Por: Lorenzo Meyer
Para explicar la tragedia política de muchas sociedades post-coloniales -guerra civil, golpes militares, dictaduras, cleptocracia, etc.-, el politólogo norteamericano Samuel Huntington recurrió hace cuarenta años al viejo concepto de "decaimiento político", usado por los griegos. Con el correr del tiempo, decían los clásicos, cualquier tipo de régimen político exitoso pierde su esencia y se corrompe hasta convertirse en una versión perversa del original.
Algo relacionado con esta concepción clásica del proceso político pareciera estar sucediendo en México: en vez de superar el autoritarismo mediante la instauración de la democracia, como se supuso en 2000, lo que estamos experimentando es un descenso a un tipo de vida pública aún por definir, pero caracterizado por un espectacular colapso de la estructura de autoridad, por el predominio ilegítimo de ciertos intereses particulares -los de las grandes concentraciones de capital o los del narco, por ejemplo- por sobre los de la comunidad.
Huntington explicó la decadencia de un sistema político como resultado de la debilidad institucional -producto de la corrupción- frente al aumento en la movilización social y en el número de actores significativos y sus demandas. En estas condiciones, las fuerzas disruptivas -de nuevo, los monopolios o el narcotráfico, por ejemplo- terminan por imponerse y el resultado final es el envilecimiento e ineficacia de la vida pública.
El desastre en que se ha convertido el proceso político mexicano actual puede examinarse desde varias perspectivas, pero una por demás interesante es la elaborada por la derecha inteligente. Dentro de esta categoría, uno de los enfoques más sugestivos es el propuesto por Huntington, el famoso profesor de Harvard que murió el año pasado. Fue éste un politólogo tan conservador como brillante que no se conformó con dominar y moverse dentro de la ciencia política sino que para su análisis del fenómeno del poder no tuvo empacho en tomar ideas y conceptos de la historia, la sociología, la economía, la antropología, el derecho e incluso la literatura.
Los trabajos más conocidos y controvertidos de Huntington fueron los últimos: El choque de civilizaciones de 1996 y donde reemplazó al conflicto ideológico de la Guerra Fría con otro que estaba naciendo entre Estados Unidos y el Islam. En ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad estadounidense (2004), el politólogo harvardiano vio en la falta de asimilación de los latinos en Estados Unidos, en particular de los mexicanos, un peligro para el mantenimiento de la ética puritana que, según él, es el corazón del éxito norteamericano. En un notable artículo de Jane S. Jaquette y Abraham F. Lowenthal sobre este académico y que será publicado por Política Externa en Brasil, señalan y con razón que fue el segundo libro del autor en cuestión y que apareció en el emblemático 1968, El orden político en las sociedades en cambio, (New Haven: Yale University Press), su trabajo teórico más original y el que más influencia y permanencia ha tenido.
Es ahí donde se encuentra el núcleo de una explicación de lo que hoy más nos preocupa y nos afecta directa y negativamente a los mexicanos: el fracaso de las estructuras institucionales del Estado y la involución de nuestro desarrollo político, económico e incluso cultural.
No obstante la atmósfera dominante de Guerra Fría, Huntington propuso que la mayor diferencia entre las naciones no era su estructura económica -capitalista o socialista- o su forma de gobierno -democracia o dictadura- sino su "grado de gobierno". Desde esta perspectiva, el conjunto de los países puede dividirse siempre en dos categorías. Por un lado, están aquéllos cuyas políticas se caracterizan por el consenso, sentido de comunidad, legitimidad, organización, eficacia y estabilidad; por otro, los que fallan en esas áreas. Desde esta perspectiva, los países líderes de dos bloques entonces antagónicos, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban en la misma categoría vis à vis la mayoría de los países de Asia, África y América Latina, que correspondían a otra. Para Huntington lo que unía a sistemas políticos antagónicos como el norteamericano y el soviético era que en ambos "el gobierno gobierna". En los dos, sus estructuras de gobierno contaban con la lealtad de sus ciudadanos, tenían la capacidad de imponerles y recabar impuestos, de reclutarlos y de llevar a cabo las decisiones políticas tomadas. En contraste, en la mayoría de los países en desarrollo -casi todos afectados por sus experiencias coloniales-, sucedía lo contrario.
En los países periféricos, lo prevalente era que el cambio social rápido desembocase en la movilización de nuevos actores y que el resultado final fuera la emergencia de un tipo de demandas que por su forma, contenido y volumen, convertían a las instituciones en incapaces de procesarlas de manera eficiente. El resultado era la "decadencia política". Sin embargo, Huntington vio en ese mundo periférico excepciones y una de ellas fue precisamente México.
En las 461 páginas de la edición original de El orden político, México viene citado 29 veces, la Revolución Mexicana 22 y el PRI 6. En realidad, salvo por Estados Unidos y Gran Bretaña, México es el país más citado en el índice analítico. En el capítulo cinco se aborda el tema de las revoluciones, y no obstante su orientación ideológica, Huntington hace aparecer a la mexicana bajo muy buena luz al compararla con otras. En el caso de México, dice "su revolución fue muy exitosa por lo que al desarrollo político se refiere porque fue capaz de dar forma a organizaciones y procedimientos complejos, autónomos, coherentes y adaptables, y tuvo un éxito razonable en su modernización política, es decir, en la centralización del poder necesario para llevar a cabo la reforma social y la expansión de poder necesaria para la asimilación de los grupos". La estabilidad que la revolución dio a México era excepcional. En un libro que Huntington editó poco después -Política autoritaria en las sociedades modernas, (1970)- México fue puesto como un modelo a seguir por los autoritarismos socialistas de Europa del Este, que al autor le parecieron menos avanzados que el mexicano.
Si Huntington, un conservador -no hay que olvidar que en 1968, justo cuando salió El orden político fungió como consejero de su gobierno, y entre lo que aconsejó fue el bombardeo de las zonas rurales de Vietnam del Sur para forzar a las masas campesinos a emigrar a las ciudades, donde se les podía controlar y alejar del Vietcong- vio con buenos ojos a la Revolución Mexicana fue precisamente por su autoritarismo eficiente, por su capacidad de crear poder político, afirmar la estructura de autoridad y producir estabilidad. Y es que, según él, la democracia -la limitación institucional del ejercicio de la autoridad por la vía de la división de poderes- sólo podía intentarse con seriedad después de que se hubiesen creado y estuviesen funcionando aceptablemente las instituciones del Estado. Lo que la teoría de Huntington ya no previó fue que el Estado autoritario mexicano, aparentemente tan fuerte, simplemente empezara a desmoronarse en cuanto intentó cambiar su naturaleza antidemocrática pero sin llevar a cabo un pacto explícito entre los grandes actores políticos para intentar una necesaria e indispensable reforma de su Estado.
En realidad, tanto en la Unión Soviética -otro Estado no democrático, pero que había pasado la prueba huntingtoniana del orden- como en México, el alto grado de autoridad no democrática estaba limitado por el control de todos los actores aceptados por el pequeño grupo en posesión del aparato estatal, pero al intentarse el paso al pluralismo democrático todo se desmadejó. Y es que las instituciones políticas, legales, económicas y culturales estaban carcomidas por una corrupción endémica y en la coyuntura crítica, quienes encabezaron el cambio no se atrevieron a llevar a cabo la tarea de reformarlas y lo que parecía tan fuerte no supo, no pudo y no quiso, ponerse al día.
El acuerdo implícito PRI-PAN, que surgió tras el fraude de 1988, se fincó en el compromiso de no interferir con los intereses creados. Sin embargo, al ocurrir el cambio del 2000, un entramado institucional no reformado simplemente fue incapaz de resistir las presiones. El choque directo de los intereses viejos y los nuevos, de los legítimos y los ilegítimos, desembocó en lo que temía Huntington: en un gobierno que no gobierna, en la fragmentación del poder y en su decaimiento.
jueves, 26 de febrero de 2009
jueves, 19 de febrero de 2009
Para que la cuña apriete
Por: Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA
Cuando el régimen político mexicano cambió en 2000, una buena parte de los ciudadanos y de los observadores extranjeros, consideró que se abría una singular oportunidad para poner al día al país en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del poder público. Suponían que el fin del régimen de partido de Estado y de la presidencia imperial más el inicio del pluralismo democrático traerían aparejadas una Administración y una impartición de justicia menos corrupta y más eficiente, el fin de la legendaria impunidad y un ejercicio responsable de la autoridad. Ese mejor Gobierno tendría un efecto positivo en la seguridad pública y mejoraría el clima económico, etcétera.
A nueve años del "gran cambio", muy poco si es que algo de lo esperado se ha cumplido. El "no nos falles" que los ciudadanos corearon frente a Vicente Fox la noche de su victoria en el monumento a la Independencia, se convirtió en una falla monumental. Hoy, cuando la economía decrece y el desempleo crece, la impunidad de corruptos e ineficaces se afianza y los asesinatos atribuibles al crimen organizado suman más de 900 en menos de dos meses, el IFE ya no garantiza elecciones creíbles y el viejo PRI prepara su retorno al centro del poder, la gran pregunta es ¿qué fue lo que llevó tan rápido a un fracaso tan estrepitoso?
La interrogante en torno al fracaso del nuevo régimen mexicano casi al momento mismo del arranque, puede tener un abanico de respuestas. Desde la izquierda, por ejemplo, el corazón del problema está en el modelo económico neoliberal combinado con la resistencia de sus beneficiarios -la derecha y sus apoyos en el PRI y el PAN- a llevar a cabo un proceso electoral genuino por temor a que desemboque en un Gobierno que incline la balanza en favor de las mayorías y abra los closets donde están los esqueletos del Fobaproa, de las privatizaciones o de la Guerra Sucia. Otra posible respuesta es la que da Carlos Arriola en El Miedo a Gobernar. La verdadera historia del PAN, (México: Océano, 2008). En este libro, la clave del fracaso de la transición está en la naturaleza contradictoria del partido hoy en el poder.
Como bien lo señala el refrán: "para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo". Pocos son más duros con un partido o ideología que sus antiguos militantes que además, tienen una ventaja al elaborar su crítica: conocen bien los entresijos de la criatura a la que hacen la disección. Arriola conoce al PAN desde dentro porque en su juventud fue militante de ese partido, pero con el correr del tiempo se alejó de él. También conoce a uno de los aliados del PAN, a los empresarios, pues publicó: Los Empresarios y el Estado, 1970-1982, (México: Porrúa, 1988).
La tesis central de El Miedo a Gobernar es clara: si los gobiernos del PAN con los que México inauguró su siglo XXI político no han tenido éxito, la razón básica se encuentra en los orígenes mismos de ese partido que al momento de nacer no se decidió a aceptar lo obvio: que la naturaleza de la tarea política a la que se iban a lanzar es justamente esa que Maquiavelo o Max Weber demostraron que es incompatible con la moral en la tradición cristiano-occidental. Para Arriola, Weber está en lo justo al advertir: "quien busque la salvación de su alma y la redención de las ajenas, no debe de seguir los caminos de la política, cuyas metas son distintas y sus éxitos sólo pueden ser alcanzados por medio de la fuerza". Los panistas buscaron combinar la salvación de su alma con la salvación política del país, pero se negaron a emplear los medios moralmente reprobables que requería esto último.
Sin embargo, el fundador del PAN que retrata nuestro autor no pareciera ser alguien particularmente ajeno al ejercicio del poder en el sentido propuesto por Weber. Justo al inicio del libro hay una cita del joven Manuel Gómez Morín donde en 1919 admite que por un lado, le tienta el "lanzarme como profeta del nuevo mundo, alumbrado por el sol de la Unión Soviética", pero por el otro, no descartaba la posibilidad de "dedicarme a ser rico, navegando en los negocios con bandera de pendejo, la única que salva en este oficio". Obviamente, pronto desechó la posibilidad de acompañar a su contemporáneo Vicente Lombardo Toledano en su deslumbramiento por el sol soviético. Su biografía muestra que más bien se decidió por la otra opción: combinar los negocios -el servicio a los grandes empresarios- con la política. Sin embargo, en este campo fue realista: aunque con reticencia, acompañó como tecnócrata al régimen revolucionario en su primer tramo del camino y en una coyuntura clave -1929- optó por no jugársela con José Vasconcelos. Al final del cardenismo, Gómez Morín fundó el PAN, que pese a su nombre más pareció un grupo de presión de la derecha ilustrada que un partido propiamente dicho, pues la esencia del partido es empeñarse en alcanzar el poder en tanto que el segundo sólo pretende influir en las decisiones del poder.
Menos ambigua aparece la otra figura fundadora del panismo: la de Efraín González Luna, militante católico de Jalisco cuya visión del mundo le llevó a ver la esencia de su labor y de su partido en el esfuerzo por recristianizar a México, desechando la vulgar búsqueda del poder o de negociar ventajas concretas con quienes efectivamente lo ejercían. La consecuencia final, según Arriola, fue que el PAN resultó bastante irrelevante en el proceso político real del México postrevolucionario. Para el grueso de los mexicanos, que obviamente no pertenecían a las clases medias ilustradas de los Gómez Morín, González Luna et. al. poco o nada significaron las intensas discusiones de panistas ilustres con sus afines -como las que tuvieron lugar en el I Congreso Nacional de Cultura Católica de 1953-, tampoco sus campañas electorales tuvieron mucho que ver con el México real de la época.
Claro que lo que el autor de El Miedo a Gobernar dice del PAN a mediados del siglo pasado también se puede decir de la izquierda, especialmente de la lombardista y de su Partido Popular. PAN y PP sirvieron para dar apariencia de pluralidad a un régimen autoritario y cada vez más alejado de sus orígenes revolucionarios.
Arriola encuentra en la negativa del PAN a practicar la política de fondo -la de Maquiavelo o Weber- la razón de su irrelevancia. Habría que añadir a la timidez de los políticos de tiempo parcial del PAN, el elemento de autoritarismo, de represión, del régimen del PRI -ese partido para cuyos líderes la moral, en palabras de Gonzálo N. Santos "es un árbol que da moras y sirve para
Finalmente ¿cómo explicar que un partido sin vocación de poder haya derrotado en 2000 a un partido de políticos seguidores de Maquiavelo, con experiencia de casi un siglo en el poder -desde Carranza- como eran los del PRI? Arriola explora dos vías. De un lado, el ascenso a la Presidencia en 1994 de Ernesto Zedillo, un tecnócrata que en los hechos no era priista. Del otro, la toma del PAN por un no panista: Vicente Fox. El primero no consideró perder nada si perdía el PRI, el segundo, con sed de triunfo y apoyado por los empresarios, vio en el PAN un mero instrumento para llegar al poder. Zedillo y Fox resultan complementarios. El uno no se explica sin el otro; fueron dos capitanes dispuestos a abandonar sus respectivas naves partidistas, salvarse con ello y plantar a los demás.
¿Por qué los duchos políticos del PRI no reaccionaron a la traición de Zedillo? Arriola no ahonda en ese misterio porque lo que le importa dilucidar es por qué el PAN se dejó utilizar por Fox. La respuesta sucinta: porque el miedo de los panistas a cargar con la responsabilidad del poder les llevó a permitir que otro hiciera por ellos el trabajo sucio, como lograr vía "Amigos de Fox" los recursos económicos ilegales, pero necesarios para enfrentar con éxito los recursos, también ilegales ("Pemexgate"), del PRI partido de Estado. El resultado fue un Gobierno de irresponsables y fracasó.
El enfoque y trabajo de Arriola contribuyen con una pieza importante a la explicación del desastre en que ha desembocado el gran proyecto democrático de 2000. Por otro lado, al examinar al PAN vuelve a plantear un tema de fondo, inquietante y sin respuesta clara: ¿realmente para hacer buena política se tiene que suponer que la moral es sólo un árbol que da moras y nada más?
AGENDA CIUDADANA
Cuando el régimen político mexicano cambió en 2000, una buena parte de los ciudadanos y de los observadores extranjeros, consideró que se abría una singular oportunidad para poner al día al país en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del poder público. Suponían que el fin del régimen de partido de Estado y de la presidencia imperial más el inicio del pluralismo democrático traerían aparejadas una Administración y una impartición de justicia menos corrupta y más eficiente, el fin de la legendaria impunidad y un ejercicio responsable de la autoridad. Ese mejor Gobierno tendría un efecto positivo en la seguridad pública y mejoraría el clima económico, etcétera.
A nueve años del "gran cambio", muy poco si es que algo de lo esperado se ha cumplido. El "no nos falles" que los ciudadanos corearon frente a Vicente Fox la noche de su victoria en el monumento a la Independencia, se convirtió en una falla monumental. Hoy, cuando la economía decrece y el desempleo crece, la impunidad de corruptos e ineficaces se afianza y los asesinatos atribuibles al crimen organizado suman más de 900 en menos de dos meses, el IFE ya no garantiza elecciones creíbles y el viejo PRI prepara su retorno al centro del poder, la gran pregunta es ¿qué fue lo que llevó tan rápido a un fracaso tan estrepitoso?
La interrogante en torno al fracaso del nuevo régimen mexicano casi al momento mismo del arranque, puede tener un abanico de respuestas. Desde la izquierda, por ejemplo, el corazón del problema está en el modelo económico neoliberal combinado con la resistencia de sus beneficiarios -la derecha y sus apoyos en el PRI y el PAN- a llevar a cabo un proceso electoral genuino por temor a que desemboque en un Gobierno que incline la balanza en favor de las mayorías y abra los closets donde están los esqueletos del Fobaproa, de las privatizaciones o de la Guerra Sucia. Otra posible respuesta es la que da Carlos Arriola en El Miedo a Gobernar. La verdadera historia del PAN, (México: Océano, 2008). En este libro, la clave del fracaso de la transición está en la naturaleza contradictoria del partido hoy en el poder.
Como bien lo señala el refrán: "para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo". Pocos son más duros con un partido o ideología que sus antiguos militantes que además, tienen una ventaja al elaborar su crítica: conocen bien los entresijos de la criatura a la que hacen la disección. Arriola conoce al PAN desde dentro porque en su juventud fue militante de ese partido, pero con el correr del tiempo se alejó de él. También conoce a uno de los aliados del PAN, a los empresarios, pues publicó: Los Empresarios y el Estado, 1970-1982, (México: Porrúa, 1988).
La tesis central de El Miedo a Gobernar es clara: si los gobiernos del PAN con los que México inauguró su siglo XXI político no han tenido éxito, la razón básica se encuentra en los orígenes mismos de ese partido que al momento de nacer no se decidió a aceptar lo obvio: que la naturaleza de la tarea política a la que se iban a lanzar es justamente esa que Maquiavelo o Max Weber demostraron que es incompatible con la moral en la tradición cristiano-occidental. Para Arriola, Weber está en lo justo al advertir: "quien busque la salvación de su alma y la redención de las ajenas, no debe de seguir los caminos de la política, cuyas metas son distintas y sus éxitos sólo pueden ser alcanzados por medio de la fuerza". Los panistas buscaron combinar la salvación de su alma con la salvación política del país, pero se negaron a emplear los medios moralmente reprobables que requería esto último.
Sin embargo, el fundador del PAN que retrata nuestro autor no pareciera ser alguien particularmente ajeno al ejercicio del poder en el sentido propuesto por Weber. Justo al inicio del libro hay una cita del joven Manuel Gómez Morín donde en 1919 admite que por un lado, le tienta el "lanzarme como profeta del nuevo mundo, alumbrado por el sol de la Unión Soviética", pero por el otro, no descartaba la posibilidad de "dedicarme a ser rico, navegando en los negocios con bandera de pendejo, la única que salva en este oficio". Obviamente, pronto desechó la posibilidad de acompañar a su contemporáneo Vicente Lombardo Toledano en su deslumbramiento por el sol soviético. Su biografía muestra que más bien se decidió por la otra opción: combinar los negocios -el servicio a los grandes empresarios- con la política. Sin embargo, en este campo fue realista: aunque con reticencia, acompañó como tecnócrata al régimen revolucionario en su primer tramo del camino y en una coyuntura clave -1929- optó por no jugársela con José Vasconcelos. Al final del cardenismo, Gómez Morín fundó el PAN, que pese a su nombre más pareció un grupo de presión de la derecha ilustrada que un partido propiamente dicho, pues la esencia del partido es empeñarse en alcanzar el poder en tanto que el segundo sólo pretende influir en las decisiones del poder.
Menos ambigua aparece la otra figura fundadora del panismo: la de Efraín González Luna, militante católico de Jalisco cuya visión del mundo le llevó a ver la esencia de su labor y de su partido en el esfuerzo por recristianizar a México, desechando la vulgar búsqueda del poder o de negociar ventajas concretas con quienes efectivamente lo ejercían. La consecuencia final, según Arriola, fue que el PAN resultó bastante irrelevante en el proceso político real del México postrevolucionario. Para el grueso de los mexicanos, que obviamente no pertenecían a las clases medias ilustradas de los Gómez Morín, González Luna et. al. poco o nada significaron las intensas discusiones de panistas ilustres con sus afines -como las que tuvieron lugar en el I Congreso Nacional de Cultura Católica de 1953-, tampoco sus campañas electorales tuvieron mucho que ver con el México real de la época.
Claro que lo que el autor de El Miedo a Gobernar dice del PAN a mediados del siglo pasado también se puede decir de la izquierda, especialmente de la lombardista y de su Partido Popular. PAN y PP sirvieron para dar apariencia de pluralidad a un régimen autoritario y cada vez más alejado de sus orígenes revolucionarios.
Arriola encuentra en la negativa del PAN a practicar la política de fondo -la de Maquiavelo o Weber- la razón de su irrelevancia. Habría que añadir a la timidez de los políticos de tiempo parcial del PAN, el elemento de autoritarismo, de represión, del régimen del PRI -ese partido para cuyos líderes la moral, en palabras de Gonzálo N. Santos "es un árbol que da moras y sirve para
Finalmente ¿cómo explicar que un partido sin vocación de poder haya derrotado en 2000 a un partido de políticos seguidores de Maquiavelo, con experiencia de casi un siglo en el poder -desde Carranza- como eran los del PRI? Arriola explora dos vías. De un lado, el ascenso a la Presidencia en 1994 de Ernesto Zedillo, un tecnócrata que en los hechos no era priista. Del otro, la toma del PAN por un no panista: Vicente Fox. El primero no consideró perder nada si perdía el PRI, el segundo, con sed de triunfo y apoyado por los empresarios, vio en el PAN un mero instrumento para llegar al poder. Zedillo y Fox resultan complementarios. El uno no se explica sin el otro; fueron dos capitanes dispuestos a abandonar sus respectivas naves partidistas, salvarse con ello y plantar a los demás.
¿Por qué los duchos políticos del PRI no reaccionaron a la traición de Zedillo? Arriola no ahonda en ese misterio porque lo que le importa dilucidar es por qué el PAN se dejó utilizar por Fox. La respuesta sucinta: porque el miedo de los panistas a cargar con la responsabilidad del poder les llevó a permitir que otro hiciera por ellos el trabajo sucio, como lograr vía "Amigos de Fox" los recursos económicos ilegales, pero necesarios para enfrentar con éxito los recursos, también ilegales ("Pemexgate"), del PRI partido de Estado. El resultado fue un Gobierno de irresponsables y fracasó.
El enfoque y trabajo de Arriola contribuyen con una pieza importante a la explicación del desastre en que ha desembocado el gran proyecto democrático de 2000. Por otro lado, al examinar al PAN vuelve a plantear un tema de fondo, inquietante y sin respuesta clara: ¿realmente para hacer buena política se tiene que suponer que la moral es sólo un árbol que da moras y nada más?
jueves, 12 de febrero de 2009
Dos estrellas
Por: Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA
El secuestro, tortura y asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñónez en Cancún, Quintana Roo, así como la de sus dos acompañantes, el lunes 2 de febrero, representa un salto cualitativo en el desafío que el crimen organizado ha lanzado a las instituciones del Estado y a la sociedad. La lucha contra los narcotraficantes ya había cobrado en México la vida de tropa, clases, oficiales y jefes, pero hasta donde se sabe, no la de un general. Tello Quiñónez, general de Brigada -dos estrellas- es el primero. Y justamente por eso su caso es particularmente inquietante.
El general en retiro no murió como mero jubilado sino como el recién nombrado responsable de dar forma a un cuerpo especial de seguridad del municipio Benito Juárez -uno de los más ricos del país y de los más expuestos a las actividades del narcotráfico-, conformado por ex militares. Se supone que ese agrupamiento tendría un centenar de efectivos, más profesionales y mejor pagados que la Policía local, y que empezaría a operar en pocos meses con el general Tello como su jefe en calidad de secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, cuando el general apenas llevaba una semana en Cancún y empezaba a conocer la plaza, el enemigo decidió adelantarse y acabar con el proyecto eliminando a su más alto responsable. Obviamente, los asesinos actuaron con base en información interna; quizá por eso el jefe de la Policía de Cancún ya fue detenido en un operativo encabezado por el Ejército. Desde hace mucho y en materia de crimen organizado, el enemigo ya está dentro.
En sí mismo, el secuestro y el asesinato del general Tello significa un desafío mayúsculo a la autoridad estatal y federal en su conjunto, pero particularmente al Ejército, pues el general tenía el apoyo del secretario de la Defensa para la tarea que se proponía realizar, (Proceso, 8 de febrero). Pese a lo anterior, o quizá justamente por ello, el crimen organizado decidió mostrar al máximo su grado de desafío al añadir a la eliminación de tan alto mando una saña exagerada. La tortura feroz a la que fue sometido el general está condensada en los reportes de prensa: "Tenía rotos los brazos y las piernas. Las fracturas estaban expuestas todas" (Reforma, 5 de febrero). Al asesinato de un militar de la más alta graduación (en retiro, a Tello le correspondía el grado de divisionario) se le añade el mensaje implícito: ya no hay institución a la que tema y respete el narcotráfico.
Hasta donde se recuerda, la última ocasión en que altos mandos del Ejército Mexicano fueron capturados por sus enemigos y torturados hasta la muerte, tuvo lugar en los lejanos 1920, durante los años de la llamada "Guerra Cristera". En aquel desafortunado tiempo, la brutalidad fue mutua, pero con el paso del tiempo la situación fue volvió notoriamente unilateral, como ocurrió en la lucha antiguerrillera de los 1960 y durante los años de la "Guerra Sucia", donde la tortura corrió básicamente a cargo de las autoridades, incluidas las militares. El propio general Tello, cuando fue comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, estuvo implicado en los sucesos del 8 de septiembre de 1997 en la colonia Buenos Aires, en la Ciudad de México, y que desembocaron en el asesinato de 6 detenidos como presuntos delincuentes.
Sin embargo, e independientemente de la responsabilidad del general Tello en ese caso y de las responsabilidades de otros militares en violaciones notorias de los derechos humanos -un tema grave, con mucha historia y que sigue vivo-, lo ocurrido en Cancún permite -obliga- a abordar los hechos desde otra perspectiva: una que considere sus implicaciones sobre ese tema político que hoy está entre los que encabezan la agenda mexicana lo mismo dentro que fuera de nuestras fronteras: la capacidad del Estado mexicano para recuperar el gran espacio que ha perdido frente a la extensión, fuerza y arrogancia del crimen organizado. Si el narcotráfico ya no le teme al Ejército al punto que no le importa torturar y asesinar a un general ¿quién y cómo va a reintroducir el perdido sentido de orden y seguridad que México necesita para seguir funcionando como una sociedad viable, con objetivos que vayan más allá de sobrevivir?
Hoy, como pocas veces, en México se recuerda la definición de Estado propuesta en 1915 por Max Weber al abordar el tema de la distribución del poder. Ahí el sociólogo alemán tomó uno de los atributos para definir al todo: "El Estado es una asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de otra manera", (H. H. Gerth y C. Wright Mills, eds., From Max Weber, Londres, 1948).
Desde esta perspectiva -excesivamente formal, pero útil-, la única violencia organizada que puede reclamar legitimidad social es, por definición, la del Estado si la ejerce dentro de los causes legales que se ha dado a sí mismo. Sin embargo, en la práctica esa "legitimidad por definición" pierde sentido cuando coexiste con organizaciones armadas no estatales que en la práctica actúan como un "Estado en las sombras", y que ejercen una violencia extrema, cotidiana y masiva, como es hoy el caso en México: el año pasado hubo más de cinco mil asesinatos atribuidos al narcotráfico y en lo que va de este año ya se han producido más de 700. Cualquier monopolio, incluido el de la violencia, por legítimo que se diga, cuando se ve obligado a convivir con una competencia que en la práctica lo desborda, ya perdió su razón de ser. Y en este caso se trata nada menos que la razón de ser del Estado.
Weber, con un realismo que raya en lo brutal, señaló que la esencia de ese Estado que tiene a su disposición el aparato de la violencia legítima, tiene "como finalidad absoluta salvaguardar (o cambiar) la distribución interna y externa de poder". Pues bien, en el aquí y ahora, el Estado mexicano está mostrando cotidianamente que es incapaz de impedir que el crimen organizado siga avanzando en su proyecto de cambiar la distribución de poder a su favor y en contra de los intereses de la sociedad.
Desde la perspectiva adoptada por Weber, la "Razón de Estado" es esencialmente pragmática. En la realidad de la política, los "fines trascendentes" no son sustituto de la eficacia. En nuestro caso, no tiene mucho sentido, por ejemplo, conmemorar a la Constitución ni estar preparando los festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia o del Centenario de la Revolución Mexicana y su esfuerzo por construir una patria justa si, mientras tanto, en Rosarito, Baja California, un pequeño empresario que invirtió todos sus ahorros en un establecimiento de comida rápida tuvo que cerrar su negocio tras apenas una semana de actividades, y no por causas económicas o de la mano invisible del mercado, sino porque alguien se presentó en su local y le exigió, so pena de violencia extrema, un pago mensual para permitirle operar. En este caso y en muchos ejemplos análogos más, el ciudadano quedó atrapado entre el Estado formal, pero impotente y el "Estado en las sombras", efectivo y prepotente.
Volvamos a Quintana Roo. Independientemente de la responsabilidad del general Tello por lo ocurrido hace doce años en la colonia Buenos Aires, desde un punto de vista moral es inaceptable lo ocurrido en Cancún, pero también resulta inaceptable desde la perspectiva política e incluso de la dura "razón de Estado".
A estas alturas ya pasó el tiempo en que tenía sentido teórico e incluso práctico discutir si era apropiado o no, encomendar al Ejército y a la Armada tareas de la Policía. El general Ramón Mota Sánchez ha pedido que se acelere la creación de una Policía confiable para que el Ejército retorne a sus cuarteles (Reforma, 5 de febrero). Es una demanda razonable, pero irreal en el corto plazo, ya que en la práctica las policías que existen son inútiles.
En estas condiciones, la responsabilidad política de las Fuerzas Armadas es hoy tan grande como intransferible. Debe responder con efectividad al reto que implican hechos como el asesinato del general Tello Quiñónez para impedir que avance el "Estado en las sombras", pero debe hacerlo dentro de la legalidad, sin repetir los errores del pasado.
La solución eficiente al reto que presenta el crimen organizado nunca ha estado en manos de la Policía o del Ejército sino de la política social. Sin embargo, cuando el resultado de la corrupción e irresponsabilidad sistemáticas de las clases dirigentes lleva a una crisis de seguridad como la que hoy experimenta México, sólo la acción efectiva de las Fuerzas Armadas podría ganar el tiempo y el espacio necesarios para intentar la solución de fondo.
AGENDA CIUDADANA
El secuestro, tortura y asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñónez en Cancún, Quintana Roo, así como la de sus dos acompañantes, el lunes 2 de febrero, representa un salto cualitativo en el desafío que el crimen organizado ha lanzado a las instituciones del Estado y a la sociedad. La lucha contra los narcotraficantes ya había cobrado en México la vida de tropa, clases, oficiales y jefes, pero hasta donde se sabe, no la de un general. Tello Quiñónez, general de Brigada -dos estrellas- es el primero. Y justamente por eso su caso es particularmente inquietante.
El general en retiro no murió como mero jubilado sino como el recién nombrado responsable de dar forma a un cuerpo especial de seguridad del municipio Benito Juárez -uno de los más ricos del país y de los más expuestos a las actividades del narcotráfico-, conformado por ex militares. Se supone que ese agrupamiento tendría un centenar de efectivos, más profesionales y mejor pagados que la Policía local, y que empezaría a operar en pocos meses con el general Tello como su jefe en calidad de secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, cuando el general apenas llevaba una semana en Cancún y empezaba a conocer la plaza, el enemigo decidió adelantarse y acabar con el proyecto eliminando a su más alto responsable. Obviamente, los asesinos actuaron con base en información interna; quizá por eso el jefe de la Policía de Cancún ya fue detenido en un operativo encabezado por el Ejército. Desde hace mucho y en materia de crimen organizado, el enemigo ya está dentro.
En sí mismo, el secuestro y el asesinato del general Tello significa un desafío mayúsculo a la autoridad estatal y federal en su conjunto, pero particularmente al Ejército, pues el general tenía el apoyo del secretario de la Defensa para la tarea que se proponía realizar, (Proceso, 8 de febrero). Pese a lo anterior, o quizá justamente por ello, el crimen organizado decidió mostrar al máximo su grado de desafío al añadir a la eliminación de tan alto mando una saña exagerada. La tortura feroz a la que fue sometido el general está condensada en los reportes de prensa: "Tenía rotos los brazos y las piernas. Las fracturas estaban expuestas todas" (Reforma, 5 de febrero). Al asesinato de un militar de la más alta graduación (en retiro, a Tello le correspondía el grado de divisionario) se le añade el mensaje implícito: ya no hay institución a la que tema y respete el narcotráfico.
Hasta donde se recuerda, la última ocasión en que altos mandos del Ejército Mexicano fueron capturados por sus enemigos y torturados hasta la muerte, tuvo lugar en los lejanos 1920, durante los años de la llamada "Guerra Cristera". En aquel desafortunado tiempo, la brutalidad fue mutua, pero con el paso del tiempo la situación fue volvió notoriamente unilateral, como ocurrió en la lucha antiguerrillera de los 1960 y durante los años de la "Guerra Sucia", donde la tortura corrió básicamente a cargo de las autoridades, incluidas las militares. El propio general Tello, cuando fue comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, estuvo implicado en los sucesos del 8 de septiembre de 1997 en la colonia Buenos Aires, en la Ciudad de México, y que desembocaron en el asesinato de 6 detenidos como presuntos delincuentes.
Sin embargo, e independientemente de la responsabilidad del general Tello en ese caso y de las responsabilidades de otros militares en violaciones notorias de los derechos humanos -un tema grave, con mucha historia y que sigue vivo-, lo ocurrido en Cancún permite -obliga- a abordar los hechos desde otra perspectiva: una que considere sus implicaciones sobre ese tema político que hoy está entre los que encabezan la agenda mexicana lo mismo dentro que fuera de nuestras fronteras: la capacidad del Estado mexicano para recuperar el gran espacio que ha perdido frente a la extensión, fuerza y arrogancia del crimen organizado. Si el narcotráfico ya no le teme al Ejército al punto que no le importa torturar y asesinar a un general ¿quién y cómo va a reintroducir el perdido sentido de orden y seguridad que México necesita para seguir funcionando como una sociedad viable, con objetivos que vayan más allá de sobrevivir?
Hoy, como pocas veces, en México se recuerda la definición de Estado propuesta en 1915 por Max Weber al abordar el tema de la distribución del poder. Ahí el sociólogo alemán tomó uno de los atributos para definir al todo: "El Estado es una asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de otra manera", (H. H. Gerth y C. Wright Mills, eds., From Max Weber, Londres, 1948).
Desde esta perspectiva -excesivamente formal, pero útil-, la única violencia organizada que puede reclamar legitimidad social es, por definición, la del Estado si la ejerce dentro de los causes legales que se ha dado a sí mismo. Sin embargo, en la práctica esa "legitimidad por definición" pierde sentido cuando coexiste con organizaciones armadas no estatales que en la práctica actúan como un "Estado en las sombras", y que ejercen una violencia extrema, cotidiana y masiva, como es hoy el caso en México: el año pasado hubo más de cinco mil asesinatos atribuidos al narcotráfico y en lo que va de este año ya se han producido más de 700. Cualquier monopolio, incluido el de la violencia, por legítimo que se diga, cuando se ve obligado a convivir con una competencia que en la práctica lo desborda, ya perdió su razón de ser. Y en este caso se trata nada menos que la razón de ser del Estado.
Weber, con un realismo que raya en lo brutal, señaló que la esencia de ese Estado que tiene a su disposición el aparato de la violencia legítima, tiene "como finalidad absoluta salvaguardar (o cambiar) la distribución interna y externa de poder". Pues bien, en el aquí y ahora, el Estado mexicano está mostrando cotidianamente que es incapaz de impedir que el crimen organizado siga avanzando en su proyecto de cambiar la distribución de poder a su favor y en contra de los intereses de la sociedad.
Desde la perspectiva adoptada por Weber, la "Razón de Estado" es esencialmente pragmática. En la realidad de la política, los "fines trascendentes" no son sustituto de la eficacia. En nuestro caso, no tiene mucho sentido, por ejemplo, conmemorar a la Constitución ni estar preparando los festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia o del Centenario de la Revolución Mexicana y su esfuerzo por construir una patria justa si, mientras tanto, en Rosarito, Baja California, un pequeño empresario que invirtió todos sus ahorros en un establecimiento de comida rápida tuvo que cerrar su negocio tras apenas una semana de actividades, y no por causas económicas o de la mano invisible del mercado, sino porque alguien se presentó en su local y le exigió, so pena de violencia extrema, un pago mensual para permitirle operar. En este caso y en muchos ejemplos análogos más, el ciudadano quedó atrapado entre el Estado formal, pero impotente y el "Estado en las sombras", efectivo y prepotente.
Volvamos a Quintana Roo. Independientemente de la responsabilidad del general Tello por lo ocurrido hace doce años en la colonia Buenos Aires, desde un punto de vista moral es inaceptable lo ocurrido en Cancún, pero también resulta inaceptable desde la perspectiva política e incluso de la dura "razón de Estado".
A estas alturas ya pasó el tiempo en que tenía sentido teórico e incluso práctico discutir si era apropiado o no, encomendar al Ejército y a la Armada tareas de la Policía. El general Ramón Mota Sánchez ha pedido que se acelere la creación de una Policía confiable para que el Ejército retorne a sus cuarteles (Reforma, 5 de febrero). Es una demanda razonable, pero irreal en el corto plazo, ya que en la práctica las policías que existen son inútiles.
En estas condiciones, la responsabilidad política de las Fuerzas Armadas es hoy tan grande como intransferible. Debe responder con efectividad al reto que implican hechos como el asesinato del general Tello Quiñónez para impedir que avance el "Estado en las sombras", pero debe hacerlo dentro de la legalidad, sin repetir los errores del pasado.
La solución eficiente al reto que presenta el crimen organizado nunca ha estado en manos de la Policía o del Ejército sino de la política social. Sin embargo, cuando el resultado de la corrupción e irresponsabilidad sistemáticas de las clases dirigentes lleva a una crisis de seguridad como la que hoy experimenta México, sólo la acción efectiva de las Fuerzas Armadas podría ganar el tiempo y el espacio necesarios para intentar la solución de fondo.
domingo, 8 de febrero de 2009
Si no es, parece
Por: Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA
El Debate. Hasta hace poco, el concepto de "Estado fallido" no era tema de discusión en México. Estados fallidos eran Somalia, Zimbabwe, Afganistán o Haití, pero no el nuestro. Ése ya no es más el caso. Desde afuera -Estados Unidos- se ha planteado la posibilidad de que México ya sea o vaya camino de ser un Estado fallido. Tómese como ejemplo, el artículo central de Forbes del 22 de diciembre de 2008: "La disolución de México: narcoterror, colapso de los precios del petróleo, caos económico. Siempre es útil empezar por los clásicos y Thomas Hobbes (1588-1679) y su Leviatán (1651) vienen al cuento al sostener que la función central e insustituible de las estructuras políticas es impedir el retorno al "Estado de naturaleza", es decir, a la guerra de todos contra todos, donde ya no tiene sentido hablar de justicia sino apenas considerar cómo superar el miedo y sobrevivir. La tarea central del Estado es, pues, garantizar vida y bienes de los súbditos. Si la autoridad incumple esta responsabilidad, entonces será una autoridad inútil, fallida e ilegítima.
Para Noam Chomsky, el término "Estado fallido" se popularizó por su uso en Estados Unidos a partir de los 1990. El que Washington declarara fallido a un Estado equivalía a considerarlo incapaz de ejercer su soberanía y marcarlo como problema (Afganistán o Somalia, por ejemplo). Así, el "Estado fallido" resultó simplemente la antítesis del "Estado ilustrado". Chomsky acepta que no hay forma satisfactoria de definir lo fallido de un Estado, pero propone dos indicadores: a) el predominio de un claro desdén por las normas legales internas e internacionales y b) una falta de capacidad o voluntad de la autoridad para proteger a los ciudadanos de la violencia y la destrucción, (Failed States, Nueva York: Owl Books, 2007).
Una fundación privada con sede en Washington, The Fund for Peace, se animó a proponer y usar doce indicadores -cuatro sociales, dos económicos y seis políticos-, para elaborar una lista de 144 países del tercer mundo -desde su perspectiva, los únicos candidatos a fallar- y les asignó una calificación de más o menos fallidos siendo Somalia el número uno. Para 2008, México aparece en un honroso 105 lugar: con fallas, pero sin fallar.
Como en otros campos, lo fallido depende del color del cristal con que se mire. Si se toma a Hobbes y a las estadísticas de los delitos cometidos en México en los últimos años, incluida la "cifra negra" (el cálculo de delitos cometidos, pero no denunciados, y que va del doble al cuádruplo de los denunciados), la conclusión sería inquietante: en 2001 el 14% de los hogares mexicanos fue víctima de delincuentes (fuente: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A. C.). Desde entonces, las cifras deben haber aumentado y mucho, lo que llevaría a concluir que en México el Estado está fallando cada vez más en el cumplimiento de su deber esencial. Si se toma el punto de vista de Chomsky -la falta de capacidad o voluntad de la autoridad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y lo relativo del estado del Estado de Derecho- la conclusión sería la misma.
Por lo que se refiere al estudio de The Fund for Peace, (www.fundforpeace.org), México tiene problemas en más de la mitad de los indicadores: migración, crecimiento económico, derechos humanos, desigualdad, reclamos de grupos específicos, legitimidad del Estado, servicios públicos y el aparato de seguridad.
. Otra forma de enfocar el problema sería comparar a México consigo mismo y ver hasta qué punto se ha progresado o retrocedido en la búsqueda de un mejor país en los últimos años o decenios.
Si se empieza de afuera hacia adentro ¿cómo está nuestra relación con el exterior? La decisión de depender de un solo y gran país como el mercado ideal para nuestras exportaciones se tomó al momento de negociar el TLCAN. Hoy el 81% de nuestro comercio global está concentrado en Estados Unidos y si a ello se suma que el 61% de la inversión externa es norteamericana y que de la Población mexicana Económicamente Activa más de siete millones tienen su trabajo en EU desde donde enviaban remesas por más de 23 mil millones de dólares (2006), entonces no podemos menos que concluir que la dependencia económica respecto de nuestro vecino del norte sólo se compara hoy con la que se tuvo durante el período extraordinario de la II Guerra. El que la base material de nuestra soberanía haya disminuido, y mucho, muestra una estrategia fallida.
. Entre 1935 y 1982, el crecimiento promedio anual del PIB per cápita fue del 3.17%. En contraste, de 1983 a 2006 ese crecimiento ha sido de un magro 0.87% y este año, como todos sabemos, la economía no crecerá sino decrecerá. Así pues, la política económica ha fallado y desde hace más de un cuarto de siglo.
La razón de ser de la Revolución Mexicana fue transformar la injusta estructura social. Las políticas agrarias, obreras, educativas y de seguridad social que con altas y bajas desarrollaron los gobiernos revolucionarios y sus herederos, disminuyeron las distancias sociales. Sin embargo, a partir de la crisis de 1982 y de la instauración de las políticas neoliberales, la disminución de la desigualdad social dejó de ser una prioridad. En 2006 el 20% de los hogares mexicanos más afortunados concentraba el 59.1% de los ingresos disponibles en tanto que el 20% de los más pobres apenas recibió el 3.1%. El que esta distribución sea casi igual a la que prevalece en América Latina en su conjunto -58.4% y 3.0% respectivamente-, es la mejor prueba que en materia de justicia social la Revolución Mexicana ya no significa nada: la nulificó la brutal concentración de la riqueza de los últimos decenios. El México de hoy es igual al de los otros países de la región que nunca hicieron una revolución social. ¿De la Revolución de 1910 qué vamos a celebrar en 2010? En fin, en este campo de la equidad, la falla del Estado mexicano es hoy enorme e inocultable.
En cuanto a la educación, México gasta el 7.1% de su PIB en este rubro (2006) y el analfabetismo es bajo (7.9% entre los mexicanos de 15 años o más). En principio, pareciera que la situación es buena, pero en cuanto se aborda el tema de la calidad desaparece el optimismo. Por ejemplo, de los estudiantes de 56 países examinados por la OCDE en su capacidad de lectura en 2006, los mexicanos quedaron en el lugar 43, con los de Corea del Sur como los más avanzados y los de Kirgistán los meneos. Las primarias indígenas tienen al 29% de sus estudiantes por abajo del nivel básico de lectura y apenas un 13% en nivel avanzado; en contraste, las primarias de paga tienen al 72% en nivel avanzado y apenas el 2% por debajo del básico. Aquí se tiene otro indicador de lo fallido del Estado.
Por lo que se refiere a la seguridad pública, el deterioro es tan claro como grave. Hace medio siglo, los aparatos de seguridad tenían bajo control a los grupos criminales pero hoy ese aparato es claramente impotente para frenar a los cárteles del narcotráfico que operan en todo el país y que han expandido su campo de acción fuera de nuestras fronteras. En 2008, las cifras de asesinatos atribuidas a narcotraficantes fue el doble de 2007 y en este año, el promedio mensual indica un aumento cuantitativo y cualitativo, pues hoy el crimen organizado se da el lujo de torturar y asesinar hasta a generales del Ejército. Aquí nadie puede dejar de reconocer una falla fundamental, catastrófica.
Es justamente la incapacidad de los aparatos mexicanos de seguridad para enfrentar al crimen organizado -incapacidad producto de su falta de preparación profesional pero, sobre todo, de su enorme corrupción- lo que más preocupa a las autoridades norteamericanas, y lo que explica que al norte del Bravo se plantee abiertamente la posibilidad de calificar al mexicano como un Estado fallido. Para Estados Unidos, su seguridad requiere en México autoridades capaces de garantizar el orden interno por la vía que sea, autoritaria o democrática. Y es esa capacidad lo que se está perdiendo. De ahí artículos como el de Forbes o declaraciones como la del director saliente de la CIA, Michael Hayden, que al entregar su puesto advirtió que el incremento de la violencia en México era ya un foco rojo que la nueva Administración norteamericana debía atender.
. Si el mexicano no es ya un Estado fallido, cada vez se parece más a uno y no se ve que los responsables estén a la altura del problema.
AGENDA CIUDADANA
El Debate. Hasta hace poco, el concepto de "Estado fallido" no era tema de discusión en México. Estados fallidos eran Somalia, Zimbabwe, Afganistán o Haití, pero no el nuestro. Ése ya no es más el caso. Desde afuera -Estados Unidos- se ha planteado la posibilidad de que México ya sea o vaya camino de ser un Estado fallido. Tómese como ejemplo, el artículo central de Forbes del 22 de diciembre de 2008: "La disolución de México: narcoterror, colapso de los precios del petróleo, caos económico. Siempre es útil empezar por los clásicos y Thomas Hobbes (1588-1679) y su Leviatán (1651) vienen al cuento al sostener que la función central e insustituible de las estructuras políticas es impedir el retorno al "Estado de naturaleza", es decir, a la guerra de todos contra todos, donde ya no tiene sentido hablar de justicia sino apenas considerar cómo superar el miedo y sobrevivir. La tarea central del Estado es, pues, garantizar vida y bienes de los súbditos. Si la autoridad incumple esta responsabilidad, entonces será una autoridad inútil, fallida e ilegítima.
Para Noam Chomsky, el término "Estado fallido" se popularizó por su uso en Estados Unidos a partir de los 1990. El que Washington declarara fallido a un Estado equivalía a considerarlo incapaz de ejercer su soberanía y marcarlo como problema (Afganistán o Somalia, por ejemplo). Así, el "Estado fallido" resultó simplemente la antítesis del "Estado ilustrado". Chomsky acepta que no hay forma satisfactoria de definir lo fallido de un Estado, pero propone dos indicadores: a) el predominio de un claro desdén por las normas legales internas e internacionales y b) una falta de capacidad o voluntad de la autoridad para proteger a los ciudadanos de la violencia y la destrucción, (Failed States, Nueva York: Owl Books, 2007).
Una fundación privada con sede en Washington, The Fund for Peace, se animó a proponer y usar doce indicadores -cuatro sociales, dos económicos y seis políticos-, para elaborar una lista de 144 países del tercer mundo -desde su perspectiva, los únicos candidatos a fallar- y les asignó una calificación de más o menos fallidos siendo Somalia el número uno. Para 2008, México aparece en un honroso 105 lugar: con fallas, pero sin fallar.
Como en otros campos, lo fallido depende del color del cristal con que se mire. Si se toma a Hobbes y a las estadísticas de los delitos cometidos en México en los últimos años, incluida la "cifra negra" (el cálculo de delitos cometidos, pero no denunciados, y que va del doble al cuádruplo de los denunciados), la conclusión sería inquietante: en 2001 el 14% de los hogares mexicanos fue víctima de delincuentes (fuente: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A. C.). Desde entonces, las cifras deben haber aumentado y mucho, lo que llevaría a concluir que en México el Estado está fallando cada vez más en el cumplimiento de su deber esencial. Si se toma el punto de vista de Chomsky -la falta de capacidad o voluntad de la autoridad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y lo relativo del estado del Estado de Derecho- la conclusión sería la misma.
Por lo que se refiere al estudio de The Fund for Peace, (www.fundforpeace.org), México tiene problemas en más de la mitad de los indicadores: migración, crecimiento económico, derechos humanos, desigualdad, reclamos de grupos específicos, legitimidad del Estado, servicios públicos y el aparato de seguridad.
. Otra forma de enfocar el problema sería comparar a México consigo mismo y ver hasta qué punto se ha progresado o retrocedido en la búsqueda de un mejor país en los últimos años o decenios.
Si se empieza de afuera hacia adentro ¿cómo está nuestra relación con el exterior? La decisión de depender de un solo y gran país como el mercado ideal para nuestras exportaciones se tomó al momento de negociar el TLCAN. Hoy el 81% de nuestro comercio global está concentrado en Estados Unidos y si a ello se suma que el 61% de la inversión externa es norteamericana y que de la Población mexicana Económicamente Activa más de siete millones tienen su trabajo en EU desde donde enviaban remesas por más de 23 mil millones de dólares (2006), entonces no podemos menos que concluir que la dependencia económica respecto de nuestro vecino del norte sólo se compara hoy con la que se tuvo durante el período extraordinario de la II Guerra. El que la base material de nuestra soberanía haya disminuido, y mucho, muestra una estrategia fallida.
. Entre 1935 y 1982, el crecimiento promedio anual del PIB per cápita fue del 3.17%. En contraste, de 1983 a 2006 ese crecimiento ha sido de un magro 0.87% y este año, como todos sabemos, la economía no crecerá sino decrecerá. Así pues, la política económica ha fallado y desde hace más de un cuarto de siglo.
La razón de ser de la Revolución Mexicana fue transformar la injusta estructura social. Las políticas agrarias, obreras, educativas y de seguridad social que con altas y bajas desarrollaron los gobiernos revolucionarios y sus herederos, disminuyeron las distancias sociales. Sin embargo, a partir de la crisis de 1982 y de la instauración de las políticas neoliberales, la disminución de la desigualdad social dejó de ser una prioridad. En 2006 el 20% de los hogares mexicanos más afortunados concentraba el 59.1% de los ingresos disponibles en tanto que el 20% de los más pobres apenas recibió el 3.1%. El que esta distribución sea casi igual a la que prevalece en América Latina en su conjunto -58.4% y 3.0% respectivamente-, es la mejor prueba que en materia de justicia social la Revolución Mexicana ya no significa nada: la nulificó la brutal concentración de la riqueza de los últimos decenios. El México de hoy es igual al de los otros países de la región que nunca hicieron una revolución social. ¿De la Revolución de 1910 qué vamos a celebrar en 2010? En fin, en este campo de la equidad, la falla del Estado mexicano es hoy enorme e inocultable.
En cuanto a la educación, México gasta el 7.1% de su PIB en este rubro (2006) y el analfabetismo es bajo (7.9% entre los mexicanos de 15 años o más). En principio, pareciera que la situación es buena, pero en cuanto se aborda el tema de la calidad desaparece el optimismo. Por ejemplo, de los estudiantes de 56 países examinados por la OCDE en su capacidad de lectura en 2006, los mexicanos quedaron en el lugar 43, con los de Corea del Sur como los más avanzados y los de Kirgistán los meneos. Las primarias indígenas tienen al 29% de sus estudiantes por abajo del nivel básico de lectura y apenas un 13% en nivel avanzado; en contraste, las primarias de paga tienen al 72% en nivel avanzado y apenas el 2% por debajo del básico. Aquí se tiene otro indicador de lo fallido del Estado.
Por lo que se refiere a la seguridad pública, el deterioro es tan claro como grave. Hace medio siglo, los aparatos de seguridad tenían bajo control a los grupos criminales pero hoy ese aparato es claramente impotente para frenar a los cárteles del narcotráfico que operan en todo el país y que han expandido su campo de acción fuera de nuestras fronteras. En 2008, las cifras de asesinatos atribuidas a narcotraficantes fue el doble de 2007 y en este año, el promedio mensual indica un aumento cuantitativo y cualitativo, pues hoy el crimen organizado se da el lujo de torturar y asesinar hasta a generales del Ejército. Aquí nadie puede dejar de reconocer una falla fundamental, catastrófica.
Es justamente la incapacidad de los aparatos mexicanos de seguridad para enfrentar al crimen organizado -incapacidad producto de su falta de preparación profesional pero, sobre todo, de su enorme corrupción- lo que más preocupa a las autoridades norteamericanas, y lo que explica que al norte del Bravo se plantee abiertamente la posibilidad de calificar al mexicano como un Estado fallido. Para Estados Unidos, su seguridad requiere en México autoridades capaces de garantizar el orden interno por la vía que sea, autoritaria o democrática. Y es esa capacidad lo que se está perdiendo. De ahí artículos como el de Forbes o declaraciones como la del director saliente de la CIA, Michael Hayden, que al entregar su puesto advirtió que el incremento de la violencia en México era ya un foco rojo que la nueva Administración norteamericana debía atender.
. Si el mexicano no es ya un Estado fallido, cada vez se parece más a uno y no se ve que los responsables estén a la altura del problema.
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