Sin consolidar la democracia
¿El pasado como opción?
Lorenzo Meyer
La textura de los tiempos. En el año 2000, y tras una larga etapa de decadencia de su viejo sistema político antidemocrático, México experimentó uno de esos raros y muy estimulantes momentos en que el futuro nacional aparecía preñado de grandes y buenas posibilidades.
La oportunidad colectiva que se abrió hace ocho años fue injustamente desaprovechada al punto de que hoy la voluntad ciudadana, desmoralizada, pareciera dispuesta a volver a entregar el mando al partido del ayer, al que nació, se mantuvo y persiste antidemocrático: al PRI, (véase, por ejemplo, la encuesta sobre preferencias electorales para 2009 publicada por El Universal el 6 de octubre). Así pues, el camino iniciado con entusiasmo hace ocho años pareciera estar dejando de ser la vía hacia un futuro de calidad para convertirse en un mero atajo de vuelta al pasado, al pantano político y moral del que se suponía que ya habíamos salido.
Las consecuencias negativas en nuestra economía de la enorme crisis financiera que ha estallado en Estados Unidos, nuestro principal mercado externo, fuente mayor de inversión externa y destino casi único de nuestros emigrantes —con esa potencia efectuamos el 81% de nuestro comercio global, de ahí procede el 61% del total invertido aquí por el exterior y para allá se dirigen alrededor de 400,000 trabajadores mexicanos al año— es sólo el último problema del conjunto de dificultades que hoy ensombrecen nuestro horizonte colectivo.
No es la actual, desde luego, la primera vez en nuestra historia en que escasea el optimismo sobre la cosa pública, pero eso no es consuelo, porque muchos de los males que nos afectan se hubieran podido evitar o disminuir si los responsables de conducir al país hubieran actuado con sentido de la responsabilidad, con honradez y hubiera organizado el respaldo social de las mismas.
En su célebre ensayo de 1947 titulado “La crisis de México”, Daniel Cosío Villegas concluyó que ningún gobernante del México revolucionario había estado a la altura de las circunstancias. Es posible llegar a la misma conclusión respecto del conjunto de responsables de guiar a México desde la posrevolución hasta el día de hoy. Sin embargo, la falta de altura de la clase dirigente y sus efectos negativos se hicieron más graves a partir de las elecciones de 2000, pues con éstas la sociedad mexicana abrió una oportunidad única, la que debió permitir al país dar un gran salto cualitativo, pero que finalmente se ha frustrado debido a la mediocridad, irresponsabilidad y pequeñez del nuevo equipo dirigente. En este sentido, la responsabilidad de quienes asumieron el poder al arrancar el siglo XXI es política y moralmente mayor que la de sus antecesores inmediatos, los priistas.
Lo perdido. La teoría de las transiciones del autoritarismo a la democracia subraya que en las sociedades que viven estos cambios hay un lujo que no se pueden dar so pena de fracasar: perder el tiempo, el impulso y el sentido de la transformación.
Una vez lograda la caída del régimen autoritario se debe proceder sin dilación a consolidar lo ganado, a consolidar la democracia. Ese afianzamiento requiere movilizar a la sociedad misma para, por un lado, derribar o modificar las instituciones o prácticas que sirvieron de base e instrumento al régimen que se acaba de derrotar. A la vez, es necesario reforzar o dar vida a instituciones, prácticas, actitudes y proyectos que sostengan el triunfo democrático. Y es aquí donde ha fallado el proceso mexicano.
Lo que no debió haberse hecho. En vísperas de las elecciones de 2000, las dos grandes fuerzas opositoras —PAN y PRD—, alentadas por quienes deseaban asegurar la oportunidad del cambio, consideraron la posibilidad de un gran frente democrático donde las diferencias entre izquierda y derecha quedaran temporalmente subordinadas a la gran tarea de asegurar una derrota aplastante y definitiva —histórica— del PRI en las urnas y de cara al futuro.
Finalmente no hubo grandeza suficiente para ello y una vez en el poder, Fox y los suyos propusieron ¡al PRI de Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo y similares un gran entendimiento para “cogobernar el cambio”! En vez de aprovechar la coyuntura para limpiar la mesa de los muchos retales priistas, éstos se añadieron a la nueva argamasa que buscaba no consolidar el triunfo de la democracia sino apenas poner al día una coalición de derecha que asegurara lo que a partir del fraude de 1988 resultaba urgente para el PAN y para los grupos de interés que le rodeaban: que no se permitiera a la izquierda partidista asumir la presidencia a pesar de que ni el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 ni el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006 eran revolucionarios, sino apenas reformistas.
Si en esos años se hubiera dejado establecida la regla de que no había ningún veto a la posibilidad de que en un juego electoral limpio pudiera encabezar el proceso político incluso un político con apoyo primordial en las clases populares, entonces se hubiera podido asegurar algo vital: la lealtad e identificación de los mexicanos situados en el fondo de la pirámide social con el régimen y la institucionalidad.
Al buscar Fox el desafuero de AMLO por razones baladíes y al haberle declarado no un adversario político sino un “Mesías tropical”, un “peligro para México”, un equivalente al “extraño enemigo” de la patria al que era obligación combatir, se derribó un puntal del espíritu democrático que apenas empezaba a fraguar: el de la tolerancia. Y ese es un problema grave en sociedades con grandes desigualdades, pues el mensaje implícito es que la exclusión social va irremediablemente unida a la exclusión política, que para los menos afortunados no habrá igualdad de oportunidades ni en la competencia económica ni en la política.
Para los que consideraron trampeado el camino de las urnas tras la falla espectacular de los supuestos árbitros imparciales del juego electoral —el IFE y del TEPJF—, se abrió entonces la posibilidad de actuar menos mediante la vía partidista y más por el camino de la creación de los movimientos sociales, lo que significa tener que organizarse para tomar la calle y canalizar sus demandas mediante la desobediencia civil. Ese camino no se hubiera emprendido si el juego electoral hubiese sido percibido como limpio y justo. No fue el caso.
Lo que debió haberse hecho. La competencia justa abarca mucho más que el campo electoral. El supuesto nuevo orden nacido en 2000 pronto dejó en claro que no estaba dispuesto a cumplir la tarea de enfrentarse a los grandes intereses creados.
La consolidación de la democracia requiere traducir votos en resultados como un nuevo conjunto de reglas que den contenido al interés mayoritario que, entre otras cosas, demandaba enfrentarse a los monopolios económicos que el viejo autoritarismo había fomentado y tolerado. En la práctica, el PAN prefirió sólo socavar que no reformar a los monopolios de interés público como la CFE y Pemex, y sin obligar a las grandes concentraciones monopólicas de capital y poder privados —teléfonos, televisión— a comportarse competitivamente como lo exigen la ley y el credo económico que el panismo dice abanderar.
Por decenios el PAN consideró al corporativismo priista uno de los grandes males de la vida política mexicana pero, una vez en el poder, descubrió las virtudes de contar con el apoyo del liderazgo del STPRM y del SNTE, sin importar que ello implica no sólo olvidarse de su programa histórico, sino tolerar la corrupción en grande y afectar directamente el interés público en áreas vitales para el desarrollo nacional.
Quienes sustituyeron al PRI en la dirección del gobierno federal prometieron honestidad, pero finalmente no tocaron a los “peces gordos” del corporativismo sindical, del tráfico de influencias, de la evasión fiscal o de cualquier otra de las peceras históricas de la corrupción mexicana. Tampoco llamaron a cuentas a los responsables de los grandes crímenes de Estado del pasado y sí en cambio se han dado, como lo señalara Miguel Ángel Granados Chapa al recibir la presea “Belisario Domínguez”, nuevos crímenes del poder público: presos políticos y desaparición de detenidos, entre otros.
El pasado como opción. Al ambiente económico sin brillo, a la democracia sin espíritu democrático, a la persistencia de la corrupción e impunidad en gran escala, y a la incapacidad institucional para enfrentar a la brutalidad en ascenso del crimen organizado, se le debe añadir la irrelevancia y mezquindad de lo que queda de la opción partidista de izquierda. El resultado es que a sólo ocho años del cambio democrático, el PRI vuelve a ser opción para muchos. ¡Vaya fracaso histórico!— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatàn.
lunes, 13 de octubre de 2008
lunes, 6 de octubre de 2008
De nada sirvió el sacrificio
Cuarenta años
Lorenzo Meyer
En Miguel Ángel Granados Chapa, esta vez, la medalla “Belisario Domínguez” encontró a un receptor a la altura de la causa 2 de octubre. No hay un sólo México sino varios. Así, mientras las encuestas nos dicen que uno es aquel donde “El 2 de octubre no se olvida”, también hay ese otro al que la fecha le importa poco y, finalmente, existe un tercero que ni idea tiene de que el 2 de octubre pudiera significar algo.
Este último es el problema de más fondo, pues está conformado por mexicanos que, como resultado de su marginación social, no han tenido la oportunidad de enterarse de que algo significativo sucedió en la fecha que otros no olvidan. Justamente para que no vuelva a ocurrir algo similar a lo acontecido hace cuatro decenios es preciso que, si finalmente alguien desea ignorar hechos como los que tuvieron lugar entonces en Tlatelolco, lo haga conscientemente y no porque su condición social lo mantiene ajeno a un acontecimiento clave en la memoria colectiva ciudadana.
El hecho histórico es inamovible, pero no su significado. Todo aniversario es una oportunidad para renovar nuestra comprensión y compromiso no sólo con el evento que se rememora, sino con su significado.
En más de un sentido, volver la vista al pasado común nos pone frente a una imagen que combina lo que fuimos con lo que somos y lo que deberíamos ser.
¿Quién? ¿Por qué? Desde luego, todo lo acontecido en el México del 68 —particularmente esas dos horas de fuego de la tarde del 2 de octubre en La Plaza de las Tres Culturas— lo examinamos y lo interpretamos desde lo que hoy nos preocupa, como resultado de los logros y fracasos que desde entonces hemos tenido como nación.
En este nuevo aniversario sobre ese día trágico en vísperas del inicio de la olimpiada en la que México era el anfitrión —la primera del siglo XX que se llevó a cabo en un país no desarrollado— tenemos que empezar por considerar por qué se nos sigue negando la información básica: ¿Quiénes y de que manera murieron? ¿Dónde están sus restos? ¿Cuál fue la verdadera cadena de mando y el grado de responsabilidad de cada individuo?, y sobre todo, ¿por qué se decidió recurrir al asesinato colectivo para reimponer una autoridad? ¿Por qué una manifestación pública de estudiantes desarmados fue enfrentada por el ejército como si se tratara de un enemigo que se hubiera apoderado de un sitio estratégico? ¿Por qué el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz definió a los jóvenes estudiantes que protestaban por las obvias contradicciones del régimen priista como agentes externos, como enemigos mortales? ¿Cómo explicar la conducta de los actores no gubernamentales más importantes: empresarios, iglesia, medios de comunicación? ¿Por qué los líderes de esos grupos no sólo no cuestionaron las explicaciones del gobierno sino que le ofrecieron su respaldo incondicional? ¿Por qué la comunidad internacional que tan duramente criticaría al gobierno chino por la masacre de la plaza de Tienanmen no hizo entonces lo mismo con la masacre de La Plaza de las Tres Culturas? Herida abierta. El hecho mismo de que sigan sin respuesta las preguntas básicas y a pesar de que supuestamente el régimen responsable de la matanza ya dejó de existir, dice mucho sobre la naturaleza del presente y, sobre todo, de la complicidad del régimen actual con el régimen responsable de los crímenes del pasado. Tras las derrotas electorales del PRI en 1997 y en 2000, el presidencialismo autoritario culpable de lo ocurrido en Tlatelolco dejó de existir.
Investigar los crímenes del autoritarismo y llamar a cuentas a los responsables fue un compromiso más o menos claro de quienes asumieron la dirección del país tras la salida del PRI de “Los Pinos” a quienes se supuso movidos por el afán de inaugurar una era auténticamente democrática, comprometida con la instauración de una justicia real. Es cierto que se abrieron entonces los archivos de las dependencias oficiales como parte de una política general de “transparencia”, pero finalmente las nuevas autoridades no quisieron o no pudieron enfrentarse al pasado. Hicieron a un lado el camino de Sudáfrica —una comisión que hiciera comparecer a los verdugos ante la ciudadanía antes de cerrar la página del “Apartheid”— y se optó por uno a la española: mejor no averiguar para no provocar a aquel con quien se ha decidido convivir —el PRI— y cuya colaboración se busca para sobrevivir.
El 27 de noviembre de 2001 Vicente Fox creó no una comisión de la verdad, sino una pomposa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP) que finalmente desapareció en 2006 sin haber dado respuesta a las grandes interrogantes, sin haber procedido con éxito contra Luis Echeverría —uno de los grandes responsables de las matanzas de 1968 y 1971—, pero no sin haber ocasionado un gasto de por lo menos 300 millones de pesos, aunque el verdadero monto es cifra confidencial (La Jornada, 13 de marzo, 2006). Finalmente, el supuesto nuevo régimen no logró en este campo —como en muchos otros— lo sustantivo: cerrar con un acto de justicia ejemplar algunos de los muchos actos criminales del Estado autoritario priista. La herida sigue abierta. No la han querido cerrar ninguno de los gobiernos que sucedieron a los de Díaz Ordaz y Echeverría, incluyendo a los últimos, los panistas.
Gusto amargo. Sería satisfactorio para los mexicanos actuales poder asegurar, a 40 años de distancia, que los jóvenes sacrificados en el 68 y el 71 están finalmente reivindicados porque la realidad que ellos cuestionaron ya no existe. Desafortunadamente no es el caso.
En primer lugar, el fin del dominio del PRI sobre la presidencia se explica menos como resultado de un rechazo generalizado por lo que hizo en el 68, el 71 y en los años de la “guerra sucia” —que también tocó a sectores populares— y más como consecuencia de la gran crisis económica de 1982. El neopanismo que tomó el relevo de un PRI agotado y desgastado por un largo ejercicio monopólico del poder surgió menos como un reclamo contra el autoritarismo y más como un rechazo al pésimo manejo de la “economía presidencial”. La irresponsabilidad y la corrupción del priismo echaron a perder el famoso crecimiento promedio del 6% anual. La mediana y pequeña empresas se sintieron en peligro de muerte, sobre todo cuando el neoliberalismo salinista desembocó en el desastre de 1995 y en el Fobaproa. Fox se ofreció para encabezar “un gobierno de empresarios para empresarios” que pusiera orden. “Los Amigos de Fox” y parte de la clase media decidieron abandonar el barco priista y saltar al panista. Para ellos saldar las cuentas con el 68 no fue nunca una prioridad y el resultado de la FEMOSPP es la prueba objetiva de ello.
En segundo lugar, la naturaleza misma del nuevo régimen no pertenece al género de la democracia política auténtica, que sigue siendo una meta por alcanzar. El aún PRI gobierna en 18 estados y algunos de ellos mantienen intacta su esencia original, justamente esa que llevó a los estudiantes del 68 y del 71 a la protesta pública y a los guerrilleros de los 70 a poner la vida en prenda en su intento por prender la llama que consumiera al régimen.
Por otro lado, la corrupción que caracterizó al autoritarismo del pasado se mantiene como el signo de los tiempos. La demanda de un México socialmente más justo no es, ni de lejos, una de las preocupaciones efectivas de los responsables de dirigir la acción de un poder público.
Finalmente, está el problema de la opción, el problema de la izquierda. El movimiento del 68 fue la izquierda del México posrevolucionario en uno de sus mejores momentos. Una izquierda movida menos por una ideología coagulada y dogmática y más, mucho más, por la generosidad, la confianza en lo digno de la causa y la alegría de imaginar como posible un México muy distinto al existente: uno no autoritario, no corrupto, genuinamente soberano, capaz de hacer un esfuerzo para dar sentido al término solidaridad social y revertir la tendencia a la desigualdad. En contraste, la izquierda de hoy, al menos la que está en las estructuras de los partidos, en el Congreso, en los gobiernos de ciertos estados, en municipios y delegaciones capitalinas, es casi la antítesis de la que desde un movimiento sin burocracia retó a la estructura de autoridad de hace cuarenta años.
En suma. El 2 de octubre no debe olvidarse porque la razón de ser del movimiento que entonces fue reprimido sigue sin cumplirse a plenitud. Los sacrificados del 68 continúan sin estar plenamente reivindicados y es justamente por eso que sólo nosotros aquí y ahora podemos dar un sentido positivo a la vileza que hace cuarenta años se cometió en nombre de una falsa razón de Estado.— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatán
Lorenzo Meyer
En Miguel Ángel Granados Chapa, esta vez, la medalla “Belisario Domínguez” encontró a un receptor a la altura de la causa 2 de octubre. No hay un sólo México sino varios. Así, mientras las encuestas nos dicen que uno es aquel donde “El 2 de octubre no se olvida”, también hay ese otro al que la fecha le importa poco y, finalmente, existe un tercero que ni idea tiene de que el 2 de octubre pudiera significar algo.
Este último es el problema de más fondo, pues está conformado por mexicanos que, como resultado de su marginación social, no han tenido la oportunidad de enterarse de que algo significativo sucedió en la fecha que otros no olvidan. Justamente para que no vuelva a ocurrir algo similar a lo acontecido hace cuatro decenios es preciso que, si finalmente alguien desea ignorar hechos como los que tuvieron lugar entonces en Tlatelolco, lo haga conscientemente y no porque su condición social lo mantiene ajeno a un acontecimiento clave en la memoria colectiva ciudadana.
El hecho histórico es inamovible, pero no su significado. Todo aniversario es una oportunidad para renovar nuestra comprensión y compromiso no sólo con el evento que se rememora, sino con su significado.
En más de un sentido, volver la vista al pasado común nos pone frente a una imagen que combina lo que fuimos con lo que somos y lo que deberíamos ser.
¿Quién? ¿Por qué? Desde luego, todo lo acontecido en el México del 68 —particularmente esas dos horas de fuego de la tarde del 2 de octubre en La Plaza de las Tres Culturas— lo examinamos y lo interpretamos desde lo que hoy nos preocupa, como resultado de los logros y fracasos que desde entonces hemos tenido como nación.
En este nuevo aniversario sobre ese día trágico en vísperas del inicio de la olimpiada en la que México era el anfitrión —la primera del siglo XX que se llevó a cabo en un país no desarrollado— tenemos que empezar por considerar por qué se nos sigue negando la información básica: ¿Quiénes y de que manera murieron? ¿Dónde están sus restos? ¿Cuál fue la verdadera cadena de mando y el grado de responsabilidad de cada individuo?, y sobre todo, ¿por qué se decidió recurrir al asesinato colectivo para reimponer una autoridad? ¿Por qué una manifestación pública de estudiantes desarmados fue enfrentada por el ejército como si se tratara de un enemigo que se hubiera apoderado de un sitio estratégico? ¿Por qué el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz definió a los jóvenes estudiantes que protestaban por las obvias contradicciones del régimen priista como agentes externos, como enemigos mortales? ¿Cómo explicar la conducta de los actores no gubernamentales más importantes: empresarios, iglesia, medios de comunicación? ¿Por qué los líderes de esos grupos no sólo no cuestionaron las explicaciones del gobierno sino que le ofrecieron su respaldo incondicional? ¿Por qué la comunidad internacional que tan duramente criticaría al gobierno chino por la masacre de la plaza de Tienanmen no hizo entonces lo mismo con la masacre de La Plaza de las Tres Culturas? Herida abierta. El hecho mismo de que sigan sin respuesta las preguntas básicas y a pesar de que supuestamente el régimen responsable de la matanza ya dejó de existir, dice mucho sobre la naturaleza del presente y, sobre todo, de la complicidad del régimen actual con el régimen responsable de los crímenes del pasado. Tras las derrotas electorales del PRI en 1997 y en 2000, el presidencialismo autoritario culpable de lo ocurrido en Tlatelolco dejó de existir.
Investigar los crímenes del autoritarismo y llamar a cuentas a los responsables fue un compromiso más o menos claro de quienes asumieron la dirección del país tras la salida del PRI de “Los Pinos” a quienes se supuso movidos por el afán de inaugurar una era auténticamente democrática, comprometida con la instauración de una justicia real. Es cierto que se abrieron entonces los archivos de las dependencias oficiales como parte de una política general de “transparencia”, pero finalmente las nuevas autoridades no quisieron o no pudieron enfrentarse al pasado. Hicieron a un lado el camino de Sudáfrica —una comisión que hiciera comparecer a los verdugos ante la ciudadanía antes de cerrar la página del “Apartheid”— y se optó por uno a la española: mejor no averiguar para no provocar a aquel con quien se ha decidido convivir —el PRI— y cuya colaboración se busca para sobrevivir.
El 27 de noviembre de 2001 Vicente Fox creó no una comisión de la verdad, sino una pomposa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP) que finalmente desapareció en 2006 sin haber dado respuesta a las grandes interrogantes, sin haber procedido con éxito contra Luis Echeverría —uno de los grandes responsables de las matanzas de 1968 y 1971—, pero no sin haber ocasionado un gasto de por lo menos 300 millones de pesos, aunque el verdadero monto es cifra confidencial (La Jornada, 13 de marzo, 2006). Finalmente, el supuesto nuevo régimen no logró en este campo —como en muchos otros— lo sustantivo: cerrar con un acto de justicia ejemplar algunos de los muchos actos criminales del Estado autoritario priista. La herida sigue abierta. No la han querido cerrar ninguno de los gobiernos que sucedieron a los de Díaz Ordaz y Echeverría, incluyendo a los últimos, los panistas.
Gusto amargo. Sería satisfactorio para los mexicanos actuales poder asegurar, a 40 años de distancia, que los jóvenes sacrificados en el 68 y el 71 están finalmente reivindicados porque la realidad que ellos cuestionaron ya no existe. Desafortunadamente no es el caso.
En primer lugar, el fin del dominio del PRI sobre la presidencia se explica menos como resultado de un rechazo generalizado por lo que hizo en el 68, el 71 y en los años de la “guerra sucia” —que también tocó a sectores populares— y más como consecuencia de la gran crisis económica de 1982. El neopanismo que tomó el relevo de un PRI agotado y desgastado por un largo ejercicio monopólico del poder surgió menos como un reclamo contra el autoritarismo y más como un rechazo al pésimo manejo de la “economía presidencial”. La irresponsabilidad y la corrupción del priismo echaron a perder el famoso crecimiento promedio del 6% anual. La mediana y pequeña empresas se sintieron en peligro de muerte, sobre todo cuando el neoliberalismo salinista desembocó en el desastre de 1995 y en el Fobaproa. Fox se ofreció para encabezar “un gobierno de empresarios para empresarios” que pusiera orden. “Los Amigos de Fox” y parte de la clase media decidieron abandonar el barco priista y saltar al panista. Para ellos saldar las cuentas con el 68 no fue nunca una prioridad y el resultado de la FEMOSPP es la prueba objetiva de ello.
En segundo lugar, la naturaleza misma del nuevo régimen no pertenece al género de la democracia política auténtica, que sigue siendo una meta por alcanzar. El aún PRI gobierna en 18 estados y algunos de ellos mantienen intacta su esencia original, justamente esa que llevó a los estudiantes del 68 y del 71 a la protesta pública y a los guerrilleros de los 70 a poner la vida en prenda en su intento por prender la llama que consumiera al régimen.
Por otro lado, la corrupción que caracterizó al autoritarismo del pasado se mantiene como el signo de los tiempos. La demanda de un México socialmente más justo no es, ni de lejos, una de las preocupaciones efectivas de los responsables de dirigir la acción de un poder público.
Finalmente, está el problema de la opción, el problema de la izquierda. El movimiento del 68 fue la izquierda del México posrevolucionario en uno de sus mejores momentos. Una izquierda movida menos por una ideología coagulada y dogmática y más, mucho más, por la generosidad, la confianza en lo digno de la causa y la alegría de imaginar como posible un México muy distinto al existente: uno no autoritario, no corrupto, genuinamente soberano, capaz de hacer un esfuerzo para dar sentido al término solidaridad social y revertir la tendencia a la desigualdad. En contraste, la izquierda de hoy, al menos la que está en las estructuras de los partidos, en el Congreso, en los gobiernos de ciertos estados, en municipios y delegaciones capitalinas, es casi la antítesis de la que desde un movimiento sin burocracia retó a la estructura de autoridad de hace cuarenta años.
En suma. El 2 de octubre no debe olvidarse porque la razón de ser del movimiento que entonces fue reprimido sigue sin cumplirse a plenitud. Los sacrificados del 68 continúan sin estar plenamente reivindicados y es justamente por eso que sólo nosotros aquí y ahora podemos dar un sentido positivo a la vileza que hace cuarenta años se cometió en nombre de una falsa razón de Estado.— México, D.F.
Publicado originalmente en el Diario de Yucatán
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
