Lorenzo Meyer
El desencanto con la democracia es común, lo que ya no es común es que la frustración lleve al ciudadano a abrir la puerta para el retorno al viejo sistema
Seguimos casi igual
Pues bien, pasó la elección intermedia y ya están electos seis nuevos gobernadores, aunque uno -Sonora- está en disputa, 500 nuevos diputados federales, los representantes en la Asamblea de la capital más un buen número de diputados locales y presidentes municipales. Los partidos ya tienen al grueso de "su gente" en sus puestos.
No hubo una auténtica sorpresa: en términos generales ya se preveía la caída del PRD y del PAN, y el triunfo del viejo PRI, aunque este último se dio con más enjundia de la esperada -"El PRI aplasta al Presidente", anunció el titular de un diario nacional (Milenio Diario, 6 de julio)-, con lo que una vez más se confirmó entre nosotros el dictum de William Faulkner cuando en Réquiem para una monja (1951) el novelista hizo decir a uno de sus personajes: "el pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado". El México actual es faulkneriano: desde los 1940 la oposición ha hecho un buen número de intentos para superar el sistema priista vía elección, rebelión o movilización, pero hoy seguimos casi en lo mismo: el PRI y, sobre todo, su espíritu -la búsqueda del poder por el poder mismo- parecen dominar de nuevo nuestro horizonte político.
Los partidos
La mayoría se repartió entre la abstención (55 por ciento) y el voto anulado (5.8 por ciento), aunque sin efecto formal en la elección de gobernadores, alcaldes o congresistas. Con el apoyo explícito de una minoría de los ciudadanos (dos quintos del total) las dirigencias de los partidos seguirán recibiendo el gran subsidio público, los diputados cobrarán sus dietas, pronunciarán discursos, emitirán declaraciones y harán o modificarán leyes como si tuvieran efectivamente el respaldo entusiasta de la mayoría ciudadana.
Por lo que hace a la posición de las nuevas autoridades electas y a la de la clase política en general, conviene recurrir a otro clásico. Esta vez a un español, a un vasco, a Miguel de Unamuno, filósofo y novelista que el 12 de octubre de 1936 en su calidad de rector de la Universidad de Salamanca se encontró en una situación límite: con la Guerra Civil en marcha, en el paraninfo de la universidad y en presencia de un franquista duro -el general Millán Astray-, los fascistas denunciaron a Cataluña y al País Vasco como parte de una anti-España a la que se debía extirpar por la fuerza. Unamuno reaccionó y la síntesis de su respuesta fue: "Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir".
Con todas las salvedades del caso, lo mismo se le puede decir aquí y ahora a los partidos y a la clase política mexicana: vencieron y efectivamente están al frente de las estructuras de poder, pero en medio de un México polarizado y desmoralizado y muy lejos de haber convencido a sus conciudadanos -incluidos muchos de los que votaron- de su utilidad, capacidad y derecho a ser "los que mandan".
¿Hacia dónde y en qué condiciones?
Tras la elección y el reacomodo relativo de las fuerzas partidistas -el PRI muy recuperado, el PAN disminuido y el PRD en un lejano tercer lugar-, la clase política tratará de volver a la "normalidad", es decir, a negociar el presupuesto, hacer cambios en la legislación electoral, administrar el día a día cada vez más mediocre y violento y confiar en que las fuerzas económicas internacionales (Estados Unidos) superen su actual crisis y de ahí surja la recuperación del PIB mexicano. Y así, mientras esperamos que el "factor externo" nos vuelva a insuflar vitalidad, los políticos y los administradores de lo público, que en lo individual tienen asegurada su confortable forma de vida, pueden concentrarse en los tres próximos años en su gran pugna de cara a la elección presidencial del 2012.
En este escenario inercial, lo más probable es que el futuro inmediato resulte muy parecido al pasado inmediato y al presente. A lo más a que podríamos aspirar es a que la inseguridad no siga aumentando, a que la economía formal deje de hundirse, a que la economía informal absorba parte del desempleo creciente, a que las remesas no caigan más y que esos envíos de la diáspora mexicana más los programas asistenciales continúen paliando la pobreza aunque sin tocar sus raíces, a que la corrupción se mantenga pero evite llegar al escándalo, a que los caciques sindicales mantengan el orden en sus gremios y, en fin, a que la resignación y la preocupación por la salvación individual impidan que el grueso de los mexicanos se ocupen de la cosa pública, que no se movilicen para exigir y romper las inercias que nos impiden salir del círculo vicioso en que se ha convertido nuestro proceso político.
En relación con ese futuro inmediato hay varias incógnitas. El PRI, apoyado política y económicamente por sus 19 gobernadores va a tratar de negociar sus diferencias internas y preparar el camino de su candidato presidencial, que puede ser Enrique Peña Nieto pero también Beatriz Paredes o, incluso, Manlio Fabio Beltrones. El PAN, por su parte, va a tener que ocuparse de apoyar a su "jefe nato", a Felipe Calderón, que con esta derrota de mediados de sexenio corre el peligro de transformarse en un zombi político -un muerto viviente- que va a tener que hacer enormes concesiones a los priistas para negociar cualquier medida política fuera de la rutina e incluso la rutina misma. Si Fox trató de "cogobernar el cambio" con Roberto Madrazo, Felipe Calderón se verá obligado a "cogobernar la rutina" con las varias cabezas nacionales y locales del PRI y que buscarán dirigir la rutina como un largo preámbulo de su retorno a Palacio.
Desde la oposición de izquierda, lo importante será la medida en que el gran movimiento social que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logre afirmar y acrecentar sus raíces en el "México profundo". Para volver a la carga en 2012, el lopezobradorismo deberá aprender de sus errores políticos y de organización de seis años atrás. En cualquier caso, AMLO tendrá que enfrentar esa gran coalición de derecha que siempre preferirá el retorno del PRI a "Los Pinos" a cualquier intento por modificar la estructura social mexicana. Para los "poderes fácticos" el PRI en la Presidencia ofrece la seguridad que se desprende de una relación entre conocidos y, llegado el caso, volverá a intentar parar el movimiento social de AMLO "a como dé lugar".
En los tres años por venir, el choque entre las fuerzas políticas legales se puede y se debe conducir por los imperfectos canales institucionales que existen. Izquierda y derecha saben que cualquier otra ruta entraña enormes peligros. Sin embargo, hay una fuerza creciente que cada vez se muestra más desafiante de la precaria institucionalidad y que, ella sí, es efectivamente el gran peligro político para México. Se trata del crimen organizado, ése que un estudio norteamericano ya definió como "narcoinsurgencia" (El Universal, 5 de julio).
Cuando hace años se planteó con ánimo entre especulativo y socarrón la cuestión "1810, 1910, ¿2010?", nadie pensó que efectivamente en el aniversario del bicentenario y centenario del inicio de dos grandes movimientos armados que marcaron la historia mexicana el país estaría en medio de otra lucha entre las Fuerzas Armadas del gobierno por un lado y paramilitares fuertemente armados, financiados y organizados por los cárteles de la droga que desafían al orden establecido por medio de una eficaz combinación de corrupción y terror. Y lo peor es que no se vislumbra la salida militar o política de éste, nuestro laberinto del crimen organizado, construido a partir de decisiones tomadas hace decenios, justamente bajo los gobiernos priistas.
Conclusión
El resultado de las elecciones intermedias de 2009 abre la posibilidad de tener al pasado como futuro. Una parte de la sociedad mexicana simplemente pareciera haber desistido de su interés por el cambio vía una derecha dura que resultó tan corrupta como la del pasado pero más ineficaz y más alejada del ciudadano común. Los electores priistas se han resignado al "más vale malo por conocido que bueno por conocer" y buscan refugio en un tipo de política que si bien se ha caracterizado por el autoritarismo y la corrupción, ha ofrecido un mínimo de seguridad y "profesionalismo" en la gestión de lo público.
En estas condiciones, quien enfrenta el reto mayor es la izquierda real. Hoy y en los años por venir tendrá que enfrentar la oposición de la elite del poder -los grandes intereses creados- y el desaliento y desencanto de muchos mexicanos ante la oferta de un cambio de fondo. Sin embargo, ése es el camino que aún nos queda por intentar para superar la mediocridad e injusticia históricamente dominantes en nuestro país.
jueves, 9 de julio de 2009
jueves, 2 de julio de 2009
El voto nulo o consecuencias de la inconsecuencia
Por: LORENZO MEYER
El gran cambio político de 2000 -el hipotético inicio de la consolidación de la democracia electoral- ha resultado básicamente un hecho inconsecuente: nada realmente sustantivo ha cambiado en la dirección esperada. Al contrario, por lo que hace al sentido de rumbo, confianza, crecimiento económico, gobernabilidad, seguridad, combate a la corrupción, confianza en las instituciones, calidad de la educación y otros temas similares, estamos igual o peor que antes.
La inconsecuencia del supuesto parteaguas de 2000 ya tiene consecuencias; una de ellas es el rechazo activo de una parte de los ciudadanos a la clase política usando su boleta electoral este 5 de julio para negarle su apoyo a todos los partidos registrados y dejar constancia de su total inconformidad con la situación existente. El objetivo de depositar la boleta en blanco, anularla o votar por un candidato sin registro, es actuar dentro del marco institucional para hacer patente la ausencia de alternativas auténticas o, lo que es lo mismo, la falta de contenido real de la fórmula electoral. Se tratará, en cualquier caso, de un acto con claro contenido político aunque su significado está sujeto a su importancia cuantitativa.
Si el proceso político actual tuviera sentido -si el votante pudiera decidir entre programas realmente contrastantes y encarnados por políticos con carreras que confirmaran su honestidad y eficacia-, entonces el llamado a anular el voto, otorgarlo a un candidato sin registro o depositarlo en blanco, sería una estupidez, un sinsentido. Sin embargo, la innegable ineficacia, deshonestidad e impunidad de la actual clase política mexicana -existen excepciones notables, pero son pocas y sistemáticamente neutralizadas por la mayoría dominante-, es lo que hace que, pese a todo, el destino del voto de protesta sin referente partidista sea hoy el más digno y el menos malo de los posibles. Así de dañados nos encontramos.
Desde que en los 1980 se inició la insurgencia electoral mexicana, la parte más viva y emprendedora de la ciudadanía empezó a imaginar que el voto, hasta entonces un instrumento históricamente deleznable frente a las posibilidades de la violencia y la revolución, había modificado su naturaleza y por fin la vía pacífica podría llegar a tener sentido, a tener consecuencias. El descalabro que fue el fraude salinista de 1988 no acabó con este sentimiento de esperanza, aunque sí lo hizo más realista. En los 1990 un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos se entusiasmó con la posibilidad de estar viviendo y protagonizando un cambio histórico. Esta sensación de haber encontrado una razón de ser del ciudadano, alcanzó su cima con la expulsión pacífica del PRI de "Los Pinos" en el año 2000. Sin embargo, muy pronto una parte del electorado se vio obligada a llegar a la conclusión de que su esperanza había vuelto a naufragar, que la clase política volvía a estar por debajo de las circunstancias.
La razón de fondo de la actual desilusión ciudadana es el estancamiento e incluso el retroceso de lo que podría llamarse el proyecto mexicano. Y una de las fuentes de esa ausencia de horizontes es la incapacidad de los partidos de tomar en cuenta, de asumir como propios y transformar en políticas efectivas los intereses de la mayoría. Aunque los términos crisis y permanencia son, en principio, contradictorios, en muchos círculos domina la sensación que el país está sumergido en una "crisis permanente". Domina la sensación, por un lado, que en el último cuarto de siglo el desarrollo material del país se ha estancado y, por el otro, que una minoría abusiva ha prosperado de manera tan notoria que resulta obscena y, finalmente, que hay una relación de causalidad entre lo uno y lo otro.
Entre las razones más inmediatas y concretas del descontento prevalente está el sistema electoral. Las encuestas de opinión muestran que una mayoría de ciudadanos ve al sistema de partidos como un conjunto de organismos no confiables ni respetables. Desde la izquierda, el agravio es mayor por la negativa de las autoridades electorales, apoyadas por el grueso de los partidos y de los "poderes fácticos", de nulificar la elección de 2006 y ordenar su reposición como resultado de la interferencia ilegal y reconocida en el proceso electoral del presidente Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial. En el mismo sentido opera la negativa a proceder con el recuento de los sufragios para dar certeza a un resultado donde la diferencia entre el supuesto ganador y su rival más cercano fue de apenas medio punto porcentual y con muchos errores en las actas. La certidumbre de que en la actualidad los dados electorales están tan cargados como en el pasado, se afirma al ver que la composición de la directiva del IFE se integra, no con representantes de los ciudadanos sino de las dirigencias de los partidos o de feudos tan notables como el SNTE y que en el TEPJF sucede lo mismo.
Quienes ganaron en 2000 el control de las estructuras del poder político decidieron mantener la Presidencia en 2006 bajo la divisa de "haiga sido como haiga sido". Consideraron entonces que "Los Pinos" bien valía los costos que implicaba primero el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, luego una campaña electoral basada en el miedo y finalmente el desgaste de las instituciones electorales que hicieron de lado su supuesta neutralidad y privaron al proceso de su necesaria pulcritud y certidumbre en sus resultados.
En 2006 el tema de la legitimidad fue relegado a un plano secundario por los supuestos triunfadores de la contienda y lo mismo volvió a ocurrir en la lucha interna de un PRD ya muy polarizado por la derrota electoral. Sin embargo, es justamente ese tema de la legitimidad -de la ausencia de legitimidad en el sistema político- lo que ahora da sentido a la conducta de quienes rechazan al conjunto de los partidos y a sus políticas. Mediante ese rechazo se pretende desaprobar la naturaleza misma del poder imperante y poner la base de otro donde la legitimidad tenga posibilidades de ser lo que siempre debió ser: su columna vertebral.
El tema de la legitimidad política es fundamental en cualquier sociedad y época. Todo ejercicio del poder necesita justificarse a los ojos de aquellos que están sujetos a sus dictados. Max Weber identificó tres formas históricas básicas de autoridad legítima: la tradicional, la carismática y la legal-racional. En los estados modernos, esta última debe ser la dominante aunque no la única. Como bien lo señaló Seymour Martin Lipset -uno de los grandes politólogos del siglo XX- este tipo de legitimidad implica "que el sistema político imperante tiene la capacidad de engendrar y mantener la idea que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad en cuestión" (Political Man: The Social Bases of Politics, 1963). Sin embargo, es justamente eso lo que no sucede hoy en México: nuestra estructura institucional es cuestionada por muchos y, de nuevo, las encuestas lo prueban.
Y es que simplemente echando una mirada a lo que nos rodea, se llega a la conclusión que las instituciones, desde la Presidencia, pasando por la economía hasta llegar a las guarderías para niños de madres trabajadoras, están fallando de forma espectacular o trágica. Felipe Calderón pidió el voto definiéndose como "el presidente del empleo", pero con la caída de 8% del PIB lo que domina es el desempleo. La violencia relacionada con el crimen organizado no disminuye sino aumenta 67% respecto al mismo período que el año pasado. El director general de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito no ha vacilado en admitir que "México es un caso extraordinariamente violento y una situación sin par en el mundo" (El Universal, 25 y 30 de junio). Por su parte, el Banco Mundial, en su Indicador Global de Gobernabilidad 2009 reprobó a nuestro país en cuatro de los seis índices que lo forman: a) estabilidad política y ausencia de violencia, b) Estado de Derecho, c) rendición de cuentas y participación ciudadana y d) control de corrupción. Sólo lo aprobó, y no por mucho, en: a) calidad regulatoria (calidad de la burocracia) y b) efectividad de Gobierno, (Reforma, 30 de junio).
La próxima elección tendrá ganadores y perdedores formales. Sin embargo, los resultados de las urnas deberían de leerse e interpretarse a la luz de la abstención, de las diferentes modalidades del voto nulo y, sobre todo, de las fallas en la legitimidad del poder político como un todo.
El gran cambio político de 2000 -el hipotético inicio de la consolidación de la democracia electoral- ha resultado básicamente un hecho inconsecuente: nada realmente sustantivo ha cambiado en la dirección esperada. Al contrario, por lo que hace al sentido de rumbo, confianza, crecimiento económico, gobernabilidad, seguridad, combate a la corrupción, confianza en las instituciones, calidad de la educación y otros temas similares, estamos igual o peor que antes.
La inconsecuencia del supuesto parteaguas de 2000 ya tiene consecuencias; una de ellas es el rechazo activo de una parte de los ciudadanos a la clase política usando su boleta electoral este 5 de julio para negarle su apoyo a todos los partidos registrados y dejar constancia de su total inconformidad con la situación existente. El objetivo de depositar la boleta en blanco, anularla o votar por un candidato sin registro, es actuar dentro del marco institucional para hacer patente la ausencia de alternativas auténticas o, lo que es lo mismo, la falta de contenido real de la fórmula electoral. Se tratará, en cualquier caso, de un acto con claro contenido político aunque su significado está sujeto a su importancia cuantitativa.
Si el proceso político actual tuviera sentido -si el votante pudiera decidir entre programas realmente contrastantes y encarnados por políticos con carreras que confirmaran su honestidad y eficacia-, entonces el llamado a anular el voto, otorgarlo a un candidato sin registro o depositarlo en blanco, sería una estupidez, un sinsentido. Sin embargo, la innegable ineficacia, deshonestidad e impunidad de la actual clase política mexicana -existen excepciones notables, pero son pocas y sistemáticamente neutralizadas por la mayoría dominante-, es lo que hace que, pese a todo, el destino del voto de protesta sin referente partidista sea hoy el más digno y el menos malo de los posibles. Así de dañados nos encontramos.
Desde que en los 1980 se inició la insurgencia electoral mexicana, la parte más viva y emprendedora de la ciudadanía empezó a imaginar que el voto, hasta entonces un instrumento históricamente deleznable frente a las posibilidades de la violencia y la revolución, había modificado su naturaleza y por fin la vía pacífica podría llegar a tener sentido, a tener consecuencias. El descalabro que fue el fraude salinista de 1988 no acabó con este sentimiento de esperanza, aunque sí lo hizo más realista. En los 1990 un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos se entusiasmó con la posibilidad de estar viviendo y protagonizando un cambio histórico. Esta sensación de haber encontrado una razón de ser del ciudadano, alcanzó su cima con la expulsión pacífica del PRI de "Los Pinos" en el año 2000. Sin embargo, muy pronto una parte del electorado se vio obligada a llegar a la conclusión de que su esperanza había vuelto a naufragar, que la clase política volvía a estar por debajo de las circunstancias.
La razón de fondo de la actual desilusión ciudadana es el estancamiento e incluso el retroceso de lo que podría llamarse el proyecto mexicano. Y una de las fuentes de esa ausencia de horizontes es la incapacidad de los partidos de tomar en cuenta, de asumir como propios y transformar en políticas efectivas los intereses de la mayoría. Aunque los términos crisis y permanencia son, en principio, contradictorios, en muchos círculos domina la sensación que el país está sumergido en una "crisis permanente". Domina la sensación, por un lado, que en el último cuarto de siglo el desarrollo material del país se ha estancado y, por el otro, que una minoría abusiva ha prosperado de manera tan notoria que resulta obscena y, finalmente, que hay una relación de causalidad entre lo uno y lo otro.
Entre las razones más inmediatas y concretas del descontento prevalente está el sistema electoral. Las encuestas de opinión muestran que una mayoría de ciudadanos ve al sistema de partidos como un conjunto de organismos no confiables ni respetables. Desde la izquierda, el agravio es mayor por la negativa de las autoridades electorales, apoyadas por el grueso de los partidos y de los "poderes fácticos", de nulificar la elección de 2006 y ordenar su reposición como resultado de la interferencia ilegal y reconocida en el proceso electoral del presidente Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial. En el mismo sentido opera la negativa a proceder con el recuento de los sufragios para dar certeza a un resultado donde la diferencia entre el supuesto ganador y su rival más cercano fue de apenas medio punto porcentual y con muchos errores en las actas. La certidumbre de que en la actualidad los dados electorales están tan cargados como en el pasado, se afirma al ver que la composición de la directiva del IFE se integra, no con representantes de los ciudadanos sino de las dirigencias de los partidos o de feudos tan notables como el SNTE y que en el TEPJF sucede lo mismo.
Quienes ganaron en 2000 el control de las estructuras del poder político decidieron mantener la Presidencia en 2006 bajo la divisa de "haiga sido como haiga sido". Consideraron entonces que "Los Pinos" bien valía los costos que implicaba primero el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, luego una campaña electoral basada en el miedo y finalmente el desgaste de las instituciones electorales que hicieron de lado su supuesta neutralidad y privaron al proceso de su necesaria pulcritud y certidumbre en sus resultados.
En 2006 el tema de la legitimidad fue relegado a un plano secundario por los supuestos triunfadores de la contienda y lo mismo volvió a ocurrir en la lucha interna de un PRD ya muy polarizado por la derrota electoral. Sin embargo, es justamente ese tema de la legitimidad -de la ausencia de legitimidad en el sistema político- lo que ahora da sentido a la conducta de quienes rechazan al conjunto de los partidos y a sus políticas. Mediante ese rechazo se pretende desaprobar la naturaleza misma del poder imperante y poner la base de otro donde la legitimidad tenga posibilidades de ser lo que siempre debió ser: su columna vertebral.
El tema de la legitimidad política es fundamental en cualquier sociedad y época. Todo ejercicio del poder necesita justificarse a los ojos de aquellos que están sujetos a sus dictados. Max Weber identificó tres formas históricas básicas de autoridad legítima: la tradicional, la carismática y la legal-racional. En los estados modernos, esta última debe ser la dominante aunque no la única. Como bien lo señaló Seymour Martin Lipset -uno de los grandes politólogos del siglo XX- este tipo de legitimidad implica "que el sistema político imperante tiene la capacidad de engendrar y mantener la idea que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad en cuestión" (Political Man: The Social Bases of Politics, 1963). Sin embargo, es justamente eso lo que no sucede hoy en México: nuestra estructura institucional es cuestionada por muchos y, de nuevo, las encuestas lo prueban.
Y es que simplemente echando una mirada a lo que nos rodea, se llega a la conclusión que las instituciones, desde la Presidencia, pasando por la economía hasta llegar a las guarderías para niños de madres trabajadoras, están fallando de forma espectacular o trágica. Felipe Calderón pidió el voto definiéndose como "el presidente del empleo", pero con la caída de 8% del PIB lo que domina es el desempleo. La violencia relacionada con el crimen organizado no disminuye sino aumenta 67% respecto al mismo período que el año pasado. El director general de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito no ha vacilado en admitir que "México es un caso extraordinariamente violento y una situación sin par en el mundo" (El Universal, 25 y 30 de junio). Por su parte, el Banco Mundial, en su Indicador Global de Gobernabilidad 2009 reprobó a nuestro país en cuatro de los seis índices que lo forman: a) estabilidad política y ausencia de violencia, b) Estado de Derecho, c) rendición de cuentas y participación ciudadana y d) control de corrupción. Sólo lo aprobó, y no por mucho, en: a) calidad regulatoria (calidad de la burocracia) y b) efectividad de Gobierno, (Reforma, 30 de junio).
La próxima elección tendrá ganadores y perdedores formales. Sin embargo, los resultados de las urnas deberían de leerse e interpretarse a la luz de la abstención, de las diferentes modalidades del voto nulo y, sobre todo, de las fallas en la legitimidad del poder político como un todo.
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