Por: LORENZO MEYER
"En Mexico el cambio ha sido más de forma que de contenido; aún no hay un régimen realmente nuevo"
. La interrogante o propuesta que da título a esta columna la formuló un colega, José Luis Reyna, el pasado día 19 en un seminario donde se presentaron los cuatro tomos que forman Una historia contemporánea de México, (Océano-Colegio de México, 2003-2009). La propuesta es una clara referencia a la famosa definición leninista del imperialismo como fase superior del capitalismo (1916). Obviamente, la caracterización de la naturaleza del actual sistema político mexicano como un tipo superior de priismo apela, en la forma, a nuestro sentido del humor, pero tiene un fondo muy serio.
Veamos más de cerca y con reflexión la definición sugerida por Reyna. Para empezar, supone, y con razón, que el foxismo no es sinónimo de panismo, y que pese a que han desembocado en lo mismo, para propósitos de análisis, conviene no subsumir al primero en el segundo. El foxismo fue una especie de populismo de derecha impulsado por el carisma de un personaje que se colgó del PAN para llegar al poder, pero que también requirió y obtuvo otros apoyos. Los "Amigos de Fox", por ejemplo, fueron parte fundamental del foxismo inicial y aunque se trató de una fuerza de derecha, resultaron ser distintos del panismo. Por otro lado, bajo el lema del "voto útil", Fox apeló con éxito a los votantes independientes e incluso a antipanistas y simpatizantes de la izquierda, deseosos todos de poner fin al largo monopolio priista como una condición necesaria para proceder a introducir a México al auténtico pluralismo democrático. Con Felipe Calderón el elemento carismático desapareció por entero y ya fue el PAN propiamente dicho -el PAN duro- la fuerza que llegó a la Presidencia. Ahora bien, ese PAN que sustituyó al foxismo poco tenía que ver ya con el original, con el de Manuel Gómez Morín y sus "místicos del voto". El panismo contemporáneo, al que encarnan, además de Calderón, personajes como Diego Fernández de Cevallos y Germán Martínez, lo mismo que Manuel Espino o el desaparecido Juan Camilo Mouriño, es uno ya transformado por las "concertacesiones" con el Gobierno de Carlos Salinas en los 1990 así como por el ejercicio del poder. Se trata de un partido que ha aprendido bien y a fondo cómo y para qué negociar con los priistas desde la Oposición primero y desde el poder después y que, en el proceso, se fue haciendo cada vez más parecido al PRI.
En el capítulo publicado por Reyna en el tomo 3 de Una historia contemporánea de México -"El sistema político: cambios y vicisitudes"- se muestra que desde hace ya algunos años nuestro país cuenta con las condiciones mínimas necesarias para avanzar en la construcción de una efectiva democracia política, pero que para empezar a andar ese camino con paso firme es necesario -en realidad indispensable- proceder a desmantelar la vieja estructura autoritaria. Sin embargo, eso es justamente lo que no ha sucedido.
El foxismo y el panismo llevan ya más de ocho años ejerciendo el poder desde la Presidencia, en varios estados y un buen número de municipios, pero ni uno ni otro han mostrado auténtica disposición a abatir el viejo arreglo. Al contrario, lo encontraron conveniente a punto que más bien pareciera que el proyecto de ambos -y esta es su coincidencia fundamental- es remozarlo por la vía de la alternancia entre PRI y PAN y de un cambio en el discurso, pero sin tocar el arreglo fundamental, el heredado, salvo por lo que toca al viejo arreglo del PRI con el narcotráfico. En enero de 1989 Salinas buscó "ganar la Presidencia desde la Presidencia": usar al Ejército para dar un golpe espectacular a un viejo cacicazgo sindical -el petrolero- para luego volverlo a recrear a su imagen y semejanza. Calderón decidió hacer algo parecido en diciembre de 2006, pero de una manera mucho más arriesgada: usar al Ejército para declararle "la guerra" al narcotráfico; la moneda calderonista aún está en el aire pues en su caso no ha logrado el equivalente del "Quinazo".
. Hoy ya no vivimos bajo el signo de un "sistema de partido" sino que tenemos un sistema de partidos, cuya forma no es muy distinta de la que es común en muchas democracias efectivas: dos partidos grandes, uno mediano y cinco pequeños más algunos regionales. Como consecuencia de ese cambio, se modificó de manera sustantiva la característica distintiva del viejo régimen priista: la gran concentración del poder en manos del presidente. Esta transformación se inició en la fase final del priismo clásico. Como bien lo muestran Rogelio Hernández, Luisa Béjar o Arturo Alvarado, en otros tantos capítulos de la obra sobre el México contemporáneo ya citada, y que fijan la atención en los cambios en las arenas de los partidos, los gobiernos estatales, el federalismo, los congresos y los municipios. Las reformas administrativas y los cambios económicos de los 1980 y 1990 fueron el arranque de la migración de una parte del poder histórico de la presidencia hacia los partidos, gobiernos estatales, municipales y los congresos.
Ahora bien ¿esas modificaciones de las formas en el ejercicio del poder han significado, también, un cambio en sus contenidos? Aquí la respuesta tiene que ser: no mucho. El sistema electoral está lejos de ser transparente y sin manipulación. En un buen número de estados, el PRI sigue aumentando cuentas a su rosario de años de dominio ininterrumpido sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial: en Veracruz, Puebla, Estado de México, Oaxaca y muchos más, ese monopolio ya ha cumplido ochenta años y va por más. La relación entre el Gobierno Federal y los grandes cacicazgos sindicales -SNTE, STPRM, CTM- es hoy tan estrecha o más que en la época priista. La muy buena asociación que el priismo post revolucionario estableció con el gran capital fue reforzada durante el salinismo y hoy se mantiene a ese nivel, no en balde, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial rompió en el 2006 la legalidad con tal de apoyar de manera efectiva a Felipe Calderón en el momento electoral crucial.
La corrupción es un campo donde se esperaba un cambio natural y sustantivo al ocurrir la transferencia de poder del priismo al foxismo-panismo, pero no fue el caso. Desde la persistencia de monopolios o cuasi monopolios a pesar de su prohibición constitucional hasta el tráfico de influencias, los contratos inflados entre Gobierno y proveedores pasando por las tristemente célebres subrogaciones sin control efectivo y la omnipresente cooptación de autoridades por el crimen organizado, el lavado de dinero o la trata de personas. Y la lista puede seguir.
La impunidad, característica central del régimen autoritario priista, era otra de las arenas donde se suponía que era posible y obligado el cambio de fondo. Sin embargo, ningún "pez gordo" cayó durante el foxismo ni después. Obviamente el respeto a los derechos humanos fue letra muerte en el régimen que nos dio la "Federal de Seguridad", el 68 y el 71 -entre otros- y que se empeñó en "guerras sucias" contra sus enemigos armados, desde los cristeros hasta los neozapatistas. Sin embargo, la situación no ha cambiado mucho desde el año 2000 hasta nuestros días, como lo demuestran las acciones y juicios injustos contra dirigentes de la APPO o de Atenco o con activistas como Lydia Cacho.
El campo más importante en la medición de los efectos del juego político en el mundo del ciudadano promedio, es el social, el de la distribución de los costos y los beneficios de las actividades productivas. Echando mano de los cálculos sobre la distribución del ingreso monetario en los hogares mexicanos elaborados por Gerardo Esquivel -"The Dynamics of Income Inequality in Mexico since NAFTA" (PNUD, 2009)-, se puede constatar que la desigualdad social se acentuó en nuestro país a partir de la crisis del modelo económico a inicios de los años ochenta del siglo pasado y que luego disminuyó, pero sólo para volver a tener casi la misma forma que cuando el priismo clásico entró en crisis al final del Gobierno de José López Portillo. Veamos las cifras; en 1984 el ingreso del 10% de los hogares más ricos equivalía a 31.9 veces el del 10% de los más pobres, pero en 1998 la cifra aumentó a ¡54.8 veces! Ahora bien, para el final del foxismo, en 2006, ese 10% de los hogares más afortunados disponían de un ingreso "sólo" 34.3 veces mayor que el del 10% de los más pobres. Esto significa que, en materia de distribución del ingreso, tras un periplo de más de veinte años, apenas si logramos retornar a donde estábamos en la etapa final del priismo clásico. Recordando un título de Shakespeare, el cambio político en México pareciera haber sido "mucho ruido y pocas nueces".
jueves, 25 de junio de 2009
jueves, 18 de junio de 2009
Fallido
Por: LORENZO MEYER
"Lo que ha fallado no es sólo el Estado, sino el régimen y el proyecto mismo que da sentido a la comunidad nacional"
. Es obvio que han estado fallando de manera sistemática, muchas cosas en México. De seguir por donde vamos, el resultado es tan predecible como inaceptable: una nueva pérdida de la oportunidad histórica, al estilo de lo ocurrido entre los 1810 y los 1870. Indicadores del mal camino que llevamos, sobran.
La guerra contra el crimen organizado es hoy el centro de la agenda del Gobierno, pero cada vez más el conflicto se parece en su desarrollo al que hace ochenta años tuvieron el Gobierno y los cristeros: ninguno de los bandos pudo imponerse de manera contundente y al final todo quedó como al inicio, sólo que con un montón de horrores y vidas segadas.
A partir de 1994, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte aumentó notablemente las exportaciones mexicanas, pero no hizo crecer mucho a la economía en su conjunto y finalmente no pudo evitar la desindustrialización del país: hoy México es, en términos relativos, un país menos industrializado de lo que era hace veinte años. Y lo que es peor, en el último cuarto de siglo el crecimiento real del PIB es de los más bajos en América Latina y este año puede caer entre 6% y 8%. Desde fines de los 1970 el país dejó de reservar para sí su petróleo y volvió a ser proveedor para el exterior de un recurso natural estratégico y no renovable. Pero esa exportación sólo se ha traducido en gasto burocrático, en paliativos de los efectos de la pobreza y, sobre todo, en sustituto de una reforma fiscal auténtica. La renta petrolera no ha dejado inversiones significativas para el bienestar futuro del grueso de los mexicanos. La privatización y subrogación de los servicios del Estado han desembocado en monopolización o disminución de la calidad de esos servicios a la vez que la supuesta lógica del mercado -objetivo teórico del proceso-, se ha visto distorsionada por los efectos de la corrupción.
La democracia electoral tiene apenas nueve años de funcionar, consume recursos fiscales excesivos y ya está sumida en una crisis de credibilidad. Existe un sistema de partidos, pero sus componentes, hinchados de dinero público, naufragan en un mar de ilegitimidad proveniente de su ineficacia, alto costo y falta de representatividad. La importancia que ha adquirido en las últimas semanas una campaña a favor del voto en blanco, nulo o por candidatos sin registro, es la medida de la desilusión ciudadana, en particular de los jóvenes, con los partidos y la clase política. Y la lista de indicadores del mal rumbo que lleva el país, se puede alargar.
. ¿En qué plano se encuentra la acumulación de elementos que componen lo fallido del México actual? ¿En el de la clase política, del Gobierno, del régimen, del Estado o de plano del proyecto nacional mismo? En realidad, todo apunta a una bancarrota sistémica y que, por tanto, abarca todos los niveles mencionados.
El proyecto nacional, es decir el conjunto de grandes ideas motrices que le dan sentido histórico a la comunidad nacional, a la acción cotidiana de ciudadanos, líderes e instituciones, simplemente no existe. Nadie lo ha reformulado de manera efectiva después del rápido fracaso del neoliberalismo salinista que, a su vez, no fue otra cosa que diluir y subordinar el proyecto mexicano al norteamericano. El dejar que en una sociedad terriblemente desigual, las supuestas fuerzas impersonales del mercado global decidan quién, dónde, cuándo y cómo se distribuyan, se inviertan o se consuman los recursos económicos, ha sido el equivalente a abandonar, en beneficio de unos cuantos, la aspiración histórica colectiva de un desarrollo justo y con autonomía.
Sin un proyecto propio y efectivo de largo plazo, el régimen político ha quedado un tanto a la deriva. Por régimen se entiende aquí el conjunto de valores e instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder. Se supone que vivimos en un régimen presidencial y democrático. Sin embargo, un poder caciquil sindical como el de Elba Esther Gordillo y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hacen cargo lo mismo de la Secretaría de Educación y de su política educativa, que del ISSSTE o de la Lotería Nacional. Justamente por transferencias de poder como ésta, queda claro que son poderes fácticos y no la Presidencia quienes definen al régimen. Igualmente, al declarar Felipe Calderón en 2006 que "haiga sido como haiga sido" él ganó la contienda presidencial, se hace patente que no son ya los valores democráticos los que hacen latir el corazón del régimen. Y qué decir de las instituciones y la democracia si en una elección tan cerrada como la de 2006 el IFE se negó a recontar los votos a pesar de que las inconsistencias en las boletas electorales arrojaron un número mayor que la diferencia oficial de votos recibidos por Calderón y su rival, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, que también entra en esta descomposición institucional el Tribunal Electoral, que por un lado reconoció la falta grave en materia de imparcialidad del presidente Vicente Fox en 2006, pero acto seguido se declaró incapaz de encontrar remedio a una falla que reconoció mayúscula.
La situación está igualmente malograda por lo que se refiere al Estado mismo, es decir, al conjunto de instituciones que dentro de un territorio delimitado organizan la dominación, en nombre del interés general, y con el respaldo que les da su control sobre los medios de la violencia. Por un lado, el Ejército -el centro del monopolio estatal de la supuesta "violencia legítima"- se encuentra una y otra vez en lucha abierta con policías locales como resultado del enorme poder de corrupción que ejerce el crimen organizado. Un resultado de ésa y otras contradicciones que impiden al Estado enfrentar con eficacia a los productores de la "renta criminal", es que un líder político del municipio más rico del país y miembro de la élite del poder de Nuevo León -Mauricio Fernández Garza candidato panista a la alcaldía de San Pedro Garza García- admitió hace poco ante un grupo de sus pares, que la clave para mantener la tranquilidad en zonas como la que él pretende gobernar, no está en la acción de las instituciones del Estado sino en llegar a un acuerdo con los grupos criminales que, de tiempo atrás, ya viven en medio de las clases poderosas y también demandan zonas de tranquilidad para sus familias: los narcotraficantes, (El Universal con datos de Reporte Índigo, 12 de junio).
En un largo reportaje aparecido en Le Monde diplomatique, México (junio), David González y Jean-Francois Boyer documentan la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de los periodistas de Tamaulipas, los cuales simplemente no pueden publicar nada que disguste a los dirigentes del Cártel del Golfo, al punto que la prensa local ha eliminado de su vocabulario términos como "Cártel del Golfo", "Zetas" o "crimen organizado" para no irritar a los aludidos. La Ley que impera en ese estado ya no es la del Estado Mexicano ni la del "Estado Libre y Soberano de Tamaulipas" sino aquélla impuesta por los narcotraficantes que, entre 2000 y 2009 han asesinado entre nueve y once comunicadores, dependiendo de la fuente consultada.
Como sea, actualmente el crimen organizado es tan organizado en Tamaulipas, que ya cuenta con un representante dentro de casi todos los periódicos locales y ese personaje es consultado por el editor al momento de decidir si una noticia se debe o no publicar. En temas de narcotráfico, la censura sobre la prensa tamaulipeca es hoy tan o más efectiva que esa que ejercía Gobernación o los gobernadores en materia política en la época del supuesto "antiguo régimen" el autoritario priista. Como bien lo señalara en Nuevo León, Mauricio Fernández, si se quiere vivir en paz en Tamaulipas, el ciudadano no debe obedecer tanto a la autoridad formal sino a esa que cada vez gana más espacios: a "La Compañía", que es como los narcos exigen que se les llame en ese estado.
. La mediocridad material y espiritual que hoy caracteriza a nuestro país es lo que le da el tono de marcado desánimo a la época.
La cortedad de miras y corrupción de la clase política, la mediocridad de la élite del poder, nos hizo perder la oportunidad de renovación que se abrió con el cambio político de 2000 y eso condujo al desánimo de hoy. Ningún dedo de Dios escribió nuestro destino. Estamos obligados a demostrarnos que no nos merecemos el sistema de autoridad que tenemos, a repensar de manera radical nuestro modelo de desarrollo y hacer de nuestro siguiente encuentro fundamental con las urnas, que ya no puede ser el de ahora sino el de 2012, la nueva gran oportunidad de cambiar de dirigentes y rumbo. De lo contrario el fracaso se convertirá en crónico.
"Lo que ha fallado no es sólo el Estado, sino el régimen y el proyecto mismo que da sentido a la comunidad nacional"
. Es obvio que han estado fallando de manera sistemática, muchas cosas en México. De seguir por donde vamos, el resultado es tan predecible como inaceptable: una nueva pérdida de la oportunidad histórica, al estilo de lo ocurrido entre los 1810 y los 1870. Indicadores del mal camino que llevamos, sobran.
La guerra contra el crimen organizado es hoy el centro de la agenda del Gobierno, pero cada vez más el conflicto se parece en su desarrollo al que hace ochenta años tuvieron el Gobierno y los cristeros: ninguno de los bandos pudo imponerse de manera contundente y al final todo quedó como al inicio, sólo que con un montón de horrores y vidas segadas.
A partir de 1994, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte aumentó notablemente las exportaciones mexicanas, pero no hizo crecer mucho a la economía en su conjunto y finalmente no pudo evitar la desindustrialización del país: hoy México es, en términos relativos, un país menos industrializado de lo que era hace veinte años. Y lo que es peor, en el último cuarto de siglo el crecimiento real del PIB es de los más bajos en América Latina y este año puede caer entre 6% y 8%. Desde fines de los 1970 el país dejó de reservar para sí su petróleo y volvió a ser proveedor para el exterior de un recurso natural estratégico y no renovable. Pero esa exportación sólo se ha traducido en gasto burocrático, en paliativos de los efectos de la pobreza y, sobre todo, en sustituto de una reforma fiscal auténtica. La renta petrolera no ha dejado inversiones significativas para el bienestar futuro del grueso de los mexicanos. La privatización y subrogación de los servicios del Estado han desembocado en monopolización o disminución de la calidad de esos servicios a la vez que la supuesta lógica del mercado -objetivo teórico del proceso-, se ha visto distorsionada por los efectos de la corrupción.
La democracia electoral tiene apenas nueve años de funcionar, consume recursos fiscales excesivos y ya está sumida en una crisis de credibilidad. Existe un sistema de partidos, pero sus componentes, hinchados de dinero público, naufragan en un mar de ilegitimidad proveniente de su ineficacia, alto costo y falta de representatividad. La importancia que ha adquirido en las últimas semanas una campaña a favor del voto en blanco, nulo o por candidatos sin registro, es la medida de la desilusión ciudadana, en particular de los jóvenes, con los partidos y la clase política. Y la lista de indicadores del mal rumbo que lleva el país, se puede alargar.
. ¿En qué plano se encuentra la acumulación de elementos que componen lo fallido del México actual? ¿En el de la clase política, del Gobierno, del régimen, del Estado o de plano del proyecto nacional mismo? En realidad, todo apunta a una bancarrota sistémica y que, por tanto, abarca todos los niveles mencionados.
El proyecto nacional, es decir el conjunto de grandes ideas motrices que le dan sentido histórico a la comunidad nacional, a la acción cotidiana de ciudadanos, líderes e instituciones, simplemente no existe. Nadie lo ha reformulado de manera efectiva después del rápido fracaso del neoliberalismo salinista que, a su vez, no fue otra cosa que diluir y subordinar el proyecto mexicano al norteamericano. El dejar que en una sociedad terriblemente desigual, las supuestas fuerzas impersonales del mercado global decidan quién, dónde, cuándo y cómo se distribuyan, se inviertan o se consuman los recursos económicos, ha sido el equivalente a abandonar, en beneficio de unos cuantos, la aspiración histórica colectiva de un desarrollo justo y con autonomía.
Sin un proyecto propio y efectivo de largo plazo, el régimen político ha quedado un tanto a la deriva. Por régimen se entiende aquí el conjunto de valores e instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder. Se supone que vivimos en un régimen presidencial y democrático. Sin embargo, un poder caciquil sindical como el de Elba Esther Gordillo y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hacen cargo lo mismo de la Secretaría de Educación y de su política educativa, que del ISSSTE o de la Lotería Nacional. Justamente por transferencias de poder como ésta, queda claro que son poderes fácticos y no la Presidencia quienes definen al régimen. Igualmente, al declarar Felipe Calderón en 2006 que "haiga sido como haiga sido" él ganó la contienda presidencial, se hace patente que no son ya los valores democráticos los que hacen latir el corazón del régimen. Y qué decir de las instituciones y la democracia si en una elección tan cerrada como la de 2006 el IFE se negó a recontar los votos a pesar de que las inconsistencias en las boletas electorales arrojaron un número mayor que la diferencia oficial de votos recibidos por Calderón y su rival, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, que también entra en esta descomposición institucional el Tribunal Electoral, que por un lado reconoció la falta grave en materia de imparcialidad del presidente Vicente Fox en 2006, pero acto seguido se declaró incapaz de encontrar remedio a una falla que reconoció mayúscula.
La situación está igualmente malograda por lo que se refiere al Estado mismo, es decir, al conjunto de instituciones que dentro de un territorio delimitado organizan la dominación, en nombre del interés general, y con el respaldo que les da su control sobre los medios de la violencia. Por un lado, el Ejército -el centro del monopolio estatal de la supuesta "violencia legítima"- se encuentra una y otra vez en lucha abierta con policías locales como resultado del enorme poder de corrupción que ejerce el crimen organizado. Un resultado de ésa y otras contradicciones que impiden al Estado enfrentar con eficacia a los productores de la "renta criminal", es que un líder político del municipio más rico del país y miembro de la élite del poder de Nuevo León -Mauricio Fernández Garza candidato panista a la alcaldía de San Pedro Garza García- admitió hace poco ante un grupo de sus pares, que la clave para mantener la tranquilidad en zonas como la que él pretende gobernar, no está en la acción de las instituciones del Estado sino en llegar a un acuerdo con los grupos criminales que, de tiempo atrás, ya viven en medio de las clases poderosas y también demandan zonas de tranquilidad para sus familias: los narcotraficantes, (El Universal con datos de Reporte Índigo, 12 de junio).
En un largo reportaje aparecido en Le Monde diplomatique, México (junio), David González y Jean-Francois Boyer documentan la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de los periodistas de Tamaulipas, los cuales simplemente no pueden publicar nada que disguste a los dirigentes del Cártel del Golfo, al punto que la prensa local ha eliminado de su vocabulario términos como "Cártel del Golfo", "Zetas" o "crimen organizado" para no irritar a los aludidos. La Ley que impera en ese estado ya no es la del Estado Mexicano ni la del "Estado Libre y Soberano de Tamaulipas" sino aquélla impuesta por los narcotraficantes que, entre 2000 y 2009 han asesinado entre nueve y once comunicadores, dependiendo de la fuente consultada.
Como sea, actualmente el crimen organizado es tan organizado en Tamaulipas, que ya cuenta con un representante dentro de casi todos los periódicos locales y ese personaje es consultado por el editor al momento de decidir si una noticia se debe o no publicar. En temas de narcotráfico, la censura sobre la prensa tamaulipeca es hoy tan o más efectiva que esa que ejercía Gobernación o los gobernadores en materia política en la época del supuesto "antiguo régimen" el autoritario priista. Como bien lo señalara en Nuevo León, Mauricio Fernández, si se quiere vivir en paz en Tamaulipas, el ciudadano no debe obedecer tanto a la autoridad formal sino a esa que cada vez gana más espacios: a "La Compañía", que es como los narcos exigen que se les llame en ese estado.
. La mediocridad material y espiritual que hoy caracteriza a nuestro país es lo que le da el tono de marcado desánimo a la época.
La cortedad de miras y corrupción de la clase política, la mediocridad de la élite del poder, nos hizo perder la oportunidad de renovación que se abrió con el cambio político de 2000 y eso condujo al desánimo de hoy. Ningún dedo de Dios escribió nuestro destino. Estamos obligados a demostrarnos que no nos merecemos el sistema de autoridad que tenemos, a repensar de manera radical nuestro modelo de desarrollo y hacer de nuestro siguiente encuentro fundamental con las urnas, que ya no puede ser el de ahora sino el de 2012, la nueva gran oportunidad de cambiar de dirigentes y rumbo. De lo contrario el fracaso se convertirá en crónico.
jueves, 11 de junio de 2009
El voto sin partido o cómo usar la crisis
Por: LORENZO MEYER
Se va a echar de menos la presencia de Javier Wimer
. Una buena razón para ir a las urnas el próximo mes, pero sin darle el voto a un partido, la resume un titular: "La clase política contra el voto nulo. Las dirigencias partidistas califican de peligroso el sufragio en blanco" (El Universal, 5 de julio). Para aquellos ciudadanos más que insatisfechos con la actual clase política y sus partidos -de todos sus partidos-, la irritación de la élite del poder -políticos, empresarios, Iglesia Católica, etc.- ante la idea de anular el voto o mejor aún, dárselo a un personaje sin registro usando para ello la casilla en blanco de las boletas, es todo un incentivo para seguir adelante con ese propósito. . El título de esta columna está inspirado en una propuesta que se le atribuye a Rahm Emanuel, el astuto y realista Jefe de Gabinete del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La gran crisis económica y política que Obama heredó de la Administración de George W. Bush, dentro de la calamidad que era, tenía un lado bueno: facilitaba reencauzar el desarrollo general del país. El estado de emergencia económica, el fracaso de la invasión de Irak y el triunfo electoral de los demócratas habían destruido buena parte de los argumentos y capacidades de las fuerzas conservadoras que se oponían a una reestructuración a fondo del sector financiero, a un cambio en el unilateralismo que dominaba a la política exterior de Washington, a proteger de manera efectiva al medio ambiente, a una redistribución más justa del ingreso, a una mejora a fondo del sistema educativo, a un mayor gasto en ciencia y tecnología, etcétera. Así, la crisis era o podía ser la vía para deshacerse de lo malhecho e iniciar su reconstrucción. . En términos relativos, en México tenemos una crisis más profunda que la norteamericana. Nuestra crisis general lleva decenios y se compone de una gama de atolladeros sin salida fácil, de fracasos rotundos. Para empezar está el económico, que lleva ya un cuarto de siglo y que, a su vez, puede subdividirse en laboral, financiero, industrial, agrícola, fiscal, turístico, etcétera; seguido por el de seguridad, de representación política, de impartición de justicia, el educativo y finalmente, englobándolos y resultado de todos, el atasco moral.
Lo mismo las encuestas que la experiencia individual, muestran que en el México actual hay una buena cantidad de ciudadanos insatisfechos -algunos muy insatisfechos-, con el estado que guarda nuestra vida pública, que se sienten encolerizados por la persistencia de la corrupción a todos los niveles, desde la ventanilla hasta la presidencia, defraudados por la forma en que se llevó a cabo la última elección presidencial, burlados por el comportamiento de cada uno de los partidos políticos y por la no representatividad del sistema en su conjunto, decepcionados con todas y cada una de las instituciones que se supone regulan la vida partidaria y defienden la legalidad del voto -IFE, Trife, FEPADE, los institutos electorales estatales-, irritados con la forma en que se comportan los supuestos representantes populares -los legisladores locales y federales-, desesperados por la ineficacia de las burocracias, temerosos y contrariados por la imposibilidad de contar con una adecuada protección policiaca, desalentados por la ausencia de un proyecto nacional y por la pérdida de oportunidades al tiempo que países como China, India o Brasil, parecen dirigirse con confianza a un mejor futuro. Todo este conjunto de inconformidades y más, caracterizan la crisis actual mexicana.
Para hacer de una gran crisis una gran oportunidad de reconstrucción se necesita lo que hoy tiene Estados Unidos, pero de lo que México carece: un liderazgo con poder, con un gran proyecto, con una visión generosa, con enorme legitimidad, respaldado por un Gabinete seleccionado de entre los mejores y por un partido -el Demócrata- que ganó claramente la mayoría en las urnas y no como resultado de una campaña de miedo -ésa corrió a cargo de sus adversarios- sino de una propuesta imaginativa para rediseñar el capitalismo norteamericano sometiéndolo a reglas, poniéndole límites a las fuerzas del mercado y reviviendo el papel del Estado en beneficio de la mayoría, al estilo de Franklin D. Roosevelt hace poco más de setenta años.
Hoy en México, simplemente no existe ninguna de esas condiciones. Ningún partido registrado, de izquierda, centro o derecha, tiene un liderazgo que esté mínimamente a la altura de las circunstancias. Todas las oligarquías partidistas son notables por su mediocridad moral e intelectual, su voracidad y corrupción. Sin embargo, forzados por un calendario implacable e ineludible, esa clase política dividida en tres grandes partidos -con un grupo de rémoras- tiene que convocar a la ciudadanía para que, en las urnas, emita un juicio sobre el resultado de sus acciones, sobre los frutos de su conducta tanto reciente como histórica. Se trata, pues, de un México convocado a elecciones intermedias en medio del desastre y del desánimo.
Y es ahí donde los ciudadanos podemos tener una oportunidad de emitir una evaluación, de deslegitimar un arreglo cupular trágico y pasar así una factura, aunque sea simbólica, a las élites políticas y del poder e intentar abrir una brecha por donde, más adelante y con mayor esfuerzo, pueda introducirse el cambio.
. En este momento, las urnas no le ofrecen al ciudadano eso que constituye el sentido mínimo de la democracia electoral: la posibilidad de elegir entre proyectos realmente alternativos. El PRI se mantiene básicamente fiel a su esencia oportunista original: tiene intereses no ideología y ni siquiera ha cambiado al grueso de sus cuadros dirigentes. Y cuando aparecen líderes jóvenes, éstos resultan ser, en su esencia, una copia casi fiel de sus ancestros. Un buen ejemplo es el caso del gobernador del Estado de México, formado en la escuela de Isidro Fabela, continuada por Carlos Hank González y seguida sin cambio hasta Arturo Montiel.
Desde el sexenio de Miguel Alemán el PRI se escoró a la derecha y justo cuando adoptó el neoliberalismo como proyecto a fines de los 1980, se encontró con la posibilidad de forjar una gran alianza con un PAN que había nacido en la derecha. En esas circunstancias, PRI y PAN trocaron características y papeles: a cambio de un apoyo indispensable tras el desastre de la elección de 1988, el PRI integró al PAN al círculo del poder y ya una vez ahí y por la vía de la negociación, el PAN dejó fuera su compromiso histórico con la democracia y la honestidad administrativa.
Por su parte, la izquierda, tras la enorme frustración producto de de dos derrotas a la mala en las urnas, llevó sus divisiones originales a sus últimas consecuencias en medio de una guerra interna dominada por la pasión fratricida. En esa lucha, el ala más "negociadora" o "moderna" contó con la simpatía y ayuda del Gobierno, de los medios de comunicación, y de toda la gama de intereses que conformaron el gran frente antilopezobradorista de 2006. En esas condiciones, el PRD dejó de ser opción para quedar simplemente en una burocracia más, alimentada por los subsidios que dispensa el IFE, y que no se distingue en nada sustantivo de las del PRI y el PAN excepto por tener una cuota de poder menor.
La solución de fondo es una nueva fuerza electoral pero en la coyuntura actual sólo queda el rechazo al arreglo existente. La mejor vía no es la abstención electoral porque se confunde con la simple desidia e indiferencia. Hay que mostrar voluntad yendo a las urnas y demandar lo que aún no existe: una auténtica opción. Una forma de hacerlo es votando en blanco o anulando el voto. Desde que en 1997 los votos más o menos se cuentan, este voto promedia el 2.76%; cualquier porcentaje que supere la cifra anterior sería un claro indicador de protesta. Otra posibilidad aún mejor es hacer uso del espacio en blanco de la boleta y poner ahí, de puño y letra, el nombre de un personaje real o ficticio que encarne nuestra esperanza o frustración; la autoridad electoral está obligada a registrarlo y dejar constancia que no fue una equivocación del votante sino un acto consciente de rechazo a la calidad de la vida política mexicana.
Actuar el 5 de julio de manera contraria a lo que nos pide la élite del poder mexicana, podría ser un paso, modesto si se quiere, en la deslegitimación de un sistema partidista que no cumple con su función y, por eso mismo y si hay suerte, una oportunidad para empezar la construcción, de nuevo y desde abajo, de algo mejor.
Se va a echar de menos la presencia de Javier Wimer
. Una buena razón para ir a las urnas el próximo mes, pero sin darle el voto a un partido, la resume un titular: "La clase política contra el voto nulo. Las dirigencias partidistas califican de peligroso el sufragio en blanco" (El Universal, 5 de julio). Para aquellos ciudadanos más que insatisfechos con la actual clase política y sus partidos -de todos sus partidos-, la irritación de la élite del poder -políticos, empresarios, Iglesia Católica, etc.- ante la idea de anular el voto o mejor aún, dárselo a un personaje sin registro usando para ello la casilla en blanco de las boletas, es todo un incentivo para seguir adelante con ese propósito. . El título de esta columna está inspirado en una propuesta que se le atribuye a Rahm Emanuel, el astuto y realista Jefe de Gabinete del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La gran crisis económica y política que Obama heredó de la Administración de George W. Bush, dentro de la calamidad que era, tenía un lado bueno: facilitaba reencauzar el desarrollo general del país. El estado de emergencia económica, el fracaso de la invasión de Irak y el triunfo electoral de los demócratas habían destruido buena parte de los argumentos y capacidades de las fuerzas conservadoras que se oponían a una reestructuración a fondo del sector financiero, a un cambio en el unilateralismo que dominaba a la política exterior de Washington, a proteger de manera efectiva al medio ambiente, a una redistribución más justa del ingreso, a una mejora a fondo del sistema educativo, a un mayor gasto en ciencia y tecnología, etcétera. Así, la crisis era o podía ser la vía para deshacerse de lo malhecho e iniciar su reconstrucción. . En términos relativos, en México tenemos una crisis más profunda que la norteamericana. Nuestra crisis general lleva decenios y se compone de una gama de atolladeros sin salida fácil, de fracasos rotundos. Para empezar está el económico, que lleva ya un cuarto de siglo y que, a su vez, puede subdividirse en laboral, financiero, industrial, agrícola, fiscal, turístico, etcétera; seguido por el de seguridad, de representación política, de impartición de justicia, el educativo y finalmente, englobándolos y resultado de todos, el atasco moral.
Lo mismo las encuestas que la experiencia individual, muestran que en el México actual hay una buena cantidad de ciudadanos insatisfechos -algunos muy insatisfechos-, con el estado que guarda nuestra vida pública, que se sienten encolerizados por la persistencia de la corrupción a todos los niveles, desde la ventanilla hasta la presidencia, defraudados por la forma en que se llevó a cabo la última elección presidencial, burlados por el comportamiento de cada uno de los partidos políticos y por la no representatividad del sistema en su conjunto, decepcionados con todas y cada una de las instituciones que se supone regulan la vida partidaria y defienden la legalidad del voto -IFE, Trife, FEPADE, los institutos electorales estatales-, irritados con la forma en que se comportan los supuestos representantes populares -los legisladores locales y federales-, desesperados por la ineficacia de las burocracias, temerosos y contrariados por la imposibilidad de contar con una adecuada protección policiaca, desalentados por la ausencia de un proyecto nacional y por la pérdida de oportunidades al tiempo que países como China, India o Brasil, parecen dirigirse con confianza a un mejor futuro. Todo este conjunto de inconformidades y más, caracterizan la crisis actual mexicana.
Para hacer de una gran crisis una gran oportunidad de reconstrucción se necesita lo que hoy tiene Estados Unidos, pero de lo que México carece: un liderazgo con poder, con un gran proyecto, con una visión generosa, con enorme legitimidad, respaldado por un Gabinete seleccionado de entre los mejores y por un partido -el Demócrata- que ganó claramente la mayoría en las urnas y no como resultado de una campaña de miedo -ésa corrió a cargo de sus adversarios- sino de una propuesta imaginativa para rediseñar el capitalismo norteamericano sometiéndolo a reglas, poniéndole límites a las fuerzas del mercado y reviviendo el papel del Estado en beneficio de la mayoría, al estilo de Franklin D. Roosevelt hace poco más de setenta años.
Hoy en México, simplemente no existe ninguna de esas condiciones. Ningún partido registrado, de izquierda, centro o derecha, tiene un liderazgo que esté mínimamente a la altura de las circunstancias. Todas las oligarquías partidistas son notables por su mediocridad moral e intelectual, su voracidad y corrupción. Sin embargo, forzados por un calendario implacable e ineludible, esa clase política dividida en tres grandes partidos -con un grupo de rémoras- tiene que convocar a la ciudadanía para que, en las urnas, emita un juicio sobre el resultado de sus acciones, sobre los frutos de su conducta tanto reciente como histórica. Se trata, pues, de un México convocado a elecciones intermedias en medio del desastre y del desánimo.
Y es ahí donde los ciudadanos podemos tener una oportunidad de emitir una evaluación, de deslegitimar un arreglo cupular trágico y pasar así una factura, aunque sea simbólica, a las élites políticas y del poder e intentar abrir una brecha por donde, más adelante y con mayor esfuerzo, pueda introducirse el cambio.
. En este momento, las urnas no le ofrecen al ciudadano eso que constituye el sentido mínimo de la democracia electoral: la posibilidad de elegir entre proyectos realmente alternativos. El PRI se mantiene básicamente fiel a su esencia oportunista original: tiene intereses no ideología y ni siquiera ha cambiado al grueso de sus cuadros dirigentes. Y cuando aparecen líderes jóvenes, éstos resultan ser, en su esencia, una copia casi fiel de sus ancestros. Un buen ejemplo es el caso del gobernador del Estado de México, formado en la escuela de Isidro Fabela, continuada por Carlos Hank González y seguida sin cambio hasta Arturo Montiel.
Desde el sexenio de Miguel Alemán el PRI se escoró a la derecha y justo cuando adoptó el neoliberalismo como proyecto a fines de los 1980, se encontró con la posibilidad de forjar una gran alianza con un PAN que había nacido en la derecha. En esas circunstancias, PRI y PAN trocaron características y papeles: a cambio de un apoyo indispensable tras el desastre de la elección de 1988, el PRI integró al PAN al círculo del poder y ya una vez ahí y por la vía de la negociación, el PAN dejó fuera su compromiso histórico con la democracia y la honestidad administrativa.
Por su parte, la izquierda, tras la enorme frustración producto de de dos derrotas a la mala en las urnas, llevó sus divisiones originales a sus últimas consecuencias en medio de una guerra interna dominada por la pasión fratricida. En esa lucha, el ala más "negociadora" o "moderna" contó con la simpatía y ayuda del Gobierno, de los medios de comunicación, y de toda la gama de intereses que conformaron el gran frente antilopezobradorista de 2006. En esas condiciones, el PRD dejó de ser opción para quedar simplemente en una burocracia más, alimentada por los subsidios que dispensa el IFE, y que no se distingue en nada sustantivo de las del PRI y el PAN excepto por tener una cuota de poder menor.
La solución de fondo es una nueva fuerza electoral pero en la coyuntura actual sólo queda el rechazo al arreglo existente. La mejor vía no es la abstención electoral porque se confunde con la simple desidia e indiferencia. Hay que mostrar voluntad yendo a las urnas y demandar lo que aún no existe: una auténtica opción. Una forma de hacerlo es votando en blanco o anulando el voto. Desde que en 1997 los votos más o menos se cuentan, este voto promedia el 2.76%; cualquier porcentaje que supere la cifra anterior sería un claro indicador de protesta. Otra posibilidad aún mejor es hacer uso del espacio en blanco de la boleta y poner ahí, de puño y letra, el nombre de un personaje real o ficticio que encarne nuestra esperanza o frustración; la autoridad electoral está obligada a registrarlo y dejar constancia que no fue una equivocación del votante sino un acto consciente de rechazo a la calidad de la vida política mexicana.
Actuar el 5 de julio de manera contraria a lo que nos pide la élite del poder mexicana, podría ser un paso, modesto si se quiere, en la deslegitimación de un sistema partidista que no cumple con su función y, por eso mismo y si hay suerte, una oportunidad para empezar la construcción, de nuevo y desde abajo, de algo mejor.
jueves, 4 de junio de 2009
Poderes tras el trono
Por: LORENZO MEYER
"La existencia de 'poderes tras el trono' es un indicador más de la debilidad
Institucional de nuestra política",
Lorenzo Meyer
. El contenido del concepto "el poder tras el trono" es tan viejo como la política misma. Se refiere a la persona o grupo que sin tener un cargo de autoridad formal -sin sus prerrogativas y responsabilidades- es quien, en la práctica, toma las decisiones, ejerce el poder y recibe sus beneficios. Un ejemplo clásico es el cardenal-duque de Richelieu, el fraile capuchino que fue primer ministro de Luis XIII en la Francia del siglo 17. Richelieu jugó un papel mayor al de primer ministro: influyó en la toma de decisiones al punto de ser él y no el rey, el verdadero hacedor de la política del Estado francés.
Y el tema de los poderes formales y reales en la política mexicana viene al caso por el papel que ha desempeñado el ex presidente Carlos Salinas de Gortari a partir de su retorno de esa especie de exilio que se impuso o le impusieron durante el Gobierno de Ernesto Zedillo.
En varias ocasiones, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sostenido que Salinas fue personaje central en la maquinación para impedir que él, en tanto candidato de la izquierda y favorito en las encuestas, triunfara en la elección del 2006. De acuerdo con AMLO, Salinas sigue siendo uno de "los que mandan" en México. Por su parte, Carlos Ahumada, el excontratista del Gobierno capitalino, describe al detalle en el libro Derecho de réplica, la manera en que Salinas intervino en 2004 para lograr que las videograbaciones hechas por Ahumada al momento de entregar dinero a personas cercanas a AMLO llegaran al Gobierno, a Televisa y se difundieran de manera que lograran hacer el mayor daño a la imagen de AMLO.
En las últimas semanas los medios -ver, por ejemplo, Reporte Índigo- documentaron la forma como Salinas movió a los suyos dentro del PRI para hacer que el ex presidente Miguel de la Madrid, aduciendo una supuesta incapacidad mental, se retractara públicamente de lo que había declarado a Carmen Aristegui en torno a Salinas y sus hermanos: su falta de honradez en el manejo de los recursos públicos durante el sexenio 1988-1994 y sus posibles ligas con el narcotráfico.
Si fijamos la vista en las élites, una buena parte de la historia política mundial puede explicarse vía la influencia de "poderes tras el trono", a veces como simple resultado de su cercanía al personaje en posición de mando -esposas, amantes o amigos con derecho de picaporte-, reforzada por la mezcla de carácter fuerte del influyente y débil del influido. Así, las grandes decisiones de Justiniano encaminadas a recrear desde Bizancio la grandeza del Imperio Romano en el siglo VI no se entienden si se hace a un lado la influencia que sobre el emperador tuvo Teodora, su dura y astuta esposa. En el siglo pasado, un ejemplo de la cónyuge que asumió el papel de tomadora de decisiones políticas, es Edith Bolling Galt, esposa del presidente norteamericano Woodrow Wilson en la etapa final de su Gobierno (1919-1921), especialmente cuando el mandatario quedó recluido, como resultado de un mal cardiaco. A una escala mucho más baja, sin tomar en cuenta la influencia de su esposa, Martha Sahagún, tampoco es posible entender a cabalidad la forma tan irresponsable y mezquina como Vicente Fox desperdició la oportunidad histórica que tuvo de cambiar el carácter de la política mexicana a partir de su triunfo en la elección presidencial de 2000.
. En el siglo XIX mexicano hay una abundancia de "poderes tras el trono" justo porque la vida institucional era precaria en extremo. En realidad, la capacidad de ciertos caciques de ejercer poder sin estar investido formalmente con el manto de la autoridad, es un indicador del pobre desarrollo político mexicano de la época. Para empezar, está el caso del ministro norteamericano, Joel R. Poinsett, que se convirtió en el líder de la logia yorquina mexicana -el "partido popular"- y su influencia llegó al punto que fue necesario su retiro en 1829. Desde luego, el general Antonio López de Santa Anna pudo, en ocasiones, dejar la Presidencia y el mando del Ejército y retirarse a su hacienda "Manga de Clavo" en Veracruz y desde ahí mantenerse como el verdadero amo del país (en la medida en que había país y que este permitía algún tipo de amo). Sólo la rebelión de Ayutla pudo sacarle de nuestra historia. A mediados de ese siglo, Mariano Riva Palacio fue el factótum político del Estado de México por casi un cuarto de siglo; dos veces fungió como gobernador, pero cuando no lo era siguió ejerciendo el poder. . Fue durante el liberalismo maduro -el Porfiriato- cuando las instituciones del Estado Mexicano dejaron de ser meras entelequias para convertirse en marcos más o menos organizadores de la sociedad. Sin embargo, los "poderes tras el trono" de carácter caciquil se mantuvieron. Por ejemplo, en el Norte del país los generales Gerónimo Treviño, Francisco Naranjo o Bernardo Reyes, ejercieron una influencia que fue siempre más allá de sus cargos formales al punto de subordinar a varios gobernadores de "estados libres y soberanos". . Durante la guerra civil, cada caudillo ejerció el poder que le permitieron sus armas. Iniciada la institucionalización, la situación cambió, pero más en el papel que en la realidad. En el Gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928), la sombra del gran caudillo, Álvaro Obregón, se proyectó al punto de opacar al presidente y crear una diarquía. Tras el asesinato de Obregón como presidente electo en 1928, Calles reintrodujo el principio de la "no-reelección" y cumplió escrupulosamente con sus términos formales, pero a nadie escapó que el verdadero centro de poder en México no era el presidente en turno -de Emilio Portes Gil a Abelardo Rodríguez- sino el creador del gran partido oficial (PNR) y "Jefe Máximo de la Revolución Mexicana", es decir, Calles. Sólo cuando, en 1935, el presidente Lázaro Cárdenas expropió al expropiador su capacidad de decidir sobre los asuntos del Gobierno, el poder formal y el real volvieron a ser casi equivalentes. . Como ex presidentes, Cárdenas y en menor medida Miguel Alemán, también proyectaron sombra sobre sus sucesores, pero ya nunca con la intensidad que lo había hecho Calles. A partir de 1940 se logró eso que Porfirio Muñoz Ledo llamó la "autonomía sexenal" del presidente en turno. Sin embargo, a nivel local persistieron "poderes tras el trono". Esos fueron los casos, entre otros, de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí o más tarde de Joaquín Hernández Galicia "La Quina" en la región petrolera del Golfo. Ellos, y otros como ellos, subsistieron en tanto no estorbaran al poder presidencial. . A partir de 2000, al concluir el priato a nivel nacional e iniciarse el panato, la pérdida relativa del poder presidencial se convirtió en un juego suma cero y parte del gran poder que había ejercido la Presidencia autoritaria abandonó "Los Pinos" y migró a otras zonas y no precisamente ciudadanas. Fue así que los "poderes tras el trono" volvieron por sus fueros. Uno de ellos, como ya se señaló, es Carlos Salinas, jefe de facto de una parte del PRI y con quien están en deuda otros partidos, empresarios de altos vuelos, dirigentes religiosos o sindicales, intelectuales y, sin duda, los dos últimos presidentes.
No es ésta la única fuerza que desborda hoy el marco institucional. La maestra Elba Esther Gordillo, líder indiscutible del poderoso SNTE es, otro notorio "poder tras el trono", pues ella es el actor dominante en la Secretaría de Educación, en el Partido Nueva Alianza o en zonas del PRI y del IFE, entre otras. Difícil pensar que en Pemex se puedan tomar decisiones como la construcción de una nueva refinería sin tener la anuencia del líder del SNTPRM, Carlos Romero Deschamps. La misma situación se repite en materia de la legislación sobre radio y televisión; en su momento, la llamada "Ley Televisa" pasó tal y como las dos grandes televisoras privadas quisieron y no como lo hubiera determinado una libre discusión y voluntad de los supuestos representantes de la "soberanía nacional" en el Congreso. Finalmente, si se confirman las causas que llevaron al arraigo de una decena de presidentes municipales en Michoacán, entonces quedaría claro que es el crimen organizado y no la autoridad electa quien realmente maneja la cosa pública en algunas estructuras que forman la base de la organización política mexicana.
. En materia de responsabilidad política no estamos de regreso al siglo XIX, pero tampoco estamos donde podríamos y deberíamos estar: hoy nos sobran muchos "poderes tras el trono".
"La existencia de 'poderes tras el trono' es un indicador más de la debilidad
Institucional de nuestra política",
Lorenzo Meyer
. El contenido del concepto "el poder tras el trono" es tan viejo como la política misma. Se refiere a la persona o grupo que sin tener un cargo de autoridad formal -sin sus prerrogativas y responsabilidades- es quien, en la práctica, toma las decisiones, ejerce el poder y recibe sus beneficios. Un ejemplo clásico es el cardenal-duque de Richelieu, el fraile capuchino que fue primer ministro de Luis XIII en la Francia del siglo 17. Richelieu jugó un papel mayor al de primer ministro: influyó en la toma de decisiones al punto de ser él y no el rey, el verdadero hacedor de la política del Estado francés.
Y el tema de los poderes formales y reales en la política mexicana viene al caso por el papel que ha desempeñado el ex presidente Carlos Salinas de Gortari a partir de su retorno de esa especie de exilio que se impuso o le impusieron durante el Gobierno de Ernesto Zedillo.
En varias ocasiones, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sostenido que Salinas fue personaje central en la maquinación para impedir que él, en tanto candidato de la izquierda y favorito en las encuestas, triunfara en la elección del 2006. De acuerdo con AMLO, Salinas sigue siendo uno de "los que mandan" en México. Por su parte, Carlos Ahumada, el excontratista del Gobierno capitalino, describe al detalle en el libro Derecho de réplica, la manera en que Salinas intervino en 2004 para lograr que las videograbaciones hechas por Ahumada al momento de entregar dinero a personas cercanas a AMLO llegaran al Gobierno, a Televisa y se difundieran de manera que lograran hacer el mayor daño a la imagen de AMLO.
En las últimas semanas los medios -ver, por ejemplo, Reporte Índigo- documentaron la forma como Salinas movió a los suyos dentro del PRI para hacer que el ex presidente Miguel de la Madrid, aduciendo una supuesta incapacidad mental, se retractara públicamente de lo que había declarado a Carmen Aristegui en torno a Salinas y sus hermanos: su falta de honradez en el manejo de los recursos públicos durante el sexenio 1988-1994 y sus posibles ligas con el narcotráfico.
Si fijamos la vista en las élites, una buena parte de la historia política mundial puede explicarse vía la influencia de "poderes tras el trono", a veces como simple resultado de su cercanía al personaje en posición de mando -esposas, amantes o amigos con derecho de picaporte-, reforzada por la mezcla de carácter fuerte del influyente y débil del influido. Así, las grandes decisiones de Justiniano encaminadas a recrear desde Bizancio la grandeza del Imperio Romano en el siglo VI no se entienden si se hace a un lado la influencia que sobre el emperador tuvo Teodora, su dura y astuta esposa. En el siglo pasado, un ejemplo de la cónyuge que asumió el papel de tomadora de decisiones políticas, es Edith Bolling Galt, esposa del presidente norteamericano Woodrow Wilson en la etapa final de su Gobierno (1919-1921), especialmente cuando el mandatario quedó recluido, como resultado de un mal cardiaco. A una escala mucho más baja, sin tomar en cuenta la influencia de su esposa, Martha Sahagún, tampoco es posible entender a cabalidad la forma tan irresponsable y mezquina como Vicente Fox desperdició la oportunidad histórica que tuvo de cambiar el carácter de la política mexicana a partir de su triunfo en la elección presidencial de 2000.
. En el siglo XIX mexicano hay una abundancia de "poderes tras el trono" justo porque la vida institucional era precaria en extremo. En realidad, la capacidad de ciertos caciques de ejercer poder sin estar investido formalmente con el manto de la autoridad, es un indicador del pobre desarrollo político mexicano de la época. Para empezar, está el caso del ministro norteamericano, Joel R. Poinsett, que se convirtió en el líder de la logia yorquina mexicana -el "partido popular"- y su influencia llegó al punto que fue necesario su retiro en 1829. Desde luego, el general Antonio López de Santa Anna pudo, en ocasiones, dejar la Presidencia y el mando del Ejército y retirarse a su hacienda "Manga de Clavo" en Veracruz y desde ahí mantenerse como el verdadero amo del país (en la medida en que había país y que este permitía algún tipo de amo). Sólo la rebelión de Ayutla pudo sacarle de nuestra historia. A mediados de ese siglo, Mariano Riva Palacio fue el factótum político del Estado de México por casi un cuarto de siglo; dos veces fungió como gobernador, pero cuando no lo era siguió ejerciendo el poder. . Fue durante el liberalismo maduro -el Porfiriato- cuando las instituciones del Estado Mexicano dejaron de ser meras entelequias para convertirse en marcos más o menos organizadores de la sociedad. Sin embargo, los "poderes tras el trono" de carácter caciquil se mantuvieron. Por ejemplo, en el Norte del país los generales Gerónimo Treviño, Francisco Naranjo o Bernardo Reyes, ejercieron una influencia que fue siempre más allá de sus cargos formales al punto de subordinar a varios gobernadores de "estados libres y soberanos". . Durante la guerra civil, cada caudillo ejerció el poder que le permitieron sus armas. Iniciada la institucionalización, la situación cambió, pero más en el papel que en la realidad. En el Gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928), la sombra del gran caudillo, Álvaro Obregón, se proyectó al punto de opacar al presidente y crear una diarquía. Tras el asesinato de Obregón como presidente electo en 1928, Calles reintrodujo el principio de la "no-reelección" y cumplió escrupulosamente con sus términos formales, pero a nadie escapó que el verdadero centro de poder en México no era el presidente en turno -de Emilio Portes Gil a Abelardo Rodríguez- sino el creador del gran partido oficial (PNR) y "Jefe Máximo de la Revolución Mexicana", es decir, Calles. Sólo cuando, en 1935, el presidente Lázaro Cárdenas expropió al expropiador su capacidad de decidir sobre los asuntos del Gobierno, el poder formal y el real volvieron a ser casi equivalentes. . Como ex presidentes, Cárdenas y en menor medida Miguel Alemán, también proyectaron sombra sobre sus sucesores, pero ya nunca con la intensidad que lo había hecho Calles. A partir de 1940 se logró eso que Porfirio Muñoz Ledo llamó la "autonomía sexenal" del presidente en turno. Sin embargo, a nivel local persistieron "poderes tras el trono". Esos fueron los casos, entre otros, de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí o más tarde de Joaquín Hernández Galicia "La Quina" en la región petrolera del Golfo. Ellos, y otros como ellos, subsistieron en tanto no estorbaran al poder presidencial. . A partir de 2000, al concluir el priato a nivel nacional e iniciarse el panato, la pérdida relativa del poder presidencial se convirtió en un juego suma cero y parte del gran poder que había ejercido la Presidencia autoritaria abandonó "Los Pinos" y migró a otras zonas y no precisamente ciudadanas. Fue así que los "poderes tras el trono" volvieron por sus fueros. Uno de ellos, como ya se señaló, es Carlos Salinas, jefe de facto de una parte del PRI y con quien están en deuda otros partidos, empresarios de altos vuelos, dirigentes religiosos o sindicales, intelectuales y, sin duda, los dos últimos presidentes.
No es ésta la única fuerza que desborda hoy el marco institucional. La maestra Elba Esther Gordillo, líder indiscutible del poderoso SNTE es, otro notorio "poder tras el trono", pues ella es el actor dominante en la Secretaría de Educación, en el Partido Nueva Alianza o en zonas del PRI y del IFE, entre otras. Difícil pensar que en Pemex se puedan tomar decisiones como la construcción de una nueva refinería sin tener la anuencia del líder del SNTPRM, Carlos Romero Deschamps. La misma situación se repite en materia de la legislación sobre radio y televisión; en su momento, la llamada "Ley Televisa" pasó tal y como las dos grandes televisoras privadas quisieron y no como lo hubiera determinado una libre discusión y voluntad de los supuestos representantes de la "soberanía nacional" en el Congreso. Finalmente, si se confirman las causas que llevaron al arraigo de una decena de presidentes municipales en Michoacán, entonces quedaría claro que es el crimen organizado y no la autoridad electa quien realmente maneja la cosa pública en algunas estructuras que forman la base de la organización política mexicana.
. En materia de responsabilidad política no estamos de regreso al siglo XIX, pero tampoco estamos donde podríamos y deberíamos estar: hoy nos sobran muchos "poderes tras el trono".
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