y demandar lo que aún no existe: una auténtica opción. Una forma de hacerlo es votando en blanco o anulando el voto. Desde que en 1997 los votos más o menos se cuentan, este voto promedia el 2.76%; cualquier porcentaje que supere la cifra anterior sería un claro indicador de protesta. Otra posibilidad aún mejor es hacer uso del espacio en blanco de la boleta y poner ahí, de puño y letra, el nombre de un personaje real o ficticio que encarne nuestra esperanza o frustración; la autoridad electoral está obligada a registrarlo y dejar constancia que no fue una equivocación del votante sino un acto consciente de rechazo a la calidad de la vida política mexicana.
Actuar el 5 de julio de manera contraria a lo que nos pide la élite del poder mexicana, podría ser un paso, modesto si se quiere, en la deslegitimación de un sistema partidista que no cumple con su función y, por eso mismo y si hay suerte, una oportunidad para empezar la construcción, de nuevo y desde abajo, de algo mejor.
Se va a echar de menos la presencia de Javier Wimer
. Una buena razón para ir a las urnas el próximo mes, pero sin darle el voto a un partido, la resume un titular: "La clase política contra el voto nulo. Las dirigencias partidistas califican de peligroso el sufragio en blanco" (El Universal, 5 de julio). Para aquellos ciudadanos más que insatisfechos con la actual clase política y sus partidos -de todos sus partidos-, la irritación de la élite del poder -políticos, empresarios, Iglesia Católica, etc.- ante la idea de anular el voto o mejor aún, dárselo a un personaje sin registro usando para ello la casilla en blanco de las boletas, es todo un incentivo para seguir adelante con ese propósito. . El título de esta columna está inspirado en una propuesta que se le atribuye a Rahm Emanuel, el astuto y realista Jefe de Gabinete del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La gran crisis económica y política que Obama heredó de la Administración de George W. Bush, dentro de la calamidad que era, tenía un lado bueno: facilitaba reencauzar el desarrollo general del país. El estado de emergencia económica, el fracaso de la invasión de Irak y el triunfo electoral de los demócratas habían destruido buena parte de los argumentos y capacidades de las fuerzas conservadoras que se oponían a una reestructuración a fondo del sector financiero, a un cambio en el unilateralismo que dominaba a la política exterior de Washington, a proteger de manera efectiva al medio ambiente, a una redistribución más justa del ingreso, a una mejora a fondo del sistema educativo, a un mayor gasto en ciencia y tecnología, etcétera. Así, la crisis era o podía ser la vía para deshacerse de lo malhecho e iniciar su reconstrucción. . En términos relativos, en México tenemos una crisis más profunda que la norteamericana. Nuestra crisis general lleva decenios y se compone de una gama de atolladeros sin salida fácil, de fracasos rotundos. Para empezar está el económico, que lleva ya un cuarto de siglo y que, a su vez, puede subdividirse en laboral, financiero, industrial, agrícola, fiscal, turístico, etcétera; seguido por el de seguridad, de representación política, de impartición de justicia, el educativo y finalmente, englobándolos y resultado de todos, el atasco moral.
Lo mismo las encuestas que la experiencia individual, muestran que en el México actual hay una buena cantidad de ciudadanos insatisfechos -algunos muy insatisfechos-, con el estado que guarda nuestra vida pública, que se sienten encolerizados por la persistencia de la corrupción a todos los niveles, desde la ventanilla hasta la presidencia, defraudados por la forma en que se llevó a cabo la última elección presidencial, burlados por el comportamiento de cada uno de los partidos políticos y por la no representatividad del sistema en su conjunto, decepcionados con todas y cada una de las instituciones que se supone regulan la vida partidaria y defienden la legalidad del voto -IFE, Trife, FEPADE, los institutos electorales estatales-, irritados con la forma en que se comportan los supuestos representantes populares -los legisladores locales y federales-, desesperados por la ineficacia de las burocracias, temerosos y contrariados por la imposibilidad de contar con una adecuada protección policiaca, desalentados por la ausencia de un proyecto nacional y por la pérdida de oportunidades al tiempo que países como China, India o Brasil, parecen dirigirse con confianza a un mejor futuro. Todo este conjunto de inconformidades y más, caracterizan la crisis actual mexicana.
Para hacer de una gran crisis una gran oportunidad de reconstrucción se necesita lo que hoy tiene Estados Unidos, pero de lo que México carece: un liderazgo con poder, con un gran proyecto, con una visión generosa, con enorme legitimidad, respaldado por un Gabinete seleccionado de entre los mejores y por un partido -el Demócrata- que ganó claramente la mayoría en las urnas y no como resultado de una campaña de miedo -ésa corrió a cargo de sus adversarios- sino de una propuesta imaginativa para rediseñar el capitalismo norteamericano sometiéndolo a reglas, poniéndole límites a las fuerzas del mercado y reviviendo el papel del Estado en beneficio de la mayoría, al estilo de Franklin D. Roosevelt hace poco más de setenta años.
Hoy en México, simplemente no existe ninguna de esas condiciones. Ningún partido registrado, de izquierda, centro o derecha, tiene un liderazgo que esté mínimamente a la altura de las circunstancias. Todas las oligarquías partidistas son notables por su mediocridad moral e intelectual, su voracidad y corrupción. Sin embargo, forzados por un calendario implacable e ineludible, esa clase política dividida en tres grandes partidos -con un grupo de rémoras- tiene que convocar a la ciudadanía para que, en las urnas, emita un juicio sobre el resultado de sus acciones, sobre los frutos de su conducta tanto reciente como histórica. Se trata, pues, de un México convocado a elecciones intermedias en medio del desastre y del desánimo.
Y es ahí donde los ciudadanos podemos tener una oportunidad de emitir una evaluación, de deslegitimar un arreglo cupular trágico y pasar así una factura, aunque sea simbólica, a las élites políticas y del poder e intentar abrir una brecha por donde, más adelante y con mayor esfuerzo, pueda introducirse el cambio.
. En este momento, las urnas no le ofrecen al ciudadano eso que constituye el sentido mínimo de la democracia electoral: la posibilidad de elegir entre proyectos realmente alternativos. El PRI se mantiene básicamente fiel a su esencia oportunista original: tiene intereses no ideología y ni siquiera ha cambiado al grueso de sus cuadros dirigentes. Y cuando aparecen líderes jóvenes, éstos resultan ser, en su esencia, una copia casi fiel de sus ancestros. Un buen ejemplo es el caso del gobernador del Estado de México, formado en la escuela de Isidro Fabela, continuada por Carlos Hank González y seguida sin cambio hasta Arturo Montiel.
Desde el sexenio de Miguel Alemán el PRI se escoró a la derecha y justo cuando adoptó el neoliberalismo como proyecto a fines de los 1980, se encontró con la posibilidad de forjar una gran alianza con un PAN que había nacido en la derecha. En esas circunstancias, PRI y PAN trocaron características y papeles: a cambio de un apoyo indispensable tras el desastre de la elección de 1988, el PRI integró al PAN al círculo del poder y ya una vez ahí y por la vía de la negociación, el PAN dejó fuera su compromiso histórico con la democracia y la honestidad administrativa.
Por su parte, la izquierda, tras la enorme frustración producto de de dos derrotas a la mala en las urnas, llevó sus divisiones originales a sus últimas consecuencias en medio de una guerra interna dominada por la pasión fratricida. En esa lucha, el ala más "negociadora" o "moderna" contó con la simpatía y ayuda del Gobierno, de los medios de comunicación, y de toda la gama de intereses que conformaron el gran frente antilopezobradorista de 2006. En esas condiciones, el PRD dejó de ser opción para quedar simplemente en una burocracia más, alimentada por los subsidios que dispensa el IFE, y que no se distingue en nada sustantivo de las del PRI y el PAN excepto por tener una cuota de poder menor.
La solución de fondo es una nueva fuerza electoral pero en la coyuntura actual sólo queda el rechazo al arreglo existente. La mejor vía no es la abstención electoral porque se confunde con la simple desidia e indiferencia. Hay que mostrar voluntad yendo a las urnas y demandar lo que aún no existe: una auténtica opción. Una forma de hacerlo es votando en blanco o anulando el voto. Desde que en 1997 los votos más o menos se cuentan, este voto promedia el 2.76%; cualquier porcentaje que supere la cifra anterior sería un claro indicador de protesta. Otra posibilidad aún mejor es hacer uso del espacio en blanco de la boleta y poner ahí, de puño y letra, el nombre de un personaje real o ficticio que encarne nuestra esperanza o frustración; la autoridad electoral está obligada a registrarlo y dejar constancia que no fue una equivocación del votante sino un acto consciente de rechazo a la calidad de la vida política mexicana.
Actuar el 5 de julio de manera contraria a lo que nos pide la élite del poder mexicana, podría ser un paso, modesto si se quiere, en la deslegitimación de un sistema partidista que no cumple con su función y, por eso mismo y si hay suerte, una oportunidad para empezar la construcción, de nuevo y desde abajo, de algo mejor.
jueves, 4 de junio de 2009
Poderes tras el trono
Por: LORENZO MEYER
"La existencia de 'poderes tras el trono' es un indicador más de la debilidad
Institucional de nuestra política",
Lorenzo Meyer
. El contenido del concepto "el poder tras el trono" es tan viejo como la política misma. Se refiere a la persona o grupo que sin tener un cargo de autoridad formal -sin sus prerrogativas y responsabilidades- es quien, en la práctica, toma las decisiones, ejerce el poder y recibe sus beneficios. Un ejemplo clásico es el cardenal-duque de Richelieu, el fraile capuchino que fue primer ministro de Luis XIII en la Francia del siglo 17. Richelieu jugó un papel mayor al de primer ministro: influyó en la toma de decisiones al punto de ser él y no el rey, el verdadero hacedor de la política del Estado francés.
Y el tema de los poderes formales y reales en la política mexicana viene al caso por el papel que ha desempeñado el ex presidente Carlos Salinas de Gortari a partir de su retorno de esa especie de exilio que se impuso o le impusieron durante el Gobierno de Ernesto Zedillo.
En varias ocasiones, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sostenido que Salinas fue personaje central en la maquinación para impedir que él, en tanto candidato de la izquierda y favorito en las encuestas, triunfara en la elección del 2006. De acuerdo con AMLO, Salinas sigue siendo uno de "los que mandan" en México. Por su parte, Carlos Ahumada, el excontratista del Gobierno capitalino, describe al detalle en el libro Derecho de réplica, la manera en que Salinas intervino en 2004 para lograr que las videograbaciones hechas por Ahumada al momento de entregar dinero a personas cercanas a AMLO llegaran al Gobierno, a Televisa y se difundieran de manera que lograran hacer el mayor daño a la imagen de AMLO.
En las últimas semanas los medios -ver, por ejemplo, Reporte Índigo- documentaron la forma como Salinas movió a los suyos dentro del PRI para hacer que el ex presidente Miguel de la Madrid, aduciendo una supuesta incapacidad mental, se retractara públicamente de lo que había declarado a Carmen Aristegui en torno a Salinas y sus hermanos: su falta de honradez en el manejo de los recursos públicos durante el sexenio 1988-1994 y sus posibles ligas con el narcotráfico.
Si fijamos la vista en las élites, una buena parte de la historia política mundial puede explicarse vía la influencia de "poderes tras el trono", a veces como simple resultado de su cercanía al personaje en posición de mando -esposas, amantes o amigos con derecho de picaporte-, reforzada por la mezcla de carácter fuerte del influyente y débil del influido. Así, las grandes decisiones de Justiniano encaminadas a recrear desde Bizancio la grandeza del Imperio Romano en el siglo VI no se entienden si se hace a un lado la influencia que sobre el emperador tuvo Teodora, su dura y astuta esposa. En el siglo pasado, un ejemplo de la cónyuge que asumió el papel de tomadora de decisiones políticas, es Edith Bolling Galt, esposa del presidente norteamericano Woodrow Wilson en la etapa final de su Gobierno (1919-1921), especialmente cuando el mandatario quedó recluido, como resultado de un mal cardiaco. A una escala mucho más baja, sin tomar en cuenta la influencia de su esposa, Martha Sahagún, tampoco es posible entender a cabalidad la forma tan irresponsable y mezquina como Vicente Fox desperdició la oportunidad histórica que tuvo de cambiar el carácter de la política mexicana a partir de su triunfo en la elección presidencial de 2000.
. En el siglo XIX mexicano hay una abundancia de "poderes tras el trono" justo porque la vida institucional era precaria en extremo. En realidad, la capacidad de ciertos caciques de ejercer poder sin estar investido formalmente con el manto de la autoridad, es un indicador del pobre desarrollo político mexicano de la época. Para empezar, está el caso del ministro norteamericano, Joel R. Poinsett, que se convirtió en el líder de la logia yorquina mexicana -el "partido popular"- y su influencia llegó al punto que fue necesario su retiro en 1829. Desde luego, el general Antonio López de Santa Anna pudo, en ocasiones, dejar la Presidencia y el mando del Ejército y retirarse a su hacienda "Manga de Clavo" en Veracruz y desde ahí mantenerse como el verdadero amo del país (en la medida en que había país y que este permitía algún tipo de amo). Sólo la rebelión de Ayutla pudo sacarle de nuestra historia. A mediados de ese siglo, Mariano Riva Palacio fue el factótum político del Estado de México por casi un cuarto de siglo; dos veces fungió como gobernador, pero cuando no lo era siguió ejerciendo el poder. . Fue durante el liberalismo maduro -el Porfiriato- cuando las instituciones del Estado Mexicano dejaron de ser meras entelequias para convertirse en marcos más o menos organizadores de la sociedad. Sin embargo, los "poderes tras el trono" de carácter caciquil se mantuvieron. Por ejemplo, en el Norte del país los generales Gerónimo Treviño, Francisco Naranjo o Bernardo Reyes, ejercieron una influencia que fue siempre más allá de sus cargos formales al punto de subordinar a varios gobernadores de "estados libres y soberanos". . Durante la guerra civil, cada caudillo ejerció el poder que le permitieron sus armas. Iniciada la institucionalización, la situación cambió, pero más en el papel que en la realidad. En el Gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928), la sombra del gran caudillo, Álvaro Obregón, se proyectó al punto de opacar al presidente y crear una diarquía. Tras el asesinato de Obregón como presidente electo en 1928, Calles reintrodujo el principio de la "no-reelección" y cumplió escrupulosamente con sus términos formales, pero a nadie escapó que el verdadero centro de poder en México no era el presidente en turno -de Emilio Portes Gil a Abelardo Rodríguez- sino el creador del gran partido oficial (PNR) y "Jefe Máximo de la Revolución Mexicana", es decir, Calles. Sólo cuando, en 1935, el presidente Lázaro Cárdenas expropió al expropiador su capacidad de decidir sobre los asuntos del Gobierno, el poder formal y el real volvieron a ser casi equivalentes. . Como ex presidentes, Cárdenas y en menor medida Miguel Alemán, también proyectaron sombra sobre sus sucesores, pero ya nunca con la intensidad que lo había hecho Calles. A partir de 1940 se logró eso que Porfirio Muñoz Ledo llamó la "autonomía sexenal" del presidente en turno. Sin embargo, a nivel local persistieron "poderes tras el trono". Esos fueron los casos, entre otros, de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí o más tarde de Joaquín Hernández Galicia "La Quina" en la región petrolera del Golfo. Ellos, y otros como ellos, subsistieron en tanto no estorbaran al poder presidencial. . A partir de 2000, al concluir el priato a nivel nacional e iniciarse el panato, la pérdida relativa del poder presidencial se convirtió en un juego suma cero y parte del gran poder que había ejercido la Presidencia autoritaria abandonó "Los Pinos" y migró a otras zonas y no precisamente ciudadanas. Fue así que los "poderes tras el trono" volvieron por sus fueros. Uno de ellos, como ya se señaló, es Carlos Salinas, jefe de facto de una parte del PRI y con quien están en deuda otros partidos, empresarios de altos vuelos, dirigentes religiosos o sindicales, intelectuales y, sin duda, los dos últimos presidentes.
No es ésta la única fuerza que desborda hoy el marco institucional. La maestra Elba Esther Gordillo, líder indiscutible del poderoso SNTE es, otro notorio "poder tras el trono", pues ella es el actor dominante en la Secretaría de Educación, en el Partido Nueva Alianza o en zonas del PRI y del IFE, entre otras. Difícil pensar que en Pemex se puedan tomar decisiones como la construcción de una nueva refinería sin tener la anuencia del líder del SNTPRM, Carlos Romero Deschamps. La misma situación se repite en materia de la legislación sobre radio y televisión; en su momento, la llamada "Ley Televisa" pasó tal y como las dos grandes televisoras privadas quisieron y no como lo hubiera determinado una libre discusión y voluntad de los supuestos representantes de la "soberanía nacional" en el Congreso. Finalmente, si se confirman las causas que llevaron al arraigo de una decena de presidentes municipales en Michoacán, entonces quedaría claro que es el crimen organizado y no la autoridad electa quien realmente maneja la cosa pública en algunas estructuras que forman la base de la organización política mexicana.
. En materia de responsabilidad política no estamos de regreso al siglo XIX, pero tampoco estamos donde podríamos y deberíamos estar: hoy nos sobran muchos "poderes tras el trono".
"La existencia de 'poderes tras el trono' es un indicador más de la debilidad
Institucional de nuestra política",
Lorenzo Meyer
. El contenido del concepto "el poder tras el trono" es tan viejo como la política misma. Se refiere a la persona o grupo que sin tener un cargo de autoridad formal -sin sus prerrogativas y responsabilidades- es quien, en la práctica, toma las decisiones, ejerce el poder y recibe sus beneficios. Un ejemplo clásico es el cardenal-duque de Richelieu, el fraile capuchino que fue primer ministro de Luis XIII en la Francia del siglo 17. Richelieu jugó un papel mayor al de primer ministro: influyó en la toma de decisiones al punto de ser él y no el rey, el verdadero hacedor de la política del Estado francés.
Y el tema de los poderes formales y reales en la política mexicana viene al caso por el papel que ha desempeñado el ex presidente Carlos Salinas de Gortari a partir de su retorno de esa especie de exilio que se impuso o le impusieron durante el Gobierno de Ernesto Zedillo.
En varias ocasiones, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sostenido que Salinas fue personaje central en la maquinación para impedir que él, en tanto candidato de la izquierda y favorito en las encuestas, triunfara en la elección del 2006. De acuerdo con AMLO, Salinas sigue siendo uno de "los que mandan" en México. Por su parte, Carlos Ahumada, el excontratista del Gobierno capitalino, describe al detalle en el libro Derecho de réplica, la manera en que Salinas intervino en 2004 para lograr que las videograbaciones hechas por Ahumada al momento de entregar dinero a personas cercanas a AMLO llegaran al Gobierno, a Televisa y se difundieran de manera que lograran hacer el mayor daño a la imagen de AMLO.
En las últimas semanas los medios -ver, por ejemplo, Reporte Índigo- documentaron la forma como Salinas movió a los suyos dentro del PRI para hacer que el ex presidente Miguel de la Madrid, aduciendo una supuesta incapacidad mental, se retractara públicamente de lo que había declarado a Carmen Aristegui en torno a Salinas y sus hermanos: su falta de honradez en el manejo de los recursos públicos durante el sexenio 1988-1994 y sus posibles ligas con el narcotráfico.
Si fijamos la vista en las élites, una buena parte de la historia política mundial puede explicarse vía la influencia de "poderes tras el trono", a veces como simple resultado de su cercanía al personaje en posición de mando -esposas, amantes o amigos con derecho de picaporte-, reforzada por la mezcla de carácter fuerte del influyente y débil del influido. Así, las grandes decisiones de Justiniano encaminadas a recrear desde Bizancio la grandeza del Imperio Romano en el siglo VI no se entienden si se hace a un lado la influencia que sobre el emperador tuvo Teodora, su dura y astuta esposa. En el siglo pasado, un ejemplo de la cónyuge que asumió el papel de tomadora de decisiones políticas, es Edith Bolling Galt, esposa del presidente norteamericano Woodrow Wilson en la etapa final de su Gobierno (1919-1921), especialmente cuando el mandatario quedó recluido, como resultado de un mal cardiaco. A una escala mucho más baja, sin tomar en cuenta la influencia de su esposa, Martha Sahagún, tampoco es posible entender a cabalidad la forma tan irresponsable y mezquina como Vicente Fox desperdició la oportunidad histórica que tuvo de cambiar el carácter de la política mexicana a partir de su triunfo en la elección presidencial de 2000.
. En el siglo XIX mexicano hay una abundancia de "poderes tras el trono" justo porque la vida institucional era precaria en extremo. En realidad, la capacidad de ciertos caciques de ejercer poder sin estar investido formalmente con el manto de la autoridad, es un indicador del pobre desarrollo político mexicano de la época. Para empezar, está el caso del ministro norteamericano, Joel R. Poinsett, que se convirtió en el líder de la logia yorquina mexicana -el "partido popular"- y su influencia llegó al punto que fue necesario su retiro en 1829. Desde luego, el general Antonio López de Santa Anna pudo, en ocasiones, dejar la Presidencia y el mando del Ejército y retirarse a su hacienda "Manga de Clavo" en Veracruz y desde ahí mantenerse como el verdadero amo del país (en la medida en que había país y que este permitía algún tipo de amo). Sólo la rebelión de Ayutla pudo sacarle de nuestra historia. A mediados de ese siglo, Mariano Riva Palacio fue el factótum político del Estado de México por casi un cuarto de siglo; dos veces fungió como gobernador, pero cuando no lo era siguió ejerciendo el poder. . Fue durante el liberalismo maduro -el Porfiriato- cuando las instituciones del Estado Mexicano dejaron de ser meras entelequias para convertirse en marcos más o menos organizadores de la sociedad. Sin embargo, los "poderes tras el trono" de carácter caciquil se mantuvieron. Por ejemplo, en el Norte del país los generales Gerónimo Treviño, Francisco Naranjo o Bernardo Reyes, ejercieron una influencia que fue siempre más allá de sus cargos formales al punto de subordinar a varios gobernadores de "estados libres y soberanos". . Durante la guerra civil, cada caudillo ejerció el poder que le permitieron sus armas. Iniciada la institucionalización, la situación cambió, pero más en el papel que en la realidad. En el Gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928), la sombra del gran caudillo, Álvaro Obregón, se proyectó al punto de opacar al presidente y crear una diarquía. Tras el asesinato de Obregón como presidente electo en 1928, Calles reintrodujo el principio de la "no-reelección" y cumplió escrupulosamente con sus términos formales, pero a nadie escapó que el verdadero centro de poder en México no era el presidente en turno -de Emilio Portes Gil a Abelardo Rodríguez- sino el creador del gran partido oficial (PNR) y "Jefe Máximo de la Revolución Mexicana", es decir, Calles. Sólo cuando, en 1935, el presidente Lázaro Cárdenas expropió al expropiador su capacidad de decidir sobre los asuntos del Gobierno, el poder formal y el real volvieron a ser casi equivalentes. . Como ex presidentes, Cárdenas y en menor medida Miguel Alemán, también proyectaron sombra sobre sus sucesores, pero ya nunca con la intensidad que lo había hecho Calles. A partir de 1940 se logró eso que Porfirio Muñoz Ledo llamó la "autonomía sexenal" del presidente en turno. Sin embargo, a nivel local persistieron "poderes tras el trono". Esos fueron los casos, entre otros, de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí o más tarde de Joaquín Hernández Galicia "La Quina" en la región petrolera del Golfo. Ellos, y otros como ellos, subsistieron en tanto no estorbaran al poder presidencial. . A partir de 2000, al concluir el priato a nivel nacional e iniciarse el panato, la pérdida relativa del poder presidencial se convirtió en un juego suma cero y parte del gran poder que había ejercido la Presidencia autoritaria abandonó "Los Pinos" y migró a otras zonas y no precisamente ciudadanas. Fue así que los "poderes tras el trono" volvieron por sus fueros. Uno de ellos, como ya se señaló, es Carlos Salinas, jefe de facto de una parte del PRI y con quien están en deuda otros partidos, empresarios de altos vuelos, dirigentes religiosos o sindicales, intelectuales y, sin duda, los dos últimos presidentes.
No es ésta la única fuerza que desborda hoy el marco institucional. La maestra Elba Esther Gordillo, líder indiscutible del poderoso SNTE es, otro notorio "poder tras el trono", pues ella es el actor dominante en la Secretaría de Educación, en el Partido Nueva Alianza o en zonas del PRI y del IFE, entre otras. Difícil pensar que en Pemex se puedan tomar decisiones como la construcción de una nueva refinería sin tener la anuencia del líder del SNTPRM, Carlos Romero Deschamps. La misma situación se repite en materia de la legislación sobre radio y televisión; en su momento, la llamada "Ley Televisa" pasó tal y como las dos grandes televisoras privadas quisieron y no como lo hubiera determinado una libre discusión y voluntad de los supuestos representantes de la "soberanía nacional" en el Congreso. Finalmente, si se confirman las causas que llevaron al arraigo de una decena de presidentes municipales en Michoacán, entonces quedaría claro que es el crimen organizado y no la autoridad electa quien realmente maneja la cosa pública en algunas estructuras que forman la base de la organización política mexicana.
. En materia de responsabilidad política no estamos de regreso al siglo XIX, pero tampoco estamos donde podríamos y deberíamos estar: hoy nos sobran muchos "poderes tras el trono".
viernes, 29 de mayo de 2009
Un país de los pocos
Por: LORENZO MEYER
"México sigue siendo un país de millones dominado por los intereses de un puñado, igual que en 1810 y 1910. conviene sacar en eso una conclusión"
En un artículo sobre Carlos Slim que aparecerá en The New Yorker, (1° de junio) Lawrence Wright cita a un corresponsal del The New York Times que, al saber del préstamo por 250 millones de dólares que el magnate mexicano acababa de hacer (enero, 2009) a su periódico -y de las duras condiciones impuestas por Slim al prestigiado, pero endeudado diario-, se pregunta si a esa venerable empresa periodística le convenía asociarse con "un monopolista consumado" como Slim. Wright aprovecha la observación para definir al fundador del Grupo Carso como algo más que un monopolista: "nadie en la historia moderna ha dominado a una economía de las dimensiones de México -un país de ciento diez millones de habitantes con un ingreso per cápita superior a los diez mil dólares- como lo ha hecho Carlos Slim".
El ingeniero mexicano de origen libanés es el eslabón más reciente -y el más notable- de una cadena de personajes similares que viene de muy atrás. En realidad, una manera de resumir la historia de México -lo mismo política que económica, social o cultural- es la narración de lo sucedido en un país que siempre ha sido posesión efectiva de un puñado. Desde que hay memoria histórica, a nuestra sociedad se le puede definir como una estructura de poder diseñada para organizar y explotar la desigualdad social extrema. Y esta definición es válida lo mismo para el período indígena que para el colonial, el independiente o el actual.
En el pasado profundo, el dominio de los muchos por los muy pocos fue aceptado como natural, como legítimo, pero a partir de la independencia cada vez menos. Esa pérdida progresiva de legitimidad del poder de las minorías en un país estructurado de siglos por y para beneficio de los pocos, es lo que en gran medida explica la dinámica de la historia política de México en su etapa nacional.
La propuesta de celebrar el año entrante el bicentenario del inicio de la insurrección de independencia de México y el centenario de la derrocó a la dictadura de Porfirio Díaz, representa un problema para nuestra élite del poder. El sentido profundo de ambos acontecimientos -estallidos justos de violencia social- fue la el rechazo de los sectores mayoritarios a la permanencia de su estatus como eternos explotados, como meros objetos cuya única razón de ser era el servicio a unos supuestos "superiores naturales". Seguramente es por eso que hoy la maquinaria burocrática encargada de la "celebración" de dichas insurrecciones tiene el perfil más bajo posible. Y es que exaltar el espíritu de rebeldía de los muchos contra los pocos no cuadra bien con los que manejan el poder en el México actual.
Es frecuente en la plática informal escuchar la pregunta (¿el deseo?) de que quizá la magia del número 10 se vuelva repetir en este siglo: "1810, 1910, y ¿2010?" Por un lado, razones sobran para que el mexicano normal considere que siguen presentes en el México actual motivos como los que llevaron a los estallidos que pronto celebraremos. Por el otro, lo probable es que 2010 pasará a nuestra historia como el año que simplemente se ahondó la actual crisis económica, social y política y no como el que dio inicio a otra revolución. Y esto último es así porque las revoluciones ya no se ven como solución o porque, como lo señalara hace mucho Clarence Brinton, (Anatomy of Revolution, Nueva York, 1938), éstas no suelen estallar en sociedades exhaustas, que viven una etapa de depresión, sino en aquellas que combinan un agudo sentido de agravio, de injusticia colectiva con el empuje de una economía en ascenso.
En México el empuje económico se perdió en 1983 y desde entonces no se ha recuperado, pero por otro lado, el sentido de la injusticia va en ascenso. ¿Cuál de los dos términos de la ecuación de Brinton es más importante? El presidente del banco Mundial, Robert Zoellick, acaba de señalar que debido a los efectos negativos en el empleo de la crisis financiera mundial, "hay riesgo de una grave crisis social" en el sistema global, (El País, 24 de mayo). Por otra parte, México y Centroamérica, por depender desproporcionadamente de la economía de Estados Unidos, no saldrán de su depresión hasta que ese país se recupere
Desde el Gobierno y los círculos que le apoyan, se señala que la actual crisis económica viene de fuera y no es culpa de nuestra dirigencia. Sin embargo, el hecho rotundo e innegable es que México dejó de crecer desde 1983. La liga tan estrecha con Estados Unidos no es casualidad sino diseño de Carlos Salinas -el TLCAN- y nunca se tradujo en el crecimiento prometido para el país en su conjunto. La gran exportación hacia el mercado norteamericano nunca se hizo como parte de una cadena productiva ligada al resto de nuestra economía sino a importaciones, de ahí que el saldo comercial haya sido sistemáticamente negativo.
El TLCAN ha beneficiado sólo al México donde señorean los pocos, el México ligado a las exportaciones, el México ligado al sector financiero (que básicamente es extranjero), el México de las actividades monopólicas o cuasi monopólicas (teléfonos, televisión, cemento, etc.), el México de la alta burocracia (alimentada por la renta petrolera). Sin embargo, hubo otro México mayoritario que no creció, que no crece porque su mercado, el interno, ha desaparecido o casi.
Los indicadores sobre la distribución del ingreso del INEGI nos dicen que hoy el 60% de las familias mexicanas se las tienen que haber con el 26% del ingreso disponible mientras el 10% superior disponen del 36% de ese ingreso. El salario, ya sea el mínimo o el promedio, ha caído desde el inicio de la crisis del modelo económico en 1982. Peor aún, los aumentos en la productividad, cuando los hubo, no pasaron mayoritariamente al trabajo sino al capital. Y es que, finalmente, la razón de fondo de la desigualdad creciente es la que señala el economista Ravi Batra de la Southern Methodist University de Estados Unidos ya citado antes por esta columna (23 de abril): el sistema neoliberal actual está expresamente diseñado para que el aumento de la productividad apenas si llegue a los trabajadores y el grueso se quede como ganancia del capital. Este fenómeno lo ha mostrado Enrique Dussel para nuestro país. Por ejemplo, Dussel sostiene en 2004 que en la industria automotriz "el empleo aumentó en 40.1% durante 1988-2001, los salarios reales disminuyeron en 17.3% y la productividad aumentó en 213.2%" (http://www.jussemper.org/Inicio/Resources/DusselPetersBreviario.pdf).
¿Y la Democracia? Se supondría que con el advenimiento de la democracia política a nuestro país, por primera vez los muchos tendrían en sus manos el instrumento adecuado para empezar a revertir una situación que por siglos (¿milenios?) les ha sido desfavorable. Que mediante el voto, de manera pacífica, sin necesidad de repetir la violencia de hace un siglo y dos, podrían empezar a dar vuelta a la tortilla y hacer de México un país donde la mayoría se reconociera en el Gobierno y en sus políticas al punto de hacer de éste un país de todos o, al menos, de la mayoría. Sin embargo, no ha sido el caso.
Y es que los partidos y las estructuras dentro de las cuales se empezó a dar el actual juego electoral simplemente fueron capturados por la vieja red de minorías. El sistema de partidos se alejó y distorsionó hasta desaparecer su papel de aglutinador y transmisor de las demandas e intereses de la mayoría. En estas condiciones no extraña, por ejemplo, que en la encuesta de opinión ciudadana llevada a cabo por Reforma hace un año, (20 de mayo, 2008) a la pregunta "Diría que su país es gobernado por los intereses de unos cuantos, para su propio beneficio, o es gobernado para el beneficio de toda la gente", el 83% respondiera que esa acción gubernamental está encaminada al beneficio de unos cuantos. Ese resultado sobre la naturaleza de la acción del Gobierno se puede complementar con lo que encontró la Encuesta Nacional Sobre Cultura Política que llevó a cabo la Secretaría de Gobernación también en 2008: que apenas el 48% de los ciudadanos consideraba que México vivía en una democracia, (www.encup.gob.mx).
. La crisis económica ocupa hoy el centro del debate público, Ayer ese lugar lo tuvo la epidemia de influenza y anteayer el problema de la seguridad. Sin embargo, nuestra verdadera crisis es la incapacidad histórica para hacer que México transite del país de los pocos al de los muchos. Y ese es el tema -y lección- que nos deben de recordar los dos aniversarios que se aproximan.
"México sigue siendo un país de millones dominado por los intereses de un puñado, igual que en 1810 y 1910. conviene sacar en eso una conclusión"
En un artículo sobre Carlos Slim que aparecerá en The New Yorker, (1° de junio) Lawrence Wright cita a un corresponsal del The New York Times que, al saber del préstamo por 250 millones de dólares que el magnate mexicano acababa de hacer (enero, 2009) a su periódico -y de las duras condiciones impuestas por Slim al prestigiado, pero endeudado diario-, se pregunta si a esa venerable empresa periodística le convenía asociarse con "un monopolista consumado" como Slim. Wright aprovecha la observación para definir al fundador del Grupo Carso como algo más que un monopolista: "nadie en la historia moderna ha dominado a una economía de las dimensiones de México -un país de ciento diez millones de habitantes con un ingreso per cápita superior a los diez mil dólares- como lo ha hecho Carlos Slim".
El ingeniero mexicano de origen libanés es el eslabón más reciente -y el más notable- de una cadena de personajes similares que viene de muy atrás. En realidad, una manera de resumir la historia de México -lo mismo política que económica, social o cultural- es la narración de lo sucedido en un país que siempre ha sido posesión efectiva de un puñado. Desde que hay memoria histórica, a nuestra sociedad se le puede definir como una estructura de poder diseñada para organizar y explotar la desigualdad social extrema. Y esta definición es válida lo mismo para el período indígena que para el colonial, el independiente o el actual.
En el pasado profundo, el dominio de los muchos por los muy pocos fue aceptado como natural, como legítimo, pero a partir de la independencia cada vez menos. Esa pérdida progresiva de legitimidad del poder de las minorías en un país estructurado de siglos por y para beneficio de los pocos, es lo que en gran medida explica la dinámica de la historia política de México en su etapa nacional.
La propuesta de celebrar el año entrante el bicentenario del inicio de la insurrección de independencia de México y el centenario de la derrocó a la dictadura de Porfirio Díaz, representa un problema para nuestra élite del poder. El sentido profundo de ambos acontecimientos -estallidos justos de violencia social- fue la el rechazo de los sectores mayoritarios a la permanencia de su estatus como eternos explotados, como meros objetos cuya única razón de ser era el servicio a unos supuestos "superiores naturales". Seguramente es por eso que hoy la maquinaria burocrática encargada de la "celebración" de dichas insurrecciones tiene el perfil más bajo posible. Y es que exaltar el espíritu de rebeldía de los muchos contra los pocos no cuadra bien con los que manejan el poder en el México actual.
Es frecuente en la plática informal escuchar la pregunta (¿el deseo?) de que quizá la magia del número 10 se vuelva repetir en este siglo: "1810, 1910, y ¿2010?" Por un lado, razones sobran para que el mexicano normal considere que siguen presentes en el México actual motivos como los que llevaron a los estallidos que pronto celebraremos. Por el otro, lo probable es que 2010 pasará a nuestra historia como el año que simplemente se ahondó la actual crisis económica, social y política y no como el que dio inicio a otra revolución. Y esto último es así porque las revoluciones ya no se ven como solución o porque, como lo señalara hace mucho Clarence Brinton, (Anatomy of Revolution, Nueva York, 1938), éstas no suelen estallar en sociedades exhaustas, que viven una etapa de depresión, sino en aquellas que combinan un agudo sentido de agravio, de injusticia colectiva con el empuje de una economía en ascenso.
En México el empuje económico se perdió en 1983 y desde entonces no se ha recuperado, pero por otro lado, el sentido de la injusticia va en ascenso. ¿Cuál de los dos términos de la ecuación de Brinton es más importante? El presidente del banco Mundial, Robert Zoellick, acaba de señalar que debido a los efectos negativos en el empleo de la crisis financiera mundial, "hay riesgo de una grave crisis social" en el sistema global, (El País, 24 de mayo). Por otra parte, México y Centroamérica, por depender desproporcionadamente de la economía de Estados Unidos, no saldrán de su depresión hasta que ese país se recupere
Desde el Gobierno y los círculos que le apoyan, se señala que la actual crisis económica viene de fuera y no es culpa de nuestra dirigencia. Sin embargo, el hecho rotundo e innegable es que México dejó de crecer desde 1983. La liga tan estrecha con Estados Unidos no es casualidad sino diseño de Carlos Salinas -el TLCAN- y nunca se tradujo en el crecimiento prometido para el país en su conjunto. La gran exportación hacia el mercado norteamericano nunca se hizo como parte de una cadena productiva ligada al resto de nuestra economía sino a importaciones, de ahí que el saldo comercial haya sido sistemáticamente negativo.
El TLCAN ha beneficiado sólo al México donde señorean los pocos, el México ligado a las exportaciones, el México ligado al sector financiero (que básicamente es extranjero), el México de las actividades monopólicas o cuasi monopólicas (teléfonos, televisión, cemento, etc.), el México de la alta burocracia (alimentada por la renta petrolera). Sin embargo, hubo otro México mayoritario que no creció, que no crece porque su mercado, el interno, ha desaparecido o casi.
Los indicadores sobre la distribución del ingreso del INEGI nos dicen que hoy el 60% de las familias mexicanas se las tienen que haber con el 26% del ingreso disponible mientras el 10% superior disponen del 36% de ese ingreso. El salario, ya sea el mínimo o el promedio, ha caído desde el inicio de la crisis del modelo económico en 1982. Peor aún, los aumentos en la productividad, cuando los hubo, no pasaron mayoritariamente al trabajo sino al capital. Y es que, finalmente, la razón de fondo de la desigualdad creciente es la que señala el economista Ravi Batra de la Southern Methodist University de Estados Unidos ya citado antes por esta columna (23 de abril): el sistema neoliberal actual está expresamente diseñado para que el aumento de la productividad apenas si llegue a los trabajadores y el grueso se quede como ganancia del capital. Este fenómeno lo ha mostrado Enrique Dussel para nuestro país. Por ejemplo, Dussel sostiene en 2004 que en la industria automotriz "el empleo aumentó en 40.1% durante 1988-2001, los salarios reales disminuyeron en 17.3% y la productividad aumentó en 213.2%" (http://www.jussemper.org/Inicio/Resources/DusselPetersBreviario.pdf).
¿Y la Democracia? Se supondría que con el advenimiento de la democracia política a nuestro país, por primera vez los muchos tendrían en sus manos el instrumento adecuado para empezar a revertir una situación que por siglos (¿milenios?) les ha sido desfavorable. Que mediante el voto, de manera pacífica, sin necesidad de repetir la violencia de hace un siglo y dos, podrían empezar a dar vuelta a la tortilla y hacer de México un país donde la mayoría se reconociera en el Gobierno y en sus políticas al punto de hacer de éste un país de todos o, al menos, de la mayoría. Sin embargo, no ha sido el caso.
Y es que los partidos y las estructuras dentro de las cuales se empezó a dar el actual juego electoral simplemente fueron capturados por la vieja red de minorías. El sistema de partidos se alejó y distorsionó hasta desaparecer su papel de aglutinador y transmisor de las demandas e intereses de la mayoría. En estas condiciones no extraña, por ejemplo, que en la encuesta de opinión ciudadana llevada a cabo por Reforma hace un año, (20 de mayo, 2008) a la pregunta "Diría que su país es gobernado por los intereses de unos cuantos, para su propio beneficio, o es gobernado para el beneficio de toda la gente", el 83% respondiera que esa acción gubernamental está encaminada al beneficio de unos cuantos. Ese resultado sobre la naturaleza de la acción del Gobierno se puede complementar con lo que encontró la Encuesta Nacional Sobre Cultura Política que llevó a cabo la Secretaría de Gobernación también en 2008: que apenas el 48% de los ciudadanos consideraba que México vivía en una democracia, (www.encup.gob.mx).
. La crisis económica ocupa hoy el centro del debate público, Ayer ese lugar lo tuvo la epidemia de influenza y anteayer el problema de la seguridad. Sin embargo, nuestra verdadera crisis es la incapacidad histórica para hacer que México transite del país de los pocos al de los muchos. Y ese es el tema -y lección- que nos deben de recordar los dos aniversarios que se aproximan.
jueves, 21 de mayo de 2009
El círculo cerrado
Por: LORENZO MEYER
"En esta etapa, resulta imposible saber cuándo y cómo se iniciará la regeneración política de México".
Lorenzo Meyer
El círculo de lo político pareciera haberse cerrado: lo antiguo no funciona pero persiste porque lo nuevo ni siquiera tuvo la oportunidad de cuajar. El grueso de la sociedad está insatisfecho con el arreglo en que mal operan las instituciones públicas, pero esa insatisfacción carece de salida práctica porque el juego del poder está dominado por un sistema de partidos que no está en capacidad de desempeñar su papel como representante de los intereses mayoritarios. Como conjunto nacional México no avanza, sólo gira sobre un mismo punto, está estancado.
Hacia ninguna parte, los comicios en puerta son un ejemplo de esta ausencia de salida. Las elecciones por venir se asemejan insoportablemente a las que hemos tenido desde siempre: votaciones donde no está en juego una disyuntiva real sino un mero recambio de personal. Es por ello que las elecciones son básicamente forma -muy costosa- sin contenido. Ninguna de las oligarquías que controla a los tres grandes partidos tiene la posibilidad y menos la voluntad de ofrecer una solución a la mediocridad, a la decadencia de la vida pública. Para ellas, estos malos tiempos resultan ser muy buenos: disponen de dinero público y, en la práctica, no hay forma de pedirles cuentas.
-aquélla basada en el crecimiento de la economía y el mantenimiento del orden- se agotó hace poco más de un cuarto de siglo y la nueva duró apenas un suspiro. Lo que hoy domina es una clase política sin clase, inmersa en la corrupción por las vías descritas o aceptadas recientemente por el ex presidente Miguel de la Madrid en una entrevista que dio a Carmen Aristegui y donde admitió sin ambages que la impunidad es el elemento indispensable y dominante de la forma prevalente de ejercer el poder en México.
Inmediatamente después de la difusión de lo dicho por De la Madrid, el círculo dirigente priista le obligó a retractarse públicamente, pero las propias circunstancias en que se dio esa retracción -la presión abierta ejercida por los incondicionales del ex presidente Carlos Salinas, a quien De la Madrid acusó de enriquecimiento tan explicable como ilegítimo- y la total ausencia de reacción del actual Gobierno ante las acusaciones de un ex presidente contra otro, simplemente sirvieron para confirmar las sospechas sobre la naturaleza de la oligarquía que domina la vida pública mexicana.
Un personaje secundario -el ex contratista Carlos Ahumada- pero observador participante de la corrupción de las cúpulas políticas mexicanas, acaba de describir con detalle en el libro Derecho de Réplica, ese modus operandi. La clase política mexicana está dividida por siglas de partidos y está enfrascada en una lucha interna por el control de las fuentes de riqueza, pero a la vez conforma una elite unida por sus prácticas, sus privilegios y la ausencia de sentido de dignidad y grandeza.
Hizo Suyo al Nuevo. En el año 2000 era válido suponer que en México moría un viejo régimen político y que ese evento histórico -la derrota electoral del PRI y su reconocimiento- llevaría al nacimiento de otro régimen, de otro México. Por algún tiempo, quizá hasta el 2004 o el 2006 hubo elementos objetivos -cada vez menos- para sostener esa interpretación. Sin embargo, a partir de la forma en que se dieron las últimas elecciones presidenciales y de lo ocurrido desde entonces, ya no fue posible sostener con credibilidad el supuesto de que nuestro país vivía en un marco democrático y, como consecuencia, eran posibles la vigencia del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia.
Del México de hoy es uno donde dominan casi todas las características negativas que definieron la vida pública de por lo menos los últimos 70 años pero con agravantes: la inseguridad está peor y la economía simplemente ya no crece. Lo políticamente nuevo -básicamente la pérdida de poder de la llamada "presidencia imperial"- quedó neutralizado por la forma no democrática en que se ejerce ese poder en su nueva locación: en los gobiernos estatales, en el Legislativo o en las zonas de la economía dominadas por los poderes fácticos (los únicos que verdaderamente se han beneficiado del supuesto cambio).
El autoritarismo político mexicano nunca fue el más brutal de su especie, pero la masacre de 1968 marcó el momento en que las formas de sostenerse se hicieron disfuncionales. A ojos de muchos, un sistema que no encontró otra forma de resolver una protesta estudiantil -de las que hubo tantas en el mundo en ese entonces- que con un asesinato masivo y que, además, hacía lo mismo con la protesta rural, no tenía futuro.
El grupo empresarial, la represión política no era siquiera problema, pero sí lo era el que desde los 1970 y sobre todo a partir de 1982, el sistema se mostrará incapaz de sostener el crecimiento económico rápido. Desde el exterior -Estados Unidos-, el atractivo del régimen mexicano a partir del final de la II Guerra Mundial había sido su eficacia como neutralizador de la izquierda. Pero a fines de los 1980, al terminar la Guerra Fría, esa virtud dejó de ser importante y, en cambio, empezaron a ser evidentes sus inconvenientes, en especial la corrupción, que interfería con el buen funcionamiento del mercado y además abonaba el terreno para la inseguridad y el crecimiento de los cárteles de la droga. Por ésas y otras razones de la misma naturaleza, el sistema priista perdió legitimidad y tanto la oposición de derecha como izquierda pudieron echar a andar proyectos para reemplazarlo.
En principio, estas oposiciones de ambos extremos del espectro ideológico convergieron en su propuesta de un sistema político moderno, competitivo, pluralista, democrático. Desde la óptica de la izquierda, la revolución ya no era el único camino hacia la justicia social. Desde la visión de la derecha, la democracia política era la vía hacia una economía más dinámica, menos sujeta al chantaje de la burocracia y más asentada en el Estado de derecho. Sin embargo, el encuentro con los privilegios del poder, distorsionó ambos proyectos.
La derecha panista encabezada por Vicente Fox concluyó que la democracia política no le interesaba si eso significaba la posibilidad de que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o cualquier grupo político montado en una movilización de las clases populares -a las que desde el Siglo XIX había visto como peligrosas- y proponiendo como centro de su plataforma electoral un Estado más activo y una redistribución del ingreso.
Fue una alianza entre el grupo que llegó a la presidencia en el 2000 y el que la había tenido desde 1929. A veces esa asociación fue explícita -Elba Esther Gordillo y Fox, por ejemplo- y otras tácita -la que se dio entre el Gobierno Federal panista y los cuestionados gobernadores priistas de Puebla o Oaxaca. Frutos de esta asociación fueron, entre otros, el desafuero de AMLO en 2004, la composición del IFE o el apoyo a la toma de posesión de Felipe Calderón en 2006.
No hay duda que si Carlos Ahumada pudo gravar sus devastadores videos sobre los actos de corrupción de René Bejarano, Carlos Ímaz y Gustavo Ponce, fue porque antes ya había fallado la fibra moral de partes importantes del PRD. Las fuertes divisiones dentro de la izquierda apenas sí lograron mantenerse bajo control hasta julio de 2006, pero a partir de su derrota, esas escisiones se manifestaron de manera espectacular y destructiva. Con apoyo de la autoridad electoral, los adversarios de AMLO tomaron el control del PRD y le negaron apoyo a su esfuerzo de largo plazo por dar forma a un auténtico movimiento social. Hoy por hoy, el grueso del PRD está más empeñado en mantener sus parcelas de poder -puestos y manejo del presupuesto del partido, delegaciones en la capital, gubernaturas, curules, presidencias municipales- que en arriesgarlas para enfrentarse de verdad con la elite del poder en un proyecto de cambio.
La única fuerza política aún empeñada en la búsqueda de una salida al círculo cerrado en que se encuentra el proceso político mexicano, es la encabezada por AMLO. Sin embargo, el gran poder de sus adversarios combinado con la desilusión colectiva con la política -con cualquier política-, hace que la construcción de la alternativa desde la izquierda y desde la base, no logre recuperar el terreno perdido en 2006.
Por ahora, el tiempo mexicano es uno donde aún no se vislumbra el horizonte ni es posible saber cuándo y por dónde se percibirá.
"En esta etapa, resulta imposible saber cuándo y cómo se iniciará la regeneración política de México".
Lorenzo Meyer
El círculo de lo político pareciera haberse cerrado: lo antiguo no funciona pero persiste porque lo nuevo ni siquiera tuvo la oportunidad de cuajar. El grueso de la sociedad está insatisfecho con el arreglo en que mal operan las instituciones públicas, pero esa insatisfacción carece de salida práctica porque el juego del poder está dominado por un sistema de partidos que no está en capacidad de desempeñar su papel como representante de los intereses mayoritarios. Como conjunto nacional México no avanza, sólo gira sobre un mismo punto, está estancado.
Hacia ninguna parte, los comicios en puerta son un ejemplo de esta ausencia de salida. Las elecciones por venir se asemejan insoportablemente a las que hemos tenido desde siempre: votaciones donde no está en juego una disyuntiva real sino un mero recambio de personal. Es por ello que las elecciones son básicamente forma -muy costosa- sin contenido. Ninguna de las oligarquías que controla a los tres grandes partidos tiene la posibilidad y menos la voluntad de ofrecer una solución a la mediocridad, a la decadencia de la vida pública. Para ellas, estos malos tiempos resultan ser muy buenos: disponen de dinero público y, en la práctica, no hay forma de pedirles cuentas.
-aquélla basada en el crecimiento de la economía y el mantenimiento del orden- se agotó hace poco más de un cuarto de siglo y la nueva duró apenas un suspiro. Lo que hoy domina es una clase política sin clase, inmersa en la corrupción por las vías descritas o aceptadas recientemente por el ex presidente Miguel de la Madrid en una entrevista que dio a Carmen Aristegui y donde admitió sin ambages que la impunidad es el elemento indispensable y dominante de la forma prevalente de ejercer el poder en México.
Inmediatamente después de la difusión de lo dicho por De la Madrid, el círculo dirigente priista le obligó a retractarse públicamente, pero las propias circunstancias en que se dio esa retracción -la presión abierta ejercida por los incondicionales del ex presidente Carlos Salinas, a quien De la Madrid acusó de enriquecimiento tan explicable como ilegítimo- y la total ausencia de reacción del actual Gobierno ante las acusaciones de un ex presidente contra otro, simplemente sirvieron para confirmar las sospechas sobre la naturaleza de la oligarquía que domina la vida pública mexicana.
Un personaje secundario -el ex contratista Carlos Ahumada- pero observador participante de la corrupción de las cúpulas políticas mexicanas, acaba de describir con detalle en el libro Derecho de Réplica, ese modus operandi. La clase política mexicana está dividida por siglas de partidos y está enfrascada en una lucha interna por el control de las fuentes de riqueza, pero a la vez conforma una elite unida por sus prácticas, sus privilegios y la ausencia de sentido de dignidad y grandeza.
Hizo Suyo al Nuevo. En el año 2000 era válido suponer que en México moría un viejo régimen político y que ese evento histórico -la derrota electoral del PRI y su reconocimiento- llevaría al nacimiento de otro régimen, de otro México. Por algún tiempo, quizá hasta el 2004 o el 2006 hubo elementos objetivos -cada vez menos- para sostener esa interpretación. Sin embargo, a partir de la forma en que se dieron las últimas elecciones presidenciales y de lo ocurrido desde entonces, ya no fue posible sostener con credibilidad el supuesto de que nuestro país vivía en un marco democrático y, como consecuencia, eran posibles la vigencia del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia.
Del México de hoy es uno donde dominan casi todas las características negativas que definieron la vida pública de por lo menos los últimos 70 años pero con agravantes: la inseguridad está peor y la economía simplemente ya no crece. Lo políticamente nuevo -básicamente la pérdida de poder de la llamada "presidencia imperial"- quedó neutralizado por la forma no democrática en que se ejerce ese poder en su nueva locación: en los gobiernos estatales, en el Legislativo o en las zonas de la economía dominadas por los poderes fácticos (los únicos que verdaderamente se han beneficiado del supuesto cambio).
El autoritarismo político mexicano nunca fue el más brutal de su especie, pero la masacre de 1968 marcó el momento en que las formas de sostenerse se hicieron disfuncionales. A ojos de muchos, un sistema que no encontró otra forma de resolver una protesta estudiantil -de las que hubo tantas en el mundo en ese entonces- que con un asesinato masivo y que, además, hacía lo mismo con la protesta rural, no tenía futuro.
El grupo empresarial, la represión política no era siquiera problema, pero sí lo era el que desde los 1970 y sobre todo a partir de 1982, el sistema se mostrará incapaz de sostener el crecimiento económico rápido. Desde el exterior -Estados Unidos-, el atractivo del régimen mexicano a partir del final de la II Guerra Mundial había sido su eficacia como neutralizador de la izquierda. Pero a fines de los 1980, al terminar la Guerra Fría, esa virtud dejó de ser importante y, en cambio, empezaron a ser evidentes sus inconvenientes, en especial la corrupción, que interfería con el buen funcionamiento del mercado y además abonaba el terreno para la inseguridad y el crecimiento de los cárteles de la droga. Por ésas y otras razones de la misma naturaleza, el sistema priista perdió legitimidad y tanto la oposición de derecha como izquierda pudieron echar a andar proyectos para reemplazarlo.
En principio, estas oposiciones de ambos extremos del espectro ideológico convergieron en su propuesta de un sistema político moderno, competitivo, pluralista, democrático. Desde la óptica de la izquierda, la revolución ya no era el único camino hacia la justicia social. Desde la visión de la derecha, la democracia política era la vía hacia una economía más dinámica, menos sujeta al chantaje de la burocracia y más asentada en el Estado de derecho. Sin embargo, el encuentro con los privilegios del poder, distorsionó ambos proyectos.
La derecha panista encabezada por Vicente Fox concluyó que la democracia política no le interesaba si eso significaba la posibilidad de que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o cualquier grupo político montado en una movilización de las clases populares -a las que desde el Siglo XIX había visto como peligrosas- y proponiendo como centro de su plataforma electoral un Estado más activo y una redistribución del ingreso.
Fue una alianza entre el grupo que llegó a la presidencia en el 2000 y el que la había tenido desde 1929. A veces esa asociación fue explícita -Elba Esther Gordillo y Fox, por ejemplo- y otras tácita -la que se dio entre el Gobierno Federal panista y los cuestionados gobernadores priistas de Puebla o Oaxaca. Frutos de esta asociación fueron, entre otros, el desafuero de AMLO en 2004, la composición del IFE o el apoyo a la toma de posesión de Felipe Calderón en 2006.
No hay duda que si Carlos Ahumada pudo gravar sus devastadores videos sobre los actos de corrupción de René Bejarano, Carlos Ímaz y Gustavo Ponce, fue porque antes ya había fallado la fibra moral de partes importantes del PRD. Las fuertes divisiones dentro de la izquierda apenas sí lograron mantenerse bajo control hasta julio de 2006, pero a partir de su derrota, esas escisiones se manifestaron de manera espectacular y destructiva. Con apoyo de la autoridad electoral, los adversarios de AMLO tomaron el control del PRD y le negaron apoyo a su esfuerzo de largo plazo por dar forma a un auténtico movimiento social. Hoy por hoy, el grueso del PRD está más empeñado en mantener sus parcelas de poder -puestos y manejo del presupuesto del partido, delegaciones en la capital, gubernaturas, curules, presidencias municipales- que en arriesgarlas para enfrentarse de verdad con la elite del poder en un proyecto de cambio.
La única fuerza política aún empeñada en la búsqueda de una salida al círculo cerrado en que se encuentra el proceso político mexicano, es la encabezada por AMLO. Sin embargo, el gran poder de sus adversarios combinado con la desilusión colectiva con la política -con cualquier política-, hace que la construcción de la alternativa desde la izquierda y desde la base, no logre recuperar el terreno perdido en 2006.
Por ahora, el tiempo mexicano es uno donde aún no se vislumbra el horizonte ni es posible saber cuándo y por dónde se percibirá.
jueves, 14 de mayo de 2009
Algo está (muy) podrido en la Dinamarca mexicana
Por: LORENZO MEYER
"La Corrupción en la Dinamarca de Shakespeare es cosa sin importancia frente a la nuestra. Aquí, ni Hamlet sería inocente"
Lorenzo Meyer
Esta columna sostuvo la semana pasada que la recién nacida democracia electoral mexicana había entrado en decadencia sin haber conocido un período de apogeo. Y como si la realidad deseara confirmar esa hipótesis, Carlos Ahumada, el tristemente célebre contratista del Gobierno capitalino enredado en una red de corrupción, lanzó ese mismo día un libro -Derecho de réplica, (Grijalbo, 2009)- donde detalla una trama de escándalo y chantaje en la que él intervino en 2004 y que sirvió de telón de fondo a la última campaña presidencial.
Como es sabido, a mediados del sexenio pasado, Ahumada grabó varias instancias en que él entregó dinero -fajos de billetes en un caso- a dirigentes del PRD -René Bejar ano y Carlos Ímaz- o en que captó a Gustavo Ponce, entonces secretario de Finanzas del Distrito Federal, apostando en un casino en Las Vegas. Ahumada explica esas y otras entregas de dinero o regalos a personajes con poder político en el Gobierno del Distrito Federal, como parte del modus operandi de un contratista que deseaba mantener sus ligas y contratos en ciertas delegaciones del Distrito Federal. Sin embargo, al no lograr que el Gobierno capitalino presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondiera como él deseaba -dándole el contrato para el "segundo piso" del anillo periférico-, decidió, con la mediación de un líder panista, Diego Fernández de Cevallos, vender ese material de escándalo al ex presidente Carlos Salinas, archienemigo político de AMLO, aspirante a la candidatura presidencial del PRD.
Una vez en manos de Salinas, el valor de esas grabaciones dio un salto cualitativo. A cambio de una fracción de lo que Ahumada pretendía obtener -apenas el 9% de los 400 millones de pesos demandados- Salinas terminó por hacer una negociación que, de ser cierta, bien podría ser digna de los famosos casos de estudio de la Business School de Harvard. Y es que el ex presidente, según Ahumada, logró que a cambio de hacer públicas tres grabaciones que mostraban la corrupción de personajes cercanos a AMLO, el Gobierno de Vicente Fox liberara a su hermano Raúl, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, le devolviera la fortuna que tenía depositada en el extranjero, y finalmente, que se pusiera en prisión a Gustavo Ponce, personaje que había sido clave en la acusación contra Raúl. Pero eso no fue todo, Salinas, según Ahumada, no sólo no le pagó al grabador de los videos la suma prometida, sino que los 35 millones de pesos que le entregó, no salieron del bolsillo del ex presidente, sino que se trató de fondos que aportaron los gobiernos de Tabasco y del Estado de México y la lideresa del SNTE.
Una vez informado Fox de la naturaleza de los videos, y con el conocimiento y beneplácito del presidente y de otros personajes del círculo foxista, como el secretario de Gobernación, el procurador general y el director del Cisen, Salinas negoció con la principal cadena nacional de televisión -Televisa-, la forma en que entregarían y se presentarían las grabaciones para lograr el más alto impacto en la opinión pública y así destruir el capital político de quien ya se perfilaba como el principal candidato opositor y enemigo político de Salinas, Fox, el PAN y el PRI.
De ser cierto el testimonio de Ahumada, la ganancia política y material de Carlos Salinas y su familia fue total. Sin poner un centavo recuperó una fortuna y la libertad del hermano mayor. El escándalo de los videos impactó en los resultados de 2006 y Fox, el PAN y Felipe Calderón ganaron lo que el PRD y AMLO perdieron: la Presidencia. Para el PRI el resultado del proceso desatado por Ahumada tiene claroscuros, pero finalmente ese partido tiene hoy más posibilidades de negociar con quien oficialmente ganó por 0.5% que con un AMLO que entonces tenía posibilidades de un triunfo holgado.
No deja de tener su moraleja el que, en el universo de nuestra "gran política", Ahumada, un aprendiz de manipulador, terminó por ser manipulado cuando se asoció con Salinas, Diego Fernández de Cevallos, Elba Esther Gordillo o Juan Molinar, entre otros. Salinas le quedó a deber al contratista 365 millones de pesos. Además, tuvo que pasar 1,131 días en la cárcel, perder todas sus empresas de construcción y periodística y dejar el país.
Lo realmente importante de una obra como Derecho de réplica no es su autor ni los numerosos personajes que aparecen en ella, sino el constatar a través de nombres, cargos y circunstancias, que la verdadera, la perdedora absoluta del escándalo, ha sido la joven democracia mexicana.
La biografía, el contexto y el modo de operar de Carlos Ahumada -el propio de un empresario deshonesto como hay muchos-, obliga al lector a ser cauto y no aceptar al pie de la letra la veracidad de la obra bajo examen. Sin embargo, la parte medular de Derecho de réplica cuadra con lo que ya se sabía o se sospechaba en torno a la corrupción en el sector público y a las enormes fallas de la supuesta democracia mexicana. En cualquier caso, la obra en cuestión obliga a juicios sobre el estado actual de la vida pública mexicana.
El primer juicio es comprobar que casi al empezar a asumir sus primeras responsabilidades -y privilegios- como partido en el poder, una fracción de la dirigencia del PRD simplemente no estuvo a la altura de su historia y misión. Es decepcionante constatar cómo un empresario de segunda pudo tan fácilmente doblar la "fibra moral" de una parte de los cuadros de una izquierda que se suponía heredera de una ética forjada en la Oposición y en el espíritu de sacrificio. Con tan sólo asumir un fragmento de las deudas del partido, poner a disposición de sus líderes aviones particulares, invitarle a sitios exclusivos, apoyar sus campañas o facilitarles dinero para unas vacaciones, un contratista como Ahumada pudo poner a su servicio a un segmento importante de un partido que se presentaba y efectivamente parecía la alternativa radical a la corrupción política endémica. Igualmente significativo es evidenciar cómo parte de la cúpula del PRD -Rosario Robles y su grupo- prefirió colaborar con los enemigos históricos de su partido a cambio de no ver en la Presidencia a un correligionario: a AMLO.
El segundo es constatar la superficialidad del compromiso democrático del PAN, un partido que supuestamente nació en 1939 para, entre otras cosas, poner fin al uso sistemático del poder gubernamental en beneficio de un partido. El uso de los videos de Ahumada como munición en la guerra del PAN contra el PRD y el PAN se entiende e incluso se acepta, pues la guerra sucia ya llegó para quedarse como parte normal del paisaje electoral. Lo que ya no es de ninguna manera aceptable, porque constituye un golpe a la esencia de la democracia y del supuesto Estado de Derecho, es la negociación que Ahumada describe entre Salinas y el Gobierno -en la que intervino el Cisen, la Secretaría de Gobernación y la propia Presidencia- para que a cambio de poner a circular los videos en los medios masivos de información, se negociara la libertad de Raúl Salinas y el retorno de todos los fondos que el Gobierno mexicano le había congelado por ser de procedencia ilícita.
La intervención y los efectos del papel que, según Ahumada, jugaron en este asunto a favor del PAN, el presidente Fox, el secretario y el subsecretario de Gobernación así como el director del Cisen, ponen a México de regreso a la época anterior a 2000, es decir, cuando el partido en el poder y Gobierno eran una y la misma cosa.
Hasta la pacotilla del relato de Ahumada, revela el problema central de un régimen donde todo se puede negociar. El contratista corrupto metido a denunciante no deja muy bien parada a una Suprema Corte donde el ansia de poseer los videos puede influir en el nombramiento de sus ministros. Tampoco a la Iglesia Católica, pues el autor tiene a bien informarnos de algún donativo sustantivo para gastos particulares de un obispo y donde apenas el remanente sirve para obras piadosas.
. Cuando en una de las grandes tragedias de Shakespeare, el príncipe Hamlet asegura que "algo está podrido en Dinamarca", esa podredumbre está concentrada en el hipócrita rey Claudius: un gobernante que llegó al trono mediante el asesinato del gobernante legítimo, el padre de Hamlet.
Si Shakespeare hubiera podido conocer e inspirarse en el México de la actualidad, ninguno de sus personajes hubiera salido limpio, ni siquiera "la dulce Ofelia" o el propio Hamlet. Y es que en nuestra Dinamarca lo realmente difícil no es determinar lo que está podrido, sino lo que aún puede considerarse sano.
"La Corrupción en la Dinamarca de Shakespeare es cosa sin importancia frente a la nuestra. Aquí, ni Hamlet sería inocente"
Lorenzo Meyer
Esta columna sostuvo la semana pasada que la recién nacida democracia electoral mexicana había entrado en decadencia sin haber conocido un período de apogeo. Y como si la realidad deseara confirmar esa hipótesis, Carlos Ahumada, el tristemente célebre contratista del Gobierno capitalino enredado en una red de corrupción, lanzó ese mismo día un libro -Derecho de réplica, (Grijalbo, 2009)- donde detalla una trama de escándalo y chantaje en la que él intervino en 2004 y que sirvió de telón de fondo a la última campaña presidencial.
Como es sabido, a mediados del sexenio pasado, Ahumada grabó varias instancias en que él entregó dinero -fajos de billetes en un caso- a dirigentes del PRD -René Bejar ano y Carlos Ímaz- o en que captó a Gustavo Ponce, entonces secretario de Finanzas del Distrito Federal, apostando en un casino en Las Vegas. Ahumada explica esas y otras entregas de dinero o regalos a personajes con poder político en el Gobierno del Distrito Federal, como parte del modus operandi de un contratista que deseaba mantener sus ligas y contratos en ciertas delegaciones del Distrito Federal. Sin embargo, al no lograr que el Gobierno capitalino presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondiera como él deseaba -dándole el contrato para el "segundo piso" del anillo periférico-, decidió, con la mediación de un líder panista, Diego Fernández de Cevallos, vender ese material de escándalo al ex presidente Carlos Salinas, archienemigo político de AMLO, aspirante a la candidatura presidencial del PRD.
Una vez en manos de Salinas, el valor de esas grabaciones dio un salto cualitativo. A cambio de una fracción de lo que Ahumada pretendía obtener -apenas el 9% de los 400 millones de pesos demandados- Salinas terminó por hacer una negociación que, de ser cierta, bien podría ser digna de los famosos casos de estudio de la Business School de Harvard. Y es que el ex presidente, según Ahumada, logró que a cambio de hacer públicas tres grabaciones que mostraban la corrupción de personajes cercanos a AMLO, el Gobierno de Vicente Fox liberara a su hermano Raúl, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, le devolviera la fortuna que tenía depositada en el extranjero, y finalmente, que se pusiera en prisión a Gustavo Ponce, personaje que había sido clave en la acusación contra Raúl. Pero eso no fue todo, Salinas, según Ahumada, no sólo no le pagó al grabador de los videos la suma prometida, sino que los 35 millones de pesos que le entregó, no salieron del bolsillo del ex presidente, sino que se trató de fondos que aportaron los gobiernos de Tabasco y del Estado de México y la lideresa del SNTE.
Una vez informado Fox de la naturaleza de los videos, y con el conocimiento y beneplácito del presidente y de otros personajes del círculo foxista, como el secretario de Gobernación, el procurador general y el director del Cisen, Salinas negoció con la principal cadena nacional de televisión -Televisa-, la forma en que entregarían y se presentarían las grabaciones para lograr el más alto impacto en la opinión pública y así destruir el capital político de quien ya se perfilaba como el principal candidato opositor y enemigo político de Salinas, Fox, el PAN y el PRI.
De ser cierto el testimonio de Ahumada, la ganancia política y material de Carlos Salinas y su familia fue total. Sin poner un centavo recuperó una fortuna y la libertad del hermano mayor. El escándalo de los videos impactó en los resultados de 2006 y Fox, el PAN y Felipe Calderón ganaron lo que el PRD y AMLO perdieron: la Presidencia. Para el PRI el resultado del proceso desatado por Ahumada tiene claroscuros, pero finalmente ese partido tiene hoy más posibilidades de negociar con quien oficialmente ganó por 0.5% que con un AMLO que entonces tenía posibilidades de un triunfo holgado.
No deja de tener su moraleja el que, en el universo de nuestra "gran política", Ahumada, un aprendiz de manipulador, terminó por ser manipulado cuando se asoció con Salinas, Diego Fernández de Cevallos, Elba Esther Gordillo o Juan Molinar, entre otros. Salinas le quedó a deber al contratista 365 millones de pesos. Además, tuvo que pasar 1,131 días en la cárcel, perder todas sus empresas de construcción y periodística y dejar el país.
Lo realmente importante de una obra como Derecho de réplica no es su autor ni los numerosos personajes que aparecen en ella, sino el constatar a través de nombres, cargos y circunstancias, que la verdadera, la perdedora absoluta del escándalo, ha sido la joven democracia mexicana.
La biografía, el contexto y el modo de operar de Carlos Ahumada -el propio de un empresario deshonesto como hay muchos-, obliga al lector a ser cauto y no aceptar al pie de la letra la veracidad de la obra bajo examen. Sin embargo, la parte medular de Derecho de réplica cuadra con lo que ya se sabía o se sospechaba en torno a la corrupción en el sector público y a las enormes fallas de la supuesta democracia mexicana. En cualquier caso, la obra en cuestión obliga a juicios sobre el estado actual de la vida pública mexicana.
El primer juicio es comprobar que casi al empezar a asumir sus primeras responsabilidades -y privilegios- como partido en el poder, una fracción de la dirigencia del PRD simplemente no estuvo a la altura de su historia y misión. Es decepcionante constatar cómo un empresario de segunda pudo tan fácilmente doblar la "fibra moral" de una parte de los cuadros de una izquierda que se suponía heredera de una ética forjada en la Oposición y en el espíritu de sacrificio. Con tan sólo asumir un fragmento de las deudas del partido, poner a disposición de sus líderes aviones particulares, invitarle a sitios exclusivos, apoyar sus campañas o facilitarles dinero para unas vacaciones, un contratista como Ahumada pudo poner a su servicio a un segmento importante de un partido que se presentaba y efectivamente parecía la alternativa radical a la corrupción política endémica. Igualmente significativo es evidenciar cómo parte de la cúpula del PRD -Rosario Robles y su grupo- prefirió colaborar con los enemigos históricos de su partido a cambio de no ver en la Presidencia a un correligionario: a AMLO.
El segundo es constatar la superficialidad del compromiso democrático del PAN, un partido que supuestamente nació en 1939 para, entre otras cosas, poner fin al uso sistemático del poder gubernamental en beneficio de un partido. El uso de los videos de Ahumada como munición en la guerra del PAN contra el PRD y el PAN se entiende e incluso se acepta, pues la guerra sucia ya llegó para quedarse como parte normal del paisaje electoral. Lo que ya no es de ninguna manera aceptable, porque constituye un golpe a la esencia de la democracia y del supuesto Estado de Derecho, es la negociación que Ahumada describe entre Salinas y el Gobierno -en la que intervino el Cisen, la Secretaría de Gobernación y la propia Presidencia- para que a cambio de poner a circular los videos en los medios masivos de información, se negociara la libertad de Raúl Salinas y el retorno de todos los fondos que el Gobierno mexicano le había congelado por ser de procedencia ilícita.
La intervención y los efectos del papel que, según Ahumada, jugaron en este asunto a favor del PAN, el presidente Fox, el secretario y el subsecretario de Gobernación así como el director del Cisen, ponen a México de regreso a la época anterior a 2000, es decir, cuando el partido en el poder y Gobierno eran una y la misma cosa.
Hasta la pacotilla del relato de Ahumada, revela el problema central de un régimen donde todo se puede negociar. El contratista corrupto metido a denunciante no deja muy bien parada a una Suprema Corte donde el ansia de poseer los videos puede influir en el nombramiento de sus ministros. Tampoco a la Iglesia Católica, pues el autor tiene a bien informarnos de algún donativo sustantivo para gastos particulares de un obispo y donde apenas el remanente sirve para obras piadosas.
. Cuando en una de las grandes tragedias de Shakespeare, el príncipe Hamlet asegura que "algo está podrido en Dinamarca", esa podredumbre está concentrada en el hipócrita rey Claudius: un gobernante que llegó al trono mediante el asesinato del gobernante legítimo, el padre de Hamlet.
Si Shakespeare hubiera podido conocer e inspirarse en el México de la actualidad, ninguno de sus personajes hubiera salido limpio, ni siquiera "la dulce Ofelia" o el propio Hamlet. Y es que en nuestra Dinamarca lo realmente difícil no es determinar lo que está podrido, sino lo que aún puede considerarse sano.
viernes, 8 de mayo de 2009
¿Decadencia sin pasar por el apogeo?
Por: LORENZO MEYER
"Cuando se supone que apenas está empezando, nuestra supuesta 'Edad de Oro' de la democracia, ya está declinando"
Lorenzo Meyer
. Una visión del proceso político dominante en la Grecia clásica sostenía que una sociedad podía, en condiciones adecuadas, evolucionar de una organización imperfecta del poder a una mejor e incluso alcanzar la perfección -por ejemplo, transitar de la tiranía a la auténtica monarquía, donde la característica era el imperio de la justicia-, pero no podía aspirar a sostenerse ahí. Tarde o temprano, las inevitables contradicciones en su seno, se desarrollarían hasta convertirse en factores que llevaran a la decadencia y el ciclo volvería a iniciarse. Y las cosas podían ser peores: algunas sociedades simplemente no podrían siquiera aspirar a disfrutar temporalmente de una "Edad de Oro" política. Estaban tan corrompidas que nunca alcanzarían la cima y siempre vivirían en la mediocridad del llano.
Por lo que toca a los griegos, en la evolución de cualquier arreglo político no había final feliz posible, simplemente habría unos menos malos que otros. La idea de la tragedia permeó toda la visión griega, incluyendo a la política. Y es ahí donde se encuentra el origen de nuestra ciencia política.
¿Qué valor real tienen las consideraciones anteriores para nosotros, los mexicanos? Bueno, sin ser científicas, pueden estimular la discusión. ¿Tuvimos alguna vez algo parecido a una "Edad de Oro" política y luego decaímos o simplemente nunca llegamos siquiera a alcanzar una altura digna en nuestro desarrollo institucional?
Alguien puede considerar que ciertas civilizaciones mesoamericanas sí vivieron momentos de grandeza antes de su caída: los mayas, los teotihuacanos, los purépechas, etcétera. Dependiendo de la definición o indicadores que se tomen, no faltará quien encuentre en los tres siglos que duró la Nueva España algún período de esplendor. El problema tiene mayor sentido si sólo se considera el tiempo a partir de que México se transformó en Estado independiente y reclamó para sí los privilegios y obligaciones de una nación soberana.
A nadie en su sano juicio se le ocurriría situar un momento de apogeo político en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, si no se adoptan estándares muy altos y no se toman en cuenta las formas de vida de las mayorías paupérrimas, se puede considerar que la República Restaurada fue un momento de excelencia política. No faltará quien prefiera al Porfiriato maduro como candidato en esa categoría. Habría quien encontrara en el Cardenismo -período en que el proyecto nacional elaborado desde el Gobierno consideró los intereses materiales de la mayoría como el objetivo a lograr y actuó en consecuencia- el mejor momento político mexicano. Entre espíritus más conservadores, la estabilidad autoritaria priista que transcurre entre 1940 y 1968, bien pudiera colmar algunas modestas expectativas de buen Gobierno, sobre todo por la ausencia de sorpresas y esa tasa promedio de crecimiento del 6% del PIB.
A partir de la represión de 1968 y de la crisis económica de 1982, la decadencia del régimen priista es innegable, ya sea que se le mida desde la perspectiva de represión, conflicto social, fraude electoral, falta de consenso de las élites o, sobre todo, de la pérdida de dinamismo de la economía; pérdida que no logró detener la adopción del modelo neoliberal ni el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
. En los 1980 se inició en el norte del país un movimiento de insurgencia electoral que en 1988 adquirió carácter nacional y estimuló la imaginación colectiva hasta contagiar de voluntad de cambio a una mayoría. El neozapatismo desde la izquierda, desde la derecha un PAN que parecía genuinamente comprometido con la democracia y un PRD neocardenista que había aguantado el duro embate del salinismo, abrieron una brecha en las murallas del autoritarismo y en el año 2000 "tomó palacio" un heterogéneo grupo que se decía dispuesto a implantar y consolidar la democracia.
Sin embargo, el cambio, que pudo ser real e histórico, no fue bien encauzado por los responsables y en un abrir y cerrar de ojos la energía generada se disipó. Muy pronto la nueva dirigencia pactó con los representantes del pasado, con los poderes fácticos que habían crecido a la sombra del PRI y de su corrupción. La realidad se pareció cada vez más al pasado y la promesa del cambio muy pronto fue sustituida por la persistencia, la continuidad, de la mediocridad heredada. El fracaso fue tan rápido como rotundo.
Todos los indicadores que usualmente sirven para medir el desarrollo de una sociedad muestran en México estancamiento o franco retroceso: crecimiento económico, calidad de empleo, vigencia de la justicia, seguridad social, calidad de la educación, honestidad en la administración de lo público, seguridad pública, equilibrio en la estructura social, etcétera.
Hoy, la Presidencia ha perdido una buena parte del poder que tenía en el viejo régimen antidemocrático, lo que en principio está bien, pero lo lamentable son dos cosas. Por un lado, la reducción del poder presidencial como consecuencia del fin del autoritarismo debió dar paso al surgimiento en esa institución de un nuevo poder: el de la autoridad moral, el de la legitimidad democrática sin mácula, el del surgimiento de una Presidencia en manos de estadistas. Ni de lejos fue ése el caso.
Por otro lado, la redistribución del poder que verdaderamente se ha dado, no ha ofrecido algo realmente mejor de lo que había sino más bien ha devenido en la reiteración de lo obsoleto, lo corrupto y lo injusto. Así, lo perdido por "Los Pinos" lo han ganado gobernadores al estilo de Mario Marín, Ulises Ruiz y otros de su misma calidad y en estados donde el PRI se mantiene ya por 80 años ininterrumpidos como el partido gobernante.
Ese poder también lo ha ganado una Suprema Corte que ha perdido autoridad moral al emitir decisiones como la referente a Atenco, donde señala que en la represión contra los habitantes de ese pueblo en 2006 se violaron los derechos humanos de muchos atenquenses, pero al momento de nombrar a los responsables guardó un vergonzoso silencio. Los poderes fácticos, como los monopolios o cuasi-monopolios en televisión o telefonía, son más fuertes que nunca y siguen operando con impunidad a pesar de que su mera existencia viola la Constitución y afecta negativamente a la economía.
Y qué decir de ese gran poder fáctico que es el crimen organizado: en este año un par de revistas internacionales -Forbes y Time- ha puesto al "Chapo" Guzmán como parte de la élite mundial del dinero (uno de los mil millonarios) y de la influencia (uno de los 100 personajes más significativos del mundo), es decir, en la misma categoría que Carlos Slim, el otro mexicano -y monopolista- notable. Desde luego que los partidos y el Poder Legislativo han pasado de ser casi nada a ser cogobernantes, pero su interés y su capacidad de bien representar los intereses de la soberanía son tan pocos que en todas las encuestas de opinión ocupan los últimos lugares por lo que a respeto y aprecio de la ciudadanía se refiere.
La última encuesta de opinión pública de Mitofsky -la que se llevó a cabo en marzo y que aún no registra los efectos de la emergencia nacional provocada por la aparición del virus A H1N1- es una buena radiografía de la forma y hondura del túnel en que estamos metidos como sociedad nacional. Mientras el 46.1% de los encuestados consideró que el país marchaba por el camino correcto un número ligeramente superior -el 47.1%- suponía lo contrario: que iba por el camino equivocado.
El 72.8% consideró que la situación política en México había empeorado y únicamente el 19.5% la vio mejor. En fin, que para la mayoría relativa -el 40.9%- el principal problema era el económico seguido, pero de lejos, por el de la inseguridad (20.3%) y no era optimista al respecto, pues 68.5% suponía que en el futuro inmediato las cosas se pondrán peor: simplemente no veía la luz al final del túnel.
Y tienen razón, el PIB mexicano va a ser negativo este año. Va a caer en 4% y algún economista teme que la disminución pueda ser como en 1995: del 7%. Y los expertos nos dicen que esta vez no podremos esperar que el resto del mundo nos empuje hacia arriba pues la recuperación económica mundial va a tomar tiempo, años quizá, (The Economist, abril 25 a 1° de mayo).
Para coronar esta nada positiva perspectiva, las últimas encuestas nos dicen que en la medida en que los ciudadanos piensan votar en las próximas elecciones, la mayoría lo hará por el PRI. Pareciera ser entonces que en materia política, el futuro de México es un tipo de vuelta al pasado, a la decadencia sin haber experimentado el apogeo.
"Cuando se supone que apenas está empezando, nuestra supuesta 'Edad de Oro' de la democracia, ya está declinando"
Lorenzo Meyer
. Una visión del proceso político dominante en la Grecia clásica sostenía que una sociedad podía, en condiciones adecuadas, evolucionar de una organización imperfecta del poder a una mejor e incluso alcanzar la perfección -por ejemplo, transitar de la tiranía a la auténtica monarquía, donde la característica era el imperio de la justicia-, pero no podía aspirar a sostenerse ahí. Tarde o temprano, las inevitables contradicciones en su seno, se desarrollarían hasta convertirse en factores que llevaran a la decadencia y el ciclo volvería a iniciarse. Y las cosas podían ser peores: algunas sociedades simplemente no podrían siquiera aspirar a disfrutar temporalmente de una "Edad de Oro" política. Estaban tan corrompidas que nunca alcanzarían la cima y siempre vivirían en la mediocridad del llano.
Por lo que toca a los griegos, en la evolución de cualquier arreglo político no había final feliz posible, simplemente habría unos menos malos que otros. La idea de la tragedia permeó toda la visión griega, incluyendo a la política. Y es ahí donde se encuentra el origen de nuestra ciencia política.
¿Qué valor real tienen las consideraciones anteriores para nosotros, los mexicanos? Bueno, sin ser científicas, pueden estimular la discusión. ¿Tuvimos alguna vez algo parecido a una "Edad de Oro" política y luego decaímos o simplemente nunca llegamos siquiera a alcanzar una altura digna en nuestro desarrollo institucional?
Alguien puede considerar que ciertas civilizaciones mesoamericanas sí vivieron momentos de grandeza antes de su caída: los mayas, los teotihuacanos, los purépechas, etcétera. Dependiendo de la definición o indicadores que se tomen, no faltará quien encuentre en los tres siglos que duró la Nueva España algún período de esplendor. El problema tiene mayor sentido si sólo se considera el tiempo a partir de que México se transformó en Estado independiente y reclamó para sí los privilegios y obligaciones de una nación soberana.
A nadie en su sano juicio se le ocurriría situar un momento de apogeo político en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, si no se adoptan estándares muy altos y no se toman en cuenta las formas de vida de las mayorías paupérrimas, se puede considerar que la República Restaurada fue un momento de excelencia política. No faltará quien prefiera al Porfiriato maduro como candidato en esa categoría. Habría quien encontrara en el Cardenismo -período en que el proyecto nacional elaborado desde el Gobierno consideró los intereses materiales de la mayoría como el objetivo a lograr y actuó en consecuencia- el mejor momento político mexicano. Entre espíritus más conservadores, la estabilidad autoritaria priista que transcurre entre 1940 y 1968, bien pudiera colmar algunas modestas expectativas de buen Gobierno, sobre todo por la ausencia de sorpresas y esa tasa promedio de crecimiento del 6% del PIB.
A partir de la represión de 1968 y de la crisis económica de 1982, la decadencia del régimen priista es innegable, ya sea que se le mida desde la perspectiva de represión, conflicto social, fraude electoral, falta de consenso de las élites o, sobre todo, de la pérdida de dinamismo de la economía; pérdida que no logró detener la adopción del modelo neoliberal ni el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
. En los 1980 se inició en el norte del país un movimiento de insurgencia electoral que en 1988 adquirió carácter nacional y estimuló la imaginación colectiva hasta contagiar de voluntad de cambio a una mayoría. El neozapatismo desde la izquierda, desde la derecha un PAN que parecía genuinamente comprometido con la democracia y un PRD neocardenista que había aguantado el duro embate del salinismo, abrieron una brecha en las murallas del autoritarismo y en el año 2000 "tomó palacio" un heterogéneo grupo que se decía dispuesto a implantar y consolidar la democracia.
Sin embargo, el cambio, que pudo ser real e histórico, no fue bien encauzado por los responsables y en un abrir y cerrar de ojos la energía generada se disipó. Muy pronto la nueva dirigencia pactó con los representantes del pasado, con los poderes fácticos que habían crecido a la sombra del PRI y de su corrupción. La realidad se pareció cada vez más al pasado y la promesa del cambio muy pronto fue sustituida por la persistencia, la continuidad, de la mediocridad heredada. El fracaso fue tan rápido como rotundo.
Todos los indicadores que usualmente sirven para medir el desarrollo de una sociedad muestran en México estancamiento o franco retroceso: crecimiento económico, calidad de empleo, vigencia de la justicia, seguridad social, calidad de la educación, honestidad en la administración de lo público, seguridad pública, equilibrio en la estructura social, etcétera.
Hoy, la Presidencia ha perdido una buena parte del poder que tenía en el viejo régimen antidemocrático, lo que en principio está bien, pero lo lamentable son dos cosas. Por un lado, la reducción del poder presidencial como consecuencia del fin del autoritarismo debió dar paso al surgimiento en esa institución de un nuevo poder: el de la autoridad moral, el de la legitimidad democrática sin mácula, el del surgimiento de una Presidencia en manos de estadistas. Ni de lejos fue ése el caso.
Por otro lado, la redistribución del poder que verdaderamente se ha dado, no ha ofrecido algo realmente mejor de lo que había sino más bien ha devenido en la reiteración de lo obsoleto, lo corrupto y lo injusto. Así, lo perdido por "Los Pinos" lo han ganado gobernadores al estilo de Mario Marín, Ulises Ruiz y otros de su misma calidad y en estados donde el PRI se mantiene ya por 80 años ininterrumpidos como el partido gobernante.
Ese poder también lo ha ganado una Suprema Corte que ha perdido autoridad moral al emitir decisiones como la referente a Atenco, donde señala que en la represión contra los habitantes de ese pueblo en 2006 se violaron los derechos humanos de muchos atenquenses, pero al momento de nombrar a los responsables guardó un vergonzoso silencio. Los poderes fácticos, como los monopolios o cuasi-monopolios en televisión o telefonía, son más fuertes que nunca y siguen operando con impunidad a pesar de que su mera existencia viola la Constitución y afecta negativamente a la economía.
Y qué decir de ese gran poder fáctico que es el crimen organizado: en este año un par de revistas internacionales -Forbes y Time- ha puesto al "Chapo" Guzmán como parte de la élite mundial del dinero (uno de los mil millonarios) y de la influencia (uno de los 100 personajes más significativos del mundo), es decir, en la misma categoría que Carlos Slim, el otro mexicano -y monopolista- notable. Desde luego que los partidos y el Poder Legislativo han pasado de ser casi nada a ser cogobernantes, pero su interés y su capacidad de bien representar los intereses de la soberanía son tan pocos que en todas las encuestas de opinión ocupan los últimos lugares por lo que a respeto y aprecio de la ciudadanía se refiere.
La última encuesta de opinión pública de Mitofsky -la que se llevó a cabo en marzo y que aún no registra los efectos de la emergencia nacional provocada por la aparición del virus A H1N1- es una buena radiografía de la forma y hondura del túnel en que estamos metidos como sociedad nacional. Mientras el 46.1% de los encuestados consideró que el país marchaba por el camino correcto un número ligeramente superior -el 47.1%- suponía lo contrario: que iba por el camino equivocado.
El 72.8% consideró que la situación política en México había empeorado y únicamente el 19.5% la vio mejor. En fin, que para la mayoría relativa -el 40.9%- el principal problema era el económico seguido, pero de lejos, por el de la inseguridad (20.3%) y no era optimista al respecto, pues 68.5% suponía que en el futuro inmediato las cosas se pondrán peor: simplemente no veía la luz al final del túnel.
Y tienen razón, el PIB mexicano va a ser negativo este año. Va a caer en 4% y algún economista teme que la disminución pueda ser como en 1995: del 7%. Y los expertos nos dicen que esta vez no podremos esperar que el resto del mundo nos empuje hacia arriba pues la recuperación económica mundial va a tomar tiempo, años quizá, (The Economist, abril 25 a 1° de mayo).
Para coronar esta nada positiva perspectiva, las últimas encuestas nos dicen que en la medida en que los ciudadanos piensan votar en las próximas elecciones, la mayoría lo hará por el PRI. Pareciera ser entonces que en materia política, el futuro de México es un tipo de vuelta al pasado, a la decadencia sin haber experimentado el apogeo.
jueves, 30 de abril de 2009
De Cananea al Colegio de Posgraduados
Por: LORENZO MEYER
Entre los problemas que tiene México como sociedad y comunidad política, especialmente ante la emergencia causada por un inesperado brote de influenza H1N1, el de unas huelgas que se prolongan sin solución pareciera marginal, perdido en medio de la montaña de temas que se acumulan en la agenda nacional. Y no es de extrañar, después de todo, apenas afecta a una minoría y cuyo discurso es muy diferente -opuesto- al que maneja la élite del poder.
Actualmente hay dos huelgas, la de Cananea en Sonora y la del Colegio de Posgraduados (Colpos) en sus varios campus, que ya han durado mucho, sobre todo la primera, y donde la solución, desde la perspectiva del poder, puede encontrarse no en negociar un acuerdo en torno a las demandas sino en el uso de la fuerza en el primer caso y el uso del tiempo -dejar que el asunto "se pudra"- en el segundo. Ambas vías de solución no serían aceptables desde la óptica del interés general y su mera posibilidad dice mucho sobre la naturaleza del Gobierno actual, tan alejado de los intereses de los asalariados y tan cercano a los del capital.
La decisión colectiva de los trabajadores de negarse a seguir laborando en las condiciones y términos que determina el empleador tiene una historia añeja, de milenios. Sin embargo, la huelga tal y como la conocemos hoy es un fenómeno económico, social y político que se desarrolló a partir del siglo XIX como resultado de la revolución industrial. Se trata del arma de última instancia de los asalariados. Históricamente, las huelgas han sido luchas muy desiguales que han requerido esfuerzos desproporcionados por parte de los huelguistas y cuyos resultados registran tantas derrotas como triunfos.
En México, como en el resto del mundo, los derechos de sindicalización y de huelga tardaron en ser reconocidos y debió correr sangre antes de que, como resultado de la Revolución Mexicana, la ley los incorporara y regulara. Ahora bien, desde el inicio hubo un golfo entre el reconocimiento formal y el ejercicio efectivo de los derechos sindicales, golfo que en los últimos tiempos se ha hecho mayor. El régimen de la post revolución se dijo defensor de los derechos de los trabajadores pero, en la práctica, siempre los condicionó a los intereses de la clase política que, después de 1940, coincidieron cada vez más con los de los patrones. A partir de 2000, un "Gobierno de empresarios y para empresarios", como se autodefinió el de Vicente Fox, hizo que esa coincidencia entre autoridades y patronos resulte muy similar a la que había a inicios del siglo pasado.
No deja de llamar la atención que una vez más sea en la políticamente simbólica población de Cananea, donde tenga lugar un conflicto laboral que resume la naturaleza actual de la relación del Gobierno con patrones y asalariados. Como se sabe, en 1906 estalló un movimiento de protesta proletaria en contra de la Cananea Consolidated Copper Co., (CCCC), que terminó por ser interpretado como precursor de la Revolución Mexicana de 1910. Los motivos entonces fueron la discriminación salarial: un obrero mexicano ganaba $3.50 diarios y un norteamericano $5.00. Además se exigió modificar la composición de la fuerza de trabajo con un 5% adicional de nacionales -los mexicanos era 5,360 y los norteamericanos 2,200-, la destitución de un capataz y, coronando esas peticiones laborales, algo que ya salía de ese ámbito para situarse en el meollo de la inconformidad política: un Gobierno efectivamente electo por el pueblo y que defendiera sus derechos y dignidad.
El resultado fue un desastre para todos: el choque de los mineros mexicanos con los trabajadores americanos de la maderería y, finalmente, una represión que dejó 23 muertos y muchos más detenidos. El tiempo corrió y al finalizar ese siglo, en 1999, la fuerza pública volvió a entrar en Cananea, aunque ya no para defender los intereses de William C. Green y la CCCC sino los de Germán Larrea y su Grupo México (GM).
A mediados de 2007 resurgió el conflicto entre la empresa minera y sus trabajadores. Esta vez las demandas de quienes laboran en una de las mayores minas de cobre del mundo se centró en las deficiencias de las medidas de seguridad -algo natural tras la tragedia en febrero de 2006 en otra mina del GM: la de Pasta de Conchos. Pero la protesta fue también o principalmente, parte de un conflicto mayor entre el Gobierno actual y el GM por un lado y el sindicato minero nacional: el SNTMMSRM. Este último es el sindicato dirigido por el hijo de Napoleón Gómez Sada, líder que fue de ese gremio por cuarenta años y uno de los pilares del corporativismo priista.
En enero de 2008, los mineros de Cananea y la Policía -estatal y federal- volvieron a chocar, pero la huelga se mantuvo. Hoy estamos a punto de entrar en un nuevo capítulo de tan desafortunado proceso. La empresa y el Gobierno simplemente se proponen acabar con el contrato colectivo de trabajo por causa de "fuerza mayor", liquidar con el monto más bajo posible a los 1,200 obreros, deshacerse de 300 "rijosos", recuperar las instalaciones, recontratar y volver a abrir la mina, pero esta vez con un nuevo sindicato, uno más manejable que el viejo SNTMMSRM, (al respecto, ver los argumentos de Arturo Alcalde en La Jornada, 25 de abril).
El Colegio de Posgraduados nació hace medio siglo del seno de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Su objetivo fue abrir una opción de posgrado para la agronomía con tres tareas propias de ese tipo de instituciones: investigación, docencia y vinculación con la comunidad. Hoy tiene siete campus donde laboran 600 profesores e investigadores de alto nivel, pero ese conjunto académico entró en huelga desde febrero.
La agricultura mexicana debería ser una prioridad del Gobierno -lo fue- pero hoy el campo mexicano está en ruinas o casi. El ejido dejó de ser una institución importante y con vitalidad. La capitalización y modernización de la agricultura desde hace tiempo no son prioridades oficiales, tampoco lo es la investigación científica en esa área (o en cualquier otra). La "revolución verde" que se dio en México a partir de 1943 con apoyo internacional ya es historia. Hoy Colpos da cobijo al mayor conjunto de investigadores en el área de las ciencias agrícolas en nuestro país. Hace tiempo -años- se prometió a los integrantes del Colpos homologar sus salarios con los de otra institución de excelencia afín: el Cinvestav del Instituto Politécnico. Esa promesa no se ha cumplido y es la causa principal de la huelga que se prolonga sin solución, pero no la única. Los huelguistas también demandan que quede claro cómo se han usado los dineros de un fideicomiso creado en 2005 para manejar fondos externos producto de contratos entre el Colpos e instituciones o empresas que requieren de sus investigaciones.
Sin una agricultura montada en la investigación de punta y con el uso de la tecnología adecuada, el campo mexicano se continuará al margen de cualquier proyecto nacional digno de ese nombre y persistirá como lo que es hoy: una zona de miseria, proveedor ineficaz e insuficiente de la demanda, la parte más raquítica del mercado nacional y expulsor sistemático de mano de obra.
Independientemente de qué tan bien o mal haya llevado a cabo su negociación, el maltrato al Colpos no puede dejar de verse como parte del desinterés del Gobierno mexicano por la actividad científica. Mientras en Estados Unidos el presidente Barack Obama acaba de comprometer a su Administración con una inversión en ciencia y tecnología equivalente al 3% del enorme PIB norteamericano, para así relanzar a su país como potencia científica -única manera de ganar el siglo XXI-, en México la ciencia y la tecnología en particular son áreas marginadas en las que se gasta menos del 0.4% de nuestro PIB. Si a la mala calidad de toda la educación elemental le añadimos ese descuido de las áreas de excelencia de la investigación científica, entonces ni esperanza de abandonar la mediocridad nacional en la que estamos envueltos.
Los motivos de las primeras huelgas mexicanas hoy resultan entre escandalosos e increíbles. En 1865, en las fábricas textiles de San Ildefonso y La Colmena en el Estado de México, estalló la primera huelga bien organizada en demanda de la reinstalación de despedidos y de la anulación de una rebaja salarial, y por una jornada de 14 horas para las mujeres y 15 para los hombres. La huelga fue reprimida y fracasó.
Siglo y medio después, y en vísperas del centenario de la Revolución, ya no se debería volver a recorrer ese camino de escándalo y humillación para las organizaciones sindicales.
Entre los problemas que tiene México como sociedad y comunidad política, especialmente ante la emergencia causada por un inesperado brote de influenza H1N1, el de unas huelgas que se prolongan sin solución pareciera marginal, perdido en medio de la montaña de temas que se acumulan en la agenda nacional. Y no es de extrañar, después de todo, apenas afecta a una minoría y cuyo discurso es muy diferente -opuesto- al que maneja la élite del poder.
Actualmente hay dos huelgas, la de Cananea en Sonora y la del Colegio de Posgraduados (Colpos) en sus varios campus, que ya han durado mucho, sobre todo la primera, y donde la solución, desde la perspectiva del poder, puede encontrarse no en negociar un acuerdo en torno a las demandas sino en el uso de la fuerza en el primer caso y el uso del tiempo -dejar que el asunto "se pudra"- en el segundo. Ambas vías de solución no serían aceptables desde la óptica del interés general y su mera posibilidad dice mucho sobre la naturaleza del Gobierno actual, tan alejado de los intereses de los asalariados y tan cercano a los del capital.
La decisión colectiva de los trabajadores de negarse a seguir laborando en las condiciones y términos que determina el empleador tiene una historia añeja, de milenios. Sin embargo, la huelga tal y como la conocemos hoy es un fenómeno económico, social y político que se desarrolló a partir del siglo XIX como resultado de la revolución industrial. Se trata del arma de última instancia de los asalariados. Históricamente, las huelgas han sido luchas muy desiguales que han requerido esfuerzos desproporcionados por parte de los huelguistas y cuyos resultados registran tantas derrotas como triunfos.
En México, como en el resto del mundo, los derechos de sindicalización y de huelga tardaron en ser reconocidos y debió correr sangre antes de que, como resultado de la Revolución Mexicana, la ley los incorporara y regulara. Ahora bien, desde el inicio hubo un golfo entre el reconocimiento formal y el ejercicio efectivo de los derechos sindicales, golfo que en los últimos tiempos se ha hecho mayor. El régimen de la post revolución se dijo defensor de los derechos de los trabajadores pero, en la práctica, siempre los condicionó a los intereses de la clase política que, después de 1940, coincidieron cada vez más con los de los patrones. A partir de 2000, un "Gobierno de empresarios y para empresarios", como se autodefinió el de Vicente Fox, hizo que esa coincidencia entre autoridades y patronos resulte muy similar a la que había a inicios del siglo pasado.
No deja de llamar la atención que una vez más sea en la políticamente simbólica población de Cananea, donde tenga lugar un conflicto laboral que resume la naturaleza actual de la relación del Gobierno con patrones y asalariados. Como se sabe, en 1906 estalló un movimiento de protesta proletaria en contra de la Cananea Consolidated Copper Co., (CCCC), que terminó por ser interpretado como precursor de la Revolución Mexicana de 1910. Los motivos entonces fueron la discriminación salarial: un obrero mexicano ganaba $3.50 diarios y un norteamericano $5.00. Además se exigió modificar la composición de la fuerza de trabajo con un 5% adicional de nacionales -los mexicanos era 5,360 y los norteamericanos 2,200-, la destitución de un capataz y, coronando esas peticiones laborales, algo que ya salía de ese ámbito para situarse en el meollo de la inconformidad política: un Gobierno efectivamente electo por el pueblo y que defendiera sus derechos y dignidad.
El resultado fue un desastre para todos: el choque de los mineros mexicanos con los trabajadores americanos de la maderería y, finalmente, una represión que dejó 23 muertos y muchos más detenidos. El tiempo corrió y al finalizar ese siglo, en 1999, la fuerza pública volvió a entrar en Cananea, aunque ya no para defender los intereses de William C. Green y la CCCC sino los de Germán Larrea y su Grupo México (GM).
A mediados de 2007 resurgió el conflicto entre la empresa minera y sus trabajadores. Esta vez las demandas de quienes laboran en una de las mayores minas de cobre del mundo se centró en las deficiencias de las medidas de seguridad -algo natural tras la tragedia en febrero de 2006 en otra mina del GM: la de Pasta de Conchos. Pero la protesta fue también o principalmente, parte de un conflicto mayor entre el Gobierno actual y el GM por un lado y el sindicato minero nacional: el SNTMMSRM. Este último es el sindicato dirigido por el hijo de Napoleón Gómez Sada, líder que fue de ese gremio por cuarenta años y uno de los pilares del corporativismo priista.
En enero de 2008, los mineros de Cananea y la Policía -estatal y federal- volvieron a chocar, pero la huelga se mantuvo. Hoy estamos a punto de entrar en un nuevo capítulo de tan desafortunado proceso. La empresa y el Gobierno simplemente se proponen acabar con el contrato colectivo de trabajo por causa de "fuerza mayor", liquidar con el monto más bajo posible a los 1,200 obreros, deshacerse de 300 "rijosos", recuperar las instalaciones, recontratar y volver a abrir la mina, pero esta vez con un nuevo sindicato, uno más manejable que el viejo SNTMMSRM, (al respecto, ver los argumentos de Arturo Alcalde en La Jornada, 25 de abril).
El Colegio de Posgraduados nació hace medio siglo del seno de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Su objetivo fue abrir una opción de posgrado para la agronomía con tres tareas propias de ese tipo de instituciones: investigación, docencia y vinculación con la comunidad. Hoy tiene siete campus donde laboran 600 profesores e investigadores de alto nivel, pero ese conjunto académico entró en huelga desde febrero.
La agricultura mexicana debería ser una prioridad del Gobierno -lo fue- pero hoy el campo mexicano está en ruinas o casi. El ejido dejó de ser una institución importante y con vitalidad. La capitalización y modernización de la agricultura desde hace tiempo no son prioridades oficiales, tampoco lo es la investigación científica en esa área (o en cualquier otra). La "revolución verde" que se dio en México a partir de 1943 con apoyo internacional ya es historia. Hoy Colpos da cobijo al mayor conjunto de investigadores en el área de las ciencias agrícolas en nuestro país. Hace tiempo -años- se prometió a los integrantes del Colpos homologar sus salarios con los de otra institución de excelencia afín: el Cinvestav del Instituto Politécnico. Esa promesa no se ha cumplido y es la causa principal de la huelga que se prolonga sin solución, pero no la única. Los huelguistas también demandan que quede claro cómo se han usado los dineros de un fideicomiso creado en 2005 para manejar fondos externos producto de contratos entre el Colpos e instituciones o empresas que requieren de sus investigaciones.
Sin una agricultura montada en la investigación de punta y con el uso de la tecnología adecuada, el campo mexicano se continuará al margen de cualquier proyecto nacional digno de ese nombre y persistirá como lo que es hoy: una zona de miseria, proveedor ineficaz e insuficiente de la demanda, la parte más raquítica del mercado nacional y expulsor sistemático de mano de obra.
Independientemente de qué tan bien o mal haya llevado a cabo su negociación, el maltrato al Colpos no puede dejar de verse como parte del desinterés del Gobierno mexicano por la actividad científica. Mientras en Estados Unidos el presidente Barack Obama acaba de comprometer a su Administración con una inversión en ciencia y tecnología equivalente al 3% del enorme PIB norteamericano, para así relanzar a su país como potencia científica -única manera de ganar el siglo XXI-, en México la ciencia y la tecnología en particular son áreas marginadas en las que se gasta menos del 0.4% de nuestro PIB. Si a la mala calidad de toda la educación elemental le añadimos ese descuido de las áreas de excelencia de la investigación científica, entonces ni esperanza de abandonar la mediocridad nacional en la que estamos envueltos.
Los motivos de las primeras huelgas mexicanas hoy resultan entre escandalosos e increíbles. En 1865, en las fábricas textiles de San Ildefonso y La Colmena en el Estado de México, estalló la primera huelga bien organizada en demanda de la reinstalación de despedidos y de la anulación de una rebaja salarial, y por una jornada de 14 horas para las mujeres y 15 para los hombres. La huelga fue reprimida y fracasó.
Siglo y medio después, y en vísperas del centenario de la Revolución, ya no se debería volver a recorrer ese camino de escándalo y humillación para las organizaciones sindicales.
viernes, 24 de abril de 2009
¿Falló la ciencia económica o los economistas?
Por: LORENZO MEYER
"Más que la teoría económica, fue el grueso de los economistas los que fallaron, pero una minoría reivindica a su disciplina"
¿Cómo explicar que habiendo tantos doctorados en economía, el estallido de la nueva Gran Depresión Mundial haya tomado por sorpresa a casi todos los profesionales del ramo? Aquí en México, por ejemplo, quien está al frente de la Secretaría de Hacienda tiene un doctorado en economía de la justamente prestigiada Universidad de Chicago, y ese personaje nos aseguró hace apenas unos meses que si la economía norteamericana llegara a tener gripe, una economía mexicana bien cuidada por un equipo de tecnócratas bien pagados, apenas sufriría un "catarrito".
Bueno, el resultado no ha sido ese. Hoy, el gobierno se ha visto obligado a abrir una línea de crédito con el FMI por 47 mil millones de dólares más una línea swap por 30 mil millones de dólares con la Reserva Federal norteamericana para apuntalar un peso muy tambaleante por la caída en las exportaciones y en las remesas recibidas. Las cifras del INEGI nos dicen que el sector manufacturero ha caído ya 16.1% a tasa anual, que pese al compromiso electoral de crear un millón de empleos al año, el desempleo va en aumento y el Colegio de Economistas pronostica una caída del PIB del 5% para este año, (Reforma, 15 de abril).
Hoy, el consuelo de los economistas del gobierno mexicano -que no de los mexicanos- pudiera ser que su mal es de muchos, pues sus contrapartes norteamericanos no han hecho mejor papel. El famoso Alan Greenspan, por ejemplo, jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 1987 y 2006 y llamado por muchos "the maestro", se equivocó de cabo a rabo en su manejo de la tasa de interés, en su despreocupación ante el surgimiento y expansión de "burbujas" como la hipotecaria y en su irresponsable confianza -basada más en ideología que en realidades-, sobre el compromiso de "auto regulación" de las grandes instituciones financieras. Como todos sabemos, los grandes del crédito de ese mundo -Lehman Brothers, Bear Stearns, Goldman Sach, Merrill Lynch, AIG, Morgan Stanley, Wachovia, Citigroup, etcétera- especularon hasta reventar y la "autorregulación" resultó ser, en el mejor de los casos, un concepto vacío y, en el peor, un engaño criminal.
La incapacidad de predecir de los economistas que hoy le está costando al mundo entero billones de dólares -el cálculo del Fondo Monetario sobre las pérdidas financieras es de más de cuatro millones de millones (billones en español, trillones en ingles) de dólares, una cadena interminable de quiebras, millones de empleos desaparecidos y la frustración del futuro de una parte sustantiva de los jóvenes que en países ricos y pobres debieran estar entrando a laborar para empezar a ser los "arquitectos de su propio destino" pero que hoy tienen cerradas las puertas del mercado.
Alguien puede alegar que la falta no es realmente de los economistas sino de la ciencia económica que, como el resto de las ciencias sociales, está muy lejos de poseer exactitud en la definición de sus conceptos e hipótesis. Se puede argumentar en su descargo que pese a la aparente sofisticación de la econometría -que permitió a los economistas y tecnócratas reclamar sitio aparte en las ciencias sociales-, realmente sus supuestos básicos, como el de la competencia o la información perfectas, la racionalidad en el proceso de elección y otras, siempre fueron irreales. En suma, que la culpa no es de Ambrosio, sino de su carabina.
Mucho hay de imperfección en la economía como ciencia, pero pese a las fallas del instrumento siempre hubo un grupo de economistas, entre los que destacan Paul Krugman y Joseph Stiglitz, que empleando los mismos herramientas teóricas que sus colegas, predijeron en tiempos y términos adecuados, que la crisis venía. Particularmente interesante es el caso de Ravi Batra, un economista hindú formado en Escuela de Economía de Dehli y en la Southern Illinois University y que actualmente es profesor en la Southern Methodist University, en Dallas.
Batra, según algunos de sus admiradores, hace tiempo que debió de haber recibido el Nobel de economía, pero justamente por haber anunciado de tiempo atrás la crisis en que hoy se encuentra el sistema económico mundial y sus razones en al menos dos libros -Greenspan's Fraud, (Palgrave, 2005) y The New Golden Age: The Coming Revolution Against Political Corruption and Economic Chaos, (Palgrave, 2007)-, fue mal visto por el grueso de los profesionales de la economía. Examinando las ideas de Batra, es posible suponer que quizá la incapacidad de predicción del problema que hoy afecta a la economía mundial no se encuentra tanto en la ciencia económica misma sino en los economistas que la practican.
La idea central de Batra, tomada de uno de sus maestros en India, es que para hacer equivalente la oferta con la demanda -punto central de la teoría del equilibrio en el sistema económico-, un aumento en esa oferta cuyo origen es el aumento en la productividad del trabajo, debe ser compensado con un aumento equivalente en el aumento de la demanda mediante el alza de los salarios reales. Sin embargo, por años eso no ocurrió porque el grueso de los economistas en posición de poder, y siguiendo a Greenspan, argumentaron en contra de un aumento en los salarios reales (argumentaron que eran inflacionarios) y se salieron con la suya (en valor constante, el salario mínimo por hora en Estados Unidos era de 10 dls. en 1969 y de menos de 7 dls. en 2008).
Ahora bien, como los beneficios del aumento de la productividad se fueron para el capital y no para el trabajo, la única manera de evitar la crisis y hacer que la oferta igualara a la demanda, fue suplir la ausencia de aumento en los salarios reales con diferentes formas de crédito, con endeudamiento.
La tarea principal de Greenspan desde su posición de poder, fue facilitar hasta el extremo la posibilidad de más y más crédito bajando las tasas de interés e inyectando confianza en los mercados con su discurso. Con dinero barato en Estados Unidos, los consumidores de todas las clases sociales, excluyendo apenas a los realmente pobres, siguieron comprando casas, autos, muebles y toda clase de bienes de consumo, pero a crédito, endeudándose. De ahí el peculiar fenómeno de instituciones que ofrecían incluso a desempleados líneas de crédito para adquirir casas sin tener que pagar nada en el inicio. La industria de la construcción creció como la espuma y arrastró a la economía.
Y no sólo fue Greenspan el que alentó el endeudamiento como forma de vida en el país vecino del norte. Entre países también lo hizo China, al financiar el creciente déficit comercial norteamericano mediante la compra masiva de bonos del Tesoro de los Estados Unidos para alentar en ese país la adicción a importar sin exportar en la misma proporción.
El crecimiento vía deuda no puede ser permanente, en algún momento la realidad alcanza a las personas y a los países que sistemáticamente consumen más allá de lo que pueden pagar. Y justamente eso le ocurrió a Estados Unidos en el 2008. Y en su caída arrastró al resto del mundo, en particular a uno de sus principales socios comerciales: México.
En esencia, el análisis de Batra sostiene que dar a los asalariados el beneficio de los aumentos de la productividad no es sólo un asunto de justicia social, que lo es, sino también de buena teoría económica. Batra predijo que alrededor del año 2000 habría un gran crash en el mercado accionario; acertó, pero como no se hizo nada al respecto y luego hubo una falsa recuperación -simplemente se abarató aún más el crédito pero se mantuvo el esquema de todas las ventajas para el capital y castigo al trabajo-, entonces el terreno quedó preparado para la gran depresión del 2008, la actual.
Ojalá Batra también sea certero en su pronóstico sobre el futuro, en ese que señala que de las cenizas de un capitalismo basado en una distribución brutalmente inequitativa de los beneficios del crecimiento económico puede surgir un sistema diferente, más apegado a la realidad y a la justicia. Claro que esa transformación no se dará de manera automática, el capital va seguir defendiendo sus privilegios y se necesita que los afectados traduzcan su justa indignación en energía política y que ésta encuentre el liderazgo que la transforme en una fuerza constructiva.
Esto pareciera estar sucediendo ya en Estados Unidos, con el resultado de la última elección y el liderazgo de Barack Obama. Sin embargo, por ahora en México no hay nada equivalente al cambio que está teniendo lugar en el país vecino. Los mexicanos seguimos avanzando en el túnel; ojalá pronto veamos alguna luz que indique la posibilidad de una auténtica salida.
"Más que la teoría económica, fue el grueso de los economistas los que fallaron, pero una minoría reivindica a su disciplina"
¿Cómo explicar que habiendo tantos doctorados en economía, el estallido de la nueva Gran Depresión Mundial haya tomado por sorpresa a casi todos los profesionales del ramo? Aquí en México, por ejemplo, quien está al frente de la Secretaría de Hacienda tiene un doctorado en economía de la justamente prestigiada Universidad de Chicago, y ese personaje nos aseguró hace apenas unos meses que si la economía norteamericana llegara a tener gripe, una economía mexicana bien cuidada por un equipo de tecnócratas bien pagados, apenas sufriría un "catarrito".
Bueno, el resultado no ha sido ese. Hoy, el gobierno se ha visto obligado a abrir una línea de crédito con el FMI por 47 mil millones de dólares más una línea swap por 30 mil millones de dólares con la Reserva Federal norteamericana para apuntalar un peso muy tambaleante por la caída en las exportaciones y en las remesas recibidas. Las cifras del INEGI nos dicen que el sector manufacturero ha caído ya 16.1% a tasa anual, que pese al compromiso electoral de crear un millón de empleos al año, el desempleo va en aumento y el Colegio de Economistas pronostica una caída del PIB del 5% para este año, (Reforma, 15 de abril).
Hoy, el consuelo de los economistas del gobierno mexicano -que no de los mexicanos- pudiera ser que su mal es de muchos, pues sus contrapartes norteamericanos no han hecho mejor papel. El famoso Alan Greenspan, por ejemplo, jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 1987 y 2006 y llamado por muchos "the maestro", se equivocó de cabo a rabo en su manejo de la tasa de interés, en su despreocupación ante el surgimiento y expansión de "burbujas" como la hipotecaria y en su irresponsable confianza -basada más en ideología que en realidades-, sobre el compromiso de "auto regulación" de las grandes instituciones financieras. Como todos sabemos, los grandes del crédito de ese mundo -Lehman Brothers, Bear Stearns, Goldman Sach, Merrill Lynch, AIG, Morgan Stanley, Wachovia, Citigroup, etcétera- especularon hasta reventar y la "autorregulación" resultó ser, en el mejor de los casos, un concepto vacío y, en el peor, un engaño criminal.
La incapacidad de predecir de los economistas que hoy le está costando al mundo entero billones de dólares -el cálculo del Fondo Monetario sobre las pérdidas financieras es de más de cuatro millones de millones (billones en español, trillones en ingles) de dólares, una cadena interminable de quiebras, millones de empleos desaparecidos y la frustración del futuro de una parte sustantiva de los jóvenes que en países ricos y pobres debieran estar entrando a laborar para empezar a ser los "arquitectos de su propio destino" pero que hoy tienen cerradas las puertas del mercado.
Alguien puede alegar que la falta no es realmente de los economistas sino de la ciencia económica que, como el resto de las ciencias sociales, está muy lejos de poseer exactitud en la definición de sus conceptos e hipótesis. Se puede argumentar en su descargo que pese a la aparente sofisticación de la econometría -que permitió a los economistas y tecnócratas reclamar sitio aparte en las ciencias sociales-, realmente sus supuestos básicos, como el de la competencia o la información perfectas, la racionalidad en el proceso de elección y otras, siempre fueron irreales. En suma, que la culpa no es de Ambrosio, sino de su carabina.
Mucho hay de imperfección en la economía como ciencia, pero pese a las fallas del instrumento siempre hubo un grupo de economistas, entre los que destacan Paul Krugman y Joseph Stiglitz, que empleando los mismos herramientas teóricas que sus colegas, predijeron en tiempos y términos adecuados, que la crisis venía. Particularmente interesante es el caso de Ravi Batra, un economista hindú formado en Escuela de Economía de Dehli y en la Southern Illinois University y que actualmente es profesor en la Southern Methodist University, en Dallas.
Batra, según algunos de sus admiradores, hace tiempo que debió de haber recibido el Nobel de economía, pero justamente por haber anunciado de tiempo atrás la crisis en que hoy se encuentra el sistema económico mundial y sus razones en al menos dos libros -Greenspan's Fraud, (Palgrave, 2005) y The New Golden Age: The Coming Revolution Against Political Corruption and Economic Chaos, (Palgrave, 2007)-, fue mal visto por el grueso de los profesionales de la economía. Examinando las ideas de Batra, es posible suponer que quizá la incapacidad de predicción del problema que hoy afecta a la economía mundial no se encuentra tanto en la ciencia económica misma sino en los economistas que la practican.
La idea central de Batra, tomada de uno de sus maestros en India, es que para hacer equivalente la oferta con la demanda -punto central de la teoría del equilibrio en el sistema económico-, un aumento en esa oferta cuyo origen es el aumento en la productividad del trabajo, debe ser compensado con un aumento equivalente en el aumento de la demanda mediante el alza de los salarios reales. Sin embargo, por años eso no ocurrió porque el grueso de los economistas en posición de poder, y siguiendo a Greenspan, argumentaron en contra de un aumento en los salarios reales (argumentaron que eran inflacionarios) y se salieron con la suya (en valor constante, el salario mínimo por hora en Estados Unidos era de 10 dls. en 1969 y de menos de 7 dls. en 2008).
Ahora bien, como los beneficios del aumento de la productividad se fueron para el capital y no para el trabajo, la única manera de evitar la crisis y hacer que la oferta igualara a la demanda, fue suplir la ausencia de aumento en los salarios reales con diferentes formas de crédito, con endeudamiento.
La tarea principal de Greenspan desde su posición de poder, fue facilitar hasta el extremo la posibilidad de más y más crédito bajando las tasas de interés e inyectando confianza en los mercados con su discurso. Con dinero barato en Estados Unidos, los consumidores de todas las clases sociales, excluyendo apenas a los realmente pobres, siguieron comprando casas, autos, muebles y toda clase de bienes de consumo, pero a crédito, endeudándose. De ahí el peculiar fenómeno de instituciones que ofrecían incluso a desempleados líneas de crédito para adquirir casas sin tener que pagar nada en el inicio. La industria de la construcción creció como la espuma y arrastró a la economía.
Y no sólo fue Greenspan el que alentó el endeudamiento como forma de vida en el país vecino del norte. Entre países también lo hizo China, al financiar el creciente déficit comercial norteamericano mediante la compra masiva de bonos del Tesoro de los Estados Unidos para alentar en ese país la adicción a importar sin exportar en la misma proporción.
El crecimiento vía deuda no puede ser permanente, en algún momento la realidad alcanza a las personas y a los países que sistemáticamente consumen más allá de lo que pueden pagar. Y justamente eso le ocurrió a Estados Unidos en el 2008. Y en su caída arrastró al resto del mundo, en particular a uno de sus principales socios comerciales: México.
En esencia, el análisis de Batra sostiene que dar a los asalariados el beneficio de los aumentos de la productividad no es sólo un asunto de justicia social, que lo es, sino también de buena teoría económica. Batra predijo que alrededor del año 2000 habría un gran crash en el mercado accionario; acertó, pero como no se hizo nada al respecto y luego hubo una falsa recuperación -simplemente se abarató aún más el crédito pero se mantuvo el esquema de todas las ventajas para el capital y castigo al trabajo-, entonces el terreno quedó preparado para la gran depresión del 2008, la actual.
Ojalá Batra también sea certero en su pronóstico sobre el futuro, en ese que señala que de las cenizas de un capitalismo basado en una distribución brutalmente inequitativa de los beneficios del crecimiento económico puede surgir un sistema diferente, más apegado a la realidad y a la justicia. Claro que esa transformación no se dará de manera automática, el capital va seguir defendiendo sus privilegios y se necesita que los afectados traduzcan su justa indignación en energía política y que ésta encuentre el liderazgo que la transforme en una fuerza constructiva.
Esto pareciera estar sucediendo ya en Estados Unidos, con el resultado de la última elección y el liderazgo de Barack Obama. Sin embargo, por ahora en México no hay nada equivalente al cambio que está teniendo lugar en el país vecino. Los mexicanos seguimos avanzando en el túnel; ojalá pronto veamos alguna luz que indique la posibilidad de una auténtica salida.
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