Lorenzo Meyer
El desencanto con la democracia es común, lo que ya no es común es que la frustración lleve al ciudadano a abrir la puerta para el retorno al viejo sistema
Seguimos casi igual
Pues bien, pasó la elección intermedia y ya están electos seis nuevos gobernadores, aunque uno -Sonora- está en disputa, 500 nuevos diputados federales, los representantes en la Asamblea de la capital más un buen número de diputados locales y presidentes municipales. Los partidos ya tienen al grueso de "su gente" en sus puestos.
No hubo una auténtica sorpresa: en términos generales ya se preveía la caída del PRD y del PAN, y el triunfo del viejo PRI, aunque este último se dio con más enjundia de la esperada -"El PRI aplasta al Presidente", anunció el titular de un diario nacional (Milenio Diario, 6 de julio)-, con lo que una vez más se confirmó entre nosotros el dictum de William Faulkner cuando en Réquiem para una monja (1951) el novelista hizo decir a uno de sus personajes: "el pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado". El México actual es faulkneriano: desde los 1940 la oposición ha hecho un buen número de intentos para superar el sistema priista vía elección, rebelión o movilización, pero hoy seguimos casi en lo mismo: el PRI y, sobre todo, su espíritu -la búsqueda del poder por el poder mismo- parecen dominar de nuevo nuestro horizonte político.
Los partidos
La mayoría se repartió entre la abstención (55 por ciento) y el voto anulado (5.8 por ciento), aunque sin efecto formal en la elección de gobernadores, alcaldes o congresistas. Con el apoyo explícito de una minoría de los ciudadanos (dos quintos del total) las dirigencias de los partidos seguirán recibiendo el gran subsidio público, los diputados cobrarán sus dietas, pronunciarán discursos, emitirán declaraciones y harán o modificarán leyes como si tuvieran efectivamente el respaldo entusiasta de la mayoría ciudadana.
Por lo que hace a la posición de las nuevas autoridades electas y a la de la clase política en general, conviene recurrir a otro clásico. Esta vez a un español, a un vasco, a Miguel de Unamuno, filósofo y novelista que el 12 de octubre de 1936 en su calidad de rector de la Universidad de Salamanca se encontró en una situación límite: con la Guerra Civil en marcha, en el paraninfo de la universidad y en presencia de un franquista duro -el general Millán Astray-, los fascistas denunciaron a Cataluña y al País Vasco como parte de una anti-España a la que se debía extirpar por la fuerza. Unamuno reaccionó y la síntesis de su respuesta fue: "Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir".
Con todas las salvedades del caso, lo mismo se le puede decir aquí y ahora a los partidos y a la clase política mexicana: vencieron y efectivamente están al frente de las estructuras de poder, pero en medio de un México polarizado y desmoralizado y muy lejos de haber convencido a sus conciudadanos -incluidos muchos de los que votaron- de su utilidad, capacidad y derecho a ser "los que mandan".
¿Hacia dónde y en qué condiciones?
Tras la elección y el reacomodo relativo de las fuerzas partidistas -el PRI muy recuperado, el PAN disminuido y el PRD en un lejano tercer lugar-, la clase política tratará de volver a la "normalidad", es decir, a negociar el presupuesto, hacer cambios en la legislación electoral, administrar el día a día cada vez más mediocre y violento y confiar en que las fuerzas económicas internacionales (Estados Unidos) superen su actual crisis y de ahí surja la recuperación del PIB mexicano. Y así, mientras esperamos que el "factor externo" nos vuelva a insuflar vitalidad, los políticos y los administradores de lo público, que en lo individual tienen asegurada su confortable forma de vida, pueden concentrarse en los tres próximos años en su gran pugna de cara a la elección presidencial del 2012.
En este escenario inercial, lo más probable es que el futuro inmediato resulte muy parecido al pasado inmediato y al presente. A lo más a que podríamos aspirar es a que la inseguridad no siga aumentando, a que la economía formal deje de hundirse, a que la economía informal absorba parte del desempleo creciente, a que las remesas no caigan más y que esos envíos de la diáspora mexicana más los programas asistenciales continúen paliando la pobreza aunque sin tocar sus raíces, a que la corrupción se mantenga pero evite llegar al escándalo, a que los caciques sindicales mantengan el orden en sus gremios y, en fin, a que la resignación y la preocupación por la salvación individual impidan que el grueso de los mexicanos se ocupen de la cosa pública, que no se movilicen para exigir y romper las inercias que nos impiden salir del círculo vicioso en que se ha convertido nuestro proceso político.
En relación con ese futuro inmediato hay varias incógnitas. El PRI, apoyado política y económicamente por sus 19 gobernadores va a tratar de negociar sus diferencias internas y preparar el camino de su candidato presidencial, que puede ser Enrique Peña Nieto pero también Beatriz Paredes o, incluso, Manlio Fabio Beltrones. El PAN, por su parte, va a tener que ocuparse de apoyar a su "jefe nato", a Felipe Calderón, que con esta derrota de mediados de sexenio corre el peligro de transformarse en un zombi político -un muerto viviente- que va a tener que hacer enormes concesiones a los priistas para negociar cualquier medida política fuera de la rutina e incluso la rutina misma. Si Fox trató de "cogobernar el cambio" con Roberto Madrazo, Felipe Calderón se verá obligado a "cogobernar la rutina" con las varias cabezas nacionales y locales del PRI y que buscarán dirigir la rutina como un largo preámbulo de su retorno a Palacio.
Desde la oposición de izquierda, lo importante será la medida en que el gran movimiento social que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logre afirmar y acrecentar sus raíces en el "México profundo". Para volver a la carga en 2012, el lopezobradorismo deberá aprender de sus errores políticos y de organización de seis años atrás. En cualquier caso, AMLO tendrá que enfrentar esa gran coalición de derecha que siempre preferirá el retorno del PRI a "Los Pinos" a cualquier intento por modificar la estructura social mexicana. Para los "poderes fácticos" el PRI en la Presidencia ofrece la seguridad que se desprende de una relación entre conocidos y, llegado el caso, volverá a intentar parar el movimiento social de AMLO "a como dé lugar".
En los tres años por venir, el choque entre las fuerzas políticas legales se puede y se debe conducir por los imperfectos canales institucionales que existen. Izquierda y derecha saben que cualquier otra ruta entraña enormes peligros. Sin embargo, hay una fuerza creciente que cada vez se muestra más desafiante de la precaria institucionalidad y que, ella sí, es efectivamente el gran peligro político para México. Se trata del crimen organizado, ése que un estudio norteamericano ya definió como "narcoinsurgencia" (El Universal, 5 de julio).
Cuando hace años se planteó con ánimo entre especulativo y socarrón la cuestión "1810, 1910, ¿2010?", nadie pensó que efectivamente en el aniversario del bicentenario y centenario del inicio de dos grandes movimientos armados que marcaron la historia mexicana el país estaría en medio de otra lucha entre las Fuerzas Armadas del gobierno por un lado y paramilitares fuertemente armados, financiados y organizados por los cárteles de la droga que desafían al orden establecido por medio de una eficaz combinación de corrupción y terror. Y lo peor es que no se vislumbra la salida militar o política de éste, nuestro laberinto del crimen organizado, construido a partir de decisiones tomadas hace decenios, justamente bajo los gobiernos priistas.
Conclusión
El resultado de las elecciones intermedias de 2009 abre la posibilidad de tener al pasado como futuro. Una parte de la sociedad mexicana simplemente pareciera haber desistido de su interés por el cambio vía una derecha dura que resultó tan corrupta como la del pasado pero más ineficaz y más alejada del ciudadano común. Los electores priistas se han resignado al "más vale malo por conocido que bueno por conocer" y buscan refugio en un tipo de política que si bien se ha caracterizado por el autoritarismo y la corrupción, ha ofrecido un mínimo de seguridad y "profesionalismo" en la gestión de lo público.
En estas condiciones, quien enfrenta el reto mayor es la izquierda real. Hoy y en los años por venir tendrá que enfrentar la oposición de la elite del poder -los grandes intereses creados- y el desaliento y desencanto de muchos mexicanos ante la oferta de un cambio de fondo. Sin embargo, ése es el camino que aún nos queda por intentar para superar la mediocridad e injusticia históricamente dominantes en nuestro país.
jueves, 9 de julio de 2009
jueves, 2 de julio de 2009
El voto nulo o consecuencias de la inconsecuencia
Por: LORENZO MEYER
El gran cambio político de 2000 -el hipotético inicio de la consolidación de la democracia electoral- ha resultado básicamente un hecho inconsecuente: nada realmente sustantivo ha cambiado en la dirección esperada. Al contrario, por lo que hace al sentido de rumbo, confianza, crecimiento económico, gobernabilidad, seguridad, combate a la corrupción, confianza en las instituciones, calidad de la educación y otros temas similares, estamos igual o peor que antes.
La inconsecuencia del supuesto parteaguas de 2000 ya tiene consecuencias; una de ellas es el rechazo activo de una parte de los ciudadanos a la clase política usando su boleta electoral este 5 de julio para negarle su apoyo a todos los partidos registrados y dejar constancia de su total inconformidad con la situación existente. El objetivo de depositar la boleta en blanco, anularla o votar por un candidato sin registro, es actuar dentro del marco institucional para hacer patente la ausencia de alternativas auténticas o, lo que es lo mismo, la falta de contenido real de la fórmula electoral. Se tratará, en cualquier caso, de un acto con claro contenido político aunque su significado está sujeto a su importancia cuantitativa.
Si el proceso político actual tuviera sentido -si el votante pudiera decidir entre programas realmente contrastantes y encarnados por políticos con carreras que confirmaran su honestidad y eficacia-, entonces el llamado a anular el voto, otorgarlo a un candidato sin registro o depositarlo en blanco, sería una estupidez, un sinsentido. Sin embargo, la innegable ineficacia, deshonestidad e impunidad de la actual clase política mexicana -existen excepciones notables, pero son pocas y sistemáticamente neutralizadas por la mayoría dominante-, es lo que hace que, pese a todo, el destino del voto de protesta sin referente partidista sea hoy el más digno y el menos malo de los posibles. Así de dañados nos encontramos.
Desde que en los 1980 se inició la insurgencia electoral mexicana, la parte más viva y emprendedora de la ciudadanía empezó a imaginar que el voto, hasta entonces un instrumento históricamente deleznable frente a las posibilidades de la violencia y la revolución, había modificado su naturaleza y por fin la vía pacífica podría llegar a tener sentido, a tener consecuencias. El descalabro que fue el fraude salinista de 1988 no acabó con este sentimiento de esperanza, aunque sí lo hizo más realista. En los 1990 un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos se entusiasmó con la posibilidad de estar viviendo y protagonizando un cambio histórico. Esta sensación de haber encontrado una razón de ser del ciudadano, alcanzó su cima con la expulsión pacífica del PRI de "Los Pinos" en el año 2000. Sin embargo, muy pronto una parte del electorado se vio obligada a llegar a la conclusión de que su esperanza había vuelto a naufragar, que la clase política volvía a estar por debajo de las circunstancias.
La razón de fondo de la actual desilusión ciudadana es el estancamiento e incluso el retroceso de lo que podría llamarse el proyecto mexicano. Y una de las fuentes de esa ausencia de horizontes es la incapacidad de los partidos de tomar en cuenta, de asumir como propios y transformar en políticas efectivas los intereses de la mayoría. Aunque los términos crisis y permanencia son, en principio, contradictorios, en muchos círculos domina la sensación que el país está sumergido en una "crisis permanente". Domina la sensación, por un lado, que en el último cuarto de siglo el desarrollo material del país se ha estancado y, por el otro, que una minoría abusiva ha prosperado de manera tan notoria que resulta obscena y, finalmente, que hay una relación de causalidad entre lo uno y lo otro.
Entre las razones más inmediatas y concretas del descontento prevalente está el sistema electoral. Las encuestas de opinión muestran que una mayoría de ciudadanos ve al sistema de partidos como un conjunto de organismos no confiables ni respetables. Desde la izquierda, el agravio es mayor por la negativa de las autoridades electorales, apoyadas por el grueso de los partidos y de los "poderes fácticos", de nulificar la elección de 2006 y ordenar su reposición como resultado de la interferencia ilegal y reconocida en el proceso electoral del presidente Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial. En el mismo sentido opera la negativa a proceder con el recuento de los sufragios para dar certeza a un resultado donde la diferencia entre el supuesto ganador y su rival más cercano fue de apenas medio punto porcentual y con muchos errores en las actas. La certidumbre de que en la actualidad los dados electorales están tan cargados como en el pasado, se afirma al ver que la composición de la directiva del IFE se integra, no con representantes de los ciudadanos sino de las dirigencias de los partidos o de feudos tan notables como el SNTE y que en el TEPJF sucede lo mismo.
Quienes ganaron en 2000 el control de las estructuras del poder político decidieron mantener la Presidencia en 2006 bajo la divisa de "haiga sido como haiga sido". Consideraron entonces que "Los Pinos" bien valía los costos que implicaba primero el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, luego una campaña electoral basada en el miedo y finalmente el desgaste de las instituciones electorales que hicieron de lado su supuesta neutralidad y privaron al proceso de su necesaria pulcritud y certidumbre en sus resultados.
En 2006 el tema de la legitimidad fue relegado a un plano secundario por los supuestos triunfadores de la contienda y lo mismo volvió a ocurrir en la lucha interna de un PRD ya muy polarizado por la derrota electoral. Sin embargo, es justamente ese tema de la legitimidad -de la ausencia de legitimidad en el sistema político- lo que ahora da sentido a la conducta de quienes rechazan al conjunto de los partidos y a sus políticas. Mediante ese rechazo se pretende desaprobar la naturaleza misma del poder imperante y poner la base de otro donde la legitimidad tenga posibilidades de ser lo que siempre debió ser: su columna vertebral.
El tema de la legitimidad política es fundamental en cualquier sociedad y época. Todo ejercicio del poder necesita justificarse a los ojos de aquellos que están sujetos a sus dictados. Max Weber identificó tres formas históricas básicas de autoridad legítima: la tradicional, la carismática y la legal-racional. En los estados modernos, esta última debe ser la dominante aunque no la única. Como bien lo señaló Seymour Martin Lipset -uno de los grandes politólogos del siglo XX- este tipo de legitimidad implica "que el sistema político imperante tiene la capacidad de engendrar y mantener la idea que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad en cuestión" (Political Man: The Social Bases of Politics, 1963). Sin embargo, es justamente eso lo que no sucede hoy en México: nuestra estructura institucional es cuestionada por muchos y, de nuevo, las encuestas lo prueban.
Y es que simplemente echando una mirada a lo que nos rodea, se llega a la conclusión que las instituciones, desde la Presidencia, pasando por la economía hasta llegar a las guarderías para niños de madres trabajadoras, están fallando de forma espectacular o trágica. Felipe Calderón pidió el voto definiéndose como "el presidente del empleo", pero con la caída de 8% del PIB lo que domina es el desempleo. La violencia relacionada con el crimen organizado no disminuye sino aumenta 67% respecto al mismo período que el año pasado. El director general de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito no ha vacilado en admitir que "México es un caso extraordinariamente violento y una situación sin par en el mundo" (El Universal, 25 y 30 de junio). Por su parte, el Banco Mundial, en su Indicador Global de Gobernabilidad 2009 reprobó a nuestro país en cuatro de los seis índices que lo forman: a) estabilidad política y ausencia de violencia, b) Estado de Derecho, c) rendición de cuentas y participación ciudadana y d) control de corrupción. Sólo lo aprobó, y no por mucho, en: a) calidad regulatoria (calidad de la burocracia) y b) efectividad de Gobierno, (Reforma, 30 de junio).
La próxima elección tendrá ganadores y perdedores formales. Sin embargo, los resultados de las urnas deberían de leerse e interpretarse a la luz de la abstención, de las diferentes modalidades del voto nulo y, sobre todo, de las fallas en la legitimidad del poder político como un todo.
El gran cambio político de 2000 -el hipotético inicio de la consolidación de la democracia electoral- ha resultado básicamente un hecho inconsecuente: nada realmente sustantivo ha cambiado en la dirección esperada. Al contrario, por lo que hace al sentido de rumbo, confianza, crecimiento económico, gobernabilidad, seguridad, combate a la corrupción, confianza en las instituciones, calidad de la educación y otros temas similares, estamos igual o peor que antes.
La inconsecuencia del supuesto parteaguas de 2000 ya tiene consecuencias; una de ellas es el rechazo activo de una parte de los ciudadanos a la clase política usando su boleta electoral este 5 de julio para negarle su apoyo a todos los partidos registrados y dejar constancia de su total inconformidad con la situación existente. El objetivo de depositar la boleta en blanco, anularla o votar por un candidato sin registro, es actuar dentro del marco institucional para hacer patente la ausencia de alternativas auténticas o, lo que es lo mismo, la falta de contenido real de la fórmula electoral. Se tratará, en cualquier caso, de un acto con claro contenido político aunque su significado está sujeto a su importancia cuantitativa.
Si el proceso político actual tuviera sentido -si el votante pudiera decidir entre programas realmente contrastantes y encarnados por políticos con carreras que confirmaran su honestidad y eficacia-, entonces el llamado a anular el voto, otorgarlo a un candidato sin registro o depositarlo en blanco, sería una estupidez, un sinsentido. Sin embargo, la innegable ineficacia, deshonestidad e impunidad de la actual clase política mexicana -existen excepciones notables, pero son pocas y sistemáticamente neutralizadas por la mayoría dominante-, es lo que hace que, pese a todo, el destino del voto de protesta sin referente partidista sea hoy el más digno y el menos malo de los posibles. Así de dañados nos encontramos.
Desde que en los 1980 se inició la insurgencia electoral mexicana, la parte más viva y emprendedora de la ciudadanía empezó a imaginar que el voto, hasta entonces un instrumento históricamente deleznable frente a las posibilidades de la violencia y la revolución, había modificado su naturaleza y por fin la vía pacífica podría llegar a tener sentido, a tener consecuencias. El descalabro que fue el fraude salinista de 1988 no acabó con este sentimiento de esperanza, aunque sí lo hizo más realista. En los 1990 un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos se entusiasmó con la posibilidad de estar viviendo y protagonizando un cambio histórico. Esta sensación de haber encontrado una razón de ser del ciudadano, alcanzó su cima con la expulsión pacífica del PRI de "Los Pinos" en el año 2000. Sin embargo, muy pronto una parte del electorado se vio obligada a llegar a la conclusión de que su esperanza había vuelto a naufragar, que la clase política volvía a estar por debajo de las circunstancias.
La razón de fondo de la actual desilusión ciudadana es el estancamiento e incluso el retroceso de lo que podría llamarse el proyecto mexicano. Y una de las fuentes de esa ausencia de horizontes es la incapacidad de los partidos de tomar en cuenta, de asumir como propios y transformar en políticas efectivas los intereses de la mayoría. Aunque los términos crisis y permanencia son, en principio, contradictorios, en muchos círculos domina la sensación que el país está sumergido en una "crisis permanente". Domina la sensación, por un lado, que en el último cuarto de siglo el desarrollo material del país se ha estancado y, por el otro, que una minoría abusiva ha prosperado de manera tan notoria que resulta obscena y, finalmente, que hay una relación de causalidad entre lo uno y lo otro.
Entre las razones más inmediatas y concretas del descontento prevalente está el sistema electoral. Las encuestas de opinión muestran que una mayoría de ciudadanos ve al sistema de partidos como un conjunto de organismos no confiables ni respetables. Desde la izquierda, el agravio es mayor por la negativa de las autoridades electorales, apoyadas por el grueso de los partidos y de los "poderes fácticos", de nulificar la elección de 2006 y ordenar su reposición como resultado de la interferencia ilegal y reconocida en el proceso electoral del presidente Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial. En el mismo sentido opera la negativa a proceder con el recuento de los sufragios para dar certeza a un resultado donde la diferencia entre el supuesto ganador y su rival más cercano fue de apenas medio punto porcentual y con muchos errores en las actas. La certidumbre de que en la actualidad los dados electorales están tan cargados como en el pasado, se afirma al ver que la composición de la directiva del IFE se integra, no con representantes de los ciudadanos sino de las dirigencias de los partidos o de feudos tan notables como el SNTE y que en el TEPJF sucede lo mismo.
Quienes ganaron en 2000 el control de las estructuras del poder político decidieron mantener la Presidencia en 2006 bajo la divisa de "haiga sido como haiga sido". Consideraron entonces que "Los Pinos" bien valía los costos que implicaba primero el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, luego una campaña electoral basada en el miedo y finalmente el desgaste de las instituciones electorales que hicieron de lado su supuesta neutralidad y privaron al proceso de su necesaria pulcritud y certidumbre en sus resultados.
En 2006 el tema de la legitimidad fue relegado a un plano secundario por los supuestos triunfadores de la contienda y lo mismo volvió a ocurrir en la lucha interna de un PRD ya muy polarizado por la derrota electoral. Sin embargo, es justamente ese tema de la legitimidad -de la ausencia de legitimidad en el sistema político- lo que ahora da sentido a la conducta de quienes rechazan al conjunto de los partidos y a sus políticas. Mediante ese rechazo se pretende desaprobar la naturaleza misma del poder imperante y poner la base de otro donde la legitimidad tenga posibilidades de ser lo que siempre debió ser: su columna vertebral.
El tema de la legitimidad política es fundamental en cualquier sociedad y época. Todo ejercicio del poder necesita justificarse a los ojos de aquellos que están sujetos a sus dictados. Max Weber identificó tres formas históricas básicas de autoridad legítima: la tradicional, la carismática y la legal-racional. En los estados modernos, esta última debe ser la dominante aunque no la única. Como bien lo señaló Seymour Martin Lipset -uno de los grandes politólogos del siglo XX- este tipo de legitimidad implica "que el sistema político imperante tiene la capacidad de engendrar y mantener la idea que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad en cuestión" (Political Man: The Social Bases of Politics, 1963). Sin embargo, es justamente eso lo que no sucede hoy en México: nuestra estructura institucional es cuestionada por muchos y, de nuevo, las encuestas lo prueban.
Y es que simplemente echando una mirada a lo que nos rodea, se llega a la conclusión que las instituciones, desde la Presidencia, pasando por la economía hasta llegar a las guarderías para niños de madres trabajadoras, están fallando de forma espectacular o trágica. Felipe Calderón pidió el voto definiéndose como "el presidente del empleo", pero con la caída de 8% del PIB lo que domina es el desempleo. La violencia relacionada con el crimen organizado no disminuye sino aumenta 67% respecto al mismo período que el año pasado. El director general de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito no ha vacilado en admitir que "México es un caso extraordinariamente violento y una situación sin par en el mundo" (El Universal, 25 y 30 de junio). Por su parte, el Banco Mundial, en su Indicador Global de Gobernabilidad 2009 reprobó a nuestro país en cuatro de los seis índices que lo forman: a) estabilidad política y ausencia de violencia, b) Estado de Derecho, c) rendición de cuentas y participación ciudadana y d) control de corrupción. Sólo lo aprobó, y no por mucho, en: a) calidad regulatoria (calidad de la burocracia) y b) efectividad de Gobierno, (Reforma, 30 de junio).
La próxima elección tendrá ganadores y perdedores formales. Sin embargo, los resultados de las urnas deberían de leerse e interpretarse a la luz de la abstención, de las diferentes modalidades del voto nulo y, sobre todo, de las fallas en la legitimidad del poder político como un todo.
jueves, 25 de junio de 2009
El foxismo-panismo ¿fase superior del priismo?
Por: LORENZO MEYER
"En Mexico el cambio ha sido más de forma que de contenido; aún no hay un régimen realmente nuevo"
. La interrogante o propuesta que da título a esta columna la formuló un colega, José Luis Reyna, el pasado día 19 en un seminario donde se presentaron los cuatro tomos que forman Una historia contemporánea de México, (Océano-Colegio de México, 2003-2009). La propuesta es una clara referencia a la famosa definición leninista del imperialismo como fase superior del capitalismo (1916). Obviamente, la caracterización de la naturaleza del actual sistema político mexicano como un tipo superior de priismo apela, en la forma, a nuestro sentido del humor, pero tiene un fondo muy serio.
Veamos más de cerca y con reflexión la definición sugerida por Reyna. Para empezar, supone, y con razón, que el foxismo no es sinónimo de panismo, y que pese a que han desembocado en lo mismo, para propósitos de análisis, conviene no subsumir al primero en el segundo. El foxismo fue una especie de populismo de derecha impulsado por el carisma de un personaje que se colgó del PAN para llegar al poder, pero que también requirió y obtuvo otros apoyos. Los "Amigos de Fox", por ejemplo, fueron parte fundamental del foxismo inicial y aunque se trató de una fuerza de derecha, resultaron ser distintos del panismo. Por otro lado, bajo el lema del "voto útil", Fox apeló con éxito a los votantes independientes e incluso a antipanistas y simpatizantes de la izquierda, deseosos todos de poner fin al largo monopolio priista como una condición necesaria para proceder a introducir a México al auténtico pluralismo democrático. Con Felipe Calderón el elemento carismático desapareció por entero y ya fue el PAN propiamente dicho -el PAN duro- la fuerza que llegó a la Presidencia. Ahora bien, ese PAN que sustituyó al foxismo poco tenía que ver ya con el original, con el de Manuel Gómez Morín y sus "místicos del voto". El panismo contemporáneo, al que encarnan, además de Calderón, personajes como Diego Fernández de Cevallos y Germán Martínez, lo mismo que Manuel Espino o el desaparecido Juan Camilo Mouriño, es uno ya transformado por las "concertacesiones" con el Gobierno de Carlos Salinas en los 1990 así como por el ejercicio del poder. Se trata de un partido que ha aprendido bien y a fondo cómo y para qué negociar con los priistas desde la Oposición primero y desde el poder después y que, en el proceso, se fue haciendo cada vez más parecido al PRI.
En el capítulo publicado por Reyna en el tomo 3 de Una historia contemporánea de México -"El sistema político: cambios y vicisitudes"- se muestra que desde hace ya algunos años nuestro país cuenta con las condiciones mínimas necesarias para avanzar en la construcción de una efectiva democracia política, pero que para empezar a andar ese camino con paso firme es necesario -en realidad indispensable- proceder a desmantelar la vieja estructura autoritaria. Sin embargo, eso es justamente lo que no ha sucedido.
El foxismo y el panismo llevan ya más de ocho años ejerciendo el poder desde la Presidencia, en varios estados y un buen número de municipios, pero ni uno ni otro han mostrado auténtica disposición a abatir el viejo arreglo. Al contrario, lo encontraron conveniente a punto que más bien pareciera que el proyecto de ambos -y esta es su coincidencia fundamental- es remozarlo por la vía de la alternancia entre PRI y PAN y de un cambio en el discurso, pero sin tocar el arreglo fundamental, el heredado, salvo por lo que toca al viejo arreglo del PRI con el narcotráfico. En enero de 1989 Salinas buscó "ganar la Presidencia desde la Presidencia": usar al Ejército para dar un golpe espectacular a un viejo cacicazgo sindical -el petrolero- para luego volverlo a recrear a su imagen y semejanza. Calderón decidió hacer algo parecido en diciembre de 2006, pero de una manera mucho más arriesgada: usar al Ejército para declararle "la guerra" al narcotráfico; la moneda calderonista aún está en el aire pues en su caso no ha logrado el equivalente del "Quinazo".
. Hoy ya no vivimos bajo el signo de un "sistema de partido" sino que tenemos un sistema de partidos, cuya forma no es muy distinta de la que es común en muchas democracias efectivas: dos partidos grandes, uno mediano y cinco pequeños más algunos regionales. Como consecuencia de ese cambio, se modificó de manera sustantiva la característica distintiva del viejo régimen priista: la gran concentración del poder en manos del presidente. Esta transformación se inició en la fase final del priismo clásico. Como bien lo muestran Rogelio Hernández, Luisa Béjar o Arturo Alvarado, en otros tantos capítulos de la obra sobre el México contemporáneo ya citada, y que fijan la atención en los cambios en las arenas de los partidos, los gobiernos estatales, el federalismo, los congresos y los municipios. Las reformas administrativas y los cambios económicos de los 1980 y 1990 fueron el arranque de la migración de una parte del poder histórico de la presidencia hacia los partidos, gobiernos estatales, municipales y los congresos.
Ahora bien ¿esas modificaciones de las formas en el ejercicio del poder han significado, también, un cambio en sus contenidos? Aquí la respuesta tiene que ser: no mucho. El sistema electoral está lejos de ser transparente y sin manipulación. En un buen número de estados, el PRI sigue aumentando cuentas a su rosario de años de dominio ininterrumpido sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial: en Veracruz, Puebla, Estado de México, Oaxaca y muchos más, ese monopolio ya ha cumplido ochenta años y va por más. La relación entre el Gobierno Federal y los grandes cacicazgos sindicales -SNTE, STPRM, CTM- es hoy tan estrecha o más que en la época priista. La muy buena asociación que el priismo post revolucionario estableció con el gran capital fue reforzada durante el salinismo y hoy se mantiene a ese nivel, no en balde, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial rompió en el 2006 la legalidad con tal de apoyar de manera efectiva a Felipe Calderón en el momento electoral crucial.
La corrupción es un campo donde se esperaba un cambio natural y sustantivo al ocurrir la transferencia de poder del priismo al foxismo-panismo, pero no fue el caso. Desde la persistencia de monopolios o cuasi monopolios a pesar de su prohibición constitucional hasta el tráfico de influencias, los contratos inflados entre Gobierno y proveedores pasando por las tristemente célebres subrogaciones sin control efectivo y la omnipresente cooptación de autoridades por el crimen organizado, el lavado de dinero o la trata de personas. Y la lista puede seguir.
La impunidad, característica central del régimen autoritario priista, era otra de las arenas donde se suponía que era posible y obligado el cambio de fondo. Sin embargo, ningún "pez gordo" cayó durante el foxismo ni después. Obviamente el respeto a los derechos humanos fue letra muerte en el régimen que nos dio la "Federal de Seguridad", el 68 y el 71 -entre otros- y que se empeñó en "guerras sucias" contra sus enemigos armados, desde los cristeros hasta los neozapatistas. Sin embargo, la situación no ha cambiado mucho desde el año 2000 hasta nuestros días, como lo demuestran las acciones y juicios injustos contra dirigentes de la APPO o de Atenco o con activistas como Lydia Cacho.
El campo más importante en la medición de los efectos del juego político en el mundo del ciudadano promedio, es el social, el de la distribución de los costos y los beneficios de las actividades productivas. Echando mano de los cálculos sobre la distribución del ingreso monetario en los hogares mexicanos elaborados por Gerardo Esquivel -"The Dynamics of Income Inequality in Mexico since NAFTA" (PNUD, 2009)-, se puede constatar que la desigualdad social se acentuó en nuestro país a partir de la crisis del modelo económico a inicios de los años ochenta del siglo pasado y que luego disminuyó, pero sólo para volver a tener casi la misma forma que cuando el priismo clásico entró en crisis al final del Gobierno de José López Portillo. Veamos las cifras; en 1984 el ingreso del 10% de los hogares más ricos equivalía a 31.9 veces el del 10% de los más pobres, pero en 1998 la cifra aumentó a ¡54.8 veces! Ahora bien, para el final del foxismo, en 2006, ese 10% de los hogares más afortunados disponían de un ingreso "sólo" 34.3 veces mayor que el del 10% de los más pobres. Esto significa que, en materia de distribución del ingreso, tras un periplo de más de veinte años, apenas si logramos retornar a donde estábamos en la etapa final del priismo clásico. Recordando un título de Shakespeare, el cambio político en México pareciera haber sido "mucho ruido y pocas nueces".
"En Mexico el cambio ha sido más de forma que de contenido; aún no hay un régimen realmente nuevo"
. La interrogante o propuesta que da título a esta columna la formuló un colega, José Luis Reyna, el pasado día 19 en un seminario donde se presentaron los cuatro tomos que forman Una historia contemporánea de México, (Océano-Colegio de México, 2003-2009). La propuesta es una clara referencia a la famosa definición leninista del imperialismo como fase superior del capitalismo (1916). Obviamente, la caracterización de la naturaleza del actual sistema político mexicano como un tipo superior de priismo apela, en la forma, a nuestro sentido del humor, pero tiene un fondo muy serio.
Veamos más de cerca y con reflexión la definición sugerida por Reyna. Para empezar, supone, y con razón, que el foxismo no es sinónimo de panismo, y que pese a que han desembocado en lo mismo, para propósitos de análisis, conviene no subsumir al primero en el segundo. El foxismo fue una especie de populismo de derecha impulsado por el carisma de un personaje que se colgó del PAN para llegar al poder, pero que también requirió y obtuvo otros apoyos. Los "Amigos de Fox", por ejemplo, fueron parte fundamental del foxismo inicial y aunque se trató de una fuerza de derecha, resultaron ser distintos del panismo. Por otro lado, bajo el lema del "voto útil", Fox apeló con éxito a los votantes independientes e incluso a antipanistas y simpatizantes de la izquierda, deseosos todos de poner fin al largo monopolio priista como una condición necesaria para proceder a introducir a México al auténtico pluralismo democrático. Con Felipe Calderón el elemento carismático desapareció por entero y ya fue el PAN propiamente dicho -el PAN duro- la fuerza que llegó a la Presidencia. Ahora bien, ese PAN que sustituyó al foxismo poco tenía que ver ya con el original, con el de Manuel Gómez Morín y sus "místicos del voto". El panismo contemporáneo, al que encarnan, además de Calderón, personajes como Diego Fernández de Cevallos y Germán Martínez, lo mismo que Manuel Espino o el desaparecido Juan Camilo Mouriño, es uno ya transformado por las "concertacesiones" con el Gobierno de Carlos Salinas en los 1990 así como por el ejercicio del poder. Se trata de un partido que ha aprendido bien y a fondo cómo y para qué negociar con los priistas desde la Oposición primero y desde el poder después y que, en el proceso, se fue haciendo cada vez más parecido al PRI.
En el capítulo publicado por Reyna en el tomo 3 de Una historia contemporánea de México -"El sistema político: cambios y vicisitudes"- se muestra que desde hace ya algunos años nuestro país cuenta con las condiciones mínimas necesarias para avanzar en la construcción de una efectiva democracia política, pero que para empezar a andar ese camino con paso firme es necesario -en realidad indispensable- proceder a desmantelar la vieja estructura autoritaria. Sin embargo, eso es justamente lo que no ha sucedido.
El foxismo y el panismo llevan ya más de ocho años ejerciendo el poder desde la Presidencia, en varios estados y un buen número de municipios, pero ni uno ni otro han mostrado auténtica disposición a abatir el viejo arreglo. Al contrario, lo encontraron conveniente a punto que más bien pareciera que el proyecto de ambos -y esta es su coincidencia fundamental- es remozarlo por la vía de la alternancia entre PRI y PAN y de un cambio en el discurso, pero sin tocar el arreglo fundamental, el heredado, salvo por lo que toca al viejo arreglo del PRI con el narcotráfico. En enero de 1989 Salinas buscó "ganar la Presidencia desde la Presidencia": usar al Ejército para dar un golpe espectacular a un viejo cacicazgo sindical -el petrolero- para luego volverlo a recrear a su imagen y semejanza. Calderón decidió hacer algo parecido en diciembre de 2006, pero de una manera mucho más arriesgada: usar al Ejército para declararle "la guerra" al narcotráfico; la moneda calderonista aún está en el aire pues en su caso no ha logrado el equivalente del "Quinazo".
. Hoy ya no vivimos bajo el signo de un "sistema de partido" sino que tenemos un sistema de partidos, cuya forma no es muy distinta de la que es común en muchas democracias efectivas: dos partidos grandes, uno mediano y cinco pequeños más algunos regionales. Como consecuencia de ese cambio, se modificó de manera sustantiva la característica distintiva del viejo régimen priista: la gran concentración del poder en manos del presidente. Esta transformación se inició en la fase final del priismo clásico. Como bien lo muestran Rogelio Hernández, Luisa Béjar o Arturo Alvarado, en otros tantos capítulos de la obra sobre el México contemporáneo ya citada, y que fijan la atención en los cambios en las arenas de los partidos, los gobiernos estatales, el federalismo, los congresos y los municipios. Las reformas administrativas y los cambios económicos de los 1980 y 1990 fueron el arranque de la migración de una parte del poder histórico de la presidencia hacia los partidos, gobiernos estatales, municipales y los congresos.
Ahora bien ¿esas modificaciones de las formas en el ejercicio del poder han significado, también, un cambio en sus contenidos? Aquí la respuesta tiene que ser: no mucho. El sistema electoral está lejos de ser transparente y sin manipulación. En un buen número de estados, el PRI sigue aumentando cuentas a su rosario de años de dominio ininterrumpido sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial: en Veracruz, Puebla, Estado de México, Oaxaca y muchos más, ese monopolio ya ha cumplido ochenta años y va por más. La relación entre el Gobierno Federal y los grandes cacicazgos sindicales -SNTE, STPRM, CTM- es hoy tan estrecha o más que en la época priista. La muy buena asociación que el priismo post revolucionario estableció con el gran capital fue reforzada durante el salinismo y hoy se mantiene a ese nivel, no en balde, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial rompió en el 2006 la legalidad con tal de apoyar de manera efectiva a Felipe Calderón en el momento electoral crucial.
La corrupción es un campo donde se esperaba un cambio natural y sustantivo al ocurrir la transferencia de poder del priismo al foxismo-panismo, pero no fue el caso. Desde la persistencia de monopolios o cuasi monopolios a pesar de su prohibición constitucional hasta el tráfico de influencias, los contratos inflados entre Gobierno y proveedores pasando por las tristemente célebres subrogaciones sin control efectivo y la omnipresente cooptación de autoridades por el crimen organizado, el lavado de dinero o la trata de personas. Y la lista puede seguir.
La impunidad, característica central del régimen autoritario priista, era otra de las arenas donde se suponía que era posible y obligado el cambio de fondo. Sin embargo, ningún "pez gordo" cayó durante el foxismo ni después. Obviamente el respeto a los derechos humanos fue letra muerte en el régimen que nos dio la "Federal de Seguridad", el 68 y el 71 -entre otros- y que se empeñó en "guerras sucias" contra sus enemigos armados, desde los cristeros hasta los neozapatistas. Sin embargo, la situación no ha cambiado mucho desde el año 2000 hasta nuestros días, como lo demuestran las acciones y juicios injustos contra dirigentes de la APPO o de Atenco o con activistas como Lydia Cacho.
El campo más importante en la medición de los efectos del juego político en el mundo del ciudadano promedio, es el social, el de la distribución de los costos y los beneficios de las actividades productivas. Echando mano de los cálculos sobre la distribución del ingreso monetario en los hogares mexicanos elaborados por Gerardo Esquivel -"The Dynamics of Income Inequality in Mexico since NAFTA" (PNUD, 2009)-, se puede constatar que la desigualdad social se acentuó en nuestro país a partir de la crisis del modelo económico a inicios de los años ochenta del siglo pasado y que luego disminuyó, pero sólo para volver a tener casi la misma forma que cuando el priismo clásico entró en crisis al final del Gobierno de José López Portillo. Veamos las cifras; en 1984 el ingreso del 10% de los hogares más ricos equivalía a 31.9 veces el del 10% de los más pobres, pero en 1998 la cifra aumentó a ¡54.8 veces! Ahora bien, para el final del foxismo, en 2006, ese 10% de los hogares más afortunados disponían de un ingreso "sólo" 34.3 veces mayor que el del 10% de los más pobres. Esto significa que, en materia de distribución del ingreso, tras un periplo de más de veinte años, apenas si logramos retornar a donde estábamos en la etapa final del priismo clásico. Recordando un título de Shakespeare, el cambio político en México pareciera haber sido "mucho ruido y pocas nueces".
jueves, 18 de junio de 2009
Fallido
Por: LORENZO MEYER
"Lo que ha fallado no es sólo el Estado, sino el régimen y el proyecto mismo que da sentido a la comunidad nacional"
. Es obvio que han estado fallando de manera sistemática, muchas cosas en México. De seguir por donde vamos, el resultado es tan predecible como inaceptable: una nueva pérdida de la oportunidad histórica, al estilo de lo ocurrido entre los 1810 y los 1870. Indicadores del mal camino que llevamos, sobran.
La guerra contra el crimen organizado es hoy el centro de la agenda del Gobierno, pero cada vez más el conflicto se parece en su desarrollo al que hace ochenta años tuvieron el Gobierno y los cristeros: ninguno de los bandos pudo imponerse de manera contundente y al final todo quedó como al inicio, sólo que con un montón de horrores y vidas segadas.
A partir de 1994, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte aumentó notablemente las exportaciones mexicanas, pero no hizo crecer mucho a la economía en su conjunto y finalmente no pudo evitar la desindustrialización del país: hoy México es, en términos relativos, un país menos industrializado de lo que era hace veinte años. Y lo que es peor, en el último cuarto de siglo el crecimiento real del PIB es de los más bajos en América Latina y este año puede caer entre 6% y 8%. Desde fines de los 1970 el país dejó de reservar para sí su petróleo y volvió a ser proveedor para el exterior de un recurso natural estratégico y no renovable. Pero esa exportación sólo se ha traducido en gasto burocrático, en paliativos de los efectos de la pobreza y, sobre todo, en sustituto de una reforma fiscal auténtica. La renta petrolera no ha dejado inversiones significativas para el bienestar futuro del grueso de los mexicanos. La privatización y subrogación de los servicios del Estado han desembocado en monopolización o disminución de la calidad de esos servicios a la vez que la supuesta lógica del mercado -objetivo teórico del proceso-, se ha visto distorsionada por los efectos de la corrupción.
La democracia electoral tiene apenas nueve años de funcionar, consume recursos fiscales excesivos y ya está sumida en una crisis de credibilidad. Existe un sistema de partidos, pero sus componentes, hinchados de dinero público, naufragan en un mar de ilegitimidad proveniente de su ineficacia, alto costo y falta de representatividad. La importancia que ha adquirido en las últimas semanas una campaña a favor del voto en blanco, nulo o por candidatos sin registro, es la medida de la desilusión ciudadana, en particular de los jóvenes, con los partidos y la clase política. Y la lista de indicadores del mal rumbo que lleva el país, se puede alargar.
. ¿En qué plano se encuentra la acumulación de elementos que componen lo fallido del México actual? ¿En el de la clase política, del Gobierno, del régimen, del Estado o de plano del proyecto nacional mismo? En realidad, todo apunta a una bancarrota sistémica y que, por tanto, abarca todos los niveles mencionados.
El proyecto nacional, es decir el conjunto de grandes ideas motrices que le dan sentido histórico a la comunidad nacional, a la acción cotidiana de ciudadanos, líderes e instituciones, simplemente no existe. Nadie lo ha reformulado de manera efectiva después del rápido fracaso del neoliberalismo salinista que, a su vez, no fue otra cosa que diluir y subordinar el proyecto mexicano al norteamericano. El dejar que en una sociedad terriblemente desigual, las supuestas fuerzas impersonales del mercado global decidan quién, dónde, cuándo y cómo se distribuyan, se inviertan o se consuman los recursos económicos, ha sido el equivalente a abandonar, en beneficio de unos cuantos, la aspiración histórica colectiva de un desarrollo justo y con autonomía.
Sin un proyecto propio y efectivo de largo plazo, el régimen político ha quedado un tanto a la deriva. Por régimen se entiende aquí el conjunto de valores e instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder. Se supone que vivimos en un régimen presidencial y democrático. Sin embargo, un poder caciquil sindical como el de Elba Esther Gordillo y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hacen cargo lo mismo de la Secretaría de Educación y de su política educativa, que del ISSSTE o de la Lotería Nacional. Justamente por transferencias de poder como ésta, queda claro que son poderes fácticos y no la Presidencia quienes definen al régimen. Igualmente, al declarar Felipe Calderón en 2006 que "haiga sido como haiga sido" él ganó la contienda presidencial, se hace patente que no son ya los valores democráticos los que hacen latir el corazón del régimen. Y qué decir de las instituciones y la democracia si en una elección tan cerrada como la de 2006 el IFE se negó a recontar los votos a pesar de que las inconsistencias en las boletas electorales arrojaron un número mayor que la diferencia oficial de votos recibidos por Calderón y su rival, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, que también entra en esta descomposición institucional el Tribunal Electoral, que por un lado reconoció la falta grave en materia de imparcialidad del presidente Vicente Fox en 2006, pero acto seguido se declaró incapaz de encontrar remedio a una falla que reconoció mayúscula.
La situación está igualmente malograda por lo que se refiere al Estado mismo, es decir, al conjunto de instituciones que dentro de un territorio delimitado organizan la dominación, en nombre del interés general, y con el respaldo que les da su control sobre los medios de la violencia. Por un lado, el Ejército -el centro del monopolio estatal de la supuesta "violencia legítima"- se encuentra una y otra vez en lucha abierta con policías locales como resultado del enorme poder de corrupción que ejerce el crimen organizado. Un resultado de ésa y otras contradicciones que impiden al Estado enfrentar con eficacia a los productores de la "renta criminal", es que un líder político del municipio más rico del país y miembro de la élite del poder de Nuevo León -Mauricio Fernández Garza candidato panista a la alcaldía de San Pedro Garza García- admitió hace poco ante un grupo de sus pares, que la clave para mantener la tranquilidad en zonas como la que él pretende gobernar, no está en la acción de las instituciones del Estado sino en llegar a un acuerdo con los grupos criminales que, de tiempo atrás, ya viven en medio de las clases poderosas y también demandan zonas de tranquilidad para sus familias: los narcotraficantes, (El Universal con datos de Reporte Índigo, 12 de junio).
En un largo reportaje aparecido en Le Monde diplomatique, México (junio), David González y Jean-Francois Boyer documentan la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de los periodistas de Tamaulipas, los cuales simplemente no pueden publicar nada que disguste a los dirigentes del Cártel del Golfo, al punto que la prensa local ha eliminado de su vocabulario términos como "Cártel del Golfo", "Zetas" o "crimen organizado" para no irritar a los aludidos. La Ley que impera en ese estado ya no es la del Estado Mexicano ni la del "Estado Libre y Soberano de Tamaulipas" sino aquélla impuesta por los narcotraficantes que, entre 2000 y 2009 han asesinado entre nueve y once comunicadores, dependiendo de la fuente consultada.
Como sea, actualmente el crimen organizado es tan organizado en Tamaulipas, que ya cuenta con un representante dentro de casi todos los periódicos locales y ese personaje es consultado por el editor al momento de decidir si una noticia se debe o no publicar. En temas de narcotráfico, la censura sobre la prensa tamaulipeca es hoy tan o más efectiva que esa que ejercía Gobernación o los gobernadores en materia política en la época del supuesto "antiguo régimen" el autoritario priista. Como bien lo señalara en Nuevo León, Mauricio Fernández, si se quiere vivir en paz en Tamaulipas, el ciudadano no debe obedecer tanto a la autoridad formal sino a esa que cada vez gana más espacios: a "La Compañía", que es como los narcos exigen que se les llame en ese estado.
. La mediocridad material y espiritual que hoy caracteriza a nuestro país es lo que le da el tono de marcado desánimo a la época.
La cortedad de miras y corrupción de la clase política, la mediocridad de la élite del poder, nos hizo perder la oportunidad de renovación que se abrió con el cambio político de 2000 y eso condujo al desánimo de hoy. Ningún dedo de Dios escribió nuestro destino. Estamos obligados a demostrarnos que no nos merecemos el sistema de autoridad que tenemos, a repensar de manera radical nuestro modelo de desarrollo y hacer de nuestro siguiente encuentro fundamental con las urnas, que ya no puede ser el de ahora sino el de 2012, la nueva gran oportunidad de cambiar de dirigentes y rumbo. De lo contrario el fracaso se convertirá en crónico.
"Lo que ha fallado no es sólo el Estado, sino el régimen y el proyecto mismo que da sentido a la comunidad nacional"
. Es obvio que han estado fallando de manera sistemática, muchas cosas en México. De seguir por donde vamos, el resultado es tan predecible como inaceptable: una nueva pérdida de la oportunidad histórica, al estilo de lo ocurrido entre los 1810 y los 1870. Indicadores del mal camino que llevamos, sobran.
La guerra contra el crimen organizado es hoy el centro de la agenda del Gobierno, pero cada vez más el conflicto se parece en su desarrollo al que hace ochenta años tuvieron el Gobierno y los cristeros: ninguno de los bandos pudo imponerse de manera contundente y al final todo quedó como al inicio, sólo que con un montón de horrores y vidas segadas.
A partir de 1994, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte aumentó notablemente las exportaciones mexicanas, pero no hizo crecer mucho a la economía en su conjunto y finalmente no pudo evitar la desindustrialización del país: hoy México es, en términos relativos, un país menos industrializado de lo que era hace veinte años. Y lo que es peor, en el último cuarto de siglo el crecimiento real del PIB es de los más bajos en América Latina y este año puede caer entre 6% y 8%. Desde fines de los 1970 el país dejó de reservar para sí su petróleo y volvió a ser proveedor para el exterior de un recurso natural estratégico y no renovable. Pero esa exportación sólo se ha traducido en gasto burocrático, en paliativos de los efectos de la pobreza y, sobre todo, en sustituto de una reforma fiscal auténtica. La renta petrolera no ha dejado inversiones significativas para el bienestar futuro del grueso de los mexicanos. La privatización y subrogación de los servicios del Estado han desembocado en monopolización o disminución de la calidad de esos servicios a la vez que la supuesta lógica del mercado -objetivo teórico del proceso-, se ha visto distorsionada por los efectos de la corrupción.
La democracia electoral tiene apenas nueve años de funcionar, consume recursos fiscales excesivos y ya está sumida en una crisis de credibilidad. Existe un sistema de partidos, pero sus componentes, hinchados de dinero público, naufragan en un mar de ilegitimidad proveniente de su ineficacia, alto costo y falta de representatividad. La importancia que ha adquirido en las últimas semanas una campaña a favor del voto en blanco, nulo o por candidatos sin registro, es la medida de la desilusión ciudadana, en particular de los jóvenes, con los partidos y la clase política. Y la lista de indicadores del mal rumbo que lleva el país, se puede alargar.
. ¿En qué plano se encuentra la acumulación de elementos que componen lo fallido del México actual? ¿En el de la clase política, del Gobierno, del régimen, del Estado o de plano del proyecto nacional mismo? En realidad, todo apunta a una bancarrota sistémica y que, por tanto, abarca todos los niveles mencionados.
El proyecto nacional, es decir el conjunto de grandes ideas motrices que le dan sentido histórico a la comunidad nacional, a la acción cotidiana de ciudadanos, líderes e instituciones, simplemente no existe. Nadie lo ha reformulado de manera efectiva después del rápido fracaso del neoliberalismo salinista que, a su vez, no fue otra cosa que diluir y subordinar el proyecto mexicano al norteamericano. El dejar que en una sociedad terriblemente desigual, las supuestas fuerzas impersonales del mercado global decidan quién, dónde, cuándo y cómo se distribuyan, se inviertan o se consuman los recursos económicos, ha sido el equivalente a abandonar, en beneficio de unos cuantos, la aspiración histórica colectiva de un desarrollo justo y con autonomía.
Sin un proyecto propio y efectivo de largo plazo, el régimen político ha quedado un tanto a la deriva. Por régimen se entiende aquí el conjunto de valores e instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder. Se supone que vivimos en un régimen presidencial y democrático. Sin embargo, un poder caciquil sindical como el de Elba Esther Gordillo y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hacen cargo lo mismo de la Secretaría de Educación y de su política educativa, que del ISSSTE o de la Lotería Nacional. Justamente por transferencias de poder como ésta, queda claro que son poderes fácticos y no la Presidencia quienes definen al régimen. Igualmente, al declarar Felipe Calderón en 2006 que "haiga sido como haiga sido" él ganó la contienda presidencial, se hace patente que no son ya los valores democráticos los que hacen latir el corazón del régimen. Y qué decir de las instituciones y la democracia si en una elección tan cerrada como la de 2006 el IFE se negó a recontar los votos a pesar de que las inconsistencias en las boletas electorales arrojaron un número mayor que la diferencia oficial de votos recibidos por Calderón y su rival, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, que también entra en esta descomposición institucional el Tribunal Electoral, que por un lado reconoció la falta grave en materia de imparcialidad del presidente Vicente Fox en 2006, pero acto seguido se declaró incapaz de encontrar remedio a una falla que reconoció mayúscula.
La situación está igualmente malograda por lo que se refiere al Estado mismo, es decir, al conjunto de instituciones que dentro de un territorio delimitado organizan la dominación, en nombre del interés general, y con el respaldo que les da su control sobre los medios de la violencia. Por un lado, el Ejército -el centro del monopolio estatal de la supuesta "violencia legítima"- se encuentra una y otra vez en lucha abierta con policías locales como resultado del enorme poder de corrupción que ejerce el crimen organizado. Un resultado de ésa y otras contradicciones que impiden al Estado enfrentar con eficacia a los productores de la "renta criminal", es que un líder político del municipio más rico del país y miembro de la élite del poder de Nuevo León -Mauricio Fernández Garza candidato panista a la alcaldía de San Pedro Garza García- admitió hace poco ante un grupo de sus pares, que la clave para mantener la tranquilidad en zonas como la que él pretende gobernar, no está en la acción de las instituciones del Estado sino en llegar a un acuerdo con los grupos criminales que, de tiempo atrás, ya viven en medio de las clases poderosas y también demandan zonas de tranquilidad para sus familias: los narcotraficantes, (El Universal con datos de Reporte Índigo, 12 de junio).
En un largo reportaje aparecido en Le Monde diplomatique, México (junio), David González y Jean-Francois Boyer documentan la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de los periodistas de Tamaulipas, los cuales simplemente no pueden publicar nada que disguste a los dirigentes del Cártel del Golfo, al punto que la prensa local ha eliminado de su vocabulario términos como "Cártel del Golfo", "Zetas" o "crimen organizado" para no irritar a los aludidos. La Ley que impera en ese estado ya no es la del Estado Mexicano ni la del "Estado Libre y Soberano de Tamaulipas" sino aquélla impuesta por los narcotraficantes que, entre 2000 y 2009 han asesinado entre nueve y once comunicadores, dependiendo de la fuente consultada.
Como sea, actualmente el crimen organizado es tan organizado en Tamaulipas, que ya cuenta con un representante dentro de casi todos los periódicos locales y ese personaje es consultado por el editor al momento de decidir si una noticia se debe o no publicar. En temas de narcotráfico, la censura sobre la prensa tamaulipeca es hoy tan o más efectiva que esa que ejercía Gobernación o los gobernadores en materia política en la época del supuesto "antiguo régimen" el autoritario priista. Como bien lo señalara en Nuevo León, Mauricio Fernández, si se quiere vivir en paz en Tamaulipas, el ciudadano no debe obedecer tanto a la autoridad formal sino a esa que cada vez gana más espacios: a "La Compañía", que es como los narcos exigen que se les llame en ese estado.
. La mediocridad material y espiritual que hoy caracteriza a nuestro país es lo que le da el tono de marcado desánimo a la época.
La cortedad de miras y corrupción de la clase política, la mediocridad de la élite del poder, nos hizo perder la oportunidad de renovación que se abrió con el cambio político de 2000 y eso condujo al desánimo de hoy. Ningún dedo de Dios escribió nuestro destino. Estamos obligados a demostrarnos que no nos merecemos el sistema de autoridad que tenemos, a repensar de manera radical nuestro modelo de desarrollo y hacer de nuestro siguiente encuentro fundamental con las urnas, que ya no puede ser el de ahora sino el de 2012, la nueva gran oportunidad de cambiar de dirigentes y rumbo. De lo contrario el fracaso se convertirá en crónico.
jueves, 11 de junio de 2009
El voto sin partido o cómo usar la crisis
Por: LORENZO MEYER
Se va a echar de menos la presencia de Javier Wimer
. Una buena razón para ir a las urnas el próximo mes, pero sin darle el voto a un partido, la resume un titular: "La clase política contra el voto nulo. Las dirigencias partidistas califican de peligroso el sufragio en blanco" (El Universal, 5 de julio). Para aquellos ciudadanos más que insatisfechos con la actual clase política y sus partidos -de todos sus partidos-, la irritación de la élite del poder -políticos, empresarios, Iglesia Católica, etc.- ante la idea de anular el voto o mejor aún, dárselo a un personaje sin registro usando para ello la casilla en blanco de las boletas, es todo un incentivo para seguir adelante con ese propósito. . El título de esta columna está inspirado en una propuesta que se le atribuye a Rahm Emanuel, el astuto y realista Jefe de Gabinete del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La gran crisis económica y política que Obama heredó de la Administración de George W. Bush, dentro de la calamidad que era, tenía un lado bueno: facilitaba reencauzar el desarrollo general del país. El estado de emergencia económica, el fracaso de la invasión de Irak y el triunfo electoral de los demócratas habían destruido buena parte de los argumentos y capacidades de las fuerzas conservadoras que se oponían a una reestructuración a fondo del sector financiero, a un cambio en el unilateralismo que dominaba a la política exterior de Washington, a proteger de manera efectiva al medio ambiente, a una redistribución más justa del ingreso, a una mejora a fondo del sistema educativo, a un mayor gasto en ciencia y tecnología, etcétera. Así, la crisis era o podía ser la vía para deshacerse de lo malhecho e iniciar su reconstrucción. . En términos relativos, en México tenemos una crisis más profunda que la norteamericana. Nuestra crisis general lleva decenios y se compone de una gama de atolladeros sin salida fácil, de fracasos rotundos. Para empezar está el económico, que lleva ya un cuarto de siglo y que, a su vez, puede subdividirse en laboral, financiero, industrial, agrícola, fiscal, turístico, etcétera; seguido por el de seguridad, de representación política, de impartición de justicia, el educativo y finalmente, englobándolos y resultado de todos, el atasco moral.
Lo mismo las encuestas que la experiencia individual, muestran que en el México actual hay una buena cantidad de ciudadanos insatisfechos -algunos muy insatisfechos-, con el estado que guarda nuestra vida pública, que se sienten encolerizados por la persistencia de la corrupción a todos los niveles, desde la ventanilla hasta la presidencia, defraudados por la forma en que se llevó a cabo la última elección presidencial, burlados por el comportamiento de cada uno de los partidos políticos y por la no representatividad del sistema en su conjunto, decepcionados con todas y cada una de las instituciones que se supone regulan la vida partidaria y defienden la legalidad del voto -IFE, Trife, FEPADE, los institutos electorales estatales-, irritados con la forma en que se comportan los supuestos representantes populares -los legisladores locales y federales-, desesperados por la ineficacia de las burocracias, temerosos y contrariados por la imposibilidad de contar con una adecuada protección policiaca, desalentados por la ausencia de un proyecto nacional y por la pérdida de oportunidades al tiempo que países como China, India o Brasil, parecen dirigirse con confianza a un mejor futuro. Todo este conjunto de inconformidades y más, caracterizan la crisis actual mexicana.
Para hacer de una gran crisis una gran oportunidad de reconstrucción se necesita lo que hoy tiene Estados Unidos, pero de lo que México carece: un liderazgo con poder, con un gran proyecto, con una visión generosa, con enorme legitimidad, respaldado por un Gabinete seleccionado de entre los mejores y por un partido -el Demócrata- que ganó claramente la mayoría en las urnas y no como resultado de una campaña de miedo -ésa corrió a cargo de sus adversarios- sino de una propuesta imaginativa para rediseñar el capitalismo norteamericano sometiéndolo a reglas, poniéndole límites a las fuerzas del mercado y reviviendo el papel del Estado en beneficio de la mayoría, al estilo de Franklin D. Roosevelt hace poco más de setenta años.
Hoy en México, simplemente no existe ninguna de esas condiciones. Ningún partido registrado, de izquierda, centro o derecha, tiene un liderazgo que esté mínimamente a la altura de las circunstancias. Todas las oligarquías partidistas son notables por su mediocridad moral e intelectual, su voracidad y corrupción. Sin embargo, forzados por un calendario implacable e ineludible, esa clase política dividida en tres grandes partidos -con un grupo de rémoras- tiene que convocar a la ciudadanía para que, en las urnas, emita un juicio sobre el resultado de sus acciones, sobre los frutos de su conducta tanto reciente como histórica. Se trata, pues, de un México convocado a elecciones intermedias en medio del desastre y del desánimo.
Y es ahí donde los ciudadanos podemos tener una oportunidad de emitir una evaluación, de deslegitimar un arreglo cupular trágico y pasar así una factura, aunque sea simbólica, a las élites políticas y del poder e intentar abrir una brecha por donde, más adelante y con mayor esfuerzo, pueda introducirse el cambio.
. En este momento, las urnas no le ofrecen al ciudadano eso que constituye el sentido mínimo de la democracia electoral: la posibilidad de elegir entre proyectos realmente alternativos. El PRI se mantiene básicamente fiel a su esencia oportunista original: tiene intereses no ideología y ni siquiera ha cambiado al grueso de sus cuadros dirigentes. Y cuando aparecen líderes jóvenes, éstos resultan ser, en su esencia, una copia casi fiel de sus ancestros. Un buen ejemplo es el caso del gobernador del Estado de México, formado en la escuela de Isidro Fabela, continuada por Carlos Hank González y seguida sin cambio hasta Arturo Montiel.
Desde el sexenio de Miguel Alemán el PRI se escoró a la derecha y justo cuando adoptó el neoliberalismo como proyecto a fines de los 1980, se encontró con la posibilidad de forjar una gran alianza con un PAN que había nacido en la derecha. En esas circunstancias, PRI y PAN trocaron características y papeles: a cambio de un apoyo indispensable tras el desastre de la elección de 1988, el PRI integró al PAN al círculo del poder y ya una vez ahí y por la vía de la negociación, el PAN dejó fuera su compromiso histórico con la democracia y la honestidad administrativa.
Por su parte, la izquierda, tras la enorme frustración producto de de dos derrotas a la mala en las urnas, llevó sus divisiones originales a sus últimas consecuencias en medio de una guerra interna dominada por la pasión fratricida. En esa lucha, el ala más "negociadora" o "moderna" contó con la simpatía y ayuda del Gobierno, de los medios de comunicación, y de toda la gama de intereses que conformaron el gran frente antilopezobradorista de 2006. En esas condiciones, el PRD dejó de ser opción para quedar simplemente en una burocracia más, alimentada por los subsidios que dispensa el IFE, y que no se distingue en nada sustantivo de las del PRI y el PAN excepto por tener una cuota de poder menor.
La solución de fondo es una nueva fuerza electoral pero en la coyuntura actual sólo queda el rechazo al arreglo existente. La mejor vía no es la abstención electoral porque se confunde con la simple desidia e indiferencia. Hay que mostrar voluntad yendo a las urnas y demandar lo que aún no existe: una auténtica opción. Una forma de hacerlo es votando en blanco o anulando el voto. Desde que en 1997 los votos más o menos se cuentan, este voto promedia el 2.76%; cualquier porcentaje que supere la cifra anterior sería un claro indicador de protesta. Otra posibilidad aún mejor es hacer uso del espacio en blanco de la boleta y poner ahí, de puño y letra, el nombre de un personaje real o ficticio que encarne nuestra esperanza o frustración; la autoridad electoral está obligada a registrarlo y dejar constancia que no fue una equivocación del votante sino un acto consciente de rechazo a la calidad de la vida política mexicana.
Actuar el 5 de julio de manera contraria a lo que nos pide la élite del poder mexicana, podría ser un paso, modesto si se quiere, en la deslegitimación de un sistema partidista que no cumple con su función y, por eso mismo y si hay suerte, una oportunidad para empezar la construcción, de nuevo y desde abajo, de algo mejor.
Se va a echar de menos la presencia de Javier Wimer
. Una buena razón para ir a las urnas el próximo mes, pero sin darle el voto a un partido, la resume un titular: "La clase política contra el voto nulo. Las dirigencias partidistas califican de peligroso el sufragio en blanco" (El Universal, 5 de julio). Para aquellos ciudadanos más que insatisfechos con la actual clase política y sus partidos -de todos sus partidos-, la irritación de la élite del poder -políticos, empresarios, Iglesia Católica, etc.- ante la idea de anular el voto o mejor aún, dárselo a un personaje sin registro usando para ello la casilla en blanco de las boletas, es todo un incentivo para seguir adelante con ese propósito. . El título de esta columna está inspirado en una propuesta que se le atribuye a Rahm Emanuel, el astuto y realista Jefe de Gabinete del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La gran crisis económica y política que Obama heredó de la Administración de George W. Bush, dentro de la calamidad que era, tenía un lado bueno: facilitaba reencauzar el desarrollo general del país. El estado de emergencia económica, el fracaso de la invasión de Irak y el triunfo electoral de los demócratas habían destruido buena parte de los argumentos y capacidades de las fuerzas conservadoras que se oponían a una reestructuración a fondo del sector financiero, a un cambio en el unilateralismo que dominaba a la política exterior de Washington, a proteger de manera efectiva al medio ambiente, a una redistribución más justa del ingreso, a una mejora a fondo del sistema educativo, a un mayor gasto en ciencia y tecnología, etcétera. Así, la crisis era o podía ser la vía para deshacerse de lo malhecho e iniciar su reconstrucción. . En términos relativos, en México tenemos una crisis más profunda que la norteamericana. Nuestra crisis general lleva decenios y se compone de una gama de atolladeros sin salida fácil, de fracasos rotundos. Para empezar está el económico, que lleva ya un cuarto de siglo y que, a su vez, puede subdividirse en laboral, financiero, industrial, agrícola, fiscal, turístico, etcétera; seguido por el de seguridad, de representación política, de impartición de justicia, el educativo y finalmente, englobándolos y resultado de todos, el atasco moral.
Lo mismo las encuestas que la experiencia individual, muestran que en el México actual hay una buena cantidad de ciudadanos insatisfechos -algunos muy insatisfechos-, con el estado que guarda nuestra vida pública, que se sienten encolerizados por la persistencia de la corrupción a todos los niveles, desde la ventanilla hasta la presidencia, defraudados por la forma en que se llevó a cabo la última elección presidencial, burlados por el comportamiento de cada uno de los partidos políticos y por la no representatividad del sistema en su conjunto, decepcionados con todas y cada una de las instituciones que se supone regulan la vida partidaria y defienden la legalidad del voto -IFE, Trife, FEPADE, los institutos electorales estatales-, irritados con la forma en que se comportan los supuestos representantes populares -los legisladores locales y federales-, desesperados por la ineficacia de las burocracias, temerosos y contrariados por la imposibilidad de contar con una adecuada protección policiaca, desalentados por la ausencia de un proyecto nacional y por la pérdida de oportunidades al tiempo que países como China, India o Brasil, parecen dirigirse con confianza a un mejor futuro. Todo este conjunto de inconformidades y más, caracterizan la crisis actual mexicana.
Para hacer de una gran crisis una gran oportunidad de reconstrucción se necesita lo que hoy tiene Estados Unidos, pero de lo que México carece: un liderazgo con poder, con un gran proyecto, con una visión generosa, con enorme legitimidad, respaldado por un Gabinete seleccionado de entre los mejores y por un partido -el Demócrata- que ganó claramente la mayoría en las urnas y no como resultado de una campaña de miedo -ésa corrió a cargo de sus adversarios- sino de una propuesta imaginativa para rediseñar el capitalismo norteamericano sometiéndolo a reglas, poniéndole límites a las fuerzas del mercado y reviviendo el papel del Estado en beneficio de la mayoría, al estilo de Franklin D. Roosevelt hace poco más de setenta años.
Hoy en México, simplemente no existe ninguna de esas condiciones. Ningún partido registrado, de izquierda, centro o derecha, tiene un liderazgo que esté mínimamente a la altura de las circunstancias. Todas las oligarquías partidistas son notables por su mediocridad moral e intelectual, su voracidad y corrupción. Sin embargo, forzados por un calendario implacable e ineludible, esa clase política dividida en tres grandes partidos -con un grupo de rémoras- tiene que convocar a la ciudadanía para que, en las urnas, emita un juicio sobre el resultado de sus acciones, sobre los frutos de su conducta tanto reciente como histórica. Se trata, pues, de un México convocado a elecciones intermedias en medio del desastre y del desánimo.
Y es ahí donde los ciudadanos podemos tener una oportunidad de emitir una evaluación, de deslegitimar un arreglo cupular trágico y pasar así una factura, aunque sea simbólica, a las élites políticas y del poder e intentar abrir una brecha por donde, más adelante y con mayor esfuerzo, pueda introducirse el cambio.
. En este momento, las urnas no le ofrecen al ciudadano eso que constituye el sentido mínimo de la democracia electoral: la posibilidad de elegir entre proyectos realmente alternativos. El PRI se mantiene básicamente fiel a su esencia oportunista original: tiene intereses no ideología y ni siquiera ha cambiado al grueso de sus cuadros dirigentes. Y cuando aparecen líderes jóvenes, éstos resultan ser, en su esencia, una copia casi fiel de sus ancestros. Un buen ejemplo es el caso del gobernador del Estado de México, formado en la escuela de Isidro Fabela, continuada por Carlos Hank González y seguida sin cambio hasta Arturo Montiel.
Desde el sexenio de Miguel Alemán el PRI se escoró a la derecha y justo cuando adoptó el neoliberalismo como proyecto a fines de los 1980, se encontró con la posibilidad de forjar una gran alianza con un PAN que había nacido en la derecha. En esas circunstancias, PRI y PAN trocaron características y papeles: a cambio de un apoyo indispensable tras el desastre de la elección de 1988, el PRI integró al PAN al círculo del poder y ya una vez ahí y por la vía de la negociación, el PAN dejó fuera su compromiso histórico con la democracia y la honestidad administrativa.
Por su parte, la izquierda, tras la enorme frustración producto de de dos derrotas a la mala en las urnas, llevó sus divisiones originales a sus últimas consecuencias en medio de una guerra interna dominada por la pasión fratricida. En esa lucha, el ala más "negociadora" o "moderna" contó con la simpatía y ayuda del Gobierno, de los medios de comunicación, y de toda la gama de intereses que conformaron el gran frente antilopezobradorista de 2006. En esas condiciones, el PRD dejó de ser opción para quedar simplemente en una burocracia más, alimentada por los subsidios que dispensa el IFE, y que no se distingue en nada sustantivo de las del PRI y el PAN excepto por tener una cuota de poder menor.
La solución de fondo es una nueva fuerza electoral pero en la coyuntura actual sólo queda el rechazo al arreglo existente. La mejor vía no es la abstención electoral porque se confunde con la simple desidia e indiferencia. Hay que mostrar voluntad yendo a las urnas y demandar lo que aún no existe: una auténtica opción. Una forma de hacerlo es votando en blanco o anulando el voto. Desde que en 1997 los votos más o menos se cuentan, este voto promedia el 2.76%; cualquier porcentaje que supere la cifra anterior sería un claro indicador de protesta. Otra posibilidad aún mejor es hacer uso del espacio en blanco de la boleta y poner ahí, de puño y letra, el nombre de un personaje real o ficticio que encarne nuestra esperanza o frustración; la autoridad electoral está obligada a registrarlo y dejar constancia que no fue una equivocación del votante sino un acto consciente de rechazo a la calidad de la vida política mexicana.
Actuar el 5 de julio de manera contraria a lo que nos pide la élite del poder mexicana, podría ser un paso, modesto si se quiere, en la deslegitimación de un sistema partidista que no cumple con su función y, por eso mismo y si hay suerte, una oportunidad para empezar la construcción, de nuevo y desde abajo, de algo mejor.
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